Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

STSJC 04-03-2004

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 4 de març de 2004, núm. 9/2004 (Sala Civil i Penal)

Presidente:

Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 130/2003 contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida en el rollo de apelación núm. 586/02, como consecuencia de las actuaciones de juicio de menor cuantía núm. 174/99 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia de Vielha. El Sr. X1 ha interpuesto este recurso representado por el procurador Sr. Arturo Cot Montserrat y defendido por el letrado Sr. Josep Enric Bellver. Es parte recurrida el Sr. Y1, representado por el procurador Sr. Arturo Marroquín Sagalés y defendido por el letrado Sr. Jaume Trave.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La procuradora de los tribunales Sra. María José Fernández Valmayor Carrasco, actuó en nombre y representación del Sr. X1 formulando demanda de juicio de menor cuantía núm. 174/99 en el Juzgado de Primera Instancia de Vielha. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 2 de mayo de 2002, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente: “FALLO: Que estimando como estimo parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora Doña María José Fernández Vallmayor Carrasco en nombre y representación de D. X1 contra D. Y1, debo declarar y declaro: 1º) que el actor es propietario de la finca registral nº  ##F1## descrita como coto llamado de ------, sito en L, compuesto de casa y patio; 2º) que el demandado debe proceder a la correcta colocación de los paranieves, bien alternados verticalmente o mediante la colocación de una barra de contención de nieve en los de la hilera inferior; 3º) que el voladizo de pizarra del edificio debe tener una anchura máxima de 25 cm a partir de la fachada del edificio del demandado; 4º) que la chimenea de salida de fachada del edificio del demandado; 5º) que la chimenea de salida de humos debe tener una altura superior, superando como mínimo la cubierta vecina en 60 cm y 6º) que no se pueden situar aparatos contadores de suministros en el nicho habilitado para ello, existente en la pared medianera, por no existir servidumbre alguna que lo posibilite, y en consecuencia, debo condenar al demandado a estar y pasar por las declaraciones anteriores, absolviéndole de los demás pedimentos de la actora y sin hacer expresa imposición de costas”.

Segundo. Contra esta Sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, la cual dictó Sentencia en fecha 27 de marzo de 2003, con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. X1 contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Vielha en autos de juicio declarativo de menor cuantía nº 174/99, confirmamos la citada resolución, imponiendo las costas de esta alzada a la parte recurrente“.

Tercero. Contra esta sentencia, el procurador Sr. Arturo Cot Montserrat, en nombre y representación del Sr. X1, interpuso recurso de casación que por auto de esta Sala, de fecha 22 de diciembre de 2003, se admitió a trámite y del cual se dio traslado a la parte recurrida y personada para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 29 de enero de 2004 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló día y hora para su votación y fallo, que han tenido lugar el día 23 de febrero de 2004.

Se ha designado ponente al Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se plantea ante esta Sala recuso de casación contra la Sentencia dictada en fecha 27 de marzo de 2003 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida en el rollo de apelación nº 586/2002, procedente de juicio declarativo de menor cuantía nº 174/99 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vielha.

El motivo único del recurso plantea la cuestión, ya resuelta por esta Sala, de la aplicabilidad en Cataluña del art. 541 del Código civil.

Se parte del siguiente soporte fáctico, declarado probado por la sentencia objeto de recurso, al no haber sido combatido en apelación:

“a) Las fincas que actualmente pertenecen a demandante y demandado constituyeron una única unidad registral hasta el año 1976, fecha en la que [se] segregó una porción de la finca matriz (registral ##F1##) que pasó a constituir la finca registral ##F2##, que, tras varias transmisiones, fue adquirida por el demandado en el año 1993, mientras que la registral ##F1## la adquirió el demandante en el año 1989 por título de compraventa a los antiguos propietarios de aquella finca matriz.

b) La existencia de la puerta y las ventanas es antigua —más de treinta años— y, por tanto, anterior a la segregación, constituyendo dichos huecos signos evidentes y demostrativos de las servidumbres de paso y de luces y vistas constituidas a favor de la parte de finca que después se segregó (la del demandado).

c) No consta que en las escrituras de segregación ni de transmisión se contenga ninguna mención excluyente o contraria a la continuación de las servidumbres”.

Sobre la anterior base fáctica la sentencia de primera instancia, entre otros pronunciamientos que no interesan a los efectos de este recurso, aprecia la existencia de servidumbre por aplicación del art. 541 del Código civil y declara prescrita la acción para el cierre de las puertas y ventanas abiertas por el demandado al apreciar la prescripción de la acción negatoria.

La sentencia de apelación desestima el recurso, confirma la aplicación en Cataluña del art. 541 del Código civil y, aunque resulte intrascendente al apreciarse la existencia de servidumbre a favor del demandado, sostiene que la acción no había prescrito pues el lapso temporal de prescripción se extiende a treinta años, de conformidad con la doctrina de esta Sala expresada en sentencias de 19 de marzo de 2001 y 16 de septiembre y 14 de octubre de 2002.

Como se ha dicho, la cuestión del recurso —construido sobre un único motivo— se centra en la aplicación en Cataluña del art. 541 del Cc, lo que, en el momento de la preparación y de la interposición del recurso, presentaba interés casacional al no existir doctrina jurisprudencial de la Sala sobre este punto.

Segundo. En este momento la cuestión ha de considerarse pacífica en esta Sala, habiéndose formado ya doctrina jurisprudencial al coincidir en sus planteamientos y soluciones las dos recientes sentencias de fechas 18 de septiembre y 2 de octubre de 2003.

En ambas la Sala sostiene, tras analizar las distintas posturas doctrinales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los antecedentes históricos unidos a la tradición jurídica catalana, que la institución del destino del padre de familia como modo de constituir las servidumbres supone un cuerpo extraño en la tradición catalana, voluntariamente excluido de regulación en nuestra Compilación.

En la última de las sentencias citadas se añadía, a mayor abundamiento, que: “Y sólo como materia normativa que conforma esta interpretación hay que citar el art. 7 de la Ley 13/1990, que de manera expresa dispone que ‘L’existència d’un signe aparent de servitud entre dues finques pertanyents a un únic propietari no es considera, si se’n transmet una, títol suficient perquè la servitud continuï si en l’acte d’alienació no es disposa així’, reafirmando la imposibilidad jurídica de una tácita constitución. La interpretación histórica —y auténtica— del precepto hay que relacionarla con el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora que contempla la necesidad no tan sólo de poner al día viejas instituciones, sino también de ‘neutralitzar les disposicions del Codi civil que s’entengui que no formen part del nostre dret’.

“Y, en abundancia, la vigente Ley 22/2001, de 31 de desembre, de regulación del derecho de superficie, de servitud i de adquisición voluntaria o preferente, además de establecer paladinamente que las servidumbres sólo podrán constituirse por título, otorgado voluntaria o forzosamente por disposición de la ley (art. 7.1), prohibir que pueda adquirirse cualquier servidumbre por usucapión (art. 7.4) y admitir la polémica figura de la servidumbre en fundo propio (art. 8.1), declara que ‘en cas d’alienació de qualsevol de les finques, dominant o servent, la servitud sobre finca pròpia publicada únicament per l’existència d’un signe extern, només subsisteix si s’estableix expressament en l’acte d’alienació’.

“No cabe más que repetir ya lo que la anterior —y citada repetidamente— sentencia concluía: que constituiría una incoherencia de nuestro sistema legislativo admitir en el lapso temporal anterior a la Ley catalana de 1990 la servidumbre por destino del padre de familia, ya que no es justificable que en el único período en que no existe regulación expresa se opte por una solución que no se infiere de los antecedentes históricos ni se ajusta a la regulación escrita posterior.

“Solución, ya para terminar, que en absoluto se compadece con el dinamismo inmobiliario actual, que deriva en soluciones injustas y discriminatorias (obedientes sólo a una antigua configuración de la propiedad en mano única) y en el anquilosamiento de un derecho que, en principio, se presume libre”.

La conclusión es clara y evidente: el art. 541 del Código civil no tiene ni puede tener aplicación en Cataluña, resultando una institución extraña a su tradición jurídica —en el momento de los hechos de autos— y actualmente a la normativa específica.

El motivo único de recurso ha de ser acogido y, consiguientemente, estimada la demanda instauradora de la litis.

Tercero. No se hará expresa condena en las costas causadas en primera y en segunda instancias y en este recurso, por aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de enjuiciamiento civil, al presentar la cuestión litigiosa serias dudas de derecho, por lo menos al momento de la preparación y de la interposición del recurso. Así pues,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la procuradora de los tribunales Dª. María José Altisent Camarasa, en nombre y representación procesal de D. X1, contra la Sentencia dictada en fecha 27 de marzo de 2003 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, en rollo de apelación 586/2002, procedente del juicio de menor cuantía 174/1999, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vielha; en su consecuencia, debemos estimar y estimamos en la parte que se dirá la demanda formulada en su día por la citada procuradora, en nombre y representación del ahora recurrente, contra D. Y1, representado en autos por la procuradora Dª. María José Casasnovas Capdevila, declarando que no existe ninguna servidumbre de paso constituida sobre el inmueble propiedad del actor y a favor del inmueble del demandado y condenando a éste a que proceda al cierre de la puerta con salida directa al inmueble propiedad del actor; declarando asimismo que no existe ninguna servidumbre de luces y vistas constituida en el inmueble propiedad del actor a favor del inmueble del demandado y condenando a éste a que proceda al cierre de la ventana que da directamente sobre el inmueble propiedad del demandante; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en primera y segunda instancias y en este recurso.

Notifíquese la presente a las partes y, con testimonio de la misma, remítanse las actuaciones a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida.

Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.