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Sentència de 28 de novembre de 2002

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 28 de novembre de 2002 núm. 37/2002 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva

Presidente:

Excmo. Sr. D. Guillermo Vidal i Andreu

Magistrados:

Il·lmo. Sr. D. Ponç Feliu i Llansa

Il·lmo. Sr. D. Lluís Puig i Ferriol

 

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal núm.10/2002 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Primera) en el Rollo 37/1999 dimanante de las actuaciones de juicio de menor cuantía núm. 388/1997 seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Barcelona. Han interpuesto este recurso B.W., SA, representado por el procurador D. Jesús Millán Lleopart y defendido por el letrado D. Manuel Rojas Robles, y V.A.E., SA, representado por el procurador D. Antonio María de Anzizu Furest y defendido por el letrado D. Sergio Unsain Romero. Es parte contra la cual se recurre Dña. Y1 y D. Y2, representados por el procurador D. Carles Badía Martínez y defendidos por el letrado D. Pau Saumell Lladó.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador D. Carles Badía Martínez, que actúa en nombre y representación de Dña. Y1 y D. Y2, formuló demanda que fue seguida por los trámites del juicio de menor cuantía núm. 388/97 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Barcelona. Seguida la tramitación legal, el juzgado indicado dictó Sentencia en fecha 22 de septiembre de 1998, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “FALLO: Que desestimando la demanda formulada por el procurador de los tribunales D. Carlos Badía Martínez, en nombre y representación de D. Y2, contra B.W., SA, y V.A.E., SA, por apreciarse la existencia de la excepción dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la demanda, y sin entrar a conocer del fondo del asunto, debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos de la demanda, condenando en costas al demandante.

 “Que estimando parcialmente la demanda formulada por el procurador de los tribunales D. Carlos Badía Martínez, en nombre y representación de Dña. Y1 contra B.W., SA, y V.A.E., SA, debo declarar la resolución del contrato de compraventa del vehículo Vokswagen California Coach matrícula XXXXX, con devolución, por cada una de las partes, de las correspondientes prestaciones, por parte de la compradora, del vehículo indicado, y por parte de la vendedora, B.W., SA, del precio pagado por el mismo, por la cantidad de 3.954.000 pts. Y condenar, solidariamente, a los demandados, B.W., SA, la empresa vendedora, y V.A.E., SA, la empresa importadora, a que indemnicen a la demandante, la Sra. Y1 en la cantidad total de dos millones trescientas setenta y dos mil trescientas treinta y cinco pesetas (2.372.335 pts.) más los intereses legales que correspondan desde el 30 de abril de 1996, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia.”

Segundo. Contra esta Sentencia, tanto los actores como los demandados interpusieron recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 16 de noviembre de 2001 cuya parte dispositiva dice: “FALLAMOS: Estimar, en parte, los recursos de apelación interpuestos por la Sra. Y1 y el Sr. Y2, por B.W., SA, y V.A.E., SA, contra la Sentencia dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Barcelona de 22 de septiembre de 1998 en el procedimiento del cual derivan estas actuaciones; revocar, en parte, esta resolución y condenar a B.W., SA, a pagar los intereses legales de los 3.954.000 ptas. desde el 30 de abril de 1996 y condenar a B.W., SA, y V.A.E., SA, a pagar en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados la cantidad total de tres millones doscientas setenta y dos mil seiscientas diecinueve pesetas (3.272.619 ptas.) más los intereses legales desde la reclamación judicial y las costas causadas. El resto de la sentencia se mantiene en su integridad. No se hace imposición de las costas que deriven de los recursos interpuestos”.

El 30 de noviembre de 2001 la misma Sección de la Audiencia dictó Auto en el cual rectifica la cantidad fijada como indemnización en la sentencia mencionada de 16 de noviembre de 2001 en el sentido de que la misma es de 3.572.335 ptas. y no de 3.272.619 ptas.

Tercero. Contra esta sentencia, el procurador D. Antonio Mª de Anzizu Furest, en nombre y representación de V.A.E., SA, interpuso este recurso de casación ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, que fundó en los siguientes motivos: “Primero- Infracción de los artículos 3, 4, 8, 37, 38 y concordantes del Código de familia de Cataluña, que se denuncia bajo el amparo del art. 477.2 3º y 3 de la LEC 2000”.

Asimismo, contra la misma sentencia el procurador D. Jesús Millán Lleopart, en nombre y representación de B.W., SA, interpuso recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: “Único: Infracción de los artículos 3 y 8 y concordantes del Código de Familia de Cataluña, que se denuncia al amparo del art. 477.2 3º y 3 de la LEC 2000”.

 

Cuarto. Por providencia de 7 de marzo de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 483 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil pasaron las actuaciones al magistrado ponente a fin de que instruyera y sometiera a deliberación de la Sala lo que se hubiera de resolver sobre la admisión o inadmisión de los recursos de casación.

Por providencia de esta Sala de 14 de marzo de 2002, teniéndose conocimiento del Auto dictado por dicha Sala en el mismo día, en el recurso de queja núm. 12/2002, que afecta directamente a los mencionados recursos de casación, se dio vista a las partes recurrentes para que instasen, en el plazo de tres días, lo que a su derecho conviniese, cosa que no efectuaron.

Por Auto de 11 de abril de 2002 se admitieron a trámite los recursos de casación y se dio traslado de los mismos a la parte recurrida a fin de que formalizase en el término de 20 días su oposición por escrito.

Quinto. En fecha 7 de mayo de 2002 el procurador D. Carlos Badía Martínez presentó escrito de oposición al recurso de casación.

Por providencia de 9 de mayo de 2002 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la LEC se señaló para la vista el día 27 de mayo a las 10.30 horas de la mañana.

El 13 de mayo de 2002 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona comunica que, como consecuencia de los recursos de queja núms. 12/02 y 16/02 seguidos y estimados por esta Sala Civil, ha dictado Auto de 11 de abril de 2002 en el que acuerda tener por preparados los recursos de casación e infracción procesal interpuestos por B.W., SA, y V.A.E., SA.

Como consecuencia de dicha comunicación, por Providencia de 13 de mayo de 2002 se acordó la suspensión de la vista en espera de que se remitiesen a esta Sala los recursos de casación e infracción procesal referenciados.

El 29 de junio se remitieron a esta Sala por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona las actuaciones a que el presente rollo se contrae, ya que aquella Sección dispuso, por Auto de 11 de abril de 2002, tener por preparados los recursos de casación y los recursos de infracción procesal por B.W., SA, y por V.A.E., SA.

El procurador Antonio María de Anzizu Furest, en representación de V.A.E., basa el recurso de casación en los siguientes motivos: “Primero: infracción de los artículos 3, 4, 8, 37, 38 y concordantes del Código de familia de Cataluña, al amparo del art. 477.2 3º I 3 de la LEC 2000. Segundo: Infracción del art. 523 de la LEC 1881, al amparo del art. 477.2 3º I 3 de la LEC 2000. Tercero: Infracción de la doctrina de los actos propios y de la jurisprudencia que le es aplicable, al amparo del art. 477.2 3º I 3 de la LEC 2000 y basa el recurso extraordinario por infracción procesal en los siguientes motivos: Primero: Infracción del art. 359 de la LEC 1881, al amparo del art. 469.1.2º, por ser la sentencia incongruente”.

El procurador Jesús Millán Lleopart, en representación de B.W., SA, basa el recurso de casación en los motivos siguientes: “Primero: Infracción de los arts. 3, 8 y concordantes del Código de familia de Cataluña, al amparo del art. 477.2 3º y 3 de la LEC 2000. Segundo: Infracción del art. 1101 CC, por oposición de la sentencia impugnada a la doctrina jurisprudencial, al amparo del art. 477.2 3º”, y basa el recurso extraordinario por infraccion procesal en los siguientes motivos: “Primero: Infracción del art. 523 de la LEC 1881, al amparo del art. 469.1 2º. Segundo: Infracción del art. 359 de la anterior de enjuiciamiento civil, al amparo del art. 469.1 2º”.

Por Auto de esta Sala de 11 de julio de 2002 se admitieron a trámite ambos recursos interpuestos por las representaciones procesales mencionadas y se dio traslado de los escritos de interposición a la parte recurrida para que formalizase, si lo consideraba oportuno, su oposición por el plazo de 20 días y manifestase si consideraba necesaria la celebración de vista.

Formulada oposición a los recursos, por providencia de 3 de octubre de 2002 se señaló para la vista el día 28 de octubre de 2002, la cual tuvo lugar y cuyo resultado es de ver según el acta que consta extendida al efecto.

Ha sido ponente el presidente, Excmo. Sr. D. Guillermo Vidal Andreu.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Se interponen por B.W., SA, y V.A.E., SA, sendos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 16 de noviembre de 2001, rollo de apelación nº 37/99 procedente del juicio de menor cuantía 388/97 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona.

B.W., SA, aprecia quebrantamiento de normas procesales por infracción del art. 523 de la antigua Ley de enjuiciamiento civil en materia de imposición de costas y del art. 359 del mismo texto por vicio de incongruencia en la sentencia impugnada. Ambas alegaciones se reproducen en el recurso planteado por V.A.E., SA, por lo que serán analizadas conjuntamente por esta Sala, aunque en este recurso la invocación del art. 523 se realice como motivo del recurso de casación, materia que ya fue tratada en el Auto de admisión de 11 de julio de 2002. Ya respecto al fondo, es decir, en recursos de casación, V.A.E., SA, aduce la violación de los arts. 3, 4, 8, 37 y 38 del Código de familia de Catalunya, lo que también se reproduce en el recurso de B.W., SA, requiriendo también un conjunto examen, y violación de la doctrina de los actos propios. Por su parte, B.W., SA, invoca finalmente la conculcación del art. 1101 del Código civil en la fijación de los daños morales.

La parte recurrida, constituida por Dª. Y1 y D. Y2, dedica gran parte de su escrito de impugnación del recurso a su inadmisibilidad. El tema ha sido ya profusamente estudiado, discutido y finalmente resuelto, a través de los autos de esta Sala de fechas 14 y 25 de marzo de 2002 que deciden sendos recursos de queja, y 11 de abril y 11 de julio del mismo año. En definitiva, como en este último se dijo, los recursos de casación son admisibles por fundarse en normas que llevan menos de cinco años en vigor, concretamente el Código de familia de Catalunya (Ley del Parlamento 9/1998, de 15 de julio, que entró en vigor a los tres meses de su publicación) y por este motivo son también admisibles los recursos extraordinarios por infracción procesal (art. 477.3 de la LEC y disposición final decimosexta), siendo competencia de esta Sala al fundarse en normas de derecho civil de Catalunya. La objeción final que el recurrido plantea sobre la base del criterio mostrado por el Tribunal Supremo en la Junta General de Magistrados de la Sala Primera en fecha 12 de diciembre de 2000 y muy varios autos que le siguieron, contradice la doctrina de esta Sala, contraria en este aspecto a la del Tribunal Supremo, fijada en Auto de 18 de abril de 2002 y muchos de fechas posteriores. Aqellos, pues, debemos remitirnos para concluir que los recursos deben ser admitidos.

Se estudiarán a continuación los dos recursos, comenzando por los de infracción procesal por expreso mandato de la regla 6ª de la disposición final decimosexta de la LEC, y en concreto por el denunciado vicio de incongruencia que, de ser estimado, daría lugar a la nulidad total de la sentencia y al dictado de otra conforme a derecho según establece la regla siguiente de la disposición final citada.

Segundo. Se aduce, pues, como primer motivo de recurso extraordinario por infracción procesal la conculcación del art. 359 de la antigua LEC, y dicho motivo se fundamenta en que la sentencia de instancia contiene un vicio de incongruencia al conceder mediante un obiter dictum legitimación activa a D. Y2 por la vía de la responsabilidad extracontractual, lo que, al decir de los recurrentes, modifica el petitum de la demanda que centraba su reclamación en la culpa contractual.

El Tribunal Supremo ha declarado con reiteración que sólo pueden ser objeto de recurso los fundamentos de la sentencia que sean predeterminantes del fallo o que conduzcan de modo inmediato a él. De este modo quedan excluidos los argumentos obiter dicta, los ex abundantia y cualesquiera que sean complementarios de los decisivos para la solución final.

La doctrina se refleja en multitud de sentencias, de las que son puro ejemplo las de fechas 28 de marzo de 1990, 21 de julio de 1991, 15 de abril de 1992, 4 de marzo de 1993, 16 de febrero de 1994 y 29 de septiembre de 1997.

La argumentación decisiva de la sentencia en orden a otorgar legitimación activa a D. Y2 para la reclamación de daños radica en la adquisición conjunta del vehículo Caravana para uso familiar y en las normas del actual Código de familia de Catalunya —precisamente el que ha dado lugar a mantener la competencia de esta Sala para conocer del recurso— aplicable por expresa remisión de su disposición transitoria primera.

La alusión, pues, a la responsabilidad extracontractual y la aplicación de las normas que rigen para ella resulta en la sentencia, como los propios recurrentes reconocen, un argumento de refuerzo que, en absoluto, por lo dicho, puede ser debatido en casación.

Aun con ello, su inclusión en la sentencia no la hace incongruente, pues explicitadas claramente en la demanda la posición de las partes reclamantes y su razón de pedir, el juez es libre de aplicar la normativa más ajustada a derecho, en virtud de los principios iura novit curia y da mihi factum dabo tibi ius, sin quebrantar con ello la debida congruencia de la sentencia que —no se olvide— significa la exacta adecuación de lo pedido y lo concedido, es decir, la equidistancia cualitativa entre el petitum y el fallo. Si a ello se agrega la actual concepción de la unicidad de la culpa civil (en tal sentido, por expresiva, Sentencia de 8 de abril de 1999) y el hecho probado de que los daños causados al reclamante parten precisamente del incumplimiento contractual, necesariamente habrá de concluirse que la sentencia combatida ni siquiera contiene vicio alguno de incongruencia.

Consiguientemente, el motivo de recurso ha de rechazarse.

Tercero. El segundo de los motivos de infracción procesal se basa en la vulneración de lo establecido en el art. 523 de la antigua LEC en materia de costas procesales.

La sentencia combatida impone a las partes demandadas —hoy recurrentes— las costas causadas en primera instancia y no hace especial imposición de las devengadas en el recurso de apelación.

En la sentencia se argumenta que los pedimentos de los actores —resolución del contrato e indemnización de los perjuicios irrogados— fueron totalmente estimados y a ello no obsta el que la indemnización concedida fuera menor a la reclamada. Se añade que “no s’aprecia, però, temeritat per part de les demandades, als efectes previstos a l’article 523 de la Llei d’enjudiciament civil de 1881“.

Conviene añadir que tanto B.W., SA, como V.A.E., SA, recurrieron en aclaración este extremo —junto a otro puramente cuantitativo— de la sentencia y que se dictó Auto por la Sección Primera de la Audiencia Provincial argumentando que no existía error en la condena en costas, ratificando sus anteriores razonamientos y añadiendo que la referencia a la temeridad se contenía sólo a los efectos previstos en el apartado cuarto del art. 523.

Conviene precisar finalmente que el antiguo artículo 523 imponía la condena en costas al litigante que viera totalmente rechazadas sus pretensiones (criterio del vencimiento, victus victoris) y, en caso de estimación parcial, seguía el criterio de no imposición de las costas salvo que se estimara que alguna de las partes había litigado con temeridad.

En el presente recurso las partes demandadas reiteran que la estimación de la demanda no fue parcial sino más bien ínfima, atendida la cuantía de lo inicialmente reclamado en relación con lo finalmente concedido (de aproximadamente 24 millones de pesetas impetrados fueron concedidos tres y medio) y añade, por su parte, A. E. que ella, además, no fue condenada a la resolución del contrato, como pedía la parte actora, pronunciamento que devino firme por consentido. Ambos hechos son ciertos.

Nos hallamos, por tanto, ante una estimación parcial de la demanda que se concreta en:

resolver el contrato de compraventa del vehículo Volkswagen modelo KN30 Califormia 78Cv D, matrícula XXXXX, en el que aparece como adquirente Dª. Y1 y como concesionario B.W., SA, siendo importador del vehículo la entidad V.A.E., SA; ordenar la mutua restitución de los bienes; conceder los intereses legales de la suma abonada por la compra del vehículo (3.954.000 pesetas) desde el 30 de abril de 1996; y conceder una indemnización por los daños y perjuicios causados de 3.572.235 pesetas más los intereses legales a contar desde la reclamación judicial. Los demandantes, en la demanda rectora del procedimiento, reclamaban, amén de la resolución del contrato, una indemnización de 24.061.335 pesetas, con intereses desde la reclamación judicial.

La imposición de costas en este caso a las demandadas sin mención de haber actuado con temeridad es, efectivamente, contraria a derecho (y en idéntico sentido se han pronunciado las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 12 de mayo, 25 de octubre y 18 de diciembre de 2000 y 23 de febrero de 2001, entre otras). Y esto es así, máxime si se piensa que la Sala, en el Auto de aclaración más arriba mentado, declara paladinamente que no existió temeridad por parte de las entidades demandadas, aunque se diga que tal declaración se hizo a los fines de aplicación del último inciso del art. 523; declaración inaceptable tanto por lo inescindible de una actuación procesal no temeraria cuanto porque dicho inciso último del precepto legal (como el párrafo entero) se refiere al caso de estimación total de las pretensiones, cual demuestra su inicio: “cuando en aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo...”).

En este aspecto, pues, la sentencia debe ser casada y corregida, sin que esta Sala pueda advertir la —indeclarada— temeridad que, si pudo existir en los innumerables trámites extraprocesales, no se compadece con la literal dicción del art. 523 (que habla de “haber litigado con temeridad“) ni con la abultada diferencia entre lo judicialmente reclamado y lo concedido.

 

Cuarto. Ya entrando en los motivos del recurso de casación, se aduce por las dos partes recurrentes violación por interpretación errónea de lo dispuesto en los arts. 3 y 8 del Código de familia de Catalunya, añadiendo V.A.E., SA, la infracción de los arts. 4, 37 y 38 del mismo cuerpo legal. En definitiva, los recurrentes consideran errónea la aplicación que hace la sentencia de instancia de los arts. 2 (hay que entender 3) y 8 de aquel Código para justificar la intervención en el pleito de D. Y2 como afectado por el incumplimiento contractual que es la base del litigio.

Ahora bien, lo cierto es que la cita de los indicados preceptos también se realiza en la sentencia de forma orbital, o, si se quiere, como refuerzo de la argumentación básica. Esta se sienta en el siguiente párrafo: “Sigui quin sigui, el cònjuge a nom del qual va ser lliurada la factura, i que consta com a titular a la documentació del vehicle (matriculació, impostos...), les proves i alegacions efectuades en el procediment demostren que la

caravana va ser adquirida pels dos cònjuges, els quals, com a unitat familiar, havien d’usar un vehicle especialment dissenyat per poder gaudir d’una comoditat i, en definitiva, d’una determinada forma de viure l’esbarjo familiar“. Argumentando a continuación la sentencia que tales situaciones son normales en la familia, que participa en el uso común de unos bienes aunque la titularidad de los mismos se adscriba a uno solo de sus miembros. Sólo después, la sentencia alude a que tal situación viene hoy ya normativamente contemplada en el Código de familia y cita los preceptos 2 y 8 del texto legal.

Y resulta que, efectivamente, el art. 3.2 del Código dispone expresamente que: “en interès de la familia, qualsevol dels cònjuges pot actuar tot sol per atendre les despeses familiars ordinàries, i es presumeix que el cònjuge que actua té el consentiment de l’altre“, entendiendo el art. 4.b como despeses familiars: “les d’adquisició i millora, si és de titularitat conjunta, dels habitatges o d’altres béns d’ús de la família i, en tots els casos, les despeses de conservació“.

Esta regulación del Código de familia, predicable para todos los matrimonios cualquiera que sea la fecha de su celebración (por aplicación de la disposición transitoria primera del Código), le sirve al Tribunal de instancia para corroborar la legitimación activa del actor en orden a su reclamación por los perjuicios irrogados por el incumplimiento contractual.

Y tal elemento de refuerzo en absoluto está desprovisto de base legal. Antes al contrario, resulta de especial aplicación al caso que hoy ocupa la atención de la Sala.

La legitimación procesal de D. Y2, como antes se dijo, va inescindiblemente ligada al contrato de compraventa cuyo incumplimiento se preconiza. Y hay que entender, como hace el Tribunal a quo, que la adquisición del bien de uso común se hizo por ambos cónyuges, aunque figure a nombre de uno solo de ellos; titularidad común que, a mayor abundamiento, se daría en caso de duda por aplicación del art. 40 del mismo Código. Las gestiones realizadas indistintamente por uno y otro cónyuge cerca de las entidades demandadas antes de acudir al pleito así lo fijan de manera incontestable.

El motivo, en consecuencia, ha de ser desestimado.

Quinto. En el tercero de los motivos de casación V.A.E., SA, denuncia una supuesta infracción de la doctrina de los actos propios y de la jurisprudencia que le es aplicable, citando las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1994 y 4 de junio de 1997.

El motivo de recurso es insostenible.

De forma absolutamente clara la sentencia de instancia se refiere en el quinto párrafo del fundamento de derecho segundo a la codemandada B.W., SA, para advertirle que fuera del proceso tiene reconocida la legitimación del Sr. Y2, a quien se dirigió el gerente de esta entidad agradeciéndole haberles elegido a ellos para la adquisición del vehículo, disculpándose por los problemas técnicos que el mismo presentaba y refiriéndose a la garantía del vehículo y a la sustitución de la nevera.

Como es palmario, pues, amén de reiterar lo dicho sobre los argumentos de puro refuerzo, en nada afecta al recurrente la declaración contenida en la sentencia.

Sexto. Finalmente, B.W., SA, denuncia infracción del art. 1101 del Código civil por entender que no han resultado acreditados la realidad y el alcance del daño.

El precepto citado sólo prevé la existencia de un deber indemnizatorio radicado en quienes incurren en dolo, culpa o morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

El propio recurrente no tiene más remedio que reconocer que la fijación del quantum indemnizatorio es función de los tribunales de instancia y así, efectivamente, existe una doctrina jurisprudencial que por conocida no se cita. Pero el recurrente insiste en que postula “la total ausencia de prueba de los pretendidos daños morales“, olvidando que la valoración de la prueba también es función de los tribunales de instancia; prueba que efectivamente se realizó con todas las garantías de objetividad y contradicción.

El motivo de recurso consiguientemente ha de decaer, tanto porque no resulta mentado ningún precepto supuestamente infringido en materia de valoración probatoria, cuanto porque la sentencia explicita in extensum su juicio de valor, que no es en absoluto incoherente, arbitrario ni ilógico.

Séptimo. No se hará expresa imposición de las costas de este recurso según lo dispuesto en el art. 398.2 de la LEC.

Así, por lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos estimar y estimamos en la parte que se dirá los recursos extraordinarios por infracción procesal interpuestos por el procurador de los tribunales D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación procesal de V.A.E., SA, y por el procurador D. Jesús Millán Lleopart, en nombre y representación de B.W., SA, contra la Sentencia dictada en fecha 16 de noviembre de 2001 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, rollo 37/99 procedente de juicio de menor cuantía nº 388/97 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona; como desestimamos íntegramente los recursos de casación interpuestos contra la misma sentencia; en consecuencia confirmamos dicha resolución, salvo la condena de las entidades demandadas al pago de las costas de primera instancia, resolviendo, por el contrario, que cada una de las partes litigantes pagará las costas causadas a su instancia y las comunes por terceras partes; en todo lo demás se confirma la sentencia, sin pronunciamiento sobre las costas de este recurso.

Notifíquese la presente a las partes personadas y remítase testimonio a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona junto con el rollo de apelación y los autos originales.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 
 

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