Projecte Norma Civil
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Sentència de 9 de desembre de 2002

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 9 de desembre de 2002 núm. 40/2002 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de 31 de octubre de 2000 dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía nº 315/98 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vilafranca del Penedès. El recurso de casación fue interpuesto por D. X1, representado en esta instancia por la procuradora Dª Araceli Garcia Gómez y defendido por la letrada Dª Montserrat Asensio Figueras, siendo parte recurrida D. Y1, representado por el procurador D. Carlos Ram de Viu de Sivatte y defendido por el letrado D. Marc Campo Aragonés.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La representación procesal del Sr. X1 interpuso en tiempo y forma recurso de casación contra la Sentencia de fecha 31 de octubre de 2000 dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación nº 1010/99, que dimana del juicio declarativo de menor cuantía nº 315/98 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vilafranca del Penedès, cuya parte dispositiva dice: “Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Carlos Ram de Viu i de Sivatte en nombre y representación de Y1 contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vilafranca, en autos de juicio de menor cuantía número 315/98 debemos revocar y revocamos la misma en el sentido de condenar al demandado D. X1, al cierre, por medio de pared de obra, tanto del porche inferior como de la terraza media existente en su vivienda, con expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia, y sin hacer especial mención de la generadas en esta alzada procedimental.”

Segundo. Recibidas las actuaciones en esta Sala, se formó rollo y se designó ponente. Interpuesto en tiempo y forma recurso de casación por la representación procesal de la parte actora y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1709 de la LEC de 1881, se dio traslado al Ministerio Fiscal, el cual en su informe emitido consideró procedente la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto. Posteriormente se dio traslado a la contraria para formular su escrito de oposición que efectuó en el tiempo y forma oportunos. Por resolución del pasado 24 de octubre se señaló día y hora para la votación y fallo del procedimiento para el día 28 de noviembre de 2002, la cual se ha efectuado oportunamente.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente recurso de casación se formula contra la Sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2002 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en rollo de apelación 1010/99 procedente de juicio de menor cuantía 315/98 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Vilafranca del Penedès.

El recurso fue admitido a trámite por proveído de 23 de septiembre último, una vez que la indicada Sección de la Audiencia determinara mediante Auto de fecha 28 de mayo anterior que, indiciariamente, la cuantía del procedimiento debía fijarse en 44.000 euros (7.320.984 ptas), dando así cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en Auto de 9 de noviembre de 2001 resolutorio del recurso de queja 49/01.

Ahora la parte recurrida reitera ante la Sala las razones que, a su entender, debieran haber llevado a la inadmisión del recurso, convertibles en este trámite procesal en causas de desestimación, por no alcanzar la summa gravaminis los seis millones de pesetas que la antigua Ley de enjuiciamiento civil —por la que se tramita el recurso— exigía en orden al acceso casacional de los pleitos.

Se dice, en definitiva, que la cuantía del pleito se ha medido teniendo en cuenta solamente el valor de la finca del recurrente, única que en su día fue tasada por el perito judicialmente nombrado, sin tener por tanto en cuenta ni la regla 4ª del art. 489 de la anterior Ley procesal (que fijaba el valor de las demandas relativas a una servidumbre en el precio de su constitución, si constare, y, a su falta, en la vigésima parte del valor de los predios dominante y sirviente) ni a la regla 12ª, que al entender de esa parte era la aplicable (y que determinaba el valor de las demandas que tuvieran por objeto una prestación de hacer en el coste de aquello cuya realización se inste o en el importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento).

La objeción de la parte recurrida es razonable, pero la Sala se encuentra ahora ante un trámite procesal en el que el recurso ha sido ya admitido y lo ha sido, además, después de resolver una recurso de queja de la parte recurrente. Y, lo que es más grave, se encuentra ahora sin elementos objetivos que le permitan cuantificar, siquiera sea en forma indiciaria, el contenido de la obligación de hacer —que pudiera hacer variar incluso la configuración total del predio vecino— o el valor de ese inmueble de la parte recurrente para sumarlo al de la parte recurrida y dividirlo por seis, con lo que se hallaría la vigésima parte del valor conjunto de las dos fincas.

En estas circunstancias, la aplicación de los principios constitucionales que ordenan la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y que protegen el acceso a los tribunales en beneficio del favor iurisdiccionis inclinan a tener por bien admitido el recurso y a entrar en el análisis de sus motivos.

Segundo. El primer submotivo de recurso (el motivo único es la infracción de normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable, con fundamento en el art. 1692.4º de la LEC de 1881) denuncia la indebida aplicación del art. 1.1 de la Ley 13/1990, de 9 de julio, de la Generalitat de Cataluña, y la inaplicación del art. 3.2 del mismo texto legal.

En síntesis, argumenta el recurrente, tras efectuar un análisis de las dos sentencias producidas en la instancia, que: “no existe una perturbación ilegítima al actor sino todo lo más, una mera inmisión, que por inocua e irrelevante a efectos perjudiciales, se engloba dentro de la situación prevista en el art. 3.2”, según el cual: “tot propietari ha de tolerar les immissions provinents d’una finca veïna, si aquestes són innòcues o si causen perjudicis no substancials”.

El motivo no puede prosperar.

Según nuestra doctrina más autorizada, el art. 1 de la anterior Ley, consecuente con sus antecedentes históricos, otorga acción al propietario para hacer cesar toda perturbación que se produzca sobre el disfrute de su propiedad, abarcando tanto las perturbaciones materiales (inmisiones) como las jurídicas (uso de servidumbres no constituidas). En definitiva, como dice la doctrina, si el precepto se relaciona con sus precedentes, se observa que el legislador ha considerado oportuno extender el ámbito de aplicación de la acción negatoria, ya que no sólo se admite en el caso de perturbaciones jurídicas sobre el derecho de propiedad (atribución, por ejemplo, de un derecho real de servidumbre), sino también cuando el derecho de propiedad sufre una perturbación material provocada por tercera persona, como sucede en el caso de las inmisiones, pues el art. 3.1 atribuye al propietario afectado por una inmisión la acción negatoria.

En el caso de autos, queda claro por el contenido de la litis y, sobretodo, por el escrito de demanda, que el propietario-demandante utiliza la acción para la negación de una servidumbre y, en concreto, la que se encuentra prevista en el art. 40 de la propia Ley catalana (“Ningú pot tenir vistes ni llums sobre el predi veí, ni obrir cap finestre o construir cap voladís ni, tampoc, en la paret propia que confronti amb la del veí, si no té constituïda una servitud a favor seu, sense deixar en el terreny propi una androna de l’amplada fixada per les ordinacions o pels costums locals o, a manca d´aquests, d’un metre en quadre, almenys, comptat des de la paret o des de la línea més sortida si hi havia voladís”), y de este modo termina suplicando que se haga cesar la perturbación “consistente en el indebido disfrute de luces y vistas sobre el predio de mi principal y abstenerse en el futuro de perturbaciones análogas, decretando a dichos efectos el cierre, por medio de pared de obra, tanto del porche inferior como de la terraza media existente en la vivienda del demandado”).

El demandado en momento alguno ha probado ni pretendido probar la existencia de una servidumbre constituida y se intenta a lo largo del pleito y en esta casación hacer ver que la perturbación (material) resulta inocua y que debe ser soportada por el actor en base a lo establecido en el art. 3.2 de la Llei, precepto que resulta, como es visto, a todas luces inaplicable. La sentencia de instancia declara paladinamente que la acción del apelante (actor en el procedimiento) está justificada toda vez que las aperturas realizadas en la finca del demandado “constituyen una apariencia indudable, pública y notoria, de existencia de servidumbre de luces”, sin que a ello obste el que la finca del actor no esté edificada, pues de lo que se trata —dice la sentencia— es que la futura edificabilidad no quede condicionada por aquellas aperturas.

La valoración jurídica dada por la Audiencia a los hechos de autos —tal como quedaron fijados en la prueba pericial— es, consiguientemente, correcta y ajustada a derecho, debiendo, como se decía, rechazarse el recurso.

Tercero. El segundo submotivo de casación se basa en la infracción de doctrina jurisprudencial, centrada en la interpretación de los arts. 1.1 y 3.2 de la Ley de inmisiones de Catalunya y, en concreto, de la Sentencia de esta misma Sala de fecha 26 de marzo de 1994 y la de la Audiencia Provincial ( Sección Decimoséptima ) de 22 de diciembre de 1994.

El motivo es inadmisible e insostenible.

Para que el motivo fuera admisible resultaba obligada, dado el fundamento procesal que lo sostiene (infracción de jurisprudencia, expresión que la Ley 10/92 sustituyó a la de doctrina legal ), la cita, al menos, de dos sentencias de casación. Pues bien, el recurso cita sólo una sentencia de esta Sala, conculcando la doctrina expuesta, por ejemplo, en sentencias de 30 de septiembre de 1993, 16 de noviembre de 1994 y 3 de abril de 1995, y otra de la Audiencia Provincial, con vulneración de la doctrina que se contiene en sentencias de 2 de abril de 1993 y 11 de octubre de 1994, por todas.

Pero, además, resulta insostenible, por cuanto la sentencia citada de esta Sala tan sólo expresa que, en el caso en ella contemplado, no es aplicable el art. 3.2 de la Ley de inmisiones de Catalunya al no darse un caso de inmisiones, que define como intromisión en el fundo vecino de sustancias corpóreas o inmateriales. La sentencia confirma la de la Audiencia que, revocando la de primera instancia, entendió, en síntesis, que, efectivamente, el caso no encajaba en el campo de las puras inmisiones, sino que contemplaba una verdadera limitación del dominio o establecimiento de servidumbre. Ni más ni menos que lo que ahora también se ha dicho.

En cuanto a la sentencia de la Audiencia, tratándose de un caso de vistas oblicuas, no resulta tampoco de aplicación al supuesto de autos; supuesto en que la Audiencia deja suficientemente claro que, de acuerdo con la pericial, “en materia de vistas, las aperturas que permiten tener vistas sobre el predio de D. Y1, tampoco guardan la androna de anchura mínima preceptiva”.

El motivo, en consecuencia, debe decaer y, con él, todo el recurso.

Cuarto. De conformidad con el art. 1715.3 de la LEC de 1881 se impondrán al recurrente las costas causadas.

Por todo lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido que: Debemos desestimar como desestimamos el recurso de casación entablado por la procuradora de los tribunales, Dª. Araceli García Gómez, en nombre y representación procesal de D. X1, contra la Sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2000 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona en rollo de apelación 1010/99 procedente de juicio declarativo de menor cuantía nº 315/98 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Vilafranca del Penedès; en consecuencia, confirmamos la misma y la declaramos firme en su integridad, imponiendo las costas a la parte recurrente.

Notifíquese la presente a las partes personadas y con testimonio de la misma remítase a la Sección indicada de la Audiencia el rollo de apelación y las actuaciones originales del Juzgado.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 
 

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