Projecte Norma Civil
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Sentència de 10 de gener de 2002

Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 10 de gener de 2002 núm. 1/2002 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 
    

Presidente:

Excmo. Sr. Guillem Vidal i Andreu

Magistrados:

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Illmo. Sr. Lluis Puig i Ferriol

 

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan arriba, ha visto el recurso de casación núm. 3/2001, contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo 1448/98, como consecuencia de las actuaciones de menor cuantía núm. 231/97, seguidas ante el Juzgado de la Instancia núm. 2 de Igualada. La Sra. X1 ha interpuesto este recurso representada por el procurador Sr. Iu Ranera Cahís y defendida por el letrado Sr. Enrique Casals. Es parte contra la cual se recurre el Sr. Y1, representadopor el procurador Sr. Gonzalo de Arquer Maristany.

ANTECEDENTES DE HECHO

 Primero. La procuradora de los tribunales Sra. Concepción Gabarró Rosell, quien actuó en nombre y representación del Sr. Y1, formuló demanda de juicio de menor cuantía núm. 231/97 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Igualada. Seguida la tramitación legal, el Juzgado dictó Sentencia con fecha 16 de octubre de 1998, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente: “Que estimando en parte la demanda formulada por la procuradora D.ª Concepción Gabarró Rosell, en nombre y representación de D. Y1, contra D.ª X1:

a) debo declarar y declaro la vigencia del derecho real de censo sobre la finca ‘C’ de L, inscrita en el tomo XXX, libro XX, fol. XX, nº XXX del Registro de la Propiedad de L2;

b) debo declarar y declaro la nulidad de la escritura pública de cancelación de rabassa otorgada por la demandada el 19 de diciembre de 1996;

c) cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

 “Y que desestimando la demanda reconvencional formulada por la representación procesal de D.ª X1 contra D. Y1, debo absolver y absuelvo al citado demandado de las pretensiones frente a él deducidas, haciendo expresa imposición a la actora reconvencional de las costas causadas por la reconvención”.

 Segundo. Contra esta sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual se admitió y se sustanció en la sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia con fecha 15 de noviembre de 2000, con la siguiente parte dispositiva: “Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Dª X1, contra la Sentencia dictada en fecha 16 de Octubre de 1998 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Igualada, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Y firme que sea este resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimento.”

 Tercero. Contra esta sentencia, el procurador Sr. Iu Ranera Cahís, en nombre y representación de la Sra. X1, interpuso este recurso de casación ante la sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, el cual fundamentó en los motivos siguientes:

Primero. “D’acord amb el núm. 4 de l’article 1692 de la Llei de procediment aplicable, per infracció dels articles 1, 320 de la Compilació del dret civil de Catalunya, art. 1656, 1281, següents i concordants del Codi civil, doctrina i jurisprudència citats en aquest motiu, i disposició transitòria tercera de la Llei catalana de censos.”

Segundo. “Es formula d’acord amb el núm. 4 de l’article 1692 de la Llei de procediment aplicable, per incongruència de la sentència objecte del recurs.”

 Cuarto. Por providencia de esta Sala de fecha 8 de marzo de 2001 se tuvo por interpuesto este recurso de casación y, de conformidad con el art. 1709 de la Ley de enjuiciamiento civil, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal por un plazo de diez días, el cual emitió el correspondiente informe en fecha 24 de marzo de 2001, y acto seguido se pasaron las actuaciones al magistrado ponente para resolver la resolución procedente a la deliberación de la Sala.

Por providencia de fecha 2 de abril de 2001 y de conformidad con la doctrina de esta Sala, se acordó devolver las actuaciones a la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona con la finalidad de que se determinase el valor de la pretensión que se ejercita en el pleito. Una vez recibidas las mencionadas actuaciones, a través de una providencia de 19 de octubre de 2001 se tuvo por interpuesto el recurso de casación y, de acuerdo con lo determinado en el art. 1710.5.2, se dio traslado a la parte recurrida por un plazo de 20 días para formalizar la impugnación.

Por providencia de fecha 22 de noviembre de 2001 se tuvo por impugnado el recurso formulado por la otra parte y, según lo determinado por el art. 485 de la LEC, se señaló el día 10 de diciembre, a las 10.00 horas de la mañana, para la votación y el fallo del recurso, los cuales tuvieron lugar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Guillem Vidal i Andreu.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La parte demandada en el procedimiento de menor cuantía núm. 231/97, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Igualada, interpone ahora recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoprimera de la Audiencia Provincial de Barcelona en apelación contra la dictada, a su vez, por aquel Juzgado. Ambas sentencias, de fechas 16 de octubre de 1998 y 15 de noviembre de 2000, estiman parcialmente las pretensiones de la parte actora, y son, pues, conformes de toda conformidad, pese a la opinión contraria de la parte recurrente, que alega la distinta fundamentación jurídica, lo que, además de erróneo en este caso, es inane conforme a una doctrina jurisprudencial reiterada y sólida, de la cual son puros ejemplos las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1999, 4 de octubre de 2000 y 2 de marzo de 2001.

Segundo. Antes de entrar, empero, en la motivación del recurso de casación, es preciso detenerse —brevemente— en la causa de inadmisibilidad (en este trámite de desestimación, sentencias del Tribunal Supremo de 29 de julio de 1994, 22 de septiembre de 1995, 8 de noviembre de 2000, 13 de marzo de 2001, etc) esgrimida —nuevamente— por la parte recurrida.

Dicha parte alega, reiterando los argumentos que ya expuso en la instancia, que, siendo las sentencias plenamente contentas y siendo el pleito de cuantía inestimable, el recurso de casación no debería haber sido admitido.

Esta Sala debe dar aquí por reproducidas cuantas consideraciones se contienen en el auto dictado por la misma en fecha 9 de diciembre de 1999 sobre esta materia y que dio lugar precisamente al proveído de fecha 2 de abril de 2001, por cierto no recurrido. En dicho proveído la Sala, haciendo uso de lo prevenido en el párrafo segundo del art. 1694 de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881, ordenó a la Sección Decimoprimera de la Audiencia que fijara de modo indicativo la cuantía del procedimiento. Y dicha Sección, tras oír a las partes y practicar la oportuna prueba pericial, determinó que dicha cuantía excedía con mucho la de seis millones de pesetas exigida en el art. 1687.1.c de la antigua LEC para el acceso casacional. Visto, pues, que se ejercita en el procedimiento una acción de redención de censo y que la finca sobre la que recae posee un valor de nueve millones quinientas mil pesetas, ha de concluirse que el recurso se encuentra correctamente admitido y no procede, por ello, la desestimación basada en esta causa formal.

 Tercero. El primer motivo de recurso se formula conforme al numeral 4º del art. 1692 de la LEC, por infracción —se dice— de “els articles 1, 320 de la Compilació del dret civil de Catalunya, art. 1656, 1281, següents i concordants del Codi civil, doctrina i jurisprudencia citats en aquest motiu, i la disposició transitòria tercera de la Llei catalana de censos”.

Con muy defectuosa técnica casacional, el recurrente mezcla en este motivo una verdadera amalgama de preceptos heterogéneos de difícil compaginación (así el 1 y el 320 de la Compilació catalana, el 1281 del Código Civil, la disposición transitoria de la Ley catalana de censos), alude a preceptos “siguientes y concordantes” sin mayor especificación y no cita la concreta jurisprudencia que veda esas informalidades, comprendida, entre otras muchas, en sentencia del Tribunal Supremo de fechas 23 y 27 de junio de 1992, 11 de febrero, 20 de octubre y 9 de noviembre de 1993, 2 de julio de 1994, etc.

Pero, en definitiva, como se demuestra a lo largo de la exposición de este motivo, el recurrente sólo busca un nuevo examen, esta vez en sede casacional, de la calificación del contrato base del pleito, esto es, la escritura del Establecimiento a rabassa otorgada entre los causantes de los litigantes en fecha 12 de septiembre de 1857, e impugna —con correcta técnica casacional, se repite— todos los preceptos que la Sentencia de la Audiencia cita.

La calificación de dicho contrato ha centrado —ciertamente— el debate, tanto en primera como en segunda instancia, llegando tanto el Juzgado como la Audiencia a la conclusión de que se trata, pese a su nombre, de un verdadero contrato de censo enfitéutico.

Yerra, entonces, nuevamente el recurrente al pretender tal debate, confundiendo lamentablemente la casación con una tercera instancia, pues, en la ocasión actual, nada diferenciaría el presente recurso de una nueva apelación, esta vez ante un órgano jurisdiccional distinto.

El Tribunal Supremo tiene ya decidida la cuestión y las sentencias de 3 de diciembre de 1996, 8 de julio de 1997, 11 de junio de 1999, 20 de julio de 2000 y 29 de junio de 2001 —que son puro muestrario— sientan la doctrina de que la calificación jurídica de los contratos constituye facultad exclusiva de los tribunales de instancia y ha de ser mantenida en casación salvo que conduzca a exégesis desorbitadas, erróneas, ilógicas o arbitrarias. En el mismo sentido y, en concreto, sobre un supuesto de cuestión entre la calificación de enfiteusis y rabassa morta, sentencia de 7 de junio de 1972, citada por la parte recurrida.

Pues bien, intentando no entrar en lo que no debe esta Sala, ha de decirse que la calificación otorgada por la Audiencia al contrato en cuestión no es, en absoluto, arbitraria, ilógica ni errónea.

Ha de presentarse, en general, difícil determinar sin lugar a dudas si nos encontramos ante un contrato de rabassa morta o ante un censo enfitéutico, y la cuestión se complica ante un contrato como el presente, muy antiguo, que, como afirma la Sentencia de instancia, contiene cláusulas y estipulaciones que favorecen ambas interpretaciones. La dificultad comienza cuando se cae en que la rabassa es, en definitiva, una forma o modalidad de censo enfitéutico (así se pronuncia con rotundidad la citada Sentencia de 7 de junio de 1972), caracterizada por su temporalidad, antiguamente centrada en la vida de las primeras cepas (denominación específica del Código civil, cuyo art. 1656 queda incorporado a la Compilació del dret civil de Catalunya por su art. 320) y después del Código civil en todo caso a los cincuenta años de la concesión si no se hubiere fijado otro plazo (regla 1ª del citado art. 1656), término que ya había sido recogido en jurisprudencia de la antigua Real Audiencia de Catalunya y del Tribunal Supremo y que había ampliado a sesenta años el Proyecto de código civil de 1851, al decir de los autores como forma de solucionar el conflicto entre propietarios y rabassaires, los primeros en cuanto pretendían convertir a éstos en aparceros o arrendatarios y los segundo en cuanto pretendían su asimilación al censualista y, con ello, la duración indefinida del contrato.

En definitiva, la singularización de la rabassa morta puede apoyarse, básicamente, en la especificidad del cultivo (plantación de viñas) y en su temporalidad (vida de las primeras cepas), pero, en cualquier caso, no deja de ser la forma típicamente catalana del censo a primeras cepas que hoy regula el Código civil, aplicable a Catalunya por expresa remisión de la Compilación.

En él se establece: “2. Item. que pagará todos los años parte de frutos al estabiliente, esto es, del vino, frutas y aceite de cuatro una y del trigo y demás granos de espiga de cinco una…” y “4. Item. que pagará el adquisidor al señor del término tres cuartanes de trigo, otros tres cuartanes de cebada y una gallina todos los años…”.

Se establece igualmente que “9. Item. que el adquisidor podrá plantar y replantar la viña siempre que convenga y bien le parezca”.

Y así también que: “Y finalmente en caso de venta perpetua de la rabasa por el adquisidor se reserva el estabiliente la fadiga convencional...” Estipulaciones, las anteriores, que hacen pensar en la intención de los contratantes de convenir el traspaso del dominio de una finca para su explotación agrícola, sin perjuicio de su principal destino vitivinícola, por tiempo indefinido —que se demuestra efectivo con el largo periodo de su vigencia y el paso de varias generaciones de titulares de los dominios— y con el pago anual de parte de los frutos de la explotación, características del censo enfitéutico y no de su modalidad de la rabassa morta.

A lo anterior la Audiencia añade la existencia de ciertas expresiones y estipulaciones más propias del contrato de censo, como son las de estabiliente y adquisidor, la fadiga y la entrada, lo que puede, efectivamente, tomarse como elemento hermenéutico de refuerzo; como también ha de serlo la propia actuación de la demandada D.ª X1, que, en fecha 14 de febrero de 1992, presentó instancia ante el Registro de la Propiedad de Igualada a fin de hacer constar la vigencia del “censo” al tenor de lo preceptuado en la disposición transitoria tercera de la ley 6/1990, de 16 de mayo, de la Generalidad de Catalunya, de censos.

Es cierto que hay argumentos de contrario senso. Expresiones y estipulaciones que permiten orientar la conclusión hacia la existencia de una forma de rabassa morta. Así lo reconocen tanto el Juzgado como la Audiencia. Pero es igualmente cierto que, en la duda, debe el juzgador inclinarse, en casos como el presente, por la mayor singularidad del contenido clausular y por el mantenimiento de una situación estabilizada y compensada.

Los razonamientos que tuvo, pues, en cuenta la Audiencia al calificar el contrato objeto del pleito son del todo correctos, en absoluto arbitrarios y en ningún caso erróneos, por lo que tal calificación, función, exclusiva del órgano de instancia como se ha dicho, ha de ser mantenida y, con ello, el motivo de recurso, desestimado.

 Cuarto. Se alega como segundo motivo del recurso la incongruencia de la Sentencia, por la vía procesal del ordinal 4º del art. 692 de la LEC.

Dos graves errores contiene la expresión del indicado motivo, formal uno y de fondo otro.

La incongruencia de la Sentencia ha de venir combatida en casación por la vía numeral 3º del art. 1692 y no por la vía del numeral 4º. En efecto, el 3º contiene la infracción formal del “quebramiento de las formas esenciales reguladoras de la sentencia”, el segundo contiene la infracción de fondo en cuanto exista vulneración “de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia”. Las formas esenciales reguladoras de la Sentencia son la de los arts. 359 a 375, a las que debe añadirse hoy la falta de motivación como exigencia constitucional. La incongruencia es requisito de la sentencia expresado en el art. 359. El cauce elegido por el recurrente es, pues, inadecuado, pese a lo cual la Sala —siguiendo la doctrina marcada en sentencias de 6 de octubre de 1993 y 7 de noviembre de 1994, entre otras— podría hacer un esfuerzo de integración del recurso en amplia ampliación del principio pro actione y en aras a otorgar la plena tutela judicial.

Pero ocurre que tampoco en el fondo acierta el recurrente, pues desconoce la naturaleza y esencia de la incongruencia. En la explicación del motivo el recurrente advierte que “esta incongruencia proviene del hecho de que el resultado de las sentencias comporta un resultado absurdo”, explayándose a continuación sobre que “las sentencias [olvidando, como lo habia hecho en varias ocasiones en el motivo anterior, que sólo una sentencia, la de la Audiencia, es y puede ser objeto del recurso de casación] no determinaban la clase de censo enfitéutico contenido en el contrato, con lo que el censo resultaba irredimible, contra la naturaleza del enfitéutico.

La incongruencia, en cambio, es un vicio de la sentencia que pone en relación lo decidido por el órgano jurisdiccional y lo solicitado oportunamente por las partes litigantes, de modo que aquél concede más de lo pedido, cosa diferente u omite un pronunciamiento debido. Así se habla comúnmente de incongruencia por extra petita, por ultra petita y por infra o citra petita. El juicio comparativo se da siempre, consiguientemente, entre el fallo o parte dispositiva de la sentencia y los petita deducidos por las partes en los momentos procesales adecuados. Se omite, por conocida, la cita jurisprudencial.

Pues bien, en el caso de autos la concreta súplica del actor se concentró en: “que se declare la vigencia del derecho real de censo en la finca propiedad del demandante, se declare la redención del censo existente sobre la casa por el capital de 1.333 pesetas, se declare la redención del censo sobre el resto de la finca por la cantidad que se estime ajustada a derecho y se declare la nulidad de la escritura pública de cancelación de rabassa”. La sentencia recurrida desestimó el recurso de apelación y confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, imponiendo las costas al apelante. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda declarando la vigencia del derecho real de censo sobre la finca y declarando asimismo la nulidad de la escritura pública de cancelación de rabassa.

No hay, en consecuencia, incongruencia alguna, ni por extra, ni por ultra, ni por infrapetita.

Tampoco la hay, a mayor abundamiento, por la “ilógica intrínseca” de la sentencia, pues clara y meridianamente se establece la vigencia de un censo enfitéutico y, como tal, perpetuo y redimible a voluntad del censatario. Otra cosa distinta es que la sentencia no haya dado lugar a la redención solicitada (por lo motivos que se exponen en el fundamento de derecho undécimo de la sentencia de primera instancia, acogidos en su integridad por la de la segunda), pero esto, como se lleva diciendo, no representa un vicio de incongruencia.

Tampoco, en consecuencia, puede acogerse este motivo de recurso, de modo que todo él debe de ser desestimado.

 Quinto. No estimándose procedente ninguno de los motivos de recurso, conforme al art. 1715.3 de la LEC se impondrán las costas a la parte recurrente, que perderá igualmente el importe del depósito constituido.

Así pues,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador de los tribunales señor Iu Ranera Cahís, en nombre y representación de la Sra. X1, contra la Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2000 dictada por la Sección Decimoprimera de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo núm. 1448/98, procedente del juicio de menor cuantía núm. 231/97 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Igualada, confirmándola en su integridad, imponiendo las costas a este recurso a la parte recurrente y declarando la pérdida del depósito constituido.

Notifíquese a las partes y, con testimonio de la presente resolución, remítanse autos y rollo para la ejecución de la sentencia.

Así por ésta lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

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