Projecte Norma Civil
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Sentència de 20 de juny de 2002

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 20 de juny de 2002 núm. 18/2002 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva

Presidente:

Excmo. Sr. Guillem Vidal Andreu

Magistrados/as:

Ilmo. Sr. Antonio Bruguera Manté

Ilma. Sra. Núria Bassols Muntada

 

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 3/2002 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Tarragona en el rollo de apelación núm. 135/2001 como consecuencia de les actuaciones de divorcio contencioso núm. 128/2000 seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Tortosa. El Ministerio Fiscal ha interpuesto este recurso. Es parte contra la cual se recurre el Sr. X1, representado por el procurador Sr. José Maria Castelló Tafalla y defendido por el letrado Sr. José Galindo García.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. La Sra. Y1, representada pel procurador Sr. Federico Domingo Robres y defendida por la letrada Sra. J. M. Simó Roig, interpuso demanda contenciosa de divorcio núm. 128/2000 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Tortosa.

Seguida la tramitación legal, el juzgado indicado dictó Sentencia con fecha 5 de marzo de 2001, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente: “Que estimando parcialmente demanda interpuesta por el procurador de los tribunales D. Federico Domingo Robres, en nombre y representación de Dña. Y1, contra D. X1, debo declarar y declaro:

-La disolución por divorcio del matrimonio celebrado en fecha de 12 de junio de 1976 entre las partes de este proceso.

- La atribución de la guarda y custodia del menor de edad, Z, a la madre, Dña. Y1, pero con ejercicio conjunto de la patria potestad.

-El reconocimiento a favor del padre, D. X1 del siguiente régimen de visitas:

1) fines de semana alternos desde las 18:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas del domingo; 2) la mitad de las vacaciones escolares de Navidad, durante el tiempo en que el menor curse estudios, eligiendo la madre los años pares y el padre los años impares; la primera mitad comprenderá desde el día 22 hasta el dia 30 de diciembre, ambos inclusive, y la segunda mitad desde el día 31 de diciembre hasta el día 6 de enero, ambos inclusive; 3) la mitad de las vacaciones escolares de Semana Santa, durante el tiempo en que el menor curse estudios, elegiendo la madre los años pares y el padre los años impares; 4) la mitad de las vacaciones escolares de verano, durante el tiempo en que el menor curse estudios, eligiendo la madre los años pares y el padre los años impares. El régimen de visitas del Sr. X1 en los citados periodos de vacaciones cuando el hijo menor finalice sus estudios se referirán a la mitad del periodo vacacional que Z efectivamente disfrute, eligiendo la madre los años pares y el padre los años impares. Además, el menor deberá ser recogido y reintegrado, salvo pacto en contra de ambos progenitores, por el padre en su domicilio.

-La atribución del uso y disfrute del domicilio familiar sito en la calle XXXXX, nº XX, X X, de L a Dña. Y1 y al hijo común menor de edad, Z, sin limitación temporal.

-El reconocimiento de una pensión de alimentos a favor del hijo común menor de edad Z de 15.000 pesetas, que deberán ser pagadas por D. X1 en la cuenta corriente que Dña. Y1 designe dentro de los cinco primeros días de cada mes y en doce mensualidades al año. Dicha pensión será actualizada a partir del 1 de enero de cada año una vez se publique el IPC anual por el Instituto Nacional de Estadística u organismo competente, en la variación que éste experimente, debiéndose actualizar automáticamente tales cantidades sin necesidad de previo requerimiento del Juzgado, conforme al criterio fijado en la presente resolución.

-Igualmente deberá satisfacer el Sr. X1 la mitad de los gastos extraordinarios que se produzcan en la vida del hijo menor, tales como intervenciones quirúrgicas, prótesis, largas enfermedades, etc., siempre que se acrediten suficientemente, sean consultados previamente con él (siempre que sea posible) o sean autorizados por el Juzgado, en caso de discrepancia entre los padres.

-El ajuar y mobiliario quedará en uso y disfrute de Dña. Y1, debiendo ser inventariado, sin perjuicio de lo cual, la parte podrá sacar, previo inventario, todos los objetos de uso personal y los de su exclusiva pertenencia”.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, previniéndole que contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación y para su resolución ante la Audiencia Provincial de Tarragona.

Segundo. Contra esta Sentencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, que se admitió y que se sustanció por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, la cual dictó una Sentencia con fecha 18 de septiembre de 2001, con la siguiente parte dispositiva:

“Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. X1 y desestimando el formulado por la representación de Dª Y1, contra la Sentencia dictada con fecha 5 de marzo de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Tortosa, revocamos en parte la citada resolución y  debemos acordar y acordamos:

1º) Dejar sin efecto el pronunciamiento que respecto a los gastos extraordinarios en la misma se hace.

2º) Declarar que la hipoteca que grava la vivienda, que constituía el domicilio conyugal, será pagada por mitad entre ambos a los respectivos vencimientos hasta su total cancelación.

3º) Mantener el resto de los pronunciamientos contenidos en la sentencia.

4º) Y en cuando a las costas de esta alzada, no hacer expresa imposición”.

Tercero. Por una providencia de fecha 16 de noviembre de 2001 se tuvo por preparado el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra la Sentencia dictada en grado de apelación el 18 de septiembre de 2001. En fecha 15 de diciembre de 2001 el Ministerio Fiscal interpuso este recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, que fundamentó en los motivos que constan en el escrito presentado.

Cuarto. Por una providencia de esta Sala de fecha 24 de enero de 2002 se interpuso este recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal, y de conformidad con el art. 483 de la LEC de 1/2000 se pasaron las actuaciones al magistrado ponente para resolver sobre la admisión o inadmisión de este recurso. Por una providencia de fecha 7 de febrero de 2002 se admitió el recurso.

En fecha 29 de abril de 2002 el procurador de los tribunales en representación del Sr. X1, presentó escrito de impugnación del recurso formulado por el Ministerio Fiscal.

Por una providencia de fecha 9 de mayo de 2002 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal, y de conformidad con el art. 486 de la LEC se señaló para la votación y la decisión el día 3 de junio a las 10.30 horas de la mañana, en que tuvo lugar.

Se ha designado ponente el Exmo. Sr. D. Guillermo Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Son antecedentes del presente recurso los siguientes: Dª. Y1 instó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tortosa demanda de disolución por divorcio del matrimonio contraído en fecha 12 de junio de 1976 con D. X1 En el suplico de la misma solicitaba, amén de tal disolución, que se declararan “las medidas fijadas en el convenio regulador suscrito por ambos cónyuges en fecha 14 de octubre de 1992, con las modificaciones establecidas por la Sentencia de la Audiencia Provincial de fecha 30 de septiembre de 1999, por la que se modifica la cláusula tercera del convenio reduciendo la pensión mensual que D. X1 abonaba a sus hijos en la actualidad a veinte mil pesetas por mes e hijo, manteniéndose a partir de la firmeza de la resolución la revisión anual de tal pensión alimenticia y el resto de las medidas consensuadas por los cónyuges ”.

El demandado, D. X1, contestó a la demanda en su día y formuló reconvención, suplicando, en lo que ahora interesa, que el mismo “abone mensualmente en concepto de pensión de alimentos para su hijo menor Z la cantidad de 15.000 pesetas al mes que deberán ser abonadas en la cuenta que indique la actora dentro de los primeros quince días de cada mes, sufriendo dicha cantidad anualmente el incremento del IPC o de cualquier otro índice que lo sustituya”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción º 1 de Tortosa dictó sentencia estimando en parte la demanda y acordando una serie de medidas, entre ellas el reconocimiento de una pensión de alimentos a favor del hijo del matrimonio, Z, menor de edad, de quince mil pesetas mensuales —incrementadas por el IPC— a pagar por el demandado, y, además,expresó “igualmente deberá satisfacer el Sr. X1 la mitad de los gastos extraordinarios que se produzcan en la vida del hijo menor, tales como intervenciones quirúrgicas, prótesis, largas enfermedades, etc. siempre que se acrediten suficientemente, sean consultados previamente con él (siempre que sea posible) o sean autorizados por el Juzgado, en caso de discrepancia entre los padres”.

Dicha sentencia fue objeto de apelación por ambas partes litigantes, aduciendo la demandada, además de otra petición, vicio de incongruencia al haberse pronunciado el Juzgado sobre cuestión no planteada, esto es, la relativa al abono de los gastos extraordinarios. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Tercera, objeto del actual recurso de casación, estima el recurso interpuesto por la representación de D. X1 y, en consecuencia, en lo que aquí interesa, acuerda “dejar sin efecto el pronunciamiento que respecto a los gastos extraordinarios en la misma se hace ”.

El Ministerio Fiscal entabla ahora recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra la citada sentencia.

Segundo. El recurso extraordinario por infracción procesal, vehiculado a través del art. 469.1.2º de la Ley de enjuiciamiento civil (infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia), infringe según el recurrente el artº. 216 in fine en relación con los 751 y 752 del mismo cuerpo legal, que “modulen el concepte d’incongruència en matèries indisponibles en les quals l’autonomia de la voluntad és limitada i aquesta indisponibilitat en el dret material té la seva projecció en l’àmbit del dret processal i més concretament en el concepte d’incongruència”. Cita en apoyo de su tesis las sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 10 de diciembre de 1984 y 15 de enero de 2001.

El motivo, y con él el recurso, no puede ser acogido.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, ha diseñado dos recursos de casación, aunque a uno no lo denomine así: el de casación propiamente dicho y el extraordinario por infracción procesal. Procede el primero por las causas determinadas en el art. 469.1, que, como es de ver, recuerdan las previstas en los numerales 1º, 2º y 3º del art. 1692 de la antigua Ley procesal, con el añadido de la previsión concreta sobre vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 de la Constitución. Procede el recurso de casación cuando se produzca infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (art. 477.1 de la LEC), cual se exponía en el numeral 4º del antiguo art. 1692, siendo susceptibles de recurso las resoluciones marcadas en el primer inciso del art. 477.2 y por los casos enunciados en los ordinales 1º, 2º y 3º del mismo precepto.

En consecuencia, el recurso extraordinario por infracción procesal procede sólo por quebrantamiento de normas jurisdiccionales, competenciales, procesales o constitucionales, nunca por conculcación de normas sustantivas.

Pues bien, el Ministerio Fiscal combate en el recurso el fondo de la resolución, entendiendo que la sentencia de la Audiencia ha incurrido en error jurídico al acoger la excepción de incongruencia de la sentencia de primera instancia invocada por una de las partes apelantes, y argumentando que tal solución no es jurídicamente correcta en cuanto que el juez podía pronunciarse de oficio sobre los gastos extraordinarios al ser ésta materia de ius cogens y, por tanto, no sometida al exclusivo principio de disponibilidad de las partes.

El recurrente, pues, no imputa a la sentencia objeto de recurso un vicio procesal (a la infracción de normas procesales de la sentencia alude concretamente el art. 469.1.2º de la LEC), sino un error sustantivo.

Y ello es así porque, ciertamente, la sentencia combatida no incurre ella misma en incongruencia —resuelve sobre lo pedido— ni contiene ningún vicio en su construcción y pronunciamiento, ni carece en absoluto de motivación. Los artículos citados por el fiscal recurrente (216, 751 y 752 de la LEC) no han sido en absoluto vulnerados en o por la sentencia de segunda instancia.

Lo que, en consecuencia, habrá de examinarse —en el recurso siguiente— es si erró la Audiencia al apreciar la incongruencia en la sentencia de primera instancia, pero en cualquier caso este error sería sustantivo —norma aplicada para resolver el litigio— aunque recayera sobre una cuestión procesal de la sentencia, de primera instancia.

Tercero. En el recurso de casación cita el Ministerio Fiscal como preceptos infringidos los arts. 79.1 y 76 en relación con el 143, todos del Código de familia de Catalunya.

Nuestro Código de familia fija dos formas de determinar los alimentos a favor de los hijos menores y a cargo del padre y/o la madre en los supuestos de crisis matrimonial, según se trate de nulidad del matrimonio, divorcio o separación legal instados por los dos cónyuges o uno con consentimiento del otro, o sean instados por uno solo de los cónyuges sin o contra el consentimiento del otro. En el primer caso (arts. 77 y 78 del Código), el juez acordará al respecto lo establecido en el convenio regulador o lo que considere conveniente en el caso de que, requeridos los cónyuges para modificar el punto concreto, no lo hagan o lo hagan de modo que tampoco pueda ser aprobado. En el segundo caso (art. 79), el juez resuelve directamente.

No se trata, por consiguiente, de un caso de justicia rogada que imponga al juez la limitación de tener que resolver en el marco previamente establecido por las partes. Ni la ley así lo establece ni puede ser así en materia donde siempre ha de prevalecer el fundamental interés del menor. Este es el mayor interés objeto de tutela, aunque sólo sea por aplicación de los principios que derivan del art. 3º de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España al año siguiente. Otra posición trasluciría en nuestro caso —como es el supuesto de la sentencia que se combate– una concepción inasumible del proceso matrimonial y de las funciones atribuidas por la ley al juez de familia como un simple conflicto entre pretensiones privadas que ha de ser decidido jurisdiccionalmente dentro de los límites objetivos y subjetivos propuestos por los litigantes, como si de un conflicto más de derecho privado se tratara. Así lo ha visto, además, nuestro Tribunal Constitucional en la Sentencia de 15 de enero de 2001 (citada por el Ministerio Fiscal), en la que se expresa que: “si bien es cierto que el deber de congruencia cuyo incumplimiento se denuncia tiene una indudable relevancia constitucional y ha de ser exigido en todo tipo de procesos en los que los jueces actúan la potestad reconocida en el art. 117.3 CE (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), pues así lo exigen los principios de contradicción e imparcialidad judicial, no puede olvidarse que la propia Constitución (art. 117.4 ) admite también la atribución a jueces y tribunales, por mediación de la ley, de otras funciones en garantía de cualquier derecho, distintas a la satisfacción de pretensiones.

“Y precisamente en garantía de cualquiera de los cónyuges (art. 90, párrafo 2, Código civil), de los hijos, o del interés familiar más necesitado de protección (art. 103 CC, reglas primera y tercera), la ley atribuye al juez que conozca de un proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial potestades de tutela relacionadas con determinados efectos de la crisis matrimonial que han de ejercitarse en defecto e, incluso, en lugar de las propuestas por los litigantes (ATC 100/1987, de 28 de enero). Por ello en la STC 120/1984, de 10 de diciembre, este Tribunal, al analizar una queja de incongruencia, tuvo ya oportunidad de resaltar que en todo proceso matrimonial se dan elementos no dispositivos, sino de ius cogens, por tratarse de un instrumento al servicio del derecho de familia. La naturaleza de las funciones de tutela atribuidas a la jurisdicción en este ámbito impide trasladar miméticamente las exigencias de congruencia consustanciales a la función jurisdiccional stricto sensu (aquélla que se traduce en un pronunciamiento motivado sobre pretensiones contrapuestas), pues el principio dispositivo, propio de la jurisdicción civil, queda atenuado y, paralelamente, los poderes del juez se amplían al servicio de los intereses que han de ser tutelados (AATC 328/1985, de 22 de mayo, y 291/1994, de 31 de octubre) “.

No lo vio así la sentencia de la Audiencia y, frente a una actuación correcta del juez de primera instancia concediendo alimentos no solicitados por las partes, en interés precisamente del menor, resolvió que tal petición era incongruente, infringiendo, pues, la Audiencia, según lo visto, tanto los artículos citados del Código de familia como la propia doctrina constitucional.

El juez de primera instancia determinó la obligación del padre de satisfacer la mitad de los gastos extraordinarios que en la vida del menor se produzcan, enunciando, a modo ejemplificativo, las intervenciones quirúrgicas, prótesis y largas enfermedades. Pues bien, el art. 76 del Código, aplicable tanto en los supuestos de crisis pactada como en los de solicitud invidual, cual es el caso ( arts. 77 y 78 en el primer caso y 79 en el segundo, como se ha visto), estatuye la obligación de fijar: “la quantitat que pel concepte d’aliments dels fills, d’acord amb l’article 143, correspongui satisfer al pare o a la mare i la periodicitat i la forma de pagament “. El contenido de los alimentos viene concretado en el art. 259, entendiéndose por tales

“el que és indispensable pel manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica de l’alimentat“.

Los gastos extraordinarios citados por el juez entran dentro del amplio sentido de alimentos que se prevé en este artículo y en el sentido que establece igualmente el primer apartado del art. 143 al aludir a los “aliments en sentit més ampli“, aunque el juez los diferencie, con razón, por mor de su falta de perioridicidad y, en su caso, de necesidad.

La decisión del juez fue, consiguientemente, correcta y ajustada a las previsiones legales y constitucionales, de forma que, al haber sido revocada por la Audiencia, deberá ahora restablecerse con casación de la sentencia de ésta.

Cuarto. No hay condena en costas de conformidad con el art. 398 de la LEC.

Así pues,

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal y estimamos totalmente el recurso de casación, interpuestos ambos por el Ministerio Fiscal, contra la Sentencia de dieciocho de septiembre de 2001 dictada en rollo de apelación nº 135/01 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona, que revocaba la del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tortosa pronunciada en el juicio de divorcio 128/00; en consecuencia, la casamos y anulamos, declarando firme la sentencia de primera instancia, sin hacer expresa declaración de las costas causadas en este recurso.

Notifíquese a las partes y remítanse las actuaciones a la aludida Sección de la Audiencia de Tarragona con testimonio de la presente.

Así por esta nuestra sentencia lo mandamos, pronunciamos y firmamos.

 
 

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