Projecte Norma Civil
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Sentència de 2 de juny de 2003

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 2 de juny de 2003 núm. 20/2003 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret
Part dispositiva

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 24/2003 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona en el rollo de apelación núm. 410/2002, como consecuencia de las actuaciones de juicio de divorcio núm. 48/2000 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 7 de Tarragona. La Sra. X ha interpuesto este recurso representada por la procuradora Sra. Adelaida Espejo Iglesias y defendida por el letrado Sr. Antoni Vives Sendra. Es parte contra la cual se recurre el Sr. Y, representado por el procurador Sr. Arturo Cot Montserrat y defendido por el letrado Sr. Ignasi Casas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los tribunales Sr. Luis Colet Panadés actuó en nombre y representación del Sr. Y formulando demanda de juicio de divorcio núm. 48/00 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Tarragona. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 18 de marzo de 2002, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “FALLO: Que estimando parcialmente la demanda presentada por el procurador Sr. Lluís Colet, en representación de D. Y contra X, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio por ellos formado, con los siguientes efectos: 1) D. Y satisfará mensualmente la cantidad de 90.000 ptas., en concepto de pensión compensatoria a favor de la esposa, la cual se abonará a la misma Sra. X por anticipado dentro de los cinco primeros días de cada mes, y se actualizará anualmente los días 1 de enero de cada año, conforme a las variaciones que haya experimentado el IPC del año anterior o índice que lo pudiere sustituir en el futuro. “En cuanto a las costas cada parte deberá satisfacer las costas propias y las comunes por mitad. Comuníquese de oficio el contenido de esta sentencia al Registro civil de Tarragona, en el que consta inscrito en el Libro XXXXXX y Página XXX tomo XX, página XXX, a fin de que se haga constar la misma al margen de la inscripción de matrimonio de los litigantes”.

Segundo. Contra esta sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, la cual dictó Sentencia en fecha 18 de marzo de 2002, con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Luis Colet Panadés, en nombre y representación de D. Y, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Tarragona en fecha 18 de marzo de 2002, y en consecuencia, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma efectuando los siguientes pronunciamientos:

a) Que dejamos sin efecto la pensión compensatoria fijada en la sentencia apelada, confirmando el resto de pronunciamientos de la sentencia dictada, sin imposición de las costas de primera instancia a ninguno de los litigantes.

b) No se efectúa especial pronunciamiento respecto a las costas de esta segunda instancia.”

Tercero. Contra esta sentencia, la procuradora Sra. Adelaida Espejo Iglesias, en nombre y representación de la Sra. X., interpuso recurso de casación que por auto de esta Sala, de fecha 20 de marzo de 2003, se admitió a trámite, dándose traslado a la parte recurrida y personada para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 24 de abril de 2003 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación, y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló para su votación y fallo, que ha tenido lugar, el día 12 de mayo de 2003 a las 10.30 horas de la mañana.

Se ha designado ponente al Excm. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se interpone ante esta Sala recurso de casación contra la Sentencia dictada en fecha 9 de diciembre de 2002 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona, en rollo de apelación nº 410/2002 proveniente de autos de divorcio nº 48/2000 tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de dicha capital.

Son hechos de interés para la resolución del presente recurso los siguientes:

En fecha 26 de noviembre de 1988 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Tarragona dictó Sentencia de separación de mutuo acuerdo de los cónyuges D. Y y Dª. X En dicha sentencia se aprobó el convenio regulador de la separación, que contenía, en lo que ahora importa, las siguientes cláusulas:

“Primera. Que contrajeron matrimonio en esta ciudad el día 12 de octubre de 1969, de cuya unión nacieron y viven cinco hijos, llamados Z, Z2, Z3, Z4 y Z5, en la actualidad de 18, 17, 15, 13 y 12 años de edad, respectivamente”.

“Cuarta. En concepto de alimentos D. Y entregará mensualmente a su esposa Dª X, entre los días 1 y 5 de cada mes, la suma de 50.000 pesetas, mediante el ingreso o transferencia (...) Dicha suma se revisará anualmente conforme al IPC que fije el Instituto Nacional de Estadística u organismo que haga sus funciones”.

“Quinta. La esposa Dª X, junto con los hijos del matrimonio, continuará en el uso y disfrute de la vivienda que hasta la fecha ha constituido el domicilio conyugal”.

“Séptima. No existiendo desequilibrio económico en relación con la posición que mantenían durante la vigencia del matrimonio, ambos esposos reconocen que no tienen nada a reclamarse, el uno del otro, en concepto de pensión compensatoria del artículo 97 del Código civil”.

Con posterioridad, se intentó reanudar la convivencia conyugal en períodos intermitentes, satisfaciendo el esposo durante ese tiempo 150.000 pesetas para el mantenimiento de la familia.

Finalmente, se produjo la sentencia de divorcio, cuya apelación es objeto de este recurso.

En la actualidad todos los hijos del matrimonio son mayores de edad y trabajan con independencia económica.

El marido satisfizo hasta dicha sentencia de divorcio la suma de 77.000 pesetas a la esposa.

En reconvención implícita, la demandada reclamó 100.000 pesetas mensuales en concepto de pensión compensatoria, dadas su edad, 56 años, su total y exclusiva dedicación a la familia, la carencia total de ingresos y la imposibilidad de obtenerlos por su nula capacitación profesional, así como la desahogada situación económica del marido.

La sentencia de divorcio concede una pensión compensatoria de 90.000 pesetas mensuales, revalorizables, decisión que es revocada por la resolución que ahora se combate, que se basa en la renuncia a tal pensión realizada por la Sra. X. y que consta en la cláusula séptima del convenio regulador de la separación aprobado judicialmente.

Segundo. El primer motivo de recurso —y prácticamente el único, como se verá— denuncia la inaplicación en la sentencia recurrida del art. 84 del Código de familia de Catalunya, así como la declaración de que la recurrente ha renunciado a la pensión compensatoria.

El tema de la renunciabilidad de la pensión compensatoria debe considerarse hoy pacíficamente resuelto, tras las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 2 de diciembre de 1987, 7 de marzo de 1995 y 29 de junio de 1998. Esta misma Sala, en Sentencia de 4 de octubre de 2001, ha tenido ocasión de afirmar: “(...) la pensió compensatòria que estableix l’article 84 del Codi de família per als supòsits de crisi matrimonial, és un dret renunciable.

És cert que el precepte no estableix de forma expressa la renúncia a la pensió compensatòria, però la seva renunciabilitat en el conveni regulador no ofereix dubtes ja que, segons l’article 76.2.b del Codi de familia, en el conveni regulador de la crisi matrimonial es pot pactar, ‘si és el cas’, la pensió compensatòria que ha de satisfer un dels cònjuges a l’altre i l’expressió ‘si és el cas’, posa clarament de manifest que la pensió compensatòria no l’estableix la llei amb caràcter imperatiu, sinó que sols es pot exigir si així s’ha convingut, amb la conseqüencia que si és un dret facultatiu, és també un dret renunciable i la renúncia és, per tant, vinculant”.

Ahora bien, como dice la primera de las sentencias citadas del Tribunal Supremo “aunque resulta válida y eficaz la renuncia efectuada de manera clara y terminante, no resulta diáfana en especial en situaciones de desequilibrio con dificultades para lograr un mínimo digno de subsistencia”, y en esta línea esta Sala tiene expresado, en Sentencia de 4 de julio de 2002, que: “Si projectem ara aquestes consideracions sobre el cas concret que s’ha de resoldre, hem d’afirmar que en la fase de separació judicial dels cònjuges es constata que la crisi matrimonial origina uns perjudicis econòmics a favor de l’esposa i per això es pacta una pensió alimentícia a favor seu per un import de 65.000 pessetes mensuals. Arribat el moment del divorci aquest fet determina l’extinció de la pensió alimentícia per trencament del vincle matrimonial, extinció que deixa sense fonamentació escaient la renúncia a la pensió compensatòria, que es va renunciar perquè les necessitats de l’esposa ja venien cobertes per la pensió d’aliments, i si com a conseqüència de la demanda de divorci interposada precisament pel marit s’havia d’extingir la pensió d’aliments i no havent-se acreditat que s’hagin modificat les circumstàncies que van determinar la seva procedència per voluntad expressa dels cònjuges, hem d’entendre ajustada a dret la tesi de la sentència d’apel·lació favorable a interpretar el conveni regulador en el sentit de mantenir la pensió alimentícia en un ajut equivalent a favor de l’esposa, mentre subsisteixin les circumstàncies que van determinar la seva constitució en el conveni regulador. Tesi que hem d’entendre ajustada a la lletra i a l’esperit dels articles 76.3.b i 84 del Codi de família, ja que mentre el marit pagava la pensió per aliments, es pot afirmar que la pensió compensatòria es trobava en situació latent, i si després de la sentència de divorci els excònjuges no estableixen cap altre conveni per tal de suplir la mancança de la pensió alimentícia, el perjudici econòmic que havia de pal·liar la pensió alimentícia pot esmenar-lo la resolució judicial per la via d’establir una pensió compensatòria del mateix import ”.

En conclusión, habrá que proyectar estas tesis sobre cada caso y observar si, renunciada una pensión compensatoria, el Tribunal ha de subvenir al cónyuge necesitado cuando el mismo no tenga otro remedio de subsistencia, considerando que aquella renuncia se hizo (rebus sic stantibus) por percibir al momento una pensión alimenticia, que luego el divorcio extingue.

Y, aplicada esta doctrina al caso de autos, resulta diáfano que así se hizo.

En el momento de la separación, Dª X., de 56 años, sin capacitación profesional, dedicada durante casi veinte años exclusivamente al cuidado de la familia y sin medios propios de subsistencia, quedó, con sus hijos, en el domicilio conyugal y pactó con el marido una pensión alimenticia de 150.000 —revisable— para ella y los suyos. Aún, independizados los hijos, el marido siguió pagando una pensión —ya sólo a la esposa— de 77.000 pesetas, reconociendo —en confesión— aquellas condiciones de su esposa. La renuncia, por tanto, se hizo sobre la base de percibir una pensión de alimentos que cubría sus necesidades.

Ahora, eliminada la pensión de alimentos por efectos del divorcio, ha de convenirse en la necesidad de establecer una pensión compensatoria —renunciada en otras circunstancias— que, sustituyendo a aquélla, permita el digno sostenimiento del cónyuge perjudicado por la crisis matrimonial.

En consecuencia, el motivo de recurso ha de ser estimado.

Tercero. El segundo motivo de recurso, inútil ante la aceptación del primero, alude a la existencia de sentencias contradictorias de las audiencias provinciales, lo que, como se sabe, es uno de los cauces de recurso por interés casacional, pero no es motivo del recurso, que ha de fundarse en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso según estatuye el art. 477.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Cuarto. Estimándose el recurso, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes, por lo que dispone el art. 398.2 de la Ley procesal.

Así pues,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la procuradora de los tribunales Dª. Adelaida Espejo Iglesias, en nombre y representación procesal de Dª. X, contra la Sentencia dictada en fecha 9 de diciembre de 2002 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona, en rollo 410/2002 proveniente de autos de divorcio nº 48/2000 tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Tarragona; en su consecuencia, casamos y anulamos dicha sentencia y declaramos la firmeza de la sentencia de primera instancia, dictada en fecha 18 de marzo de 2002; todo ello sin imposición de las costas de este recurso.

Notifíquese la presente a las partes personadas y, con su testimonio, remítanse todos los autos a la Sección indicada.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 
 

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