Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 16 d'octubre de 2003

Anterior Amunt Següent

 

 
 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 16 d'octubre de 2003 núm. 36/2003 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret
Part dispositiva

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Ilmo. Sr. Ponç Feliu i Llansa

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 77/2003 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 176/02 como consecuencia de las actuaciones de juicio de menor cuantía núm. 815/99 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 22 de Barcelona. Los Sres. X i X2 han interpuesto recursos extraordinarios de casación y por infracción procesal representados por el procurador Sr. Antonio Mª de Anzizu Furest y defendidos por el letrado Sr. Manuel Serra Domínguez. Los Sres. Y, Y2, Y3 y Y4 y Y5, Y6 y Y7 han interpuesto recurso extraordinario de casación, representados por el procurador Sr. Jorge Rodríguez Simón y defendidos por el letrado Sr. Xavier Tatché Torres.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los tribunales Sr. Jorge Rodríguez Simón actuó en nombre y representación del Sr. Z formulando demanda de juicio de menor cuantía núm. 815/99 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 29 de octubre de 2001, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente: “FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Don Jorge Rodríguez Simon, procurador de los tribunales en representación de Don Z y, por fallecimiento de este y por sucesión procesal, de Don Y, Doña Y2, Doña Y3 y Doña Y4 y Don Y5, Doña Y6 y Doña Y7, contra Don X y Don X2, representados por el procurador de los tribunales Don Antonio M. de Anzizu Furest y consecuentemente declaro la titularidad exclusiva de Don Z y por trasmisión mortis causa sucesión de sus herederos sobre la cuenta número XXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX y su dominio pleno y exclusivo sobre las 17.746,63944 participaciones del MB FONDO 1 FIN depositadas en ella, y en su consecuencia deben ser modificadas las susodichas cuenta y depósito, dejándolos constituidos bajo la titularidad exclusiva de los herederos de Don Z Impongo las costas de esta demanda principal a los codemandados Srs. X1, X2. como litigantes vencidos.

“Desestimando íntegramente la demanda reconvencional formulada por los Srs. X1, X2. contra los herederos de Don Z, y consecuentemente declaro no haber lugar a decretar la nulidad del testamento abierto otorgado por Don Z ante el notario de Mallén D. Ramón Garcia-Atance Lacadena el día 7 de septiembre de 1999. Lo que imposibilita que se declare la validez del testamento atribuido a Don Z de fecha 30 de noviembre de 1998 ante el notario de Barcelona D. José Bouzá Corchs y, como corolario, la nulidad de la escritura de aceptación de herencia de fecha 10 de marzo del 2000 ante el notario de Mallén D. Ramón Garcia-Atance. Impongo las costas de esta demanda reconvencional a los Srs. X1, X2., como litigantes vencidos”.

Segundo. Contra esta Sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 10 de febrero de 2003, con la siguiente parte dispositiva: “DECIDIM: Que estimant el recurs d’apel·lació interposat per la representació dels Srs. X2 i X  amb parcial revocació de la Sentència dictada en data 29 d’octubre de 2001 pel jutge del Jutjat de Primera Instància número 22 de Barcelona en les actuacions de les quals prové el present rotlle, hem de desestimar i desestimem íntegrament la demanda interposada en representació del Sr. Z i per defunció d’aquest i successió procesal pel Sr. Y i les Sres. Y2, Y3 i Y4 i el Sr. Y5  i les Sres. Y6 i Y7 contra els Srs. X i X2, ja que entenem que no s’ha acreditat que el Sr. Z. fos induït dolosament pels demandats a traspassar diners per l’adquisició i dipòsit en el compte del Banc Sabadell número XXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX de les participacions de MB FONDO 1 FIM dels quals són titulars els demandats i els hereus de l’actor, imposant les costes de la demanda als actors, confirmant en tots els altres punts la Sentència recorreguda sense fer especial pronunciament respecte de les costes d’aquesta alçada.“

Tercero. Contra esta Sentencia, el procurador Sr. Antonio Mª de Anzizu Furest, en nombre y representación de los Sres. X y X2, interpuso recursos extraordinarios de casación y por infracción procesal, y el procurador Sr. Jorge Rodríguez Simón, en nombre y representación de los Sres. Y, Y2, Y3 y Y4 y Y5, Y6 y Y7, interpuso recurso extraordinario de casación, que por auto de esta Sala de fecha 23 de junio de 2003 se admitieron a trámite, dándose traslado a las partes personadas para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 24 de julio de 2003 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló para su votación y fallo, que han tenido lugar, el día 22 de septiembre de 2003, a las 11 horas de la mañana.

Ha sido ponente al Excm. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Contra la Sentencia dictada en fecha 10 de febrero de 2003 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en rollo de apelación 176/02 procedente del juicio de menor cuantía 815/99 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Barcelona, interponen recurso tanto la parte actora, constituida por los herederos de D. Z, como la demandada, constituida por D. X y D. X2, formulando la primera recurso de casación fundado en tres motivos y formulando la segunda recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación articulados en siete motivos conjuntos.

El mismo día de la presentación de la demanda falleció D. Z, que fue sustituido en la acción por sus herederos D. Y, Dª. Y2, Dª. Y3 y Dª. Y4, y D. Y5, Dª. Y6 y Dª. Y7 La demanda se dirigía a declarar “la titularidad exclusiva de D. Z sobre la cuenta nº XXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX y su dominio pleno y exclusivo sobre las 17.746,63944 participaciones del MB FONDO 1 FIM depositadas en ella”. Los demandados, amén de solicitar que se desestimara la demanda, reconvinieron para impetrar la nulidad del testamento otorgado por D. Z el 7 de septiembre de 1999, la validez del testamento otorgado por el mismo en fecha 30 de noviembre de 1998, la nulidad de la escritura de aceptación de herencia otorgada el 10 de marzo de 2000 y el reintegro a la herencia de todos los saldos de cuenta y fondos inmobiliarios propiedad de D. Z.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona estimó la demanda en su integridad y desestimó la reconvención, imponiendo las costas del procedimiento a los Sres. X y X2.

La sentencia de apelación, que ahora se combate, estima el recurso de apelación de los Sres. X y X2 y revoca la sentencia de instancia desestimando la demanda (“ja que entenem que no s’ha acreditat que el Sr. Z.. fos induït dolosament pels demandats a traspassar diners per l’adquisició i dipòsit en el compte del Banc Sabadell número 081-0129-48-000119926 de les participacions de MB FONDO 1 FIM dels quals són titulars els demandats i els hereus de l’actor”, dice la sentencia en su parte dispositiva), confirma los demás puntos de la sentencia apelada e impone las costas de la demanda a la parte actora, sin especial pronunciamiento de las de la alzada.

Segundo. Como se ha adelantado, la representación procesal de la parte actora interpone ante esta Sala recurso de casación por los motivos que se dirán. En lo que ahora interesa destacar contiene el recurso los siguientes fundamentos:

“Primero. Aformalismo del trámite. La actual redacción del artículo 481 de la Ley de enjuiciamiento civil no hace sino continuar la tendencia que ya habían iniciado las últimas modificaciones que habían operado sobre la anterior ley procesal en el sentido de huir del excesivo formalismo en la interposición del recurso. El espíritu del actual artículo 481 de la ley rituaria no es otro que centrar el recurso más allá de las formalidades carentes de sentido práctico. Y esto es lo que esta parte pretende con este escrito: fundamentar correctamente ante el Tribunal Supremo la procedencia de casar la sentencia que es objeto de recurso de casación”.

“Tercero. Motivo único del recurso de casación. Cumpliendo con el requisito establecido  en el artículo 477.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, el único motivo que fundamenta el presente recurso es la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. Y dichas infracciones se detallan, exponen y fundamentan en los números siguientes”.

Es cierto, y en ello conviene nuestra mejor doctrina, que el recurso de casación va rebajando el rigor formal de sus primeros tiempos, pero no debe confundirse el formalismo con la exigencia de un mínimo rigor, pues si, de un lado, resulta imprescindible dotar a este recurso (una vez agotadas ya dos instancias) de exigencias de precisión y claridad en atención a su motivación tasada, de otro, preciso es evitar el rechazo de recursos que contienen infracciones mínimas y subsanables, irrelevantes en relación con el derecho de defensa de la contraparte. El punto medio se encontrará en la combinación que surge del carácter extraordinario del recurso y del respeto al derecho pro actione.

Mas, en cualquier caso, el recurso de casación es lo que es y procede en los casos que la ley señala, por muy aformalista que lo considere la representación procesal de la parte actora, ahora recurrente. Nuestro Tribunal Supremo ya ha cuidado de concretar que no puede permitirse una impugnación abierta y libre (Sent. de 23 de junio de 1992), que se exige la mayor precisión en la cita de preceptos infringidos y la observancia de un mínimo formalismo (Sent. de 20 de noviembre de 1991) y que el recurso requiere una técnica procesal muy definida con cauces impugnatorios muy rigurosos (Sent. de 16 de junio de 1994).

La vigente Ley de enjuiciamiento civil regula dos clases de recursos: el extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación. El primero, que procede contra las sentencias y autos dictados por las audiencias provinciales poniendo fin a la instancia (art. 468 de la LEC), deberá venir motivado en la infracción de normas de jurisdicción o competencia, procesales reguladoras de la sentencia, legales de los actos y garantías del proceso o en vulneración de los derechos reconocidos en el art. 24 de la Constitución (art. 469.1).

El recurso de casación podrá interponerse cuando la sentencia recurrida haya sido dictada en procesos de tutela judicial civil de derechos fundamentales (salvo art. 24 de la Constitución), en asuntos cuya cuantía supere los 150.000 euros y cuando la resolución del recurso presente interés casacional (art. 477.2 de la LEC) y deberá fundarse en la infracción de normas aplicables para la resolución de las cuestiones objeto de debate (art. 477.1).

Como es de ver, la Ley ha cuidado de deslindar, en dos recursos distintos, de tramitación distinta y de consecuencias distintas, las cuestiones formales de las cuestiones de fondo, atribuyendo a las primeras la vía del recurso extraordinario por infracción procesal y a las segundas la del recurso de casación (en este sentido, autos del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2001, 12, 19 y 26 de febrero de 2002, entre muchos otros; y sentencias de esta Sala de 21 de octubre de 2002, 26 de marzo y 23 de junio de 2003 ).

Así se deduce no sólo de la regulación dicha, sino de la exposición de motivos de la Ley. En su apartado XIV puede leerse: “La presente Ley ha operado con tres elementos para determinar el ámbito de la casación. En primer lugar, el propósito de no excluir de ella ninguna materia civil o mercantil; en segundo término, la decisión, en absoluto gratuita, como se dirá, de dejar fuera de la casación las infracciones de leyes procesales; finalmente, la relevancia de la función de crear autorizada doctrina jurisprudencial” (el subrayado es propio).

Y sigue: “El sistema de recursos extraordinarios se completa confiando en todo caso las cuestiones procesales a las salas de lo civil de los tribunales superiores de justicia. La separación entre el recurso de casación y el recurso extraordinario dedicado a las infracciones procesales ha de contribuir, sin duda, a la seriedad con que éstas se aleguen. Además, este recurso extraordinario por infracción procesal amplía e intensifica la tutela judicial ordinaria de los derechos fundamentales de índole procesal, cuyas pretendidas violaciones generan desde hace más de una década gran parte de los litigios” (también los subrayados son propios). Para concluir que “el ya referido recurso extraordinario por infracción procesal, ante las salas de lo civil de los tribunales superiores de justicia, procede contra sentencias de las audiencias provinciales en cuestiones procesales de singular relieve y, en general, para cuanto pueda considerarse violación de los derechos fundamentales que consagra el art. 24 de la Constitución”.

Todo lo anterior viene al caso en punto a que el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de los herederos de D. Z se funda en tres motivos: infracción del art. 218 de la LEC., vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución e infracción del art. 348 del Código civil. Como es de ver, pues, sólo el tercero se basa en una norma de carácter sustantivo.

El art. 218 de la LEC trata hoy de la exhaustividad, de la congruencia y de la motivación de las sentencias, dentro de la sección dedicada a los requisitos internos de la sentencia y sus efectos.

La congruencia de las sentencias, contemplada en la anterior ley procesal en su art. 359, podía ser objeto de recurso de casación a través del ordinal 3º del art. 1692, mediante la alegación de quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Hoy es claramente incardinable en el numeral 2º del art. 469 de la LEC (infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia) y objeto, por tanto, del recurso por infracción procesal.

Así lo ha venido repitiendo esta Sala, por ejemplo, en autos de fechas 29 de julio de 2002 y 7 de julio de 2003.

Y en cuanto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, es llano que constituye precisamente el motivo 4º del indicado recurso, que se concreta en la vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 C.E. Así pues, los dos primeros motivos no pueden ser analizados por esta Sala, en la medida en que debieran haber sido objeto de un recurso extraordinario por infracción procesal y el formulado es claramente el de casación (con motivos y consecuencias distintos, según se ha dicho), y se procede, en consecuencia, a su desestimación dado el trámite procesal en que nos hallamos.

Tercero. El tercer motivo del recurso de casación, basado en la supuesta vulneración del derecho a la propiedad consagrado en el art. 348 del Código civil, tampoco puede ser acogido.

El art. 348, como es conocido, se limita a dar un concepto del derecho y a conceder acción para su reivindicación.

Su cita ahora, en el recurso, incurre en la conocida técnica de hacer supuesto de la cuestión; técnica expresamente vedada por nuestro Tribunal Supremo (sin exhaustividad, sents. 6 y 11 de octubre y 19 de diciembre de 1994; 9, 27 y 31 de enero de 1995 ). Se dice en el recurso: “El Sr. Z y, por sucesión procesal, mis ahora mandantes, como plenos titulares del derecho de dominio sobre los fondos (con total independencia de que administrativamente puedan figurar otros titulares) tienen derecho a disponer de ellos.

Pero ante la oposición del Banco de Sabadell y de los demandados, no tienen más remedio que acudir a los tribunales para hacer efectivo su derecho a la propiedad. En consecuencia, la sentencia recurrida, al no declarar lo que se le pedía vulnera e infringe el derecho de mis mandantes a la propiedad”.

El supuesto de la cuestión radica precisamente en esta probada propiedad de la que parte la recurrente sin expresa declaración judicial.

Como más arriba se decía, la sentencia de primera instancia, al estimar la demanda, declaró efectivamente la plena propiedad de los actores de los fondos depositados en el Banco de Sabadell, pero cabe recordar que la sentencia de apelación —que es la objeto de recurso— revoca en esta parte la anterior declarando su incongruencia, con lo que la propiedad de los tales fondos ha quedado imprejuzgada.

Es más, en la sentencia de apelación puede leerse: “En efecte, la sentència d’instància entén que s’està exercitant una acció declarativa o fins i tot reivindicatòria, mentre la demanda planteja una acció d’anul·labilitat d’un acte de disposició per un vici de la voluntad com és el dol, encara que aquest no es prova, de tal manera que el demandats defensen la seva validesa intentant acreditar la relació afectiva que va existir entre els litigants durant molts anys i l’actuació d’ells envers el Sr. Z assintint-lo en les seves malalties i tenint cura de la seva persona, que exclou segons ells tot indici de captació fraudulenta de la voluntat, sense que en canvi creguin necessari acreditar a qui corresponia la propietat dels diners invertits en aquestes participacions, ni l’existència en tot cas d’un ànim liberal per part del seu oncle” (subrayado propio).

Queda, pues, claro, tras la lectura del párrafo, que, en modo alguno, ha quedado probada en autos la propiedad de los fondos que ahora se reclaman.

En tales condiciones, como se decía, no hay infracción del derecho de propiedad, cuando ésta, controvertida en autos, no ha sido judicialmente declarada y subsiste, por ende, su indefinición.

Todo lo anterior conduce a la íntegra desestimación del recurso entablado por la parte actora, herederos de D. Z

Cuarto. Como se adelantaba, la parte demandada/reconviniente interpone recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, pero también aquí debemos detener-nos en un análisis previo dado que la parte articula sus recursos conjuntamente, agrupándolos en siete motivos sin especificación de su concreto encaje procesal.

Lo justifica así la parte recurrente, después de transcribir la regla 1ª de la disposición final decimosexta de la LEC:

“Frente a dicho oscuro precepto caben dos distintas interpretaciones:

a) Considerar que puede formularse recurso extraordinario por infracción procesal ante los tribunales superiores de Justicia cuando éstos tengan competencia para conocer del recurso de casación.

b) O bien, considerar que el recurso de casación foral de que conozcan dichos tribunales puede fundarse tanto en los motivos del art. 469 LEC como en los del 477 LEC. “Al preparar el recurso de casación, ante su naturaleza manifiestamente formalista optamos por la primera solución, al ser la más adoptada por la práctica forense. Pero en el momento actual al interponer el recurso, consideramos preferible tratar conjuntamente los motivos del art. 469 con los motivos del 477 LEC, atribuyendo a ambos la condición clásica tradicional de motivos de casación, sin perjuicio de que los mismos pueden ser igualmente considerados como posibles motivos de un recurso extraordinario por infracción procesal”.

No es correcta la técnica procesal escogida por la parte recurrente. Lo era, sí, la que eligió para preparar el recurso. Así ha venido haciéndose invariablemente por esta Sala.

Una cosa es que la competencia de la sala de lo civil de los tribunales superiores de justicia para conocer, en todo caso, del recurso extraordinario por infracción procesal no pasara el trámite parlamentario, como argumenta en otro lugar la recurrente, y que, mientras tanto (disposición final decimosexta), se le atribuya el conocimiento de tal recurso sólo cuando es competente para conocer del recurso de casación, y otra distinta es que el cauce procesal por el que han de discurrir ambos motivos sea el mismo, porque, como también reconoce el propio recurrente cuando se opone al recurso de casación interpuesto por la contraria, los motivos son distintos, la tramitación es diferente y las consecuencias son diversas.

Y en absoluto es la propia Sala de Casación la que debe seleccionar y desglosar a qué recurso se refiere cada motivo.

Con todo, preciso es reconocer que las consecuencias de la incorrecta técnica procesal utilizada no pueden ser las mismas que en el anterior recurso objeto de análisis, pues si en aquél sólo se interponía recurso de casación (basado en motivos típicos del recurso extraordinario por infracción procesal), en éste se preparan e interponen los dos recursos, si bien los motivos no se separan, pero se especifica en cada uno la vía del art. 469 o la del 477, ambos de la LEC.

Procede, pues, el estudio de los motivos aducidos, mediante su debida división y adscripción al recurso que procesalmente corresponda.

Quinto. El primer motivo de recurso invoca, al amparo del nº 3 del art. 469 de la LEC, por tanto, como base del recurso extraordinario por infracción procesal, vulneración de los arts. 281.1, 335.1, 360 y 370.4 de la misma Ley y del art. 24 de la Constitución española.

Como es de ver, el motivo mezcla preceptos heterogéneos (objeto de la prueba en general, objeto de la prueba pericial, contenido de la prueba testifical y examen del testigo-perito), lo que es desaconsejable en buena técnica casacional, aunque se reconozca que todos ellos van referidos a la prueba.

En resumen, se denuncia que determinadas preguntas fueron declaradas impertinentes por el juzgador de primera instancia y por la Audiencia, una vez que se solicitó el recibimiento a prueba en la segunda instancia, y que asimismo se denegó la prueba pericial a efectuar por un médico forense, todo lo cual produjo indefensión a la parte proponente.

Es obligado recordar desde un principio que nuestro Tribunal Constitucional tiene reiteradamente declarado que el derecho a utilizar los medios de prueba que la ley reconoce para la propia defensa, constitucionalizado en el art. 24.2 del texto fundamental, ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo a la defensa, consiste en que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas ante el juez, pero no desapodera a este del juicio de su pertinencia por la relación con el thema decidendi, ni a las partes de fundamentar su trascendencia en orden a la solución final del litigio. Lo expresan las sentencias de 30 de septiembre de 1987, 15 de febrero de 1990, 30 de octubre de 1991, 19 de septiembre de 1994 y 19 de mayo de 1998, entre muchas otras.

Resulta preciso, a continuación, analizar, a la luz de lo anterior, la corrección o incorrección de la denegación de la prueba pericial médico-forense y de la declaración de impertinencia de las preguntas dirigidas a los testigos.

La parte ahora recurrente propuso en primera instancia la prueba pericial a practicar por un médico forense, siéndole denegada por auto de fecha 21 de julio de 2000 por la razón de que “éstos [los forenses] únicamente dictaminan en relación con los procedimientos penales y las civiles referidas a incapacidades, e internamiento”. La petición de prueba fue reiterada en segunda instancia, con apoyo en el art. 460.2.1ª de la actual LEC, y se resolvió en igual sentido denegatorio por cuanto “en primer lugar, (...) el informe pericial se solicita sea emitido por un médico forense, funcionario público cuya función no es emitir dictámenes en proceso civil; y en segundo lugar, (...) los términos en que se solicita el dictamen, con independencia de cuál sea su resultado en nada contribuirá al esclarecimiento de la cuestión litigiosa de fondo, fundamentalmente la lucidez mental de una persona cuando otorgó un testamento cuya validez se cuestiona”.

Las argumentaciones no pueden sino compartirse.

Los médicos forenses son, efectivamente, funcionarios al servicio de la Administración de justicia, no de las partes. Así se deduce de la regulación del cuerpo que se contiene en los arts. 497 y s. de la Ley orgánica del poder judicial, singularmente, del art. 498 en cuanto expresa que los médicos forenses desempeñarán funciones de asistencia técnica a los juzgados y tribunales en las materias de su disciplina profesional.

Con precisión absoluta así se desarrolla hoy en el art. 1.2 del Reglamento orgánico de los médicos forenses, publicado por Real decreto 296/1996, de 23 de febrero.

Los artículos 1.3 y 47 del Reglamento establecen su dependencia del Instituto de Medicina Legal.

Se trata, en consecuencia, de un cuerpo de profesionales médicos que ostentan la condición de funcionarios públicos y de autoridad (art. 32), que, en su cualidad de personal al servicio de la Administración de justicia, prestan asistencia técnica a los juzgados y a los tribunales.

Como tales funcionarios no intervienen en los pleitos civiles, procesos de libre disponibilidad de las partes donde se dilucidan intereses privados. Incluso el art. 50 del Reglamento sujeta al régimen de incompatibilidades de tales funcionarios el ejercicio de “cualquier actividad pericial privada”.

Consiguientemente, la denegación de la prueba pericial médico-forense fue ajustada a derecho y no produjo indefensión a la parte proponente por cuanto la misma bien pudo haber solicitado la intervención pericial de cualquier otro profesional privado, según autoriza hoy el art. 339.2 de la LEC, y autorizaba en su momento el art. 611 de la antigua Ley procesal.

Tampoco resulta desacertada la declaración de impertinencia de las preguntas formuladas a los testigos.

Concretamente, tal declaración se extiende a la pregunta decimosegunda formulada a D. Jorge Arruga y a la decimosexta formulada a D. José Antonio Pallarés, ambos profesionales de la medicina, oftalmólogo el primero y sin especialidad conocida el segundo. D. Jorge Arruga operó de cataratas a D. Z el 19 de mayo de 1999; D. José A. Pallarés visitó al Sr. Z en el mes de diciembre de 1998. Pues bien, al primero se le intenta preguntar si en las visitas previas a la operación pudo comprobar que “D. Z presentaba importantes lagunas en su comportamiento, siendo fácilmente influenciable” y al segundo “si llegó a la conclusión de que Don Z presentaba una incipiente demencia senil, no pudiendo gobernarse por sí mismo”.

Si atendemos a la consideración de que ninguno de los facultativos ostenta la cualificación profesional de especialista en psiquiatría y a la de que tuvieron contacto con el Sr. Z en fechas muy anteriores al otorgamiento del testamento discutido y por causas médicas que no afectaban a su capacidad mental, habrá de convenirse en lo acertado de la declaración de impertinencia de las preguntas formuladas. Decisión que se afianza cuando se comprueba que la parte que cuestiona la capacidad de D. Z en septiembre de 1999, peticiona la validez del testamento otorgado por el mismo en noviembre de 1998, que le favorece.

Las preguntas también declaradas impertinentes a los testigos D. Z2 y Dª. Z3 son la septuagesimonovena y parte de la octogesimoquinta, respectivamente.

Ambos testigos eran empleados de la oficina bancaria a la que acudió D. Z para retirar unos fondos. Al primero se le intentó formular la siguiente pregunta: “Que Vd. pudo comprobar que Don Z se encontraba en dicho acto totalmente manipulado por sus acompañantes, carente de voluntad propia, insistiendo Vd. en que para la retirada de los fondos era indispensable la firma de Don X y Don X2”. Para la segunda testigo la pregunta contenía el siguiente inciso: “dando la sensación de estar manipulado y cambiando constantemente de criterio”.

Aparte de que, en definitiva, los fondos no fueron retirados, es obvio que las repuestas dadas a las preguntas, aunque lo hubieren sido en sentido afirmativo, en nada hubieran podido alterar el resultado del juicio de capacidad para testar de Don Z.

Con lo que la declaración de impertinencia no sólo fue correcta, sino que fue inane a los efectos de un derecho a la plena defensa de la parte.

Finalmente, la pregunta impertinente de las formuladas a D. Z5  es la sexagesimoquinta, redactada en estos términos: “Que Vd. considera que en el año 1999 Don Z. no se hallaba en completa posesión de sus facultades mentales, viviendo en un mundo imaginario”.

Don Z5 declara en calidad de vecino del Sr. Z. y ninguna cualificación posee para calificar la capacidad mental de éste, especialmente si ha de referirse al año 1999, días después del testamento cuya validez solicita la parte (de 30 de noviembre de 1998).

Todo el motivo, en conclusión, debe ser rechazado.

Sexto. Se aduce en el segundo de los motivos, que también habrá de encuadrarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal (art. 469.1, motivo 2º de la LEC), la vulneración del art. 218.2 de la LEC, al no contener la sentencia relato de hechos probados.

El art. 248.3 de la Ley orgánica del poder judicial establece que “las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo”.

El art. 359 de la antigua LEC imponía tan sólo que “las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate”.

Y la Ley procesal actual, tras realizar en este mismo enunciado en el primer párrafo del punto 1 del art. 218, ordena que “las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la interpretación y aplicación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”.

En sede de la forma y contenido de las sentencias, el art. 208 de la misma Ley establece tan sólo que “los autos y sentencias serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo”, y recoge, luego, el art. 209, en sus reglas 2ª y 3ª, el contenido concreto de los antecedentes de hecho y de los fundamentos de derecho.

Recordemos que el art. 372.2º de la derogada Ley, en parecido sentido, aludía al deber de consignar en los resultandos “las pretensiones de las partes y los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse”.

Como vemos, ningún precepto orgánico ni procesal obligaba, ni ahora obliga, a que las sentencias civiles contengan una declaración expresa de hechos probados. Distinto a lo que sucede con las sentencias penales, en las que esta consignación no sólo es procesalmente obligada (art. 142, regla 2ª, de la Ley de enjuiciamiento criminal: “Se consignarán en resultandos numerados los hechos que estuvieren enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los que estimen probados”), sino que, además, es motivo de casación por quebrantamiento de forma (art. 851.1º de la misma Ley: “Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados (...)”, declaración que no contiene la Ley procesal civil ).

Así, además, lo tenía declarado el Tribunal Supremo respecto a la anterior Ley, en sentencias, entre otras, de fechas 28 de junio, 18 de julio y 2 de noviembre de 1990, 5 de febrero y 10 de octubre de 1991, 30 de mayo y 17 de julio de 1992, 1 de febrero de 1993, 14 de marzo de 1995, 14 de febrero y 22 de junio de 2000.

La declaración del art. 218.2 de la LEC, que se dice vulnerado, no es más que una consecuencia explícita y expansiva del deber constitucional de motivar las resoluciones judiciales y no un esquema de forma de las sentencias, y así se desprende del inicio del precepto: “Las sentencias se motivarán (...)” y del inicio del segundo inciso: “La motivación deberá incidir en (...)”.

Nuestro Tribunal Constitucional, en efecto, tiene declarado en infinidad de ocasiones (sents., por ejemplo, de 3 de junio de 1991, de 28 de enero del mismo año, 17 de marzo y 22 de diciembre de 1997) que la motivación de las resoluciones judiciales no sólo es una obligación del órgano judicial que le impone el art. 120.3 de la Constitución, sino también un derecho de los que intervienen en el proceso que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24, para cuya satisfacción se requiere que la resolución, contemplada en el conjunto procesal del que forma parte, permita identificar cuáles son las normas que aplica, por qué las aplica y cuál ha sido el juicio lógico, apoyado en criterios jurídicos razonables, que ha conducido a fundar los hechos en el precepto normativo de que se trate.

Y ese es precisamente el espíritu de la norma procesal que se aduce como motivo de recurso, según se desprende de su sola lectura.

Y en absoluto puede decirse que la sentencia combatida carezca de motivación, sea incoherente, arbitraria o irrazonable, confunda la fundamentación fáctica con la jurídica u omita el hilo de razonabilidad que conduce a la solución que adopta. Antes al contrario, se trata de una sentencia extensa y razonada, que analiza los hechos y las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y obtiene una conclusión coherente, independientemente de su acierto jurídico que en otro lugar se estudiará.

El motivo de recurso, por tanto, debe ser desestimado.

Séptimo. Como tercer motivo de recurso se denuncia infracción del art. 217.6 de la LEC, cuya via procesal ha de incardinarse también en el numeral 2º del art. 469 como motivo de recurso extraordinario por infracción procesal, dado que el concreto precepto invocado por su inaplicabilidad —decimos nosotros— forma parte de los requisitos internos de la sentencia (Sección 2ª del capítulo VIII del título V de la Ley ). Se aduce que, ante la falta de prueba de determinados hechos, el tribunal de instancia hubiera debido de acudir al artículo citado, pues, “habiendo acreditado plenamente mis mandantes la debilidad mental del testador entre los días 23 de diciembre de 1998 y 27 de agosto de 1999 y no pudiendo acreditar si ésta se mantuvo el día 7 de noviembre de 1999 en que se otorgó el testamento debatido, hubiera correspondido a los beneficiados por dicho testamento acreditar la capacidad del testador mediante la presencia en dicho acto de un médico que lo certificara”.

Como es de ver, ya de principio, el recurrente confunde un precepto que se refiere a la carga de la prueba con los requisitos de capacidad para otorgar testamento, pues el recurrente no exige una prueba en juicio de esa capacidad, sino “la presencia en dicho acto [otorgamiento del testamento] de un médico”.

En cualquier caso, el recurrente hace en este caso supuesto de la cuestión, lo que está vedado en casación (sentencias, entre otras muchas, de 4 de febrero de 1993, 24 de junio y 27 de octubre de 1994, 9 de enero de 1995, etc.), como ya se ha adelantado.

Parte, en efecto, de un hecho en absoluto probado: “...habiendo acreditado plenamente mis mandantes la debilidad mental del testador...”, afirma. Pues bien, la sentencia proclama justamente lo contrario: “En relació amb l’al·legació que la Sentència valora erròniament la prova, ja que és evident, segons els recurrents, la debilitat mental del Sr. Z.. en atorgar testament, cal posar en relleu que ni l’edat, ni les malalties que patia el citat senyor poden portar a entendre que aquest no gaudia de la necessesària capacitat per testar”.

A continuación la sentencia combatida analiza (fonament de dret tercer) pormenorizadamente e in extensum la prueba practicada y afirma que si, de una parte, constan declaraciones de personas en el sentido de que D. Z estaba “desorientado”, de otra, hay testimonios (y realza el de un director de oficina de La Caixa que le atendió poco antes de otorgar testamento, el del médico que le atendió en la época del otorgamiento y la del notario autorizante) que aseveran su plena capacidad; analizando también la sentencia la escasa coherencia de los recurrentes cuando afirman que pocos meses antes de otorgar el testamento que ahora se impugna, cuando según ellos el Sr. Z.. ya no se encontraba en plenas facultades mentales, éste actuó consciente y libremente cuando admitió que se pusiesen las cuentas a nombre de los recurrentes y otorgó testamentos a su favor y hasta retiró personalmente dinero de los bancos para librarlos en favor de los nietos de L., actos que no son impugnados.

Con todo este acervo probatorio, el Tribunal se inclina por declarar improbada la falta de capacidad de D. Z para otorgar el testamento que ahora se impugna, es decir, por declarar improbados los hechos en los que se apoya la reconvención de los demandados.

El precepto que soporta el motivo casacional, precepto que aporta una regla general aplicable a los apartados anteriores del art. 217, dispone que, en tales casos, el Tribunal deberá tener presente “la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes”.

El precepto no es aplicable al caso.

La sentencia expone, con razón, que debe partirse de la plena capacidad de las personas hasta que judicialmente no se declare lo contrario. En este caso, además, se trata de un testamento abierto, otorgado ante notario que declara en los autos y que autoriza el acto tras haberse entrevistado previamente y en privado con el otorgante, llegando a la plena convicción de su capacidad. En este sentido, baste recordar el carácter de prueba singular que otorga nuestro Tribunal Supremo al juicio de capacidad del notario autorizante (sentencias, entre otras, de 30 de octubre de 1990, 27 de enero de 1998 y 15 de febrero de 2001) y nosotros mismos hemos expresado en Sentencia de 4 de febrero de 2002 lo siguiente: “Esta misma Sala ha tenido ocasión de afirmar, en su sentencia de 21 de junio de 1990, que: ‘la aseveración notarial respecto a la capacidad del otorgante, dada la seriedad y prestigio de la institución notarial, adquiere una especial relevancia de certidumbre y constituye una enérgica presunción iuris tantum de aptitud sólo destruible por una evidente prueba en contrario; la cuestión referente al estado mental del testador tiene naturaleza de hecho y su apreciación corresponde a la Sala de instancia que valora libremente la prueba pericial sin más pauta que las reglas de la sana crítica’. En el mismo sentido se expresa la Sentencia de 1 de octubre de 1991, en la que puede leerse: “El notario que autorizó el testamento da fe de conocer al compareciente y hace constar que, a su juicio, tiene la capacidad legal necesaria para testar, conforme a lo dispuesto en el art. 685 CC. La capacidad del testador ha de presumirse siempre en tanto no se demuestre que tenía enervadas las potencias de raciocinio y voluntad.

Ciertamente, se trata de una presunción iuris tantum pero en la jurisprudencia (ad exemplum STS 7 octubre 1982) en aplicación del principio tradicional del favor testamenti considera reforzada cuando se trata de testamentos notariales“.

“No se trata, en consecuencia, de que el juicio del notario autorizante constituya una prueba absoluta de capacidad del testador, sino de dar contenido y extensión tanto al art. 106 del Código de sucesiones de Catalunya, a cuyo tenor: ‘el notari ha d’idenficar el testador i apreciar la seva capacitat legal en la forma i pels mitjans establerts en la legislació notarial’ como al 167 del Reglamento notarial, según el cual ‘el notario, en vista de la naturaleza del acto o contrato y de las prescripciones del derecho sustantivo en orden a la capacidad de las personas, hará constar que, a su juicio, los otorgantes, en el concepto con que intervienen, tienen capacidad civil suficiente para otorgar el acto o contrato de que se trate’. Se trata, pues, de un juicio de valor con la autoridad de quien lo emite, que cumple función de prima facie de credibilidad, pero que, como es obvio, puede ser destruido por pruebas o evidencias de signo contrario (ver, en este sentido, nuestra Sentencia de fecha 3 de enero de 1994 )”.

Y la sentencia, tras el análisis de estas circunstancias y tras valorar la total prueba practicada, como se ha dicho, obtiene la conclusión de que no se ha probado la incapacidad del otorgante.

No puede, pues, pretenderse ahora que se complete la prueba y que se atribuya a quien parte de la regla general la carga de la prueba de la excepción por una sedicente mayor “disponibilidad y facilidad probatoria”, que, además, no es cierto que ostenten quienes afirman la capacidad del testador el día 7 de noviembre de 1999.

El motivo, en consecuencia, debe rechazarse.

Octavo. El cuarto motivo de recurso de la parte demandada invoca infracción del art. 316.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, precepto que, referido a la valoración de los medios de prueba y que afecta al contenido de la sentencia, debe servir de base al recurso extraordinario por infracción procesal (art. 469 citado por la parte, en su numeral 2º ).

Referido efectivamente al interrogatorio de las partes, el precepto indica que “si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en la sentencia se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si en ellos intervino personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial”; precepto que ha mejorado sensiblemente las escuetas declaraciones de los antiguos arts. 1232 del Código civil y 580 de la Ley de enjuiciamiento anterior.

En el breve extracto del motivo el recurrente afirma que la sentencia incurre en vicio de nulidad al no declarar probados “hechos reconocidos por los demandados y notoriamente perjudiciales para ellos, entre los que destacan el reconocimiento de la debilidad y depresión de Don Z, que lo convertían en fácilmente influenciable, en haberlo conocido pocos meses antes del testamento impugnado, en haberlo acompañado a los pocos días a retirar sus cuentas bancarias colocándolas a nombre de ellos, y en llevárselo a L. para a los ocho días acompañarle a otorgar un testamento a su favor, impidiendo el contacto del testador con sus sobrinos de L. que lo habían cuidado hasta dicha fecha, ocultándole su fallecimiento, y llegando al extremo de silenciarlo ante su abogado que pretendía hablar con el Sr. Z”.

Pues bien, examinadas atentamente las respuestas dadas en el interrogatorio de las partes, en lugar alguno se reconoce que D. Z se hallara debilitado y deprimido (lo cual, por otra parte, no es excluyente de la capacidad de testar), que tal estado le convirtiera en fácilmente influenciable, que se le impidiera el contacto con sus sobrinos de L. y que, igualmente, se le impidiera el contacto con su abogado. Nuevamente el recurrente pretende confundir a la Sala mezclando hechos y consecuencias extraídas por la parte.

Es fuera de estos interrogatorios donde se habla de un estado de debilidad y depresión (“por la reciente pérdida de la esposa y una delicada operación quirúrgica”, lo que tampoco es decisivo, como dice la sentencia, en orden a la capacidad de testar), concretamente, en la propia demanda; y de la ocultación del fallecimiento del Sr. Z, concretamente, en un proceso penal iniciado a consecuencia de los hoy demandados y luego archivado, donde, por cierto, se explica este ocultamiento y se niega al ahora recurrente la condición de abogado de D. Z

El valor que debe otorgarse a todas estas declaraciones no se rige por el art. 316.1 de la LEC, que se dice conculcado y que se refiere al interrogatorio de las partes.

Cabe decir, por último, que la sentencia recurrida sí alude a alguna de estas circunstancias, cuando afirma: “En el mateix sentit que la Sentència recorreguda, entenem que no consten a les actuacions proves que els que van ser hereus en l’últim testament atorgat pel Sr. Z  l’induïssin amb dol a otorgar-lo, sinó que, a petició del testador, el van portar a L. i aquest, descontent pel que sembla amb l’actuació dels nebots de L., va dipositar en ells la seva confiança, encara que evidentment es pot presumir que van fer tots el posibles per obtenir-la, com d’altra banda havien fet els recurrents, i malgrat és possible que volguessin evitar que els nebots de L. visitessin el Sr. Z, ja fos per decisió del citat senyor o per pròpia iniciativa, sense que s’hagi acreditat que això comportés una manca de llibertat en el moment d’atorgar el testament...”, palabras que, a la vista de las actuaciones, suscribe la Sala in totum.

El motivo, pues, ha de rechazarse.

Noveno. El último de los motivos que habrían de fundamentar recurso extraordinario por infracción procesal, por camino también del ordinal 2º del art. 469 de la LEC, que el recurrente articula como quinto, denuncia infracción del art. 386.1º de la propia Ley, es decir, no aplicación —más bien— de las presunciones judiciales.

Según la parte recurrente, “han sido acreditados plenamente cinco hechos: los cuatro testamentos anteriores, la debilidad física y mental del testador, la dependencia de las personas que lo habían trasladado de su domicilio para que otorgara testamento, su escasa relación con los designados herederos, a alguno de los cuales lo había conocido la semana anterior, y la ocultación a sus familiares y a su abogado tanto de los contactos con el testador como incluso su fallecimiento, llevan con arreglo a las reglas del criterio humano y del principio de normalidad, a la presunción de que el testamento otorgado en 7 septiembre de 1999 no responde a la verdadera voluntad de Don Z, procediendo en su virtud su anulación”.

Nuevamente el recurrente hace supuesto de la cuestión, dando por probado lo que no lo está.

Sobre la existencia de cuatro testamentos anteriores ya se pronuncia la sentencia de instancia haciéndose eco de las consideraciones expuestas en la apelada, para concluir en el mismo sentido, esto es, que “els successius testaments atorgats pel Sr. Z es devien a canvis de la seva voluntat, segons dipositava la seva confiança i afecte en uns o altres nebots i que per la força dels fets van ser els nebots de L. els que va resultar finalment afavorits” (fonament de dret segon), no pudiendo olvidarse que el testamento es un acto de última voluntad esencialmente revocable hasta la muerte.

Sobre la debilidad física y mental del testador ya se ha hablado suficiente en los razonamientos anteriores, y en cuanto a la dependencia de las personas que lo trasladaron a L.., de las que se habla como si no fueran asimismo familiares, y de la ocultación del fallecimiento, son circunstancias que nada aportan en orden a la nulidad pretendida del testamento.

La prueba de presunciones es una prueba complementaria y de segundo orden a la que, judicialmente, puede acudirse a falta de pruebas directas. Así lo tiene dicho nuestro Tribunal Supremo, por todas en Sentencia de 10 de septiembre de 1997: “(...) pues es doctrina reiterada y constante, derivada de la jurisprudencia de esta Sala, que el artículo 1253 del Código civil autoriza al juez, mas no le obliga, a utilizar la prueba de presunciones, por lo que cuanto el juzgador de instancia no hace uso de la misma para fundamentar su fallo y sí de lo que se desprende de las pruebas directas obrantes en autos, no resulta infringido dicho precepto (S.S. 3 de diciembre de 988, 7 de julio de 1989, 21 de diciembre de 1990, 17 de julio de 1991 y 18 de mazo de 1993, entre otras)”.

Cuánto más debe aplicarse esta doctrina al caso presente, en el que se trata, como se ha reiterado, de un testamento abierto, que exige, para destruir la fuerza del juicio notarial de capacidad, una prueba completa y contundente.

Décimo. Ya en sede de recurso de casación propio, se denuncia, al amparo del art. 477 (punto 1) de la LEC, la infracción de los arts. 104 y 106 del Código de sucesiones de Catalunya.

Dichos preceptos no han sido en absoluto conculcados, partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia.

En el primero se declara la incapacidad para testar de quienes “no tenen capacitat natural en el moment de l’atorgament”; en el segundo, el Código se remite a la normativa notarial para la identificación del testador y para el juicio de capacidad.

Ya en el fundamento séptimo de esta sentencia hemos aludido con suficiencia al tema presente, haciéndonos eco de nuestra propia Sentencia de 4 de febrero de 2002.

Se alude, una vez más, en la explicación del recurso, a que el testador, reconocidamente, se hallaba deprimido y debilitado, y así, efectivamente, se declara paladinamente en la sentencia combatida, atribuyendo tal estado a la reciente pérdida de la esposa y a una operación anterior de cataratas.

Ninguna de estas circunstancias tiene por qué afectar necesariamente a la capacidad mental de una persona.

La sentencia afirma la capacidad del testador como un hecho (fundamento de derecho tercero) y este hecho, como se ha explicado, no puede ser alterado ahora en casación al haberse desestimado en anteriores fundamentos los pretendidos errores en la valoración de la prueba. Ante este hecho, no hay conculcación de las reglas jurídicas que ahora se dicen infringidas. Antes bien, la conclusión de la Audiencia en absoluto aparece como arbitraria, absurda o falta de razonabilidad.

El motivo, pues, ha de ser rechazado.

Undécimo. El último de los motivos de recurso, articulado por la vía del art. 477 (punto 1) de la LEC, alega infracción del art. 126 del Código de sucesiones, aunque se citen, por error, en el encabezamiento, los arts. 104 y 106.

Tampoco el motivo puede ser acogido.

Se dice —y se argumenta— que el testamento otorgado por D. Z el 7 de septiembre de 1999 es nulo por existencia de maniobras dolosas sobre la persona del testador.

La pretensión del recurrente es clara y va orientada a la revisión de la valoración de la prueba, lo que es impensable en el recurso de casación.

La sentencia recurrida —ya se ha dicho— explicita que “no consten a les actuacions proves que els que van ser hereus en l’últim testament atorgat pel Sr. Z l’induïsin amb dol a atorgar-lo”, declaración concluyente a la que hay que estar y por la que hay que pasar en este grado casacional, sobre todo cuando, como se ha dicho, tal declaración no aparece como arbitraria, absurda e irrazonable.

Lo demás que pudiera argumentarse al respecto no sería repetición de cuanto en el cuerpo de la presente se ha expuesto.

El recurso entero debe ser, consiguientemente, desestimado.

Duodécimo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 398, en relación con el 394, ambos de la LEC., al ser rechazados los dos recursos, se impondrán las costas por mitad a los recurrentes.

Así pues,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos desestimar y desestimamos los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por el procurador de los tribunales D. Jorge Rodríguez Simón, en nombre y representación procesal de D. Y, Dª. Y2, Dª. Y3 y Dª. Y4 y D. Y5, Dª. Y6 y Dª. Y7, y por el procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en representación de D. X y D. X2, contra la Sentencia dictada en fecha 10 de febrero de 2003 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en rollo de apelación nº 176/2002, proveniente del juicio declarativo de menor cuantía 815/1999 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Barcelona; en su consecuencia, confirmamos en todas sus partes la sentencia recurrida, imponiendo a ambos recurrentes por mitad las costas causadas.

Notifíquese la presente a las partes y, con testimonio de la misma, remítanse los autos a la Sección indicada de la Audiencia.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 
 

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda