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Sentència de 14 d'abril de 2003

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 14 d'abril de 2003 núm. 9/2003 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret
Part dispositiva

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 105/2002 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 298/01, como consecuencia de las actuaciones de separación matrimonial núm. 168/00 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 1 de L’Hospitalet de Llobregat. La Sra. X. ha interpuesto este recurso representada por la procuradora Sra. Cristina Ruiz Santillana y defendida por la letrada Sra. Lara Padilla Varela. Es parte contra la cual se recurre el Sr. Y., representado por el procurador Sr. Ildefonso Lago Pérez y defendido por el letrado Sr. José Miguel Cabré Puig de la Bellacasa.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los tribunales Sr. Francisco Javier Martínez del Toro actuó en nombre y representación de la Sra. X. formulando demanda de separación conyugal núm. 168/2000 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de L’Hospitalet de Llobregat. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 5 de febrero de 2001, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente: “FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el procurador D. Francisco Javier Martínez del Toro, en nombre y representación de Dª X contra D. Y, debo acordar y acuerdo la separación del matrimonio de los expresados, con todos los efectos legales inherentes y en especial los siguientes:

“1.- La separación de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.

“2.- Se atribuye la guarda y custodia de las hijas menores de edad, Z. y Z2., a Dª X., si bien la patria potestad continuará siendo de titularidad y ejercicio conjuntos del padre y de la madre.

“3.- La vivienda familiar, sita en la calle XXX, nº XX, de L., quedará en uso y disfrute de Dª X, y mientras dure la guarda sobre las hijas, pudiendo el otro cónyuge retirar de la misma sus objetos y efectos personales y de su exclusiva pertenencia, previo inventario.

“4.- Se reconoce al progenitor que no convive habitualmente con las hijas el derecho de visitarlas, comunicar con ellas y tenerlas en su compañía, en los términos y en la forma que acuerden ambos padres, procurando el mayor beneficio de las hijas; y en caso de desacuerdo, y como mínimo, este derecho comprenderá los siguientes extremos: tener consigo a las hijas menores los fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta las 20 horas del domingo, en que deberá retornarlas al domicilio materno, y la mitad de las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano, siendo para la esposa la primera mitad de los años pares y la segunda mitad en los años impares, y a la inversa para el esposo.

“5.- En concepto de alimentos para las hijas menores, D. Y. abonará a Dª X. la cantidad de doscientas diez mil (210.000) pesetas mensuales (105.000 pesetas por cada una de ellas), por meses anticipados, en doce mensualidades al año y dentro de los cinco primeros días de cada mes.

“Dicha cantidad será actualizada con efectos de primero de enero de cada año de acuerdo con la variación experimentada por el índice general de precios de consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que lo sustituya.

“6.- En concepto de pensión compensatoria D. Y. abonará a Dª X. la cantidad de cuarenta mil (40.000) pesetas mensuales, por meses anticipados, en doce mensualidades al año y dentro de los cinco primeros días de cada mes.

“Dicha cantidad será actualizada con efectos de primero de enero de cada año de acuerdo con la variación experimentada por el índice general de precios de consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que los sustituya.

“7.- No procede acordar ninguna otra medida ni hacer expresa condena en costas”.

Segundo. Contra esta sentencia, ambas partes interpusieron recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó en fecha 31 de julio de 2002 sentencia con la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Y. y desestimando el formulado por la representación de Doña X., contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia nº Uno de L’Hospitalet de Llobregat, en fecha cinco de febrero de dos mil uno, debemos revocar y revocamos la mentada resolución por lo que se refiere a las medidas relativas a la pensión alimenticia de las hijas y a la pensión compensatoria de la esposa, y en concreto:

“A) Se minora la cuantía de la pensión alimenticia de las hijas y a cargo del padre, quedando ésta fijada en la suma de mil doscientos dos euros (1.202 euros) mensuales.

“B) Se mantiene la cuantía de la pensión compensatoria fijada en la sentencia impugnada a favor de la esposa y a cargo del marido, si bien se establece una limitación temporal de percepción de la misma, por un período de tres años, a computar desde la fecha de la resolución apelada.

“Confirmándose la sentencia de instancia en todos sus restantes pronunciamientos y efectos”.

Tercero Contra esta sentencia, la procuradora Sra. Cristina Ruiz Santillana, en nombre y representación de la Sra. X interpuso recurso de casación que, por auto de esta Sala de fecha 16 de enero de 2003, se admitió a trámite y se trasladó a la parte recurrida y personada para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto. Por providencia de fecha 17 de febrero de 2003 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de enjuiciamiento civil se señaló la celebración de la votación y fallo, que ha tenido lugar el día 31 de marzo de 2003 a las 10 horas de la mañana.

Se ha designado ponente al Excm. Sr. Guillem Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La labor de exégesis que tuvo que hacer esta Sala para indagar cuál era en realidad el motivo de casación —ex art. 477.1 de la Ley de enjuiciamiento civil— sirve ahora para dilucidar el fondo del recurso. En efecto, en el auto de admisión del recurso, de fecha 16 de enero de 2003, la Sala tuvo que advertir a la parte recurrente que “el recurso no cuida de expresar claramente el motivo en que funda su divergencia jurídica, lo que sería deseable en una correcta técnica procesal, pero un examen del contenido del escrito —que no tendría por qué hacer la Sala si no fuera por su interés en facilitar la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de los litigantes y el acceso a los recursos— evidencia que la parte recurrente discute la interpretación dada por la Audiencia al art. 41 del Código de familia, Ley 9/1998, de 15 de julio, del Parlamento de Catalunya”.

Resulta, efectivamente, que los cuatro supuestos motivos de casación, no son tales en realidad. La parte recurrente alude, como primer motivo, a la cuantía del procedimiento; como segundo, al interés casacional; como tercero, al trabajo doméstico como requisito; y como cuarto, a la desigualdad patrimonial que genera enriquecimiento injusto como razón de ser del precepto. Como se ve, la parte confunde lamentablemente los requisitos de acceso casacional con los motivos de recurso, planteando dos primeros puntos que son, realmente, los que le permitirían —aunque sólo el segundo haya sido admitido por la Sala— vehicular el recurso de casación y otros dos que son los puntos de desacuerdo con la sentencia que se combate, olvidando consignar como motivo único de recurso la infracción del art. 41 del Código de familia en la forma en que viene siendo interpretado por este Tribunal Superior (art. 477.1 ya citado y art. 477.3, segundo párrafo ).

En cualquier caso, y admitido ya el recurso por el auto al que se ha hecho referencia, procede entrar en el fondo del mismo y analizar si, efectivamente, la sentencia dictada por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona sigue o no la doctrina sentada por esta Sala en interpretación del artículo también aludido del Código de familia.

Segundo. La sentencia deniega la compensación económica a Dª. X. sobre la base de una serie de consideraciones que deben ser reproducidas. Dice así la parte que interesa del fundamento de derecho cuarto de la sentencia: “...no consta en las actuaciones que la esposa haya contribuido de forma excepcionalmente gravosa a las tareas del hogar, más allá de lo que se entiende que es una contribución ordinaria (el art. 5 del Código de familia, literalmente distingue entre la aportación propia al trabajo doméstico y la colaboración personal o profesional no retribuida o con retribución insuficiente en la actividad profesional o empresarial del otro). El art. 41 del Código de familia —cual antes se ha apuntado— toma por base la existencia de un cónyuge que haya trabajado para la casa o para el otro cónyuge sin retribución o con retribución insuficiente (lo que en concordancia con los términos del art. 5 del citado Código excluye el simple trabajo doméstico, y así viene entendiéndolo esta Sala, en sentencias de 20 de diciembre de 1999, 1 y 2 de marzo y 27 de diciembre de 2000 y 22 de marzo de 2001, entre otras), extensible a lo sumo a aquellas contribuciones en las tareas domésticas que excedieran de la ordinaria, como defienden algunos autores y esta Sección también admite, de forma que se haya generado un desequilibrio patrimonial al final del matrimonio, que sea como consecuencia de un enriquecimiento injusto (el cual, obviamente, no se da en el supuesto aquí enjuiciado)”. (El subrayado es propio.)

Termina la argumentación afirmando que la inmensa mayoría de los bienes adquiridos constante matrimonio pertenecen en común y proindiviso a ambos cónyuges, que no hay enriquecimiento porque los bienes adquiridos por el cónyuge con mayores ingresos revierten en utilidad de ambos y que el hecho de que el marido haya desviado hacia su patrimonio fuertes sumas de dinero es cuestión ajena a la normativa que regula la peticionada compensación económica, debiendo ventilarse en juicio ordinario las relaciones crediticias entre cónyuges.

La argumentación entera es insostenible.

Ya en la Sentencia de 27 de abril de 2000 declarábamos: “Poco importa, pues, a los efectos de la presencia de un verdadero desequilibrio económico resultante de la división patrimonial, que el trabajo doméstico haya sido mayor o menor, a tiempo completo o a tiempo parcial. Tales circunstancias, es obvio, tendrán su resultancia en la cuantificación de la pensión, pero nunca pueden tenerla en la declaración de existencia del desequilibrio injustificado, si éste efectivamente se da”. La declaración se ha repetido más recientemente en sentencias de 10 de febrero y 26 de marzo de 2003.

Y ello no es más que la consecuencia de la esencia misma de esta compensación. Como se ponía de manifiesto en nuestra Sentencia de 31 de octubre de 1998, “con motivo de la reciente discusión de leyes catalanas que afectan al régimen económico matrimonial, si bien un sector defendió a ultranza lo que se considera discutiblemente tradición jurídica catalana, otros autores que unen a sus conocimientos históricos los que les proporciona el ejercicio profesional sobre la realidad cotidiana, han puesto de relieve que el régimen de separación proporciona una teórica igualdad jurídica a ambos cónyuges pero en la práctica suele perjudicar económicamente a la mujer, especialmente en los supuestos de ruptura matrimonial”.

En la sentencia se recordaba la Resolución del Consejo de Ministros del Consejo de Europa de 27 de septiembre de 1978 en orden a arbitrar e introducir en las legislaciones de los estados miembros mecanismos de corrección en los regímenes legales matrimoniales para evitar posibles situaciones de desigualdad a la hora de su extinción. Y, finalmente, declaraba que el anterior art. 23 de la Compilación de derecho civil de Catalunya (redacción de la Ley 8/1993, de 30 de septiembre), antecedente inmediato del 41 del Código de familia, “compensa desequilibrios pasados, corrige una situación de desigualdad patrimonial generada durante el matrimonio por mor de la dedicación de uno de los cónyuges a la casa o al trabajo del otro cónyuge sin retribución o con retribución insuficiente”.

No existe, pues, el más mínimo dato argumental que permita sostener, en contra del cónyuge menos favorecido (y, generalmente, la mujer), que su contribución al matrimonio haya de ser extraordinaria o excepcionalmente gravosa para tener derecho a ser compensado por el otro cuando en la crisis matrimonial se produce un desequilibrio económico, como sostiene la Audiencia. La relación entre art. 41 y el 5.1, ambos de dicho Código, es artificial y sólo se sostiene por la literalidad de sus términos. La contribución a las cargas constante matrimonio y la equiparación económica en el momento de la crisis, obedecen a principios y finalidades distintas. La primera es propia del régimen de separación de bienes (significativamente, véase art. 1438 del Código civil), la segunda es un correctivo del régimen, a aplicar en el momento de su disolución.

Tercero. Sentado lo anterior, resulta obligado revisar las bases que han conducido, junto a las consideraciones precedentes, a denegar la pensión compensatoria a la ahora recurrente.

La sentencia recurrida afirma, como se ha dicho, que existe un capital común de los cónyuges, que los ingresos del marido han revertido en utilidad de ambos y que el desvío de fondos comunes por parte del marido debe ser examinado en otra clase de juicio.

La sentencia, en este apartado, no tiene en cuenta lo que ha expuesto con anterioridad (fundamento de derecho segundo), a saber, que D. Y percibió, en razón de despido, 6.756.072 pesetas; que tiene unos ingresos anuales superiores a los 6.000.000 de pesetas; que confiesa tener invertidos en bolsa unos 15.000.000 de pesetas; que posee una libreta a plazo con unos 11.000.000 de pesetas; que tiene inversiones en Foncaixa y Argentaria y otros campos de negocio propios de telecomunicación y nuevas tecnologías, además de fondos en planes de pensiones, cuenta vivienda y seguros de vida en Caixa de Catalunya; y  que, finalmente, confiesa en juicio que “es cierto que hace cuatro años cambió el dinero o parte del dinero que estaba a nombre de su esposa y del confesante para ponerlo bajo su única titularidad, dado que ya las cosas del matrimonio no iban bien, con la intención de salvar ese dinero para poder hacer frente a la educación de sus hijas tanto en el colegio privado al que ahora van y el día de mañana a la universidad” (aspecto este último que habría tenido que merecer la consideración de la sentencia, pues al atribuir al marido la pensión alimenticia de las hijas, en realidad, dicho pago se hace ahora con dinero común).

Frente a este patrimonio probado del marido nada dice la sentencia del de la esposa. Se incumple, por tanto, lo que ya exigía nuestra Sentencia de 27 de abril de 2000: “La Audiencia debió determinar, en primer lugar, si existió una desigualdad económica a la hora de formar las masas patrimoniales como consecuencia de la disolución del matrimonio; en segundo lugar, si constata esa desigualdad, ésta se hallaba justificada”. Nada de esto se ha hecho.

Y así, hay que buscar los hechos probados y no contradichos de la sentencia de primera instancia para constatar que, frente al anterior patrimonio, Dª. X. percibió una indemnización por despido de 1.175.000 pesetas; que es titular de una cuenta en Caixa de Catalunya con 415.918 pesetas; de dos fondos de inversión que, a fecha 1 de junio de 2000, se valoraban en 4.848,67 euros el primero y 17.945,06 el segundo; que percibió, en fecha 28 de diciembre de 2000, 2.534.355 pesetas procedentes de un seguro, y, finalmente, que desde el año 2000 presta servicios en una parada del mercado de Santa Eulalia, durante dos días por semana, percibiendo 4.000 pesetas diarias.

A todo ello hay que unir que la Sra. X. se dedicó durante dieciséis años al cuidado del hogar y de las dos hijas fruto del matrimonio.

No existe, en consecuencia, razón alguna que justifique el desequilibrio patrimonial que se ha hecho evidente y en razón a ello debe compensarse económicamente a la recurrente, revocando así la sentencia de instancia.

En orden a cuantificar esa compensación, la Sala no tiene sino que atenerse a los términos que también se dejaron sentados en la repetida Sentencia de 27 de abril de 2000 (“Entendemos que el restablecimiento del equilibrio patrimonial debe quedar al arbitrio del juez o tribunal al tenor de las pruebas practicadas en los autos, huyendo, pues, de fórmulas generalistas que, si aceptables en el marco académico, sólo servirían para encorsetar soluciones.

Y claro es, siempre respetando el mandato legal contenido, en este caso, en el art. 23 de la repetida Ley de 1993 que se ha dejado transcrito, esto es, atendiendo a la incidencia familiar de la actividad del cónyuge que la reclama, la cuantía de la desigualdad patrimonial producida y otras circunstancias del caso”) y, en el evento enjuiciado, atendido el desnivel patrimonial y el tiempo de dedicación de la esposa al hogar, se cifra en 42.070,85 euros.

Cuarto. De conformidad con el art. 398.2 de la LEC., no se hará expresa condena en costas.

Por todo lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos estimar y estimamos el recurso de casación entablado por la procuradora de los tribunales Dª. Cristina Ruiz Santillana, en nombre y representación procesal de Dª. X. contra la Sentencia de fecha 31 de julio de 2002 dictada por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona en rollo 298/01, apelación del juicio de separación matrimonial nº 168/00 procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de L’Hospitalet de Llobregat; en su consecuencia, revocamos la misma en el sentido de otorgar a la recurrente una pensión compensatoria a cargo de su marido recurrido D. Y. de 42.070,85 euros, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Notifíquese la presente a las partes personadas y, con testimonio de la misma, remítanse el rollo y los autos a la indicada Sección.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 
 

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