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Sentència de 2 de febrer de 2004

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 2 de febrer de 2004, núm. 6/2004 (Sala Civil i Penal)

Presidente:

Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto la demanda de responsabilidad civil núm. 79/2003, interpuesta por la procuradora Sra. Enriqueta Sánchez Vallecillos y defendida por el propio demandante D. X1, contra los magistrados Ilmos. Sres. D. Y1, Dña. Y2 y Dña. Y3, representados por el procurador Sr. Jesús de Lara Cidoncha y defendidos por el letrado Sr. Josep M. Palau i Gené.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 13 de noviembre de 2003, se dictó auto de admisión de la demanda, acordando dar traslado a la parte demandada, la cual compareció en el termino establecido mediante la presentación del oportuno escrito en el cual solicitaba se tuviera por contestada la demanda.

Segundo. Por providencia de fecha 18 de diciembre de 2003 se tuvo por formulada contestación a la demanda y de conformidad con el art. 414 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló para que tuviera lugar la audiencia previa el 15 de enero de 2004 ,con el resultado que es de ver en el acta extendida que obra en las actuaciones.

Tercero. Con fecha 22 de enero de 2004 se dictó auto en el que se acordaba desestimar el recurso de nulidad interpuesto por el letrado D. Deogracias Talaverano Marín, en representación del Sr. X1, en el acto de la audiencia previa.

En fecha 26 de enero de 2004 se celebró la vista, con el resultado que obra en las actuaciones.

Se ha designado ponente al Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. D. X1 presenta ante esta Sala, en fecha 16 de junio de 2003, demanda de responsabilidad civil contra los magistrados, integrantes de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida, D. Y1, Dª. Y2 y Dª. Y3.

Según el actor, los demandados incurrieron en responsabilidad al dictar la sentencia — que aportan a los efectos del art. 266.1º de la Ley de enjuiciamiento civil, según se lee en el hecho primero de la demanda— nº 440/00, de fecha 4 de octubre de 2000, en el rollo de apelación 109/00 procedente del procedimiento abreviado 339/99 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Lleida. Alega el demandante que tal sentencia carece de declaración de hechos probados, está ausente de motivación y no cita el precepto del Código penal infringido, y alega también que aquella responsabilidad nace de que los magistrados actuaron careciendo de competencia funcional, violando los principios procesales de inmediación y contradicción y que le condenaron sin prueba alguna de cargo.

Los demandados alegan, en primer lugar, la prescripción o caducidad de la acción, ya se aplique la Ley procesal anterior, cuyo art. 905 establecía un plazo prescriptorio de seis meses, ya se aplique la actual sobre la base del art. 1902 del Código civil, cuya acción prescribe al año (art. 1968); en cuanto al fondo, se defiende la corrección jurídica de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida tanto en su forma (relación fáctica y motivación jurídica), como en su contenido (competencia del Tribunal y cumplimiento de los principios y garantías procesales) y se afirma que el actor, condenado por prevaricación de abogado —que no por apropiación indebida como se dice de contrario—, no ha sufrido, por incorrección de la sentencia, daño profesional ni moral alguno.

Segundo. Cabe entonces analizar, como primera y previa consideración, si la acción ejercitada por el actor se encontraba vigente al tiempo de interponer la demanda, esto es, si no estaba caducada o prescrita como sostiene el demandado; cuestión previa, como se dice, por cuanto su eventual estimación impediría entrar a valorar el fondo de la pretensión.

Lo primero que debe aquí dejarse claro, para evitar la confusión que pareció extender el propio demandante en el acto de la audiencia previa, es que se está ejercitando una acción de responsabilidad civil de jueces o magistrados con base sustantiva en el art. 1.902 del Código civil. Así se deduce de la cita del art. 266.1º de la LEC que se contiene, como se ha dicho, en el hecho primero de la demanda; de la cita del art. 411 de la Ley orgánica del poder judicial que se contiene en los fundamentos de derecho de la demanda (apartado “Legitimación pasiva”) y en la competencia de esta Sala, que se le atribuye en virtud de lo preceptuado en el art. 73.2.b de la citada LOPJ (“Fundamentos de derecho. Competencia”).

Dicha acción, de conformidad con la legislación anterior contenida en la LEC de 1881, tenía un plazo de prescripción de seis meses a contar “desde que se hubiere dictado la sentencia o auto firme que haya puesto término al pleito o causa” (art. 905); de conformidad con la legislación ahora vigente, LEC de 2000 y Código civil, tiene un plazo de prescripción de un año “desde que lo supo el agraviado” (art. 1968 de este último texto).

Es claro con lo anterior que si se aplica la legislación procesal derogada —por considerar que fue durante ésta cuando se produjo el hecho supuestamente generador del daño—, la acción había prescrito el 4 de abril de 2001 y que si se aplica la presente —por tomar como referencia la fecha de la presentación de la demanda— la acción había prescrito el 9 de octubre de 2001 (pues, según demuestra la documentación aportada a Juicio, se notificó la sentencia personalmente al actor y a su procuradora el 9 de octubre de 2000 ).

Lo anterior tiene fiel reflejo en nuestra doctrina jurisprudencial, de la que son puros ejemplos las siguientes declaraciones: “La sentencia fue dictada en fecha 11 de febrero de 1986 y la demanda se interpuso en fecha 13 de septiembre de 1986, es decir transcurridos más de los seis meses a los que se refiere el artículo 905 de la Ley de enjuiciamiento civil, lo que determina la prescripción de la acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley orgánica del poder judicial, que remite al artículo 5 del Código civil, en el cual se dice: ‘si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha’. Por lo que, al no tratarse de un plazo de días, en el que se descuentan los inhábiles, sino de meses, no debe excluirse del cómputo el mes de agosto que, según el artículo 183, se refiere a que sus días son inhábiles, pero no el mes, como tal” (STS. de 17 de julio de 1987).

“En la oposición de los demandados figura en primer lugar la prescripción de la acción por haberse presentado la demanda fuera del plazo de seis meses que señala el art. 905 de la Ley de enjuiciamiento civil, siguientes al día en que se hubiese dictado la sentencia firme que haya puesto término a la causa. Aparece acreditado que la notificación de tal sentencia se hizo el día 25 de mayo de 1988, y que la demanda fue presentada el día 26 de noviembre de 1988. Ha de estimarse, por tanto, que aquélla fue presentada fuera del plazo exigido, y ello por las siguientes razones: a) Se trata de un plazo señalado por meses, no por días, con lo que se excluye la aplicación de la regla de que el plazo haya de empezar a contarse el día siguiente, que la legislación sigue (arts. 303 y 304 de la Ley de enjuiciamiento civil) para los emplazamientos, citaciones y notificaciones por días. b) En cambio, al contarse el plazo por meses, ha de aplicarse el art. 5 del Código civil, según el cual si los plazos estuviesen fijados por meses o años ‘se computarán de fecha a fecha’, sin exclusión de los días inhábiles (p. 2 del mismo art. 5.º); es decir, en este caso, del 25 de mayo al 25 de noviembre (último día del plazo)” (STS. de 3 de octubre de 1990 ).

“Alegada por el demandado la excepción de prescripción de la acción ejercitada, se hace necesario fijar el dies a quo a partir del cual ha de iniciarse el cómputo del plazo prescriptito de seis meses que establece el artículo 905, párrafo primero, de la Ley procesal; día inicial será aquel en que adquiere firmeza la sentencia o auto que haya puesto término al pleito o causa, a tenor de los términos en que está redactado el citado precepto. En el presente caso, ha de ponerse el término inicial del plazo de prescripción en el día 13 de julio de 1988, ya que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla y de la que el demandante hace nacer la responsabilidad que se exige al magistrado demandado, fue dictada el 17 mayo 1988 y publicada por edicto en el Boletín Oficial de la Provincia para su notificación al demandado rebelde el día 29 de junio de 1988, concluyendo el plazo de 10 días para preparar el recurso de casación, único que cabía contra dicha sentencia, el citado día 13 de julio de 1988; en consecuencia, cuando en 30 de enero de 1992 el demandante interpuso demanda de responsabilidad contra el magistrado demandado ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social de Sevilla, el 30 de enero de 1992, había transcurrido con exceso el plazo de seis meses establecido en el artículo 905, párrafo primero” (STS. de 18 de enero de 1995).

Tercero. Como se ha adelantado, la demanda instauradora de la presente litis se presentó el día 16 de junio de 2003; la sentencia lleva fecha 4 de octubre de 2000, notificada al siguiente día 9. El período de un año desde la notificación de la sentencia había transcurrido, pues, con exceso al ejercitarse la acción de reclamación.

Dos precisiones finales son necesarias para disipar todas las dudas.

La primera ha de hacer referencia al hecho tercero de la demanda, de cuyo contenido parece desprenderse la idea del demandante de que el día inicial del cómputo de la prescripción no ha comenzado pues la sentencia penal se está todavía ejecutando. Las anteriores declaraciones jurisprudenciales son claras, y claro es también el texto del art. 1968. El dies a quo coincide con el día en que “el agraviado” tuvo conocimiento del hecho generador del daño, y este hecho en el presente caso es, según el propio actor, la sentencia dictada por los demandados. Otra cosa es la determinación de qué daño se hizo y en cuánto o cómo debe ser cuantificado.

En segundo término, también ha de salirse al paso de la idea —aunque no explicitada de forma clara y contundente— de que la sentencia penal no es firme y que en ejecución se están todavía resolviendo constantes recursos. Lo primero no impide, obviamente, lo segundo. Pero, en cualquier caso, la sentencia dictada por los demandados es firme desde que se dictó, porque, como dice el art. 796 de la Ley de enjuiciamiento criminal, contra ella no cabía sino el recurso extraordinario de revisión y el del artículo siguiente, que no es el caso, y, como se reconoce, la misma se está ejecutando (Ejecutoria 301/2000), lo que no podría hacerse de no ser firme (art. 798 del mismo texto).

Por todas estas razones debe ser acogida la excepción de prescripción formulada por la parte demandada, sin entrar en el fondo del asunto.

Cuarto. Se imponen las costas al demandante por virtud de lo dispuesto en el art. 394 de la LEC, apreciándose temeridad en el mismo, lo que se declara a los efectos de lo prevenido en el párrafo segundo del apartado 3 del dicho precepto.

Así pues,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos desestimar y desestimamos, acogiendo la excepción de prescripción, la demanda formulada por D. X1, que ha actuado representado procesalmente por la procuradora de los tribunales Dª. Enriqueta Sánchez Vallecillos, de responsabilidad civil contra los magistrados D. Y1, Dª. Y2 y Dª. Y3; se imponen las costas al actor por su temeridad.

Notifíquese la presente a las partes personadas advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso.

Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.