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Sentència de 22 de gener de 2004

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 22 de gener de 2004, núm. 5/2004 (Sala Civil i Penal)

Presidente:

Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu

Magistrados:

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Ilmo. Sr. Lluís Puig i Ferriol

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 90/2003 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 1001/2000, como consecuencia de las actuaciones del juicio de menor cuantía núm. 174/99 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 2 de Vilafranca del Penedès. La Sra. X1, la Sra. X2 y la Sra. X3 han interpuesto este recurso representadas por la procuradora Sra. Araceli García Gómez y defendidas por el letrado Sr. José Mª Pou de Avilés. Es parte contra la cual se recurre la Sra. Y1 y la Sra. Y2, representadas por la procuradora Sra. Sonsoles Pesqueira Puyol y defendidas por el letrado Sr. Dionisio Cerrada Guerrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La procuradora de los tribunales Sra. Isabel Pallerola Font, actuó en nombre y representación de la Sra. X1, de la Sra. X3 y de la Sra. X2 formulando demanda de juicio de menor cuantía núm. 174/99 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Vilafranca del Penedès. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 15 de septiembre de 2000, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente: “FALLO: Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Isabel Pallerola Font, en representación doña X1, doña X3 y doña X2, absolviendo al demandado, don Y5, de todos los pedimentos formulados contra su persona. En cuanto a las costas procesales causadas en esta primera instancia, se impone su íntegro pago a los demandantes”.

Segundo. Contra esta sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 2 de abril de 2003, con la siguiente parte dispositiva: “FALLO: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª. X2, Dª. Araceli G. G. y Dª. X1 contra la Sentencia de 15 de septiembre de 2000 dictada por el juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vilafranca del Penedès, que confirmamos íntegramente con expresa imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada“.

Tercero. Contra esta sentencia, la procuradora Sra. Araceli García Gómez, en nombre y representación de la Sra. X1, de la Sra. X2 y de la Sra. MªX3, interpuso recurso de casación que por auto de esta Sala de fecha 9 de octubre de 2003 se admitió a trámite y del cual se dio traslado a la parte recurrida y personada para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 6 de noviembre de 2003 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación, y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló día y hora para la celebración de vista, que ha tenido lugar el día 15 de diciembre de 2003 a las 10 horas de la mañana.

Se ha designado ponente al Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En la demanda instauradora de la presente litis se ejercitaron por la representación procesal de Dª. X1, Dª. X3 y Dª. X2 dos acciones acumuladas: la primera, entablada por estas dos últimas, declarativa de dominio y de condena de las demandadas Dª. Y1 y Dª. Y2 a la entrega de bienes por mor del derecho a la sucesión hereditaria del causante, D. Y3, a través del padre adoptivo de aquéllas, D. Y4; la segunda, entablada por Dª. X1, encierra una acción declarativa de dominio por usucapión y, subsidiariamente, una acción de derecho de retención sobre determinada finca.

Ambas acciones fueron totalmente rechazadas en primera y segunda instancia.

Segundo. En el primer motivo de recurso invoca el recurrente, en interés de las Y1 I Y2, infracción de los artículos 14 y 39.2 de la Constitución, en relación con los 26 y 27.1 de la Ley catalana 37/1991, sobre medidas de protección de los menores y de la adopción.

La relación fáctica admitida resulta ser la siguiente:

D. Y3 otorgó, en el año 1927, testamento abierto ante el notario de Vilafranca del Penedès D. Sebastián Parés i Goncer. En dicho testamento se incluía la siguiente disposición: “Séptima. Y de todos sus restantes bienes, muebles e inmuebles, derechos, créditos y acciones presentes y futuros, instituye heredero universal a su hijo Don Y5, quien podrá disponer libremente de los bienes de la herencia cuando tenga algún hijo o hija que haya llegado a la pubertad; y en caso contrario sólo podrá disponer de la cantidad de siete mil pesetas que le servirán en pago de su porción legitimaria; y para después de su muerte sin hijos, le sustituyen sus hermanos D. Z1, D. Z2, D. Z3 y D. Z4 L. M., no a todos juntos sino el uno después del otro por el orden indicado y con la misma condición impuesta al primer instituido; advirtiendo que si al tener efecto alguna de las tales instituciones, hubiese fallecido el sustituto y dejado algún hijo legítimo que entonces o después llegue a la edad de testar, quiere que éstos sucedan en lugar de su padre premuerto en el modo que resultan instituidos, y a falta de disposición observarán el mismo modo de suceder que el testador establece aquí para sus hijos ”.

D. Y3 falleció el 15 de febrero de 1945.

Los bienes hicieron tránsito, en virtud de la antedicha disposición, a D. Y5, que falleció el 9 de febrero de 1997 sin descendencia.

D. Y4, siguiente fideicomisario, había premuerto también sin hijos, y D. Y3 falleció en el año 1995 dejando dos hijas adoptivas, las hoy recurrentes, en edad de testar.

En 1998 D. Y5 inscribió las fincas objeto de la herencia a su favor al haber alcanzado sus hijas legítimas, hoy recurridas y parte procesal por fallecimiento de su padre, edad de testar.

Hoy la pretensión de las recurrentes se encamina a afirmar que su condición de hijas adoptivas no puede privarles de sus derechos hereditarios porque la voluntad del testador debe interpretarse a la luz del contenido de los preceptos constitucionales —singularmente de los artículos 14 y 39.2— vigentes en el momento en que se producen los efectos de la sucesión y, en concreto, de la sustitución vulgar que se contiene en la segunda parte de la cláusula testamentaria (según el recurrente, la cláusula testamentaria contiene dos sustituciones: una primera, fideicomisaria condicional sine liberis decesserit y otra sustitución vulgar, exigiéndose la condición de legítimos de los hijos sólo en esta segunda), que es en el año 1997, cuando se produce el óbito del fiduciario. En este sentido, cita la parte recurrente la Sentencia de esta Sala de fecha 23 de noviembre de 1998 y la del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2002.

Además, se dice en el recurso, en esta fecha —1997— estaba vigente la citada Ley 37/1991, de medidas de protección de los menores y de la adopción, cuyo art. 26 establece que la adopción produce los mismos efectos que la filiación por naturaleza y cuyo art. 27.1 determina que la adopción causa parentesco entre el adoptante, sus ascendientes y descendientes, y el adoptado y sus descendientes.

Tercero. El motivo de recurso no puede ser estimado.

Se trata, como las partes reconocen, de un tema eminentemente jurídico que se centra en determinar cuál fue la verdadera intención del testador al disponer la cláusula controvertida y si esta voluntad puede resultar condicionada por los preceptos legales y constitucionales hoy en vigor.

Es, en consecuencia, necesario partir de la incontrovertible premisa de que nos encontramos ante un caso de sucesión testamentaria, esto es, de sucesión voluntaria, donde la voluntad del de cuius es ley de la sucesión.

Conviene en segundo término resaltar que la cláusula testamentaria contiene un típico evento de sustitución fideicomisaria condicional, si sine liberis decesserit, modalidad, generalizada en Cataluña con la intención de conservar el patrimonio en el seno de la familia (como se reconoce en nuestra Sentencia de 12 de junio de 1995), que se caracteriza por una disposición en favor del hijo —primogénito comúnmente— que queda gravada de restitución en favor de los demás hermanos para el caso en que el primero fallezca sin dejar hijos o sin dejar hijos en edad de testar (art. 174 de la Compilación del derecho civil de Catalunya, 196 y siguientes del Código de sucesiones per causa de muerte). Se trata entonces de una institución sucesiva de heredero, ya que, como pone de relieve la doctrina romanista, toda la esencia de la herencia fideicomisaria se centra en el ordo successivus impuesto por el causante, lo que determina atribuir inicialmente al fiduciario la condición de heredero y que los fideicomisarios devengan también herederos del fideicomitente aunque le sucedan no de forma directa o inmediata, sino después de extinguirse la titularidad del primer instituido o heredero fiduciario.

Lo anterior reviste importancia capital a los efectos de la presente litis.

De un lado, no estamos ante una sucesión legal, que ha de regirse necesariamente por los requisitos normativos vigentes y respetar el marco constitucional que la envuelve.

Estamos ante un acto de voluntad del testador, que es ley de la sucesión y que es expresión concreta del principio de libertad civil.

De otro, la prevalencia de la voluntad del testador, ley de la sucesión, ha de predicarse sobre toda la disposición testamentaria, no sobre parte de ella, que necesariamente se halla condicionada por la otra parte en el ordo successionis impuesto por aquél. No es factible, pues, la distinción que realiza el recurrente sobre la existencia de dos fases en la cláusula testamentaria: la sustitución fideicomisaria condicionada y la sustitución vulgar, con diferentes espacios hermenéuticos. La voluntad es una y única, como una y única es la intención que guía toda la sucesión: la de mantener el patrimonio en el ámbito de la familia. En este sentido se ha pronunciado reiteradamente esta Sala, en sentencias de 19 de julio de 1993, 9 de marzo de 1995 y 5 de febrero de 2001.

Y la voluntad del testador, D. Y3, es clara, tanto en su interpretación literal, como puesta en relación con las disposiciones legales vigentes en el momento en que es expresada, año 1927, cuanto en el momento en que se abre la sucesión, año 1945.

La expresión hijos legítimos no comprende a los hijos adoptivos. La distinción entre hijos matrimoniales (o legítimos en la acepción tradicional) y no matrimoniales se proyecta únicamente en relación con los hijos por naturaleza, es decir, los nacidos en el seno de una unión heterosexual, mientras que la categoría de los hijos adoptivos es ajena a esta subdistinción entre hijos matrimoniales y no matrimoniales de los hijos por naturaleza. Esta Sala tiene dicho que “la Ley estatal de 24 de abril de 1958, reformadora del Código civil en materia de adopción, confirió al adoptado la condición de hijo respecto al padre y/o madre adoptantes, pero no le atribuyó el status familiae en relación con la del adoptante, ya que según el art. 174 del Código la adopción establecía un vínculo de parentesco entre el adoptante, el adoptado y su descendencia legítima, pero no respecto a la familia del adoptante. En Cataluña, la Compilación del derecho civil de 1960, en su art. 248, establecía que los hijos adoptivos sólo eran llamados a la sucesión intestada del padre o madre adoptantes, pero no a la sucesión intestada de otros parientes de los adoptantes, en consonancia con el criterio expuesto de que la adopción originaba únicamente un status filii y no un status familiae. Véase, en tal sentido y con extensión, nuestra sentencia, ya citada, de 19 de julio de 1993.

Tradicionalmente, de otra parte, se había venido entendiendo que la condición de morir sin dejar hijos solamente quedaba incompleta si el heredero fiduciario moría dejando descendencia legítima. Así de deducía de la redacción original del art. 174, quinto párrafo, de la Compilación (“Únicament seran considerats fills posats en condició els legítims i els legitimats per subsegüent matrimoni del fiduciari, a menys que el testador disposi altrament”) y así lo había entendido el Tribunal Supremo (sentencias de 21 de febrero de 1960 y 12 de marzo de 1974). La reforma de la Compilación del año 1984, que perseguía la equiparación jurídica de todos los hijos, se limitó a sustituir el calificativo de legítimos (y legitimados) por el de matrimoniales. De forma que, como afirma nuestra común doctrina catalana, en territorios forales se ha admitido el principio de que, tradicionalmente, el llamamiento en favor de los hijos —para los puestos en condición— sólo comprende a los legítimos y a los legitimados por subsiguiente matrimonio, nunca a los naturales ni a los adoptivos.

Cierto que hoy la situación es diferente. Los artículos 14 y 39.2 de nuestra Constitución de 1978 han impuesto un principio de igualdad entre todos los hijos, los artículos  26 y 27.1 de la Ley catalana 37/1991, de medidas de protección de los menores y de la adopción, equiparan los derechos de los hijos adoptivos a los de los hijos por naturaleza y el Código de sucesiones por causa de muerte en Cataluña ha suprimido el párrafo último del art. 174 de la Compilación, de modo que hoy ha de entenderse que queda incompleta la condición si el heredero fiduciario fallece sin dejar descendencia matrimonial, no matrimonial o adoptiva (en relación también con el art. 113.1 del Código de familia).

Ahora bien, como se ha dicho, no es ésta la situación aplicable, porque no lo quiso así el testador —ley sucesoria— y porque no se contemplaba así en el momento de redactar el testamento y en el de su fallecimiento.

En este sentido resulta ilustradora la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 1991: “Los artículos 14 y 39-2.º de la Constitución, no implican una ‘constitucionalización’ de los derechos de los hijos en punto a su igualdad respecto de los padres más que en los que sean de la sangre, sin posible discriminación de sin son ‘intra’ o ‘extra’ matrimoniales, como se infiere del párrafo 3 del mismo artículo 39, pero sin que se configure un derecho de igualdad respecto de los adoptivos con relación a la familia del adoptante, pues tan sólo se define ese derecho de orden legitimario en la herencia del padre adoptante, y no por disposición constitucional obviamente, sino a través del artículo 823 del Código civil según redacción de la Ley de 13 de mayo de 1981”. Y es también sumamente ilustrador el Auto del Tribunal Constitucional, de fecha 27 de enero de 1992, que inadmitió el recurso contra la indicada sentencia, en el que se lee: “[…] se recurre una resolución judicial que lleva a cabo la interpretación de una disposición testamentaria, y tal interpretación testamentaria debe efectuarse conforme a la voluntad de la testadora, voluntad que no puede aislarse del momento histórico y legal en que se otorga el testamento. Por tanto, no es posible utilizar en la interpretación de tal llamamiento a la herencia, producido en el año 1931, conceptos actuales, que entonces no existían y que por ello no pudieron ser tomados en consideración por dicha testadora”.

En consecuencia y como al principio se ha dicho, el motivo de recurso no puede ser acogido.

Cuarto. Se denuncia en el segundo motivo casacional, ya en interés de Dª. X1, la infracción del art. 342 de la Compilación del derecho civil de Cataluña y se citan también como vulneradas las sentencias de esta Sala de 23 de septiembre de 1997, 8 de enero y 1 de octubre de 2001.

La parte recurrente sostiene que la sentencia objeto de recurso hace prevalecer “los actos unilaterales efectuados por el propietario a espaldas del poseedor”, sobre los “numerosos actos de dominio llevados a cabo por el poseedor durante más de treinta años”, lo que, a su entender, contradice la doctrina sentada por esta Sala. A continuación efectúa una larga valoración de la prueba practicada en primera instancia.

No estamos en una tercera instancia y conoce perfectamente la parte recurrente que la valoración de la prueba es función que incumbe, en exclusiva, a los tribunales de instancia. Ante ellos se practica y ellos deben ponderarla. Sólo si este juicio de ponderación es irracional, ilógico o arbitrario puede en casación ser modificado.

Sin embargo, en la ley actual el cauce para el combate de la valoración de la prueba es el recurso extraordinario por infracción procesal, y tal vehículo no ha sido usado por la parte. De esta forma, la Sala debe atenerse estricta y específicamente a los hechos que el tribunal de instancia ha declarado probados.

La Audiencia pondera: de un lado, la documentación aportada por la parte demandada y, singularmente, el pago del impuesto de bienes inmuebles, certificado del Ayuntamiento en el que se le notifican los nuevos valores catastrales, certificación de la cesión para caza de determinados terrenos integrados en la finca -----; de otro, la documentación de la actora (acta de notoriedad, póliza de seguro agrario, libreta manuscrita de gastos, cosechas, pagos, cobros, etc.) y prueba testifical.

Ponderados todos los elementos probatorios, el Tribunal concluye que el esposo de la actora, D. Y3, explotó la finca desde 1965, pero tal explotación lo fue a título de mero cultivador de hecho, como lo acreditan su documentación y el entendimiento de los testigos, no de propietario, condición que seguía manteniendo D. Y5, como lo prueban sus actos propios de dueño y que, además, no podía ceder en donación la finca a su hermano pues no era heredero libre.

Tal valoración de la prueba no es contraria a derecho ni es arbitraria ni está opuesta a la razón o al sentido común. Tampoco con ella el Tribunal ha vulnerado regla alguna jurídica impuesta por la doctrina jurisprudencial de esta Sala. Tal doctrina tan sólo enseña que los actos unilaterales efectuados por los titulares a espaldas del poseedor no impiden la posesión en concepto de dueño. Ahora bien, tal posesión en concepto de dueño ha de existir — porque es requisito sine qua non— que especifica el art. 342 de la Compilación y lo que precisamente se discute en el caso de autos es el carácter de la posesión, llegando la Audiencia, como se ha dicho, a la conclusión de que la posesión de la finca ----- por el esposo de la demandante no lo fue a título de dueño sino a título de precarista/cultivador.

Por lo anterior, el segundo motivo de recurso ha de ser también desestimado.

Quinto. En el tercero y último de los motivos de casación la parte recurrente denuncia la conculcación del art. 278 de la Compilación del derecho civil de Cataluña y cita en apoyo de su tesis la Sentencia de esta Sala de fecha 25 de abril de 1992.

En definitiva, la parte interesa que le sean abonadas todas las inversiones y mejoras realizadas en la finca desde 1965, que cifra en la suma de 61.146.636 pesetas.

La Audiencia deniega tal petición sobre la base de que la misma es distinta y extraña a la contenida en el precepto normativo catalán, pues encierra un resarcimiento de la total explotación de la finca durante los más de treinta años, sin tener en cuenta los beneficios que la explotación ha reportado a quien ahora reclama.

Realmente el artículo 278 de la Compilación no está pensado para casos como el presente. Se trata en verdad de un derecho de retención, no de una acción de resarcimiento. El precepto autoriza a quien edificó, plantó, sembró o aró de buena fe en suelo ajeno a retener la edificación, plantación o siembra hasta que se le reintegre, afiance o consigne el precio de los materiales, semillas, plantas o jornales. El precepto, como se dice en nuestra sentencia de 25 de abril de 1992, recoge parcialmente las prescripciones del Usatge si quis alieno, incluido en el libro VII de las Constituciones y otros derechos de Cataluña. Su aplicación al caso, sin embargo, no ha sido cuestionada en este recurso en lo que afecta a su origen jurídico —sólo se alude al tema en la sentencia objeto de recurso— por lo que, en este aspecto, tampoco caben mayores elucubraciones en aras a conservar el principio de congruencia.

Con todo, el precepto tampoco está pensado para una inversión —de tracto sucesivo— de tan largo tiempo, y menos en cuanto la retención se hace depender, en este caso, del pago del total coste de aquella.

Es jurídicamente correcta la tesis expuesta en la sentencia que se combate: “La actora ahora recurrente confunde el sentido reparador del art. 278 y lo lleva al absurdo de pretender ser resarcida del supuesto coste de la explotación sin tener en cuenta los beneficios obtenidos por la misma y sin que sea admisible que en esta alzada haya alegado la posibilidad de deducir tales beneficios porque esta es una cuestión trascendental que debió ser debatida en la instancia. El derecho de retención ejercitado sólo tendría sentido si la actora hubiera acreditado la realidad de plantaciones recientes que no hubieran podido ser amortizadas y de las que pudiera derivar un beneficio sin causa para el propietario”, dice la sentencia, sin que sean necesarias mayores precisiones.

La actora, en efecto, no ha intentado ni practicado prueba alguna en este sentido y su pretensión es puramente resarcitoria, sin que conste precio alguno de supuestos materiales, semillas, plantas o jornales de operarios en su caso abonados y dejados de percibir, con el consiguiente perjuicio injusto causado.

Siendo ello así, la solución desestimatoria, aplicada ya en nuestra sentencia de 1992 de anterior mención, es la consecuente.

Sexto. Todo lo anterior conduce rectamente a la íntegra desestimación del recurso de casación formulado, sin condena en este caso de las costas causadas en las instancias y en este recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 en relación con el 394.1 de la LEC, al estimar este Tribunal que el caso presentaba serias dudas de derecho.

Así pues,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos desestimar y desestimamos íntegramente el recurso de casación interpuesto por la procuradora de los tribunales Dª. Araceli García Gómez, en nombre y representación procesal de Dª. X1 y Dª. X2 y Dª.X3, contra la Sentencia dictada en fecha 2 de abril de 2003 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en recurso de apelación núm. 1001/00, procedente de juicio de menor cuantía núm. 174/99 tramitado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Vilafranca del Penedès; confirmando aquella en todas sus partes y sin hacer expresa imposición de las costas causadas en las instancias y en este recurso.

Notifíquese la presente a las partes y remítanse, con testimonio de la misma, las actuaciones a la Sección indicada de la Audiencia.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.