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Sentència de 4 de març de 2002

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 4 de març de 2002 núm. 10/2002(Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva

Presidente:

Excmo. Sr. D. Guillem Vidal i Andreu

Magistrados/as:

Ilmo. Sr. D. Antoni Bruguera i Manté

Ilma. Sra. D.ª Núria Bassols i Muntada

 

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal núm. 61/2001 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo 1298/00, como consecuencia de las actuaciones de separación contenciosa núm, 656/99 seguidas ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 17 de Barcelona. D.ª X1 ha interpuesto este recurso representada por la procuradora D.ª Josefa Manzanares Coromina y defendida por la letrada D.ª Margarita Ramón. Es parte contra la cual se recurre D. Y1, representado por el procurador D. José Puig Olivet-Serra.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero. La procuradora de los tribunales D.ª Patricia de Savin Espona, que actuó en nombre y representación de D.ª X1, formuló demanda de separación matrimonial núm. 656/99 en el Juzgado de 1ª Instancia núm. 17 de Barcelona. Seguida la tramitación legal, el juzgado indicado dictó sentencia con fecha 20 de octubre de 2000, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente: Que estimando como estimo la demanda de separación interpuesta por D.ª Patricia de Savin Espona, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de D.ª X1, contra D. Y1, representado por el procurador de los tribunales D. José Puig- Serra, debo declarar y declaro la separación del matrimonio formado por ambos cónyuges con todos los efectos legales derivados de dicha declaración y, en especial, las siguientes medidas:

1. Se atribuye a la esposa el uso del que fuera domicilio conyugal así como el ajuar existente en el mismo, debiendo abandonarlo el esposo, en el supuesto de no haberlo hecho, pudiendo llevar consigo sus ropas y enseres de uso personal.

2. Se establece la obligación del esposo de abonar en concepto de pensión compensatoria para la esposa la cantidad de 150.000 pesetas al mes, pagaderas dentro de los cinco primeros días de casa mes, por meses adelantados, en la cuenta corriente destinada por la esposa a tal efecto y que será actualizada anualmente conforme al IPC.

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en costas.

Una vez firme la sentencia remítase testimonio al Registro Civil correspondiente para que se haga la oportuna anotación marginal en el asiento correspondiente al matrimonio de los cónyuges a los que afecta”.

Segundo. Contra esta Sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, que se admitió y que se sustanció en la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia con fecha 19 de junio de 2001, con la siguiente parte dispositiva: “Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. José Puig Olivet-Serra, actuando en representación de Don Y1, contra la Sentencia dictada en el procedimiento de separación matrimonial contenciosa núm. 656/1999 del Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Barcelona de fecha 20 de octubre de 2000, se revoca parcialmente la referida sentencia en el exclusivo particular de limitar el derecho de la esposa X1 al percibo de pensión compensatoria a un máximo de siete años a contar desde la fecha de la sentencia dictada en primera instancia manteniéndose los restantes pronunciamientos de la sentencia apelada. No procede efectuar declaración sobre costas"

Tercero. Contra esta sentencia, la procuradora D.ª Josefa Manzanares Corominas, en nombre y representación de D.ª X1, interpuso este recurso de casación, junto con el de infracción procesal, ante la Sala 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que formuló en los siguentes motivos:

“Primero. En cuanto a la jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales.

Segundo. El interés casacional del presente recurso de casación.

Tercero. Casación fundada en la infracción de normas que no lleven más de cinco años en vigor.”

Cuarto. Por providencia de fecha 24 de octubre de 2001 de esta Sala se tuvo por interpuesto este recurso de casación y extraordinario por infracción procesal y, de conformidad con el art. 483 de la LEC de 1/2000, se pasaron las actuaciones al magistrado ponente para que resolviese acerca de la admisión o inadmisión de este recurso.

Quinto. En fecha 4 de enero de 2002, el procurador Sr. Josep Puig Olivet-Serra, en representación del Sr. Y1, interpuso escrito de oposición al recurso de casación. Por providencia de fecha 10 de enero de 2002 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y, de conformidad con el artículo 485 de la LEC, se señaló el día 14 de febrero de 2002, a las 10.00 horas de la mañana, para la votación y la decisión, la cual se celebró.

Se ha designado como magistrado ponente al presidente Sr. Guillem Vidal i Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En fecha 20 de octubre de 2001 el Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Barcelona dictó Sentencia en el procedimiento de separación matrimonial 656/99 en la que, por lo que ahora interesa, se decía: “Se establece la obligación del esposo de abonar en concepto de pensión compensatoria para la esposa la cantidad de 150.000 pesetas al mes, pagaderas dentro de los cinco primeros días de cada mes, por meses adelantados, en la cuenta corriente destinada por la esposa a tal efecto y que será actualizada anualmente conforme al IPC”. Apelada la resolución por el marido demandado, la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia, el 19 de junio de 2001, revocatoria de la anterior “en el exclusivo particular de limitar el derecho de la esposa X1 al percibo de pensión compensatoria a un máximo de siete años a contar desde la fecha de la sentencia dictada en primera instancia”.

En lo que también ahora y aquí interesa, la sentencia de la Audiencia contiene el siguiente razonamiento jurídico, verdadero núcleo, como se verá, del presente recurso: “Ahora bien, el recurso debe ser parcialmente estimado pues, como viene entendiendo la más reciente doctrina jurisprudencial, la pensión compensatoria es un derecho limitado en cuanto al tiempo de su duración, ya que su legítima finalidad no puede ser otra que la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades a la que habría tenido de no haber existido el matrimonio. “Que la pensión compensatoria matrimonial o por desequilibrio económico tiene un alcance temporal limitado en el tiempo y no vitalicio, se infería incluso de su reglamentación legal pues el propio art. 101 del CC tenía prevista su extinción, entre otras causas, cuando aquel desequilibrio que la justifica haya desaparecido.

“De forma expresa el art. 86 del vigente Código de familia de Catalunya ha venido a clarificar la cuestión al decir que ‘El dret a la pensió compensatòria s’extingeix: d) Pel transcurs del termini pel qual es va establir’.

“En consecuencia, deberá limitarse temporalmente el derecho al percibo de la pensión, tomando en consideración circunstancias tales como la duración del matrimonio, edad del cónyuge más desfavorecido, cualificación académica o profesional y posibilidad de integración en el mundo laboral, para, partiendo de que no se trata en ningún caso de una pensión vitalicia, determinar el límite temporal de la misma, que en el presente caso se fija en un período de siete años a contar desde la sentencia dictada en primera instancia ”.

Segundo. El combate casacional de la anterior sentencia se produce en una doble vía: por la del recurso extraordinario por infracción procesal (ex arts. 468 y 469.2º de la Ley de enjuiciamiento civil) y por la del recurso de casación propiamente dicho (ex art. 477.3 del mismo texto legal), lo que es posible a tenor de lo establecido en el numeral 1 de la disposición final decimosexta de la Ley, procediendo, en consecuencia, al examen primero del recurso procesal según lo que se expresa en la regla 6ª de la misma disposición.

La parte recurrente funda su recurso en el motivo 2º del art. 469.1 de la Ley procesal, esto es, en la “infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia”. La parte recurrida hace notar que, en la preparación del recurso, la recurrente alude al art. 469.1, apartado 1º, de la Ley e incluso explicita que se deduce el recurso por “infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional”, no siendo lícito, en casación, cambiar luego el motivo impugnatorio. Lo anterior es cierto. Ahora bien, una interpretación vigorosa de los preceptos constitucionales que consagran la tutela judicial efectiva y la interdicción de la indefensión conduce a salvar el error sufrido.

Ciertamente, el escrito de preparación del recurso no es un modelo de claridad y método expositivo. En él se barajan, sin la adecuada separación sistemática, preceptos y argumentaciones jurídicas que se refieren a la admisibilidad del recurso y a los concretos motivos de casación. Pero, una lectura completa y desapasionada —más bien protectora del recurso— descubre que, fuera de las citadas alusiones a la falta de competencia y jurisdicción, que en cualquier caso no tendrían razón de ser en el presente contencioso, en ningún otro lugar del escrito de recurso se repiten o amplían. En cambio, sí se dice, como preludio a la interposición del recurso por infracción de las normas que rigen la sentencia, lo siguiente: “La sentencia de la Audiencia Provincial es incongruente con la causa de pedir, pues nadie ha demandado en ninguna de las instancias que se ponga un límite temporal a la pensión compensatoria, ni nadie se ha opuesto en ninguno de los escritos de contestación a que la pensión compensatoria no tenga limitación temporal alguna. Infringe pues el principio de congruencia, por incongruencia extra petitum, pues se prescinde de la causa de pedir y se falla conforme a otra distinta, indefensión no amparada por el principio iura novit curia”.

Debe y puede entenderse, en consecuencia y sin que produzca en la otra parte efectiva indefensión, que la cita del precepto legal fue simplemente errónea y su mínima explicación fue inducida por aquel error de cita legal, salvado posteriormente en el trámite de interposición del recurso que fue debidamente impugnado por la contraparte.

Como se infiere de lo anterior, las normas supuestamente quebrantadas en la sentencia se refieren a la congruencia y esta congruencia no se da en la resolución judicial, según el recurrente, por haber resuelto la temporalidad de la pensión compensatoria sin previa petición de parte.

Es doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que para decidir si una sentencia es incongruente o no ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita), o deja incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por aquéllas (citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita (sentencias, entre otras, de 14 de noviembre de 1998, 4 de mayo de 1999, 20 de marzo y 31 de mayo de 2000). Es decir, la congruencia se resuelve —como entiende nuestra mejor doctrina— en una comparación entre dos extremos: las pretensiones de las partes, tanto de la pretensión propiamente dicha del actor como de la oposición del demandado, y la resolución del juzgador; la congruencia ha de ser, pues, apreciada en función del binomio: pretensiones de las partes-fallo de la sentencia.

Ahora bien, las pretensiones de las partes, primer elemento del juicio comparativo, se componen de un sustrato fáctico, de un entorno jurídico y de un petitum, como la sentencia, segundo elemento del juicio comparativo, se compone igualmente de unos hechos probados, de su valoración, de los fundamentos de derecho aplicables y de la decisión. Lo anterior lleva a analizar lo que ha podido llamarse incongruencia jurídica.

En principio, la congruencia sólo impone un juicio de adecuación entre lo pedido y lo concedido, sobre una bases fácticas inalterables establecidas por las partes. La valoración jurídica de la pretensión y sus consecuencias no le está vedada al juzgador, de acuerdo con los principios iura novit curia y da mihi factum dabo tibi ius, de suerte que puede éste aplicar normas jurídicas vigentes distintas y no alegadas por las partes, siempre y cuando respete el componente fáctico esencial de la acción y la causa petendi. Un razonamiento jurídico basado en una interpretación legal no tiene por qué introducir hechos o elementos nuevos de valoración. Lo anterior ha sido objeto de múltiples pronunciamientos, entre ellos sentencias de 8 de julio de 1993, 26 de julio de 1994, 24 de enero y 30 de octubre de 1995, 16 de diciembre de 1996, 13 de abril de 1999, 5 y 22 de julio de 2000, 27 de marzo de 2001, etc.

En el caso de autos, deben señalarse los siguientes linderos: la parte actora solicitó en su demanda de separación conyugal el señalamiento a su favor de una pensión compensatoria en cuantía de 250.000 pesetas, revisable según las variaciones del IPC. Se señalaba entonces que la actora, casada desde el año 1972 (cuando contaba dieciséis años), había dedicado los 26 años de matrimonio al cuidado del hogar y de los hijos, de 26 y 21 años ahora, carece de formación y de experiencia profesional alguna y padece agorafobia. El esposo demandado percibía una remuneración profesional de 750.000 pesetas y era propietario de un inmueble y una plaza de aparcamiento privado. Los anteriores hechos (concretando el salario del demandado a 9.017.932 pesetas anuales) se declaran probados en la sentencia combatida. Como se ha dicho, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona concedió a la actora una pensión de 150.000 pesetas y la Audiencia, sobre el razonamiento que ha quedado transcrito, mantiene la pensión compensatoria, mantiene también su cuantía y variabilidad anual y la limita en el tiempo, estableciendo un tope máximo de siete años.

No existe, pues, incongruencia alguna. Podrá discutirse —de hecho así lo hace la recurrente—la bondad y corrección jurídica de los argumentos que conducen al establecimiento del indicado límite temporal de la pensión, pero, indudablemente, dar menos —en el tiempo— de lo pedido no es incongruente. El señalamiento de una pensión periódica siempre tiene dos límites: su cuantía y el tiempo durante el que debe abonarse, a veces interconectados de forma inversamente proporcional. Pues bien, la actora solicitó una pensión de

cuantía determinada y por tiempo indefinido; la magistrada de instancia le concedió la pensión por cuantía inferior y por tiempo indefinido; la Audiencia fija la pensión en la misma cuantía que la juez y por tiempo determinado. La Audiencia no incurre en ultra, citra o extra petita, concede menos de lo que se pide en razón a una interpretación de la Ley.

Podría todavía pensarse —porque así lo aduce la recurrente— que la argumentación jurídica de la Sala de instancia ha sido sorpresiva y ha dejado a la parte en indefensión. La recurrente, en efecto, razona que nunca la contraparte solicitó la fijación de un límite temporal a la pensión compensatoria, y ello no es totalmente cierto, aunque tampoco tenga importancia. Basta examinar, como ha hecho esta Sala, el acta de la vista del recurso de apelación para percatarse de que la parte apelante adujo en el acto que: “la pensió compensatòria ha de ser temporal, perquè l’apel·lada pot entrar perfectament al mercat laboral”. Pero, en cualquier caso, lo cierto es que la interpretación diferente de una norma jurídica —cuya aplicación es precisamente la convenida por las partes— no puede generar indefensión, sí, en cambio, como se ha hecho, abrir la vía de recurso por infracción legal.

El recurso extraordinario por infracción procesal no puede, pues, acogerse.

Tercero. El motivo casacional es también, como el recurso extraordinario analizado, un compuesto de motivos varios, que se reconducen por la parte a explicar el interés casacional y, por ende, la admisibilidad del recurso, invocándose así: la aplicación de normas que no llevan más de cinco años en vigor (Código de familia de Catalunya), la ausencia de doctrina de este Tribunal Superior de Justicia sobre la cuestión suscitada (temporalidad de la pensión compensatoria) y la existencia de doctrina contradictoria de las audiencias provinciales (que, en el caso, se limita a doctrina contraria de la misma Sección de la Audiencia y contradictoria con la de la Sección Duodécima, también especializada en materia de derecho de familia). El recurso carece de la más mínima técnica casacional y reclama su desestimación, que no consigue por el interés de esta Sala en resolver la cuestión de fondo, sobre la que, efectivamente, nunca se ha pronunciado y sobre la que existen pronunciamientos contradictorios que la Audiencia Provincial de Barcelona no ha conseguido unificar; por un extraordinario respeto de esta Sala al principio pro actione y al derecho de todo ciudadano a ver cumplida su demanda de tutela judicial sobre sus derechos e intereses legítimos; y porque,

finalmente, puede encontrarse el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 477.1 de la LEC en el interior del recurso, bien que colocado en el encaje general de los motivos del mismo, diciendo así el apartado b): “En el expresado Código de familia, destacan en el supuesto que nos ocupa, los artículos 84, 85 y 86, los cuales se hallan vulnerados en el sentido que ninguno de ellos indica que el derecho a percibir una pensión compensatoria deba estar limitado en el tiempo. En el mismo sentido, tampoco existen preceptos del Código civil, en concreto los artículos 97, 99, 100 y 101, que contemplen el límite temporal al derecho a percibir una pensión compensatoria”.

El núcleo fundamental de la cuestión litigiosa se sitúa, pues, como al principio se adelantaba, en la doctrina que sienta la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona en orden a la “necesidad” de fijar un límite temporal a la pensión compensatoria. No se trata, consiguientemente, de que se entre a discutir si, en el caso concreto, el límite temporal de siete años fijado por la Audiencia es coherente con las condiciones concurrentes en los litigantes y que se dan como probadas en autos. Se trata, por el contrario, de que la Audiencia ha fijado este límite de siete años porque entiende que “siempre debe” fijarse un límite temporal a la pensión compensatoria.

Pues bien, la Sección de la Audiencia, para fundamentar su postura, alude a “la más reciente doctrina jurisprudencial” y bascula sobre tres ejes: la finalidad de la pensión compensatoria, que no es otra —dice— que colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura matrimonial en situación de potencial igualdad de oportunidades respecto a las que habría tenido de no haber contraído matrimonio; el art. 101 del Código civil en cuanto prevé la extinción de la pensión en el momento en que se produzca la desaparición del desequilibrio; y el art. 86 del Código de familia en tanto prevé la extinción por el transcurso del plazo por el que se estableció.

El criterio no puede mantenerse.

Ciertamente, la finalidad de la pensión compensatoria, tal como viene hoy regulada en el Código de familia de Catalunya, es reequilibradora. Se trata de compensar al cónyuge que se ve perjudicado por la separación o el divorcio, manteniendo el principio de solidaridad económica existente durante la situación convivencial. Los términos comparativos que generan el derecho a pensión son, pues, dos: la situación de la que se gozaba durante el matrimonio y la situación previsible después de la crisis, atendida la posición personal y profesional del beneficiario de la pensión. Con palabras de la Audiencia Provincial de Lleida (Sentencia de 6 de febrero de 1998): “es una institución cuya finalidad es evitar que las consecuencias negativas desde el punto de vista patrimonial que se derivan normalmente de la quiebra de la vida en común, graviten de forma desproporcionada y desequilibrada sobre uno de los miembros de la pareja, como consecuencia de la diferente situación en que se encuentran a raíz de las diferentes posiciones ostentadas durante el tiempo que duró la vida en común, tanto en el desempeño de trabajos subordinados al bienestar familiar como a la formación de un patrimonio privativo, así como evitar situaciones contrarias a principios de equidad o a criterios de una mínima solidaridad postconyugal”.

Nos encontramos, pues, ante una actuación legal que no se produce nunca de forma automática, sí siempre atemperada a las circunstancias de todo orden concurrentes: status o posición social y económica del matrimonio, duración del período convivencial, dedicación primordial o exclusiva de uno de los cónyuges al sostenimiento del consorcio y de los hijos comunes, situación de los consortes después de la crisis matrimonial, preparación personal y profesional ante el mercado laboral, etc.

Siendo ello así, no se atisba razón social alguna que conduzca a la inexorabilidad de un plazo a fijar para la pensión compensatoria, plazo que, además, obligaría a adivinar ex ante la cesación de la situación de desequilibrio, cuando la Ley ofrece, como veremos, mecanismos suficientes para modular una situación que se fija rebus sic stantibus.

Pero sucede, además, que tampoco se atisba razón jurídica alguna.

De una parte, la mejor doctrina catalana actual no determina la necesidad de fijar un plazo al conceder el juez la pensión compensatoria, aunque se admita —como es lógico— la posibilidad de hacerlo.

Tampoco es unánime la doctrina que fluye de las decisiones de las audiencias provinciales (ni siquiera, como se ha adelantado, la de Barcelona), pese a la rotunda afirmación que se contiene en la sentencia objeto de análisis. Así, sin ir más lejos, deniegan la fijación de un plazo las sentencias de 6 de febrero de 2001 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la de de 14 de marzo de 2001 de la Audiencia Provincial de Alicante y la de 6 de junio de 2000 de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Barcelona; conceden la pensión sin límite temporal las sentencias de 22 de mayo y 13 de febrero de 2001 de la citada Sección Decimosegunda de Barcelona, y, es más, igualmente la concede sin plazo la de 16 de mayo de 2000 de la propia Sección Decimoctava de Barcelona.

Finalmente, tampoco son definitivos los argumentos jurídicos utilizados en la sentencia. No lo son en sede de derecho común, no ya sólo porque la temporalidad de la pensión no se establece como requisito específico de la misma, sino, además, porque, como es sabido, el art. 99 del Código civil permite, fijada la pensión judicialmente, convenir su sustitución por una renta vitalicia, argumento que actúa —aunque sólo sea teleológicamente— a favor de la intemporalidad. Y no cabe invocar, como hace la sentencia de instancia, la disposición contenida en el art. 101, según el cual se extingue el derecho a la pensión cuando cesa la causa que lo motivó, porque tal precepto reafirma la esencia del rebus sic stantibus que caracteriza, como se ha dicho, aquel derecho a la pensión y contempla su extinción por variación de las circunstancias de constitución del derecho, lo que hace innecesaria la determinación ab initio de un dies ad quem.

Y tampoco el derecho catalán opta definitivamente por la temporalidad esencial, y sí, en cambio, por la temporalidad potestativa, al fijar legalmente las causas sobrevenidas de extinción: “millora de la situació econòmica del cònjuge creditor, matrimoni del cònjuge creditor, mort del cònjuge creditor i trancurs del termini pel qual es va establir”. Deviene, pues, claro que el Código de família (art. 86) permite la fijación del término o plazo, pero no obliga a su fijación judicial.

Establecido cuanto antecede resulta claro el error en que incurre la sentencia ahora combatida, en la medida en que la fijación del plazo de siete años se contempla en la misma como imperativo legal. Si a lo anterior se le añaden —aunque no sea objeto de controversia— las circunstancias que concurren en el concreto caso: matrimonio cuando la esposa beneficiaria de la pensión tenía dieciseis años; matrimonio que dura veintisiete años; dedicación completa de la esposa al cuidado del hogar, esposo e hijos; nulos ingresos económicos de la misma; ausencia de capacidad profesional o laboral; padecimiento del síndrome de agorafobia, hechos que quedan probados en la sentencia, ha de convenirse en la inadecuación del plazo fijado en la misma, ello sin perjuicio, como se decía, de que circunstancias sobrevenidas, como las contempladas en los arts. 84.3 y 86 del Código de familia, puedan determinar en el futuro la reducción o extinción de la pensión concedida.

Ha de estimarse, en consecuencia, el recurso y anularse la sentencia de instancia en el punto combatido.

Cuarto. Según lo establecido en el art. 398.2 de la LEC, no se hará expresa condena en las costas de este recurso, manteniéndose los pronunciamientos de las dos instancias.

Así pues,

 

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar como estimamos el de casación, interpuestos por la procuradora de los tribunales D.ª Josefa Manzanares Corominas, en nombre y representación de D.ª X1, contra la Sentencia de fecha 19 de junio de 2001 dictada por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona en rollo de apelación 1298/2000, proviniente del proceso de separación matrimonial 656/99 del Juzgado de Primera Instancia N.º 17 de Barcelona; en consecuencia anulamos dicha sentencia y declaramos firme la de primera instancia, dictada en fecha 20 de octubre de 2000, sin hacer expresa condena en costas.

Notifíquese la presente a las partes personadas y remítase testimonio a la Sección indicada juntamente con el rollo de apelación y los autos del Juzgado.

Así por ésta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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