Projecte Norma Civil
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Sentència de 1 de desembre de 2003

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 1 de desembre de 2003 núm. 43/2003 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret
Part dispositiva

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Ilmo. Sr. Lluís Puig i Ferriol

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 104/2003 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 1100/2002, como consecuencia de las actuaciones de juicio de separación núm. 240/02 seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Barcelona. El Sr. X ha interpuesto este recurso representado por el procurador Sr. José Castro Carnero y defendido por el letrado Sr. Manuel Galera Vivancos. Es parte contra la cual se recurre la Sra. Y, representada por la procuradora Sra. Josefa Navarro Giménez y defendida por el letrado Sr. Anahí Zárate Arrondo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Sra. Y formuló demanda de juicio de separación núm. 240/02 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Barcelona. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 10 de octubre de 2002, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente: “FALLO: Que debiendo estimar como estimo parcialmente la demanda interpuesta por Y, representada por la procuradora Sra. Navarro Jiménez, contra X, representado por el procurador Sr. Castro Carnero, debo declarar y declaro la separación de dicho matrimonio, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración y acordando la adopción de las siguientes medidas:

“1ª) La separación definitiva de los cónyuges litigantes.

“2ª) La asignación del uso del domicilio conyugal a la esposa, por tiempo de seis años.

“3ª) Fijar como pensión compensatoria en favor de la esposa, a abonar por el marido, la suma mensual de 510,56 euros (85.000 ptas.), por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes, siendo tal cifra susceptible de revisión anual conforme al IPC que anualmente publique el organismo estatal competente.

“Todo ello sin hacer especial condena en las costas causadas en la tramitación de la presente causa”.

Segundo. Contra esta Sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 12a de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 17 de marzo de 2003 con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Se desestima íntegramente el recurso de apelación formulado por D. X contra la Sentencia de fecha 10 de octubre de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona en los autos de separación contenciosa nº 240/2002, resolución que se confirma en todos sus pronunciamientos. Se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante“.

Tercero. Contra esta sentencia, el procurador Sr. José Castro Carnero, en nombre y representación del Sr. X, interpuso recurso de casación que por auto de esta Sala, de fecha 9 de octubre de 2003, se admitió a trámite, dándose traslado a la parte recurrida y personada para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 23 de octubre de 2003 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló para la celebración de vista, que ha tenido lugar, el día 13 de noviembre de 2003 a las 10 horas de su mañana.

Se ha designado ponente al Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se presenta ante esta Sala recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la Sentencia dictada en fecha 17 de marzo de 2003 por la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en rollo de apelación 1100/02, procedente de autos de juicio incidental de separación nº 240/02 tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona.

Los recursos fueron admitidos de acuerdo con lo prevenido en la disposición final decimosexta de la Ley de enjuiciamiento civil, punto 1, regla 1ª, habida cuenta de alegarse infracción de normas de derecho civil de Cataluña sobre las que esta Sala no ha formado doctrina jurisprudencial (art. 477.3, segundo párrafo, de la misma Ley ).

Segundo. El primer motivo de recurso —extraordinario por infracción procesal— se funda en el art. 469.1.2º de la ley de trámites invocando el quebrantamiento de normas procesales reguladoras de la sentencia y, en concreto, violación de los arts. 209, reglas 3ª y 4ª, 216, 218.1 y 2 y 752.1 y 4, por inaplicación.

En definitiva, el recurrente denuncia, mediante la supuesta infracción de los preceptos citados, que la sentencia de instancia incurre en el vicio de incongruencia al conceder algo no pedido por la parte contraria, esto es, la actualización de la pensión compensatoria, fijada de conformidad con el art. 84 del Código de familia de Catalunya.

Tal petición había sido ya deducida por la parte ahora recurrente ante el Tribunal de apelación, el cual la había desestimado afirmando que, efectivamente, la pensión compensatoria mantiene una naturaleza ius privatista, sometida al principio de rogación, pero “si finalmente el juzgador se inclina por otorgar tal pensión (al haber sido peticionada) ex oficio debe acordar las cláusulas de actualización con independencia de que se le hayan solicitado expresamente, pues de otra forma esta pensión compensatoria perdería su razón de ser por el transcurso del tiempo y lógica depreciación de la moneda. Por otra parte en el presente caso, es evidente que a lo largo del procedimiento de medidas anteriores a la demanda la Sra. X solicitó en todo momento la actualización de aquellas sumas y lo propio realiza en los sucesivos escritos y comparecencia, por lo que debe desestimarse la denuncia de incongruencia de la sentencia por extra petita”.

No puede compartirse el razonamiento de la sentencia, aun con la conciencia de su buena finalidad.

El art. 84.4 del Código de familia de Catalunya establece de manera clara que: “A petició de part, la sentència pot establir les mesures pertinents per a garantir el pagament de la pensió i pot fixar els criteris objectius i automàtics d’actualització dinerària”.

Es evidente, en consecuencia, que el legislador catalán, a diferencia del común (vid. art. 97 del Código civil: “En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad”), ha querido someter, también, al principio de rogación la adopción por el juez de las medidas tendentes a equilibrar y garantizar la pensión compensatoria.

En el caso presente, la parte actora ni en la demanda ni en el juicio (según se deduce de la audiovisión del mismo) ha solicitado la adopción de tales medidas y en absoluto puede decirse, como hace la sentencia combatida, que lo solicitó “a lo largo del procedimiento de medidas anteriores a la demanda” y “en los sucesivos escritos y comparecencia”.

Esta Sala tiene dicho y repetido, siguiendo la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que la incongruencia debe medirse en justa equidistancia entre las peticiones deducidas en la demanda y lo concedido en la sentencia, de modo que no puede concederse más de lo que en aquélla se pidió (incongruencia por ultra petita) ni cosa diferente a la que se pidió (incongruencia por extra petita), ni omitirse cualquier pronunciamiento pedido (incongruencia por citra petita).

Siendo ello así, es consecuente la necesidad de estimar este primer motivo de recurso y anular la sentencia en el concreto aspecto a que se refiere.

Tercero. Sobre la base del mismo art. 469.2º de la ley, el recurrente alega ahora vulneración, por una parte, de los arts. 209, regla 3ª, 217.2 y 6 y 752.4 de la misma y, por otra, infracción de los arts. 209, regla 3ª, 216, 218.1 y 2.

Los preceptos citados no han sido conculcados por el Tribunal a quo.

Como es sabido, el primero de los artículos se refiere a la necesidad de exponer las razones y fundamentos jurídicos del fallo, lo que, sin duda, hace la sentencia recurrida.

Los 216 y 218.1 y 2 se refieren a la rogación de la justicia y a la incongruencia, que ya se han desarrollado en el anterior motivo.

El 217.2 y 6 conciernen a la carga de la prueba y a la dificultad probatoria, lo que ya tiene en cuenta la sentencia al afirmar que “no debe confundirse la carga del onus probando (sic) con la dificultad probatoria, de suerte que los hechos negativos son de más difícil probanza que los positivos”.

Lo que pretende en este motivo el recurrente es revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia, lo que le está vedado en este cauce revisional. Ni la sentencia carece de motivación suficiente, ni llega a conclusiones absurdas, ilógicas o arbitrarias, ni las normas probatorias han sido conculcadas.

El motivo, por tanto, debe reconducirse a la alegación de fondo que después se analizará, mereciendo, en este cauce procesal, su total rechazo.

Cuarto. Se refiere el tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal a la materia de costas, estimando el recurrente incorrecta la condena en las costas de apelación y vulneradora de los arts. 209, regla 3ª, 218.2 y 394.1 de la LEC.

El recurso fija su atención en una frase contenida en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia —dedicado al capítulo de las costas procesales—, que, tras fijar la imposición de costas por el principio de vencimiento, dice: “(...) y dado que en el presente caso se discuten exclusivamente derechos privados y por tanto disponibles (...)”.

Lo cierto es que la frase, desafortunada e inane, podría haberse omitido, pues nada tiene que ver con la imposición de las costas procesales.

Pero tal imposición, independientemente de este argumento ex abundantia que, ya decimos, debería haberse ahorrado, es correcta.

El art. 397, en relación con el 394.1 de la LEC, obliga al Tribunal a imponer las costas al apelante que ha visto rechazadas sus pretensiones, como así ha acontecido con la parte ahora recurrente, a menos que “el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”.

Habiendo sido desestimado íntegramente el recurso de apelación y no habiendo apreciado —ni obviamente razonado— el Tribunal de instancias serias dudas, fácticas o jurídicas, en la cuestión planteada, la imposición de costas aparece como correcta y así debe ser mantenida.

El motivo, pues, se desestima.

Quinto. El primer motivo de recurso de casación tiene igual fundamento, ahora en lo sustantivo, que el primero del recurso extraordinario por infracción procesal. Se refiere, en efecto, a la infracción del art. 84.4 del Código de familia de Catalunya, en cuanto el mismo establece un requisito de rogación que ha sido incumplido por la sentencia de instancia.

La disposición final decimosexta de la LEC establece, en su apartado 2, que lo dispuesto en el art. 476 no será de aplicación en los casos en que se estime el recurso extraordinario por infracción procesal fundado en el motivo 2º del apartado 1º del art. 469. Así pues, la Sala, al haber estimado el motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal, no ordenará que se repongan las actuaciones al estado y momento en que se hubiera producido la infracción procesal denunciada (art. 476.2, cuarto párrafo), sino que corregirá la vulneración legal anulando el pronunciamiento —no pedido— sobre la actualización de la pensión compensatoria.

Dicho efecto de la presente sentencia conduce a la inoperancia jurídica del actual motivo de casación, por lo cual se da por analizado y estimado.

Sexto. En el segundo motivo de recurso se denuncia infracción del art. 84.1 del Código de familia de Catalunya.

El recurrente alega que el Tribunal de apelación al decretar la pensión compensatoria sólo fijó su atención en la situación existente al tiempo de celebración de la vista principal, desconociendo que el momento histórico a tener en cuenta es el de la ruptura convivencial, según doctrina jurisprudencial de la Audiencia Provincial de Barcelona, que cita.

Ciertamente, la situación a que debe atenderse para determinar el derecho a una pensión compensatoria es el de la ruptura matrimonial. Así se deduce de la propia dicción legal (art. 84.1: “El cònjuge que, com a conseqüència del divorci o de la separació judicial (...)” y art. 84.2.a: “La situació econòmica resultant per als cònjuges com a conseqüència de la nul·litat, del divorci o de la separació (...). Los avatares posteriores que incidan en esa situación son indiferentes a los efectos de la pensión, a menos que, como establece el propio art. 84.3, puedan hacerse valer para reducirla si quien la recibe pasa a mejor fortuna o a peor quien la da.

Dicho esto, no resulta de recibo afirmar paladinamente que la sentencia combatida sólo se fijó en la situación existente a la hora de la vista oral del litigio (afirmación que únicamente se compagina con la pérdida por la actora de un empleo de hogar tenido hasta aquel momento). La sentencia, por el contrario, afirma que “es necesario comparar el nivel de vida anterior y el actual”, y cita a continuación tres sentencias de la propia Sección, y reafirma: “hay que tener en cuenta, en primer lugar, la situación económica resultante después de la separación judicial y perspectivas económicas de cada uno de los cónyuges”, para argumentar, más abajo: “Al tiempo de la ruptura matrimonial se ha calibrado por la sentencia combatida la situación patrimonial del Sr. X frente a la de la Sra. Y. y se llega a la conclusión de que ciertamente las perspectivas de gozar de un más alto nivel de vida se decantan claramente por el Sr. X., máxime si tenemos en cuenta que la Sra. Y debe soportar la ayuda a la hija común” y concluir: “Todos estos argumentos conllevan a entender que acertó la resolución recurrida al entender que se producía un evidente desequilibrio económico en perjuicio de la Sra. Y como consecuencia de la separación acordada”.

Es decir, la sentencia valora y tiene en cuenta para fijar el derecho al percibo de una pensión compensatoria la situación anterior (matrimonio) y la situación posterior (separación) para determinar que la actora, como dice el art. 84.1 del CF., verá más perjudicada su situación económica a partir de esta última, y hace una expresa remisión a la sentencia de instancia donde puede leerse: “(...) valorando las situaciones de los litigantes, ya descritas anteriormente y a las que se efectúa expresa referencia, resulta obvio que la separación matrimonial que se decreta ocasiona un desequilibrio económico en la esposa, atendiendo al montante de las respectivas percepciones”.

Claro resulta, en consecuencia, que la sentencia que se recurre no incurre en vicio alguno a la hora de valorar el momento a tener en cuenta para fijar el derecho a la pensión.

El motivo debe desestimarse.

Séptimo. En el tercer motivo del recurso de casación la parte recurrente invoca la infracción de los apartados 1, 2 y 3 del propio art. 84.1 CF, en una muy deficiente técnica casacional y en contra de la exigencia de concreción cuando de preceptos heterogéneos se trata.

El primer apartado se ha analizado, de modo que su cita y desarrollo resultan repetitivos y superfluos.

El tercero es intrascendente a los efectos que ahora se analizan, pues no se trata de aumentar o reducir la pensión compensatoria, sino de otorgarla.

En cuanto al segundo, ciertamente la sentencia de apelación hubiera podido ser más explícita a la hora de enunciar las circunstancias específicas que, citadas en el precepto que se estima infringido, han de tenerse en cuenta para fijar la pensión perspectivas económicas de uno y otro cónyuge, duración de la convivencia conyugal, edad y salud de ambos, compensación del art. 41, si la hay, cualquier otra circunstancia relevante.

Ahora bien, si consideramos que las perspectivas económicas se han tenido en cuenta — tal como más arriba se ha expuesto—, que no hay compensación económica por razón del trabajo (ex art. 41) y que no se cita otra circunstancia de interés, habrá de concluirse que la sentencia, en definitiva, sólo omite la duración de la convivencia y la edad y salud de los cónyuges, circunstancias que, en cualquier caso, no han sido objeto de discusión en las instancias. Otra cosa es que, a lo largo del desarrollo del motivo, el recurrente intente desvirtuar los principios de prueba tenidos en cuenta y valorados en la sentencia, que en absoluto pueden ser revisados en casación, puesto que, como antes se decía, sobre los hechos que se admiten como probados, la conclusión no aparece como arbitraria, ilógica o irracional.

El motivo, consiguientemente, no puede ser estimado.

Octavo. El cuarto y último motivo de recurso de casación se refiere a la temporalidad de la pensión y estima infringido el art. 86.1 CF.

Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto y lo ha hecho en una sola línea: la fijación de un lapso temporal en la pensión compensatoria es una facultad y no una obligación del órgano decisor, el cual deberá atender en cada caso a las circunstancias concretas que inclinen a optar por una u otra solución (así sentencias de 4 de marzo y 21 de octubre de 2002 y 10 de febrero de 2003).

En el caso concreto es cierto que el Tribunal de apelación hubiera podido ser más cuidadoso a la hora de motivar la concesión de una pensión indefinida en el tiempo y no limitarse a decir que “en supuestos como el presente puede otorgarse la pensión compensatoria de una forma indefinida sin perjuicio de que si concurre causa de modificación o extinción se haga valer ante los tribunales”.

Pero es cierto también que en el evento enjuiciado se hacía difícil fijar ex ante un término durante el cual, hipotéticamente, cesaría el desequilibrio merced a la incorporación de la actora a un mercado laboral estable y a un salario suficiente. Su edad (superados los 50 años, su nula especialización profesional y su empleo actual como limpiadora del hogar) predicen más bien un futuro incierto, necesitado de una cobertura económica a cargo del marido, y ello, como dice la sentencia, sin perjuicio de la circunstancia prevista en el ordinal 3 del art. 84, si aquél pasa a peor fortuna o la esposa mejora de situación.

El motivo, entonces, ha de ser desestimado.

Noveno. La estimación parcial de los recursos determina la no imposición de costas, de conformidad con el art. 398.2 de la LEC.

En conclusión,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos estimar y estimamos parcialmente los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por el procurador de los tribunales D. José Castro Carnero, en nombre y representación de D. X, contra la Sentencia dictada en fecha 17 de marzo de 2003 por la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en rollo de apelación 1100/02, procedente de separación 240/02 del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona; en consecuencia, anulamos la sentencia en cuanto desestima la excepción de incongruencia contenida en la sentencia de primera instancia respecto al extremo último de la medida 3ª acordada y, en concreto, el particular que se refiere a “siendo tal cifra susceptible de revisión anual conforme al IPC que anualmente publique el organismo estatal competente”, pronunciamiento que se deja sin efecto; se mantienen los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida; todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Notifíquese la presente a las partes y, con su testimonio, remítanse los autos originales y el rollo a la indicada Sección de la Audiencia.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 
 

 


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