Projecte Norma Civil
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Sentència d'11 de novembre de 2002

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
d’11 de novembre de 2002 núm. 34/2002 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva

Presidente:

Exmo. Sr. Guillem Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté.

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de 28 de febrero de 2002 dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de LLeida, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 56/00 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Balaguer. El recurso de casación fue interpuesto por Dña. X1, representada en esta instancia por el procurador D. Francisco Fernández Anguera y defendida por el letrado D. José-María Moragues Sernar, siendo parte recurrida D. Y1, representado en esta instancia por la procuradora Dª Cristina Borràs Mollat.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los Ttibunales D. Ricardo Mora Pedra, actuando en nombre y representación de D. Y1, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía sobre nulidad de contrato de compraventa, que fue registrada al núm. 56/00 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Balaguer, contra Dª X1, que fue representada por el procurador D. Fernando Vilalta Escobar. Previos los trámites legales, el indicado Juzgado dictó Sentencia en fecha 26 de junio de 2001, cuyo fallo dice lo siguiente: “Que desestimando la demanda interpuesta por el procurador de los Tribunales Sr. Ricardo Mora en nombre y representación de Y1 contra X1 debo absolver a ésta de las pretensiones contra ella formuladas, con expresa condena en costas del mismo.

Que desestimando la demanda reconvencional interpuesta por el procurador de los tribunales Sr. Fernando Vilalta, en nombre y representación de X1, contra Y1, debo absolver a éste de las pretensiones contra él formuladas, con expresa condena en costas de aquella”.

Segundo. Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelación las representaciones procesales de ambas partes, que fueron admitidos en ambos efectos, y, sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de LLeida dictó Sentencia con fecha 28 de febrero de 2002 cuyo fallo es el siguiente: “Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Y1 contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de los de Balaguer en autos de juicio de juicio declarativo de menor cuantía nº 56/2000, revocamos la citada resolución y, en su lugar, estimamos la demanda interpuesta contra D.ª X1 y declaramos la nulidad absoluta, por falta de causa, del contrato de compraventa celebrado entre Dña X2 y D.ª X1 el 1 de agosto de 1990, de forma que los bienes objeto de la referida compraventa han de ser reintegrados en la herencia de Dña. X2, condenando a la demandada a restituir dichos bienes al caudal hereditario, y ordenamos la cancelación de la inscripción de la referida compraventa en el Registro de la Propiedad de L. y más concretamente de las siguientes fincas registrarles: finca nº XXXX (libro XX, tomo XXXX); finca nº XXXX (libro XX, tomo XXXX); finca nº XXXX, y finca XXXX (libro XX, tomo XXXX). Condenamos a la demandada al pago de las costas de primera instancia, sin especial pronunciameinto en cuanto a las derivadas de esta alzada.

“Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña. X1 contra la referida sentencia, revocamos la citada resolución en lo que se refiere a la desestimación de la demanda reconvencional, y, en su lugar, la estimamo parcialmente y declaramos el derecho de Dña. X1 a la entrega del pleno dominio y posesión del piso que resulte de la división de la vivienda de la primera planta de la casa sita en Alguaire, hoy avenida XXXXX, nº X, y en concreto el piso que da a esa calle, declarando igualmente la nulidad de la escritura de manifestación y aceptación de herencia otorgada por D. Y1 ante el notario de Lleida D. Francisco Sapena Davo el 18 de marzo de 1999, con el nº 730 de protocolo, en cuanto al expositivo V y otorgamiento tercero, relativos a la división en propiedad horizontal de la referida casa, ordenando la cancelación de los asientos registrales motivados por los indicados expositivo y otorgamiento, expidiendo al efecto el oportuno mandamiento duplicado al senyor registrador de la propiedad de L, y condenamos a D. Y1 a estar y pasar por tales declaraciones y a la entrega del pleno dominio y posesión del piso referido que resulte de la división. Sin expresa imposición de costas en ninguna de las dos instancias”.

Tercero. Contra dicha sentencia la procuradora Dª María del Carmen Rull Castello, en presentación de Dª X1, interpuso recurso de casación ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida que fundamentó en los motivos siguientes:

“Primero.- Infracción por inaplicación y violación de lo establecido en los artículos 355, 356 y 358, párrafo primero, del Código de sucesiones por causa de muerte en el derecho civil de Catalunya y violación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“Segundo.- Por incurrir la sentencia en infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, denunciándose la infracción por inaplicación y violación de lo establecido en el artículo 1301 del Código civil.

“Tercero.- Por incurrir la sentencia impugnada en infracción y violación de lo establecido en los artículos 1218 y 1277 del Código civil.

“Cuarto.- Por infracción por interpretación errónea de los artículos 618, 619 y 633, en relación con los artículos 1261, 1274 y 1276 del Código civil y violación de doctrina jurisprudencial.

“Quinto.- Por incurrir la sentencia impugnada en infracción por interpretación errónea del artículo 675 del Código civil”.

 

Cuarto. Recibidas las actuaciones en esta Sala, por Diligencia de constancia y ordenación de fecha 9 de mayo de 2002, se formó el presente rollo y se designó ponente. Por Providencia de la misma fecha y de acuerdo con lo que dispone el art. 483 de la LEC, se pasaron las actuaciones al magistrado ponente para que instruyera y sometiera a deliberación de la Sala sobre la admisión o inadmisión de este recurso. Por Auto de fecha 3 de junio de 2002, se admitió a trámite este recurso y se dio traslado por 20 días a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso, lo que realizó oportunamente mediante escrito de fecha 19 de junio de 2002. Por Providencia de fecha 22 de julio de 2002 se señaló para la votación de este recurso el pasado 23 de septiembre de 2002, a las 10.30 horas, la cual tuvo lugar y queda unida a las actuaciones.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Guillem Vidal Andreu

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se interpone ante esta Sala recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida en fecha 28 de febrero de 2002, en rollo de apelación 359/01 procedente del juicio declarativo de menor cuantía 56/00 tramitado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Balaguer.

En la demanda origen de la litis, interpuesta por D. Y1, se peticionaba, sustancialmente, que se declarara la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre Dª. X2 y Dª. X1 el 1 de agosto de 1990 y que se declarara, en consecuencia, que los bienes objeto de la referida compraventa seguían siendo propiedad de Dª. X2 —que aparecía en el contrato como vendedora— al tiempo de su fallecimiento, debiendo ser colacionados en su herencia. En la contestación a la demanda, la demandada D.ª X1 impetró, en primer lugar, que, sin entrar en el fondo, se estimaran las excepciones de falta de legitimación y prescripción; subsidiariamente y caso de entrar en el fondo, se desestimara íntegramente la demanda y, tras formular reconvención, se declarara el derecho de la demandada a la entrega del pleno dominio y posesión del piso de la planta primera de la casa sita en la calle XXXXX, nº XX, hoy avda. XXXXX, nº X, de L2, en cumplimiento del legado ordenado por Dª. X2 y, en consecuencia, se declarara también la nulidad de la escritura de manifestación y aceptación de herencia otorgada por el actor-reconvenido el dia 18 de marzo de 1999 en su expositivo V y del otorgamiento tercero relativos a la división en propiedad horizontal de la referida casa.

La sentencia de primera instancia desestimó tanto la demanda como la reconvención.

La sentencia ahora recurrida estimó el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Y1 y declaró la nulidad absoluta de la compraventa antes indicada, condenando a la demandada a reintegrar los bienes a la herencia de Dª. X2; al mismo tiempo, estimó parcialmente el recurso planteado por la representación de Dª. X1 declarando su derecho a la entrega en pleno dominio y posesión del piso que resulte de la división de la vivienda de la primera planta de la casa sita en L2 y, en concreto, el piso que da a la calle XXXXX, y ordenando la nulidad de la escritura pública calendada en su expositivo V y otorgamiento tercero.

El presente recurso de casación es interpuesto por la representación procesal de Dª. X1 y consta de cinco motivos a cuyo análisis se procede ahora.

Segundo. Se invoca como motivo primero de recurso infracción de los arts. 355, 356 y 358, párrafo primero, del Código de sucesiones por causa de muerte en el derecho civil de Catalunya y violación de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Superior de Justicia contenida en las sentencias de 30 de diciembre de 1992 y 3 de abril de 2000.

Se alega, en definitiva, que el actor, heredero de Dª. X2, como sustituto vulgar de su fallecido padre D. X3, carece de legitimación activa para entablar el presente proceso por cuanto no ha existido perjuicio alguno ni aun en el supuesto de que la compraventa discutida encubriera una donación y ello por haber percibido de la herencia de su abuela bienes y derechos ascendentes a 38.698.556 ptas.

Se alega también que, frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada en la sentencia impugnada (sentencias de 23 de julio de 1993 y 24 de octubre de 1995), esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene reiterado, en los concretos supuestos ahora estudiados, que el legitimario tiene legitimación para impugnar los actos de su causante sólo “en cuanto se pruebe que pueden resultar afectados sus derechos legitimarios“ (Sentencia de 3 de abril de 2000).

Fue, en efecto, discutida en apelación la legitimación del actor para el entablamiento del presente pleito, tema que, si provocado ya en la contestación a la demanda, pasó desapercibido en la sentencia de la juez de primera instancia. La sentencia de alzada estima que existe legitimación activa en la medida en que el actor tiene interés en el pleito al poder verse afectados sus derechos hereditarios, y cita a favor de esta tesis las sentencias del Tribunal Supremo aludidas, más la de 14 de diciembre de 1999. La Sentencia de 23 de julio de 1993 otorga efectivamente legitimación al Estado como heredero y dice lo que la sentencia impugnada transcribe. La Sentencia de 24 de octubre de 1995, tras distinguir a efectos de reconocer la legitimación activa la posición del heredero forzoso de la del no legitimario, expresa lo siguiente: “el hecho de la sucesión con las consecuencias que de él se derivan, no puede impedir a un heredero forzoso impugnar por simulación los actos de su causante, cuando por tal simulación pueden resultar afectados los derechos legitimarios de aquél, porque en este caso los que le corresponden no derivan de la voluntad del testador, sino de la norma legal que se los otorga sin posibilidad de desconocerlos ni siquiera de disminuirlos“.

La Sentencia de 14 de diciembre de 1999 trata de la legitimación del demandado reconviniente que es heredero no legitimario.

Por el contrario y como expresa la parte recurrida, esta Sala tiene declarado que: “La opinión doctrinal es clara al respecto y mantiene, unánimemente que los legitimarios están legitimados activamente para ejercitar las acciones de nulidad por simulación de los actos de su causante que perjudiquen a su legítima y es claro que este perjuicio no se presume, como no se presume tampoco la simulación. La jurisprudencia así lo ha reconocido también y de ello son ejemplo las sentencias de 19 de enero de 1950 y 24 de octubre de 1995“ (Sentencia de 3 de abril de 2000, con cita expresa en su texto de la Sentencia también de esta Sala de fecha 30 de diciembre de 1992).

Esta doctrina ha de ser ahora mantenida.

Piénsese que ya el propio art. 1 del Código de sucesiones de Catalunya establece claramente que: “L’hereu succeeix en tot el dret del seu causant. Consegüentment, adquireix els béns i els drets de l’herència i se subroga en les obligacions del causant que no s’extingeixen per la mort. Ha de complir les càrregues hereditàries i resta vinculat als actes propis del causant“ (el subrayado es propio).

Como ha entendido nuestra mejor doctrina, la vinculación del derecho sucesorio catalán al ius commune comporta que no se considere al heredero exclusivamente como adquirente de un patrimonio, sino que se haya visto siempre como continuador de la personalidad del causante. El respeto a los actos propios del causante pone de relieve, en efecto, el carácter personalista que tiene la sucesión porque a la confusión de patrimonios se añade la confusión de personalidades. La confusión de patrimonios supone la extinción de las relaciones obligatorias existentes entre el causante y el heredero, y es consecuencia de la confusión de personalidades el que los negocios en que intervino el causante no puedan ser impugnados por el heredero, incluso en el caso de que ello le suponga un perjuicio patrimonial o, mejor podría decirse, el fracaso de una expectativa.

Sólo lo que por ley se le asigna es intocable (sentencia citada del Tribunal Supremo ) y de ahí la doctrina de esta Sala relativa a la legitimación para impugnar sólo en los casos en que se pruebe que su legítima resultó afectada.

Pues bien, descendiendo ya al caso en litigio debe observarse que el actor en ningún momento ha planteado que la supuesta compraventa simulada le haya privado en todo o en parte de su legítima, y esta alegación —y, por supuesto, su prueba— sólo a él le incumbía, como esta Sala —se repite— ha declarado. Antes bien, la única referencia que hace el actor al efecto se contiene en el penúltimo de los hechos de la demanda, donde puede leerse: “El contrato de compraventa litigioso tuvo como consecuencia que salieran del patrimonio de la Sra. X2 los bienes objeto de aquélla (descritos en el hecho primero anterior), sin que como contrapartida a la dicha salida ingresara en el patrimonio de la vendedora el precio de la compraventa, ocasionando con ello un grave perjuicio económico a mi mandante.

Perjuicio económico consistente en la disminución del patrimonio de la Sra. X1 a herederar por mi mandante, lo que comporta una clara y evidente conculcación de los derechos hereditarios de mi principal, D. Y1 “.

En definitiva, debe deducirse de lo anterior que el actor no litiga en favor de su legítima sino en favor de la herencia en general, a la que pretende reintegrar determinados bienes mediante una acción de simulación que, amén de contrariar los actos propios del de cuius, ni siquiera fue ejercitada por el heredero primeramente instituido (su padre, D. X3) que falleció dos años después de la conclusión de la compraventa que se impugna.

Lo anterior contradice, como se viene exponiendo, la doctrina de esta Sala y por tal debe estimarse el motivo de recurso en cuanto ataca la legitimación ad causam del actor, legitimación de la que carece y así ha de ser declarado.

Y habida cuenta del anterior pronunciamiento decae por su esterilidad el análisis de los siguientes motivos de recurso segundo, tercero y cuarto, todos ellos subsidiarios a la estimación de ese motivo primero, en cuanto el segundo hace referencia a la prescripción de la acción de nulidad y el tercero y el cuarto se dirigen a sostener la falta de simulación en el contrato de compraventa o la existencia de una simulación relativa encubridora de una donación, excepciones todas a la pretensión ejercitada de contrario, es decir, por quien no estaba legitimado.

Podrían plantearse ahora dudas sobre la pertinencia del análisis del motivo quinto y último, en cuanto éste cuestiona la estimación parcial de la reconvención planteada por la parte hoy recurrente al amparo de una acción principal, pero es lo cierto que el acogimiento de una excepción de fondo, cual es la falta de legitimación ad causam (no ad proccesum), no priva de eficacia procesal a la reconvención como acción independiente y autónoma (vid., por todas, sentencias de 22 de octubre de 1992 y 19 de mayo de 1998 ). En razón de ello se estudiará en el apartado siguiente este quinto motivo de recurso.

Tercero. El motivo se asienta en la supuesta infracción por interpretación errónea del art. 675 del Código civil en cuanto formaba parte de la Compilación del derecho civil de Cataluña —se dice— y que hoy se contiene en el art. 110 del Código de sucesiones, así como en la inaplicación de la doctrina de esta Sala centrada en las sentencias de 18 de junio de 1998, 21 de junio y 26 de julio de 1999, en cuanto aplican, con arreglo a la tradición jurídica catalana, la tesis subjetivista en la interpretación de los testamentos en la intención de averiguar, por encima de todo, la verdadera voluntad del testador.

En el motivo el recurrente analiza por qué entiende que su demanda reconvencional debería haber sido acogida por completo y no parcialmente, enumerando las razones que a su entender conducen a estimar que el bien legado se trataba del único piso que en la actualidad se halla construido en la avda. de XXXXX, y no el que da a la fachada y resulte de la división en dos del actual, como determina la sentencia combatida.

Cierto que el art. 110 del Código de sucesiones de Catalunya establece categóricamente, siguiendo la tradición jurídica catalana, que en la interpretación del testamento es necesario atenerse a la verdadera voluntad del testador sin sujetarse necesariamente a las palabras utilizadas en el testamento, y en parecido sentido, es decir, en la prevalencia de la voluntad sobre el sentido literal de las palabras, se pronuncia el art. 675 del Código civil. Sobre esta cuestión efectivamente ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente esta Sala (así sentencias de 25 de enero y 22 de febrero de 2001). Pero cierto es también que la sentencia objeto de recurso no desconoce aquella normativa; es más, cita y reproduce el texto del indicado art. 675 del Código civil.

Ocurre sin embargo que para averiguar la verdadera voluntad del testador, cuando ésta no aparece clara en el testamento o éste admite varias interpretaciones, es preciso acudir a todo tipo de elementos extrínsecos reveladores de aquella voluntad. Y esto es, ni más ni menos, lo que ha hecho la Audiencia, examinando y ponderando la realidad física de la finca, su realidad actual y su realidad histórica, las pruebas periciales y testificales practicadas, para, en fin, compararlo todo con la voluntad expresada por la testadora, que lega a su

hija “el piso de la fachada de la casa propiedad de la testadora, sita en la villa de Alguaire y en su calle de la XXXXX, donde está señalada actualmente con el número XX“.

La interpretación de esa voluntad es misión exclusiva de los tribunales de instancia y así lo tenemos dicho, por ejemplo, en las sentencias de 26 de mayo y 9 de junio de 1997 y 10 de diciembre de 1998, a menos que dicha interpretación se muestre arbitraria, irracional, ilógica o incongruente.

La interpretación efectuada por la Audiencia no adolece de estos defectos y se muestra respetuosa con la expresada voluntad de la testadora, sin que pueda ser sustituida en trámite de casación por la subjetiva e interesada de la parte. En razón a ello debe desestimarse este último motivo de recurso.

Cuarto. Conforme a lo establecido en el art. 398.2 de la LEC, no se hará expresa imposición de las costas causadas en este recurso.

Así por ello,

PARTE DISPOSITIVA

Debemos estimar como estimamos parcialmente el recurso de casación interpuesto por la procuradora de los tribunales Dª. María del Carmen Rull Castelló, en nombre y representación de Dª. X1, contra la Sentencia dictada en fecha 28 de febrero de 2002 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, rollo de apelación nº 359/01 procedente de juicio de menor cuantía nº 56/00 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Balaguer; en su consecuencia, declaramos la falta de legitimación activa del demandante D. Y1 para el ejercicio de la acción de simulación entablada, revocando, pues, el primer pronunciamiento estimatorio de la sentencia impugnada, con lo que se desestima la demanda por aquél interpuesta y se absuelve de la misma a la demandada Dª. X1 Se mantienen los demás pronunciamientos de la sentencia. No se imponen las costas del presente recurso.

Notifíquese la presente a las partes con instrucción de que contra la misma no cabe recurso.

Devuélvanse el rollo y las actuaciones a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida con testimonio de esta resolución.

Así por la misma, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 
 

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