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Sentència de 22 de maig de 2003

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 22 de maig de 2003 núm. 18/2003 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret
Part dispositiva

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 16/2003 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 848/00, como consecuencia de las actuaciones de juicio de menor cuantía núm. 149/99 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 44 de Barcelona. El Sr. X ha interpuesto este recurso representado por el procurador Sr. Federico Barba Sopeña y defendido por el letrado Sr. José Juan Pintó Ruiz. Es parte contra la cual se recurre la Sra. Y, representada por el procurador Sr. José Rafael Ros Fernández y defendida por el letrado Sr. Felipe Izquierdo Téllez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los tribunales Sr. José Rafael Ros Fernández actuó en nombre y representación de la Sra. Y formulando demanda de juicio declarativo de menor cuantía núm. 149/99 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 44 de Barcelona.

Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 18 de mayo de 2000, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “FALLO: Que estimando la demanda presentada por el procurador Sr. José Rafael Ros Fernández en la representación que tiene acreditada de Y contra D. X, representado por el procurador Sr. Federico Barba Sopeña, debo declarar y declaro nulo el contrato de compraventa celebrado el día 29 de marzo de 1988, en escritura pública nº de protocolo 516 de la notaria de Barcelona Doña Berta García Prieto, otorgado entre Doña Y y D. X, sobre la venta de la mitad indivisa de la finca descrita en el fundamento jurídico primero de esta resolución, declarándose asimismo la nulidad de la escritura pública de igual fecha con nº de protocolo 517, referente a la declaración de obra nueva en su parte correspondiente, acordándose la cancelación del asiento registral que dicho contrato produjo en el Registro de la Propiedad. Con imposición de costas a la parte demandada”.

Segundo. Contra esta sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 19 de julio de 2002, con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. X contra la Sentencia dictada el 18 de mayo de 2000 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 44 de Barcelona en las presentes actuaciones, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida; con expresa imposición de las costas causadas en la alzada a la parte apelante.”

Tercero. Contra esta sentencia, el procurador Sr. Federico Barba Sopeña, en nombre y representación del Sr. X, interpuso recurso de casación que, por auto de esta Sala de fecha 17 de febrero de 2003, se admitió a trámite y del cual se dio traslado a la parte recurrida y personada para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 17 de marzo de 2003 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación, y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló la celebración de vista, que ha tenido lugar el día 28 de abril de 2003 a las 10,30 horas de la mañana.

Se ha designado ponente al Excm. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se entabla recurso de casación contra la Sentencia dictada en fecha 19 de julio de 2002 por la Sección Decimoprimera de la Audiencia Provincial de Barcelona en rollo de apelación 848/2000, procedente del juicio declarativo de menor cuantía nº 149/1999 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Barcelona.

En resumen, y como datos interesantes para la resolución del litigio, conviene consignar que:

Interpone Dª. Y contra su marido D. X demanda en petición de que se declare la nulidad de la escritura de compraventa otorgada en fecha 29 de marzo de 1988 ante la notaria de Barcelona Dª. Berta García Prieto, número de protocolo 516, por simulación absoluta, y la parte correspondiente de la escritura número 517, de declaración de obra nueva, otorgada el mismo día y ante la misma notaria. Aduce la demandante que el precio real (de 6.000.000 pesetas) de la compraventa fue íntegramente pagado por ella, con dinero propio, así como que también abonó la total construcción de la vivienda unifamiliar, y que si en aquel momento se hizo constar la común compra del solar y la construcción de la edificación fue porque convivía maritalmente con el demandado, con quien tiene un hijo en común.

El demandado se opuso a la demanda alegando, en síntesis, que la compra del solar y la construcción de la vivienda habían sido sufragados con efectivo de ambos convivientes —convivencia que duró catorce años— y que, en cualquier caso, nos encontraríamos ante un evento de simulación relativa al encubrirse un verdadero contrato de donación, dada la pacífica convivencia que en aquellos momentos sostenía con la actora y la existencia de un hijo fruto de aquella; alegó también que, en realidad, la actora estaba ejercitando una actio doli, que habría prescrito por aplicación de lo dispuesto en el art. 1301 del Código civil.

La Sentencia de primera instancia de fecha 18 de mayo de 2000 estimó íntegramente la demanda declarando la nulidad de la compraventa de referencia y la nulidad de la parte correspondiente de la escritura de obra nueva.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la sentencia de instancia.

Ambas sentencias imponen las costas a la parte demandada.

Segundo. El recurso de casación se articula en dieciséis motivos y se vehicula a través del apartado 2 del art. 477 de la Ley de enjuiciamiento civil, al exceder la cuantía del pleito de 25.000.000 pesetas, siendo competente esta Sala para su conocimiento al alegarse —en el motivo noveno— como infringido el art. 39 del Código de familia de Catalunya.

Tercero. Se aduce como primer motivo de recurso la infracción del art. 1277 del Código civil y se dice en su desarrollo que la sentencia combatida no ha tenido en cuenta que la causa en los contratos se presume siempre, habiéndose invertido la carga de la prueba.

El motivo debe ser desestimado.

El art. 1277 del Cc establece una presunción iuris tantum de existencia y licitud de la causa en los negocios; como tal presunción iuris tantum admite prueba en contrario, tanto de la existencia como de la licitud (ver, por todas, las sentencias de nuestro Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1997, 20 de marzo y 28 de septiembre de 1998 y 31 de mayo de 1999 ).

La sentencia recurrida no hace aplicación del artículo anterior y expresa: “En los supuestos de compraventa en que no conste la entrega real del precio al vendedor, tratándose de precio meramente confesado, tal manifestación del vendedor no se halla amparada por la fe pública notarial, correspondiendo, en estos casos, a los demandados la prueba de la existencia del precio ( SS.TS. 15 de noviembre de 1993 y de 16 de marzo de 1994)”.

Lo único, pues, que realiza la Audiencia es atribuir al demandado la prueba del precio entregado, prueba de un hecho positivo que se encontraba a su alcance.

La Audiencia concluye —como así había hecho también la magistrada de instancia— que no existe en las actuaciones prueba alguna que apoye las manifestaciones del apelante.

En definitiva, frente a la presunción de existencia y licitud de la causa en la compraventa —entrega del precio— la demandante alega que nada recibió del demandado —hecho negativo— y que el mismo no se hallaba en condiciones económicas aptas para sufragar el gasto. El demandado, que tenía en su dominio las posibilidades de prueba del hecho positivo —entrega del precio—, nada probó, limitándose a manifestar que “no le salían las cuentas a la actora”.

Como ha dicho y reiterado el Tribunal Supremo, los hechos positivos para la parte contraria proyectan sobre ésta la carga de la prueba (sentencias, entre muchas, de 3 de junio y 5 de noviembre de 1993 y 12 de diciembre de 1994).

No se trata, en consecuencia, de la infracción de una presunción legal sino de la aplicación de un principio probatorio y una valoración de la prueba practicada, misión que exclusivamente corresponde al tribunal de instancia, a menos, como veremos luego, que la misma se presente como arbitraria, ilógica o irrazonable.

Cuarto. El motivo segundo de recurso se basa en la infracción del art. 217 de la LEC, apartados 2 y 3, antes art. 1214 del Cc, junto con doctrina jurisprudencial que interpreta este precepto.

El motivo debe ser desestimado en esta fase, como inadmitido hubiera debido ser en su momento.

El motivo, y lo mismo sucede con los numerados cuarto, quinto, décimo y undécimo, se enuncian como motivos de casación cuando, en realidad, son motivos que habilitan el recurso extraordinario por infracción procesal.

La LEC, al derogar determinados artículos del Cc (disposición derogatoria única, apartado 2.1º), ha tenido muy clara su intención de escindir definitivamente los vicios in indicando de los vicios in procedendo, situando los primeros como objeto del recurso de casación (vid. art. 477.1) y los segundos como objeto del recurso extraordinario por infracción procesal (art. 469, apartados 2º y 3º), como explícitamente expresa su exposición de motivos (apartado XIV, párrafo octavo). De esta forma, cuantos preceptos del código sustantivo se estimen infringidos podrán constituir el objeto del recurso de casación, mientras que los preceptos procesales, recogidos hoy en la LEC, podrán integrar el recurso extraordinario por infracción procesal. Alegándose en el presente caso una supuesta infracción del principio de distribución de la carga de la prueba —motivo que en el fondo tampoco sería estimable, como se ha visto— que encuentra su encuadre normativo en el art. 217 de la Ley procesal, la via escogida, del recurso de casación, resulta inadecuada.

Y, como se decía, igual ocurre con los motivos cuarto, quinto, décimo y undécimo, donde se denuncian pretendidas infracciones de los arts. 385, 386 y 316.1, todos de la LEC, reguladores, respectivamente, de la apreciación de la prueba de presunciones y del interrogatorio de las partes.

Todos los motivos aludidos deben ser, consiguientemente, rechazados.

Quinto. El tercer motivo de casación denuncia la infracción del art. 1281, párrafo primero, del Cc.

Dicho precepto, como es conocido, encierra una norma hermenéutica que consagra la primacía de la interpretación literal cuando los términos de un contrato son claros y explícitos de la intención de los contratantes. Caso contrario, dice el segundo párrafo del art. 1281, prevalecerá la intención de los contratantes sobre el sentido literal de las cláusulas del negocio.

La sentencia combatida no conculca dicho precepto y el recurso realiza una interpretación parcial y sesgada de la misma, haciendo supuesto de la cuestión, lo cual le está vedado según constante y reiterada doctrina jurisprudencial.

La sentencia, cual se ha dicho, valora, compara y pondera la prueba practicada a instancia de las dos partes contendientes y obtiene la conclusión de que la practicada por la actora demuestra claramente que el demandado nada pagó como precio de la compraventa ni nada abonó en la construcción de la edificación que como obra nueva se inscribe. La Audiencia llega a la evidencia, tras el análisis de aquellas pruebas, de que el contrato de compraventa no existió, pues, como tal, haciendo prevalecer la verdadera intención de los contratantes sobre lo que literalmente dicen los instrumentos públicos que contienen las declaraciones de los contratantes.

La Audiencia, en consecuencia, cumple con el mandato del precepto, y la denuncia de su infracción conduciría al absurdo jurídico de negar la prueba de contrario cuando los términos del contrato aparecen claramente enunciados.

El motivo, en fin, debe ser desestimado.

Sexto. El motivo sexto del recurso aduce como infringido el art. 1218 del Cc, en relación con el 1277 y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que cita.

Tampoco este motivo puede prosperar.

Se parte, en el desarrollo del motivo, de la prescripción contenida en el párrafo segundo del art. 1218 en orden a que los documentos públicos hacen prueba contra los contratantes de las declaraciones de los mismos.

Desconoce u olvida la parte recurrente que contra este principio de prueba cabe siempre la evidencia contraria, y así lo tiene reiteradamente dicho el Tribunal Supremo en sentencias de 30 de julio de 1993, 6 de mayo de 1994 y 30 de noviembre de 1995, entra otras muchas. Y es más, ni siquiera la prueba documental es de rango superior a otras, sino que debe valorarse el conjunto probatorio (sentencias de 8 de febrero de 1995, 17 de marzo y 4 de septiembre de 1997, etc.).

Este conjunto probatorio ha sido analizado y ponderado por la Audiencia y —aquí debe repetirse— la denuncia de la infracción del art. 1218 por la vía utilizada conduciría al absurdo de negar eficacia a toda prueba contraria al contenido de un instrumento público.

Séptimo. El siguiente motivo de recurso —séptimo— invoca la infracción de la doctrina de los actos propios y, en concreto, de la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1997 y 30 de enero de 1999.

Imputa a este motivo la parte recurrida la no invocación de precepto sustantivo que lo fundamente, con infracción —se dice— de lo dispuesto en el numeral 1º del art. 477 de la LEC.

Toda la doctrina jurisprudencial que se conoce ha apoyado la vigencia del principio que veda el venire contra factum proprium en el art. 7 del Cc, de modo que, en este sentido, no hay dificultad en integrar el contenido del motivo de recurso, sin producir indefensión a la parte contraria.

Y, efectivamente, este principio se ha visto aplicado en las sentencias que cita la parte recurrente, como también lo ha sido en sentencias más modernas, así las de 28 de enero y 9 de mayo de 2000 y, singularmente, como resumen de la doctrina del Tribunal Supremo, en la de 21 de mayo de 2001, que se expresa así: “Esta Sala tiene declarado que para la aplicación de la doctrina de los actos propios es preciso que los hechos tengan una significación y eficacia jurídica contraria a la acción ejercitada (SSTS de 6 de abril y 4 de julio de 1962 ); y como ha señalado la STS de 28 de enero de 2000 ‘el principio general de derecho que veda ir contra los propios actos (nemo potest contra proprium actum venire), como límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, cuyo apoyo legal se encuentra en el art. 7.1 del Código civil, que acoge la exigencia de la buena fe en el comportamiento jurídico, y con base en el que se impone un deber de coherencia en el tráfico sin que sea dable defraudar la confianza que fundadamente se crea en los demás, precisa para su aplicación la observancia de un comportamiento (hechos, actos) con conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca, del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción, en el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior, y esta doctrina (recogida en numerosas SSTS, como las de 27 de enero y 24 de junio 1996, 19 de mayo y 23 julio de 1998, 30 de enero, 3 de febrero, 30 de marzo y 9 de julio de 1999) no es de aplicación cuando la significación de los precedentes fácticos que se invocan tienen carácter ambiguo e inconcreto (SSTS de 23 de julio de 1997 y 9 de julio de 1999), o carecen de la trascendencia que se pretende para producir el cambio jurídico’. Por demás, la construcción jurisprudencial respecto a los requisitos para que los actos propios vengan a ser vinculantes exige que los mismos como expresión del consentimiento han de realizarse con el fin de crear, modificar, obrar o extinguir algún derecho, causando estado y definiendo unilateralmente la situación jurídica del mismo, y para que tengan naturaleza de sujeción han de ser concluyentes y definitivos (SSTS 16 de febrero de 1988, 25 de enero de 1989, 6 de noviembre de 1990, 14 de mayo de 1991 y 27 de junio de 1991), con lo que viene a ser del todo necesario que el acto se presente como solemne, preciso, claro, determinante y perfectamente delimitado, no ambiguo ni inconcreto (SSTS de 22 de septiembre y 10 de octubre de 1988 y 4 de junio de 1992).”

Es evidente que todos estos elementos se dan en el evento enjuiciado. Se trata, sí, de un acto solemne en que las partes, clara y explícitamente, muestran su voluntad concluyente de alterar o modificar una situación jurídica.

Pero precisamente lo que aquí se discute es la conformidad de la voluntad declarada con la verdadera intención de los contratantes, esto es, si lo manifestado coincide con lo querido.

Nuevamente, pues, se hace supuesto de la cuestión y se dice: si los contratantes declararon lo que declararon han de estar y pasar por ello. Y esto es así, efectivamente, a menos que se demuestre que lo declarado no coincide con lo deseado.

Actuar de otro modo y elevar el principio del acto propio a la categoría de valor inamovible sería tanto como negar toda virtualidad a la acción de simulación y todo valor también al acto disimulado, en contra de la constante doctrina del Tribunal Supremo.

Octavo. El octavo motivo de recurso se basa en la infracción de doctrina jurisprudencial y, en concreto, de las sentencias de esta Sala de 16 de julio de 1992, 7 de diciembre del mismo año, 12 de noviembre y 15 de diciembre de 1994 y las del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1989 y 1 de febrero y 18 de marzo de 2002. Se dice en el desarrollo del recurso que la jurisprudencia indicada proclama “la improcedencia de declarar la nulidad absoluta del negocio y de negar toda validez y efecto al mismo y, por el contrario, la necesidad de mantener el negocio subyacente, bien al apreciar la existencia de un negocio mixtum cum donationem, bien al proclamar la existencia de una donación, en ambos casos por razón de ánimo de liberalidad presumible en tales situaciones, con la única limitación de no perjudicar derechos de terceros, pues es claro que nadie otorga unas escrituras por el mero hecho de otorgarlas y sin ninguna finalidad”. Aduce el recurrente en apoyo de su tesis que las escrituras cuya nulidad absoluta ahora se pretende deben valer, en cualquier caso, como donación, pues en el momento en que se otorgaron existía una mutua y pacífica convivencia, more uxorio, con descendencia común, que incluso había propiciado el otorgamiento por parte del mismo de un testamento —único por ahora— en el que nombraba heredera universal a la actora con sustitución vulgar a favor del hijo común y de las dos hijas de aquélla por terceras e iguales partes.

La parte recurrida se opone a la estimación —y admisión en su día— del motivo aducido, invocando el art. 477.1 de la LEC, según el cual “el recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso”, y el recurrente no cita ninguna norma sustantiva que apoye el recurso.

Procede, sin embargo, el análisis del motivo. De una parte, el recurso de casación es admisible, como se sabe, cuando presenta interés casacional, y este se da cuando la sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia (art. 477.3, último párrafo); de otra, el motivo es susceptible de integración sin esfuerzo y sin indefensión de la parte contraria, en la medida en que toda acción de simulación se basa en el art. 1276 del Código civil y la validez del contrato disimulado surge también del mismo precepto en cuanto permite desvelar la existencia de una causa verdadera y lícita distinta de la expresada en el contrato.

Y el motivo debe ser estimado.

La materia, efectivamente, ha sido tratada abundantemente por esta Sala y son ejemplos de ello las sentencias citadas por la parte recurrente, como las más modernas de 6 de febrero de 1995 (que compendia la doctrina jurisprudencial habida hasta el momento), 29 de julio de 1996 y 4 de mayo y 18 de junio de 1998.

En definitiva, esta Sala no ha hecho sino acoger la tesis jurisprudencial según la cual debe indagarse cuál fue la verdadera intención de los contratantes cuando uno de ello alega que la voluntad reflejada en el contrato no se corresponde con la realidad y que donde se dice celebrar un contrato de compraventa en verdad se celebró una donación.

Esta tesis encuentra reflejo en numerosísimas sentencias de nuestro Tribunal Supremo de las que son puros ejemplos las de fechas 25 de mayo de 1944, 20 de enero de 1950, 16 de noviembre de 1956, 26 de junio de 1961, 20 de octubre de 1966, 28 de febrero de 1978, 19 de noviembre de 1987, 3 de diciembre de 1988, 22 de enero de 1991, 13 de diciembre de 1993, etc.

Lo único exigible es que se dé una cumplida prueba de los hechos y que se cubran los requisitos formales de la donación —en este caso, de inmuebles— esto es, la escritura pública, el animus donandi y la aceptación del donatario.

En el evento presente, ni la sentencia de primera instancia ni la que es ahora objeto de recurso analizan el contexto en que el negocio jurídico se produjo, limitándose la primera a afirmar que “la doctrina jurisprudencial viene estableciendo (STS de 24.6.88, 2.12.88, 27.12.89 y 1.10.91, entre otras) que una donación disfrazada bajo la apariencia de compraventa es nula, aun constando ésta en documento público, por carecer del requisito de forma exigido en el art. 633 del CC, entendiéndose que el contenido, el consentimiento y la causa manifestados ante el notario, y autorizados por éste, estaban dirigidos a un contrato oneroso y no podían servir para llenar las exigencias formales de un acto de liberalidad”, tesis que choca con la Sentencia de 23 de septiembre de 1989 (con igual doctrina de las de 9 de mayo de 1988 y 22 de enero de 1991) que expresa: “yerra el recurrente al estimar que la exigencia de escritura pública de donación no se cumple aplicando lo que el notario autorizó como contrato de compraventa, puesto que en verdad el notario estaba autorizando un contrato de donación”; mientras que la segunda sentencia argumenta que: “Para la validez de la donación es preciso que aparezca sin duda el animus donandi en el transmitente. En el presente caso, de los actos previos al contrato, coetáneos y posteriores, es claro que los litigantes otorgaron un verdadero contrato de compraventa sin causa —precio—, pues su voluntad fue clara al celebrar el contrato y nada vetaba el otorgamiento de una donación como acto de liberalidad entre las partes unidas por el afecto y la convivencia”; es decir, la Audiencia, olvidando toda regla de lógica y en interpretación absolutamente alejada de la realidad, viene a sostener que los convivientes acudieron al notario a celebrar un contrato porque sí, es decir, sin causa alguna y sin valor jurídico alguno.

Una valoración más cuidadosa de la prueba demuestra, por el contrario, que: en el año 1985, la demandante, Dª. Y, que gozaba por aquel entonces de una cómoda posición económica, tras enviudar de su marido en mayo de 1984 pasó a convivir maritalmente con el demandado D. X, M. de profesión (hechos aducidos por la propia actora); a principios de 1986 nació un hijo común, Z., según documento aportado por la actora; ésta tenía ya dos hijas, habidas de su matrimonio, como convienen ambas partes; la convivencia de los litigantes duró quince años (hecho aportado por el demandado y no negado), sin que llegaran a contraer matrimonio; la finca, sita en L., fue adquirida por la demandante en 1986 y sobre la misma se construyó una casa unifamiliar aislada; las escrituras cuya nulidad se postula fueron otorgadas el 29 de marzo de 1988 y en la primera de ellas la actora vendía al demandado la mitad indivisa de la misma.

Estos hechos expresamente probados, una convivencia more uxorio que duró hasta 1999 y la acción de nulidad postulada cuando la convivencia cesa, hubiera debido de modular la exégesis de la Audiencia.

La actora funda su acción en un único razonamiento: “El aquí demandado, mediante el empleo de la argucia convenció a mi mandante para que otorgara la escritura de compraventa de la mitad indivisa (documento acompañado de nº 2) con la excusa de que si a ella le sucedía algo fatal, el hijo de ambos quedaría desprotegido frente a sus dos hermanas (fruto del anterior matrimonio de mi poderdante). Mi mandante y el demandado no estaban casados y finalmente nunca han llegado a contraer matrimonio”.

Una interpretación lógica de los hechos anteriores conduce a contrario criterio. La común convivencia, el afecto mutuo y la existencia de un hijo son hechos relevantes a la hora de presumir la puesta en común de la adquisición de una segunda vivienda y, por tanto, de la donación al conviviente y padre del hijo, de la mitad de aquel inmueble. Que tal donación se encubriera bajo la apariencia de un contrato de compraventa aparece entonces lógico si se conecta con una futura integración de la masa hereditaria.

Con ello queda cumplido el requisito de la prueba del animus donandi y, por supuesto, se da también el instrumento formal de la escritura pública, quedando tan sólo la expresión implícita de la aceptación del donatario.

Como se decía en la citada sentencia de 6 de febrero de 1995, tras analizar las dos posturas jurisprudenciales en torno a los requisitos exigidos para declarar la existencia y validez del negocio disimulado (la rígida, de exigir la expresión de la aceptación del donatario en la escritura, y la flexible, de suponerla cuando se da el consenso de voluntades respecto del negocio simulado, único que se explicita en el documento público), “Este Tribunal Superior se inclina por la solución más flexible y menos formalista, que goza de un importante apoyo doctrinal y acogió en S. 16 de julio de 1992”. En esa línea, se cita la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1978, según la cual “cuando una donación se disimula bajo la apariencia de una compraventa, la intervención de los fingidos compradores, pero reales donatarios, en la escritura correspondiente, supone la aceptación de este acto de liberalidad, sin que pueda exigirse, como es lógico, la expresión de que se acepta el contrato encubierto, que, precisamente, tratan de ocultar los contratantes, y que quedaría al descubierto si se hiciera constar la conformidad con la realidad jurídica”.

Definitivamente, pues, debe estimarse la existencia y validez de un negocio disimulado de donación en la escritura de compraventa cuya nulidad absoluta se pretende, y con ello el presente recurso, sin necesidad de entrar a examinar los restantes motivos aducidos por el recurrente.

Noveno. Al estimarse el recurso procede, de conformidad con el art. 398 de la LEC., no condenar en costas a ninguno de los litigantes, con lo que se entenderán modificadas en este sentido las sentencias de instancia.

Por todo lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador de los tribunales D. Federico Barba Sopena, en nombre y representación procesal de D. X, contra la Sentencia de fecha 19 de julio de 2002 dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona en rollo de apelación 848/2000, procedente de juicio declarativo de menor cuantía 149/1999 del Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Barcelona; en su consecuencia, declaramos nula la compraventa otorgada en fecha 29 de marzo de 1988 por Dª. Y y D. X ante la notaria de Barcelona Dª. Berta García Prieto, número de protocolo 516, y la parte correspondiente de la escritura de declaración de obra nueva otorgada por los mismos, ante la misma notaria y en la misma fecha, número de protocolo 517; declaramos, por el contrario, la existencia y validez de un contrato de donación otorgado en el mismo instrumento notarial por Dª. Y. a favor de D. X sobre la mitad de la finca que en dichas escrituras se describe; debiendo procederse a adecuar la realidad registral a la jurídica declarada mediante los oportunos mandamientos de rectificación de los asientos registrales; todo ello sin condena en costas de los litigantes en las dos instancias y en este recurso.

Notifíquese a las partes la presente resolución y con testimonio de la misma remítase el rollo y los autos originales a la Sección indicada.

Así por esta, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 
 

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