Projecte Norma Civil
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Sentència de 19 de juliol de 2001

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 19 de juliol de 2001 núm. 23/2001 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva

 

Presidente:

Excmo. Sr. D. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados.

Ilmo. Sr. D. Ponç Feliu i Llansa

Ilmo. Sr. D. Lluís Puig i Ferriol

 

Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrado por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación 9/2001 contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía 431/96 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 39 de Barcelona. Este recurso ha sido interpuesto por el procurador D. Ángel Montero Brusell en nombre y representación de D. X y defendido por el letrado Vicente Torralba Soriano; ha sido parte recurrida el Y, SA, representado por el procurador D. Santiago Puig de la Bellacasa y Vandellós y defendido por el letrado Rafael Jiménez de Parga Cabrera.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los tribunales Puig de la Bellacasa, en nombre y representación de Y, SA, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía núm. 431/96 2ª en el Juzgado de Primera Instancia núm. 39 de Barcelona contra Z Previos los trámites legales, el indicado Juzgado dictó Sentencia con fecha 21 de mayo de 1998, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de Y, SA, contra Don Z, a quien ha sucedido Don X, es procedente verificar los siguientes pronunciamientos: 1.- Declaro que entre Y, SA, y Don Z se concretaron dos contratos de préstamo en fecha 29 de diciembre de 1993 por importes, treinta y seis y ciento cuarenta y nueve millones de pesetas; sin que el prestatario haya devuelto dichos importes. 2.- Condeno a Don X como sucesor de Don Z, a que satisfaga a la actora la cantidad de doscientos dieciocho millones ciento seis mil setecientas cincuenta y dos pesetas (218.106.752.- pts) en cumplimiento de las obligaciones a que este procedimiento se contrae; más los intereses que este procedimientos se contrae; más los intereses pactados, al 10%, devengados por el capital prestado desde el cierre de las cuentas hasta la fecha del cumplimiento. 3.- Absuelvo a Doña Z2 y Doña Z3 de las pretensiones frente a ellas ejercitadas en el presente proceso”.

 Segundo. Contra la sentencia anterior, la representación de X interpuso recurso de apelación y, admitido el mismo en ambos efectos y sustanciada la alzada, la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia con fecha 5 de diciembre de 2000 cuya parte dispositiva es la siguiente: “FALLAMOS. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. X contra la sentencia dictada el 21-mayo-1998 por el Juzgado de Primera Instancia nº 39 de Barcelona, en autos de juicio de Menor Cuantía núm. 431/96, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida con expresa imposición de las costas causadas en la alzada a la parte apelante.”

 Tercero. Contra dicha sentencia el procurador de los tribunales D. Ángel Montero i Brusell,  en representación de D. X, formuló recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

1º.- Al amparo del ordinal cuarto del art. 1692 de la LEC por incurrir la sentencia recurrida en infracción de los art. 8, 19, 22 y concordantes del Código de sucesiones de Cataluña y jurisprudencia que los desarrolla.

2º.- Al amparo del núm. 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, infracción de los artículos 602 y 604 de la Ley de enjuiciamiento civil, del art. 1225 del Código civil y de la jurisprudencia que, en desarrollo y aplicación de los mismos, niega la ineficacia a los documentos privados no originales.

 Cuarto. Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló el día 13 de julio de 2001 para la celebración de la vista, la cual tuvo lugar en el día y hora señalados con la asistencia del letrado de la parte recurrente D. Vicente Torralba Soriano y su procurador D. Joan Lluís Rovira Fabra, y el letrado de la parte recurrida D. Rafael Jiménez de Parga y su procurador D. Santiago Puig de la Bellacasa i Vandellós, según consta en el acta extendida al efecto y con el resultado que es de ver en la misma.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Guillermo Vidal Andreu.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.

La representación procesal de D. X interpone ante esta Sala recurso de casación contra la Sentencia dictada en fecha 5 de diciembre de 2000 por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona, recaída en el rollo de apelación n.º 909/98, sentencia que confirma en todas sus partes la dictada por el magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 39 de Barcelona en autos de juicio declarativo ordinario de mayor cuantía sobre reclamación de cantidad, tramitados bajo el número de identificación 431/96.

Son antecedentes fácticos interesantes a los efectos de resolver el presente recurso los siguientes:

Se presenta a reparto en la Oficina de Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona en fecha 4 de junio de 1996, demanda fechada a 20 de mayo anterior instando la incoación de juicio declarativo ordinario de mayor cuantía en reclamación de la suma de 218.106.752 (doscientos dieciocho millones, ciento seis mil, setecientas cincuenta y dos) pesetas más los correspondientes intereses hasta la fecha del total pago. Promueve la demanda la entidad Y, SA, contra D. Z, basada en el supuesto incumplimiento por parte del mismo del pago de dos préstamos dinerarios por importes respectivos de 36.000.000 (treinta y seis millones) y 149.000.000 (ciento cuarenta y nueve millones) de pesetas, con los intereses correspondientes. En fecha 25 de junio de 1996 se admite la anterior demanda y se ordena el oportuno emplazamiento del demandado. A 10 de julio siguiente comparece el demandado asistido de letrado y representado por un procurador de los tribunales; se le tiene por parte legítima y se ordena que conteste en veinte días la demanda en proveído del día 15 del mismo mes. En fecha 10 de septiembre de 1996 comparece el procurador del demandado, que transmite al Juzgado el fallecimiento de éste y solicita que se le tenga por cesado en la representación y se acuerden los trámites prevenidos en el art. 9 de la Ley de enjuiciamiento civil. Se procede, en efecto, a la citación de los legales herederos de D. Z en el domicilio del mismo, y en fecha 29 de enero de 1997 presenta escrito de contestación a la demanda D. X, que es admitido por Providencia del posterior 13 de febrero. En dicho escrito se hace constar lo siguiente: “Con el fin de acreditar la calidad de mi mandante de causahabiente de D. Z, acompaño de documento nº uno y dos el certificado de últimas voluntades del difunto demandado y el testamento del mismo, ambos por fotocopia legitimada. Mi mandante, aunque es designado como heredero, no ha aceptado la herencia y probablemente no la aceptará ni tan solo a beneficio de inventario, si bien como causahabiente desea contradecir la acción iniciada por el Y con el fin de defender el buen nombre y la solvencia moral de su causahabiente ".

Finalizados los períodos de alegaciones, prueba y conclusiones, se dictó sentencia estimatoria de las pretensiones contenidas en la demanda, condenando a D. X “como sucesor“ de D. Z y absolviendo a D.ª Z2 y D.ª Z3, madre y hermana de D. X, declaradas en rebeldía por Providencia de 15 de abril de 1997.

La sentencia, apelada, fue confirmada en su integridad por la que ahora es objeto de recurso.

 Segundo. El primer motivo de recurso se articula al amparo del ordinal 4º. del art. 1692 de la LEC, por incurrir, según la parte, la sentencia recurrida en “infracción de los arts. 8, 19, 22 y concordantes del Código de sucesiones de Cataluña y jurisprudencia que los desarrolla “.

En realidad el recurrente reproduce en este motivo lo alegado en las instancias, esto es, que no puede ser considerado heredero de D. Z —cualidad que le es atribuida en las dos sentencias— porque desde el primer momento anunció su voluntad de no aceptar la herencia ni siquiera a beneficio de inventario, renuncia, además, que realizó en escritura pública en fecha 4 de junio de 1997, junto con su hermana y su madre. “La cuestión a dilucida—dice— es la de si verdaderamente se han dado los requisitos para entender aplicable el art. 19 y considerar, por tanto, que ha habido aceptación tácita, por haberse superado, además, los actos de gestión recogidos en el art. 8 del Código de sucesiones “. Efectivamente, según el art. 8 del Código, yacente la herencia, el heredero llamado “per realitzar exclusivament actes possessoris de conservació, vigilància i administració de l’herència “, actos que, como afirma a continuación el precepto, por sí solos no implicarán aceptación, salvo que con ellos se tome el título o la cualidad de heredero, entendiéndose, en cambio, aceptada tácitamente la herencia, conforme dispone —avanzando un paso más— el art. 19, cuando el llamado “realitza qualsevol acte que no pot realitzar si no és a títol d’hereu“.

Pues bien, la sentencia combatida —al igual que la de Primera Instancia— entiende que hubo una aceptación tácita de la herencia por parte de D. X, argumentando: “...el hecho de comparecer en el juicio en su condición de causahabiente, así como el otorgamiento de los poderes generales en dicha condición y contenido de la contestación a la demanda, implica asumir la condición de heredero. A mayor abundancia la comparecencia en juicio en base al art. 9.7º LEC es clara la comparecencia del procurador con nuevos poderes del heredero. Esta comparecencia y condición asumida de causahabiente del fallecido supera los actos de mera gestión recogidos en el art. 8 C.S.C. (Código de sucesiones de Cataluña, en adelante) al haber asumido la cualidad de heredero. Así, asume los derechos y obligaciones de su decuius, art.1, 34 y siguientes C.S.C.“. Poniendo en relación los anteriores razonamientos con los contenidos en la primera sentencia, dado lo confuso de su formulación, puede concluirse que la Audiencia asimila los conceptos de causahabiente y heredero, no concediendo virtualidad jurídica a la constante distinción que ha hecho el ahora recurrente a lo largo de todo el pleito, como tampoco la concede a la intención manifestada de “defender el buen nombre y la solvencia moral “ de su padre (que no merece comentario, al contrario de lo que sucedió en primera instancia), como tampoco al anuncio posterior —producido en el escrito de dúplica— de renunciar a la herencia (“Ya se había producido la aceptación tácita y el citado anuncio carecía de valor“), ni, en fin, a la propia renuncia manifestada después en escritura pública (“Al ser la aceptación y repudiación, válidamente hechas, irrevocables, art. 26 C.S.C., no puede aceptarse con valor alguno la renuncia de la herencia efectuada con posterioridad a la aceptación tácita de la herencia “). Cuando la asunción de una titularidad jurídica requiere de un acto positivo, nuestro derecho distingue entre el acto expreso y el acto tácito, esto es, la manifestación externa y explícita de la voluntad de aquella aceptación o la conducta intuible, manifestada por actos indirectos de los que, concluyentemente, se infiera aquella aceptación (facta concludentia).

En materia de aceptación de herencia —que requiere de un acto positivo— el derecho catalán distingue: la aceptación expresa, que debe hacerse en documento público o privado en el que el llamado manifieste su intención de aceptarla o asumir la condición de heredero (art. 18 del Codi de successions), y la aceptación tácita, que se da, como se ha dicho, cuando el llamado realiza cualquier acto que suponga —que no puede realizar sin— el título de heredero (art. 19 citado). Como ha observado la doctrina catalana, se parte, pues, de una visión objetiva de ciertos actos que implican legalmente aceptación, aquellos que sólo puede realizar el heredero; pero —debe añadirse— se dejan otros al socaire de su univocidad, actos que exceden de los de mera conservación, vigilancia y administración (art. 8 del Código). Puede decirse también que, salvo los legalmente tasados, aquellos actos de los que puede inferirse una voluntad de aceptar siempre habrán de ser propios, inequívocos y concluyentes, de manera que no pueda dudarse de que el actor los realiza asumiendo la condición de heredero.

Así se expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de enero de 1998: “La aceptación tácita la define el artículo 999, párrafo 3º, del Código civil: la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero; lo cual expresa la idea que ya recogían Las Partidas (Sexta, 6,11) de que acepta tácitamente el que realiza ‘actos de señor’; o lo que es lo mismo, y conviene destacarlo, la realización de actos concluyentes de los que se deriva la voluntad inequívoca de aceptar, en el sentido de que revelan la intención de hacer la herencia como propia”.

En esta misma línea de pensamiento, la Sentencia de 24 de noviembre de 1992 (fundamento 7º) dice que “la aceptación tácita se realiza por actos concluyentes que revelen de forma inequívoca la intención de adir la herencia, o sea, aquellos actos que por sí mismos o mero actuar, indiquen la intención de querer ser o manifestarse como herederos; de actos que revelen la idea de hacer propia la herencia o, en otro sentido, que el acto revele sin duda alguna que el agente quería aceptar la herencia “.

En el mismo sentido se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 27 de junio de 2000, citada por ambas partes de este recurso, al analizar el propio art. 999 del Código civil: “La postura mantenida por la doctrina recogida en las Sentencias de esta Sala y Resoluciones citadas es unánime en exigir actos claros y precisos que revelen la voluntad inequívoca de aceptar la herencia. Ha de tratarse de hechos que no tengan otra explicación, pues lo que importa es la significación del acto, en cuanto indica la intención de hacer propia la herencia y no de cuidar el interés de otro o eventualmente el propio para después aceptar “.

Parecido carácter tenía la aceptación en el derecho histórico romano, pues, junto a la cretio o toma de posesión de los bienes acompañada de una declaración expresa y formal del heredero realizada ante testigos y la aditio nuda voluntate o aceptación por la pura voluntad, declaración expresa, pero no formal, de aceptar la herencia, se contemplaba la pro herede gestio o gestión como heredero, consistente en manifestar tácitamente la voluntad de adir la herencia, deducida de la realización de determinados actos en relación con los bienes hereditarios; actos, añade la doctrina, que supondrían, sin duda, una voluntad de aceptar o que no habría derecho a realizar sin tomar la condición de heredero.

Sobre lo anterior existe hoy abundantísima doctrina jurisprudencial, que han puesto de manifiesto en la versión que les interesaba, tanto el recurrente como el recurrido, en sus documentados escritos.

Pero el caso enjuiciado —como tantas veces ocurre— ofrece características muy singulares que es preciso examinar.

En primer lugar, como ya se ha adelantado, D. X cuando contesta a la demanda manifiesta categóricamente que lo hace como causahabiente de D. Z, su padre, para oponerse a la acción de reclamación de cantidad y salvar el buen nombre y la solvencia moral de éste. Explícitamente manifiesta también que no ha aceptado la herencia y probablemente no la aceptará ni tan solo a beneficio de inventario. La declaración se repite en la cuestión previa I del escrito de dúplica, en el que ratifica que repudiará la herencia. La renuncia a la herencia, como también se ha dicho, se produce ante notario el 4 de junio de 1997. En escrito de recurso de reposición contra la resolución del Juzgado que admite la prueba de confesión de D.ª Z2 y D.X y D.ª Z3, vuelve a recordarse que D. X actúa tan sólo en calidad de causahabiente y no de heredero, puesto que ha renunciado a la herencia. Nuevamente se ponen de manifiesto estas circunstancias en el escrito de conclusiones (conclusión primera) y, finalmente, se insiste en el escrito presentado como consecuencia de la práctica de la prueba pericial como diligencia para mejor proveer.

Cuanto antecede ninguna mención merece por parte del Juzgado de Primera Instancia que, de un lado, tiene a D. X como causahabiente de D. Z en el proveído de admisión de la contestación de la demanda y, de otro, le condena al pago de lo adeudado por D. Z como sucesor del mismo. En el cuerpo de la sentencia, por cierto, sí se contesta a D. X sobre lo alegado, sentando la doctrina, luego acogida en la sentencia que se impugna, de que causahabiente y heredero son términos sinónimos, cuando obviamente no es así siempre, por lo menos en condiciones de amplitud conceptual en tanto es jurídicamente admisible el empleo del término causabiente en, por ejemplo, las transmisiones inter vivos, y en cuanto es éste un término más genérico que el de heredero incluso en las transmisiones mortis causa. Con todo, lo cierto es que el art. 9.7 de la LEC, en virtud de cuya llamada comparece y contesta a la demanda D. X utiliza claramente la expresión “herederos o causahabientes“. Nada hubiera impedido, por tanto, advertir desde el primer momento al litigante de su atribuida condición de heredero, con lo que se le hubiera dado opción al apartamiento de la causa.

En segundo lugar, justo es reconocer que el caso enjuiciado no presenta una acción de recuperación patrimonial, en el que palmariamente se daría un exceso en los actos de conservación, vigilancia y administración significativo a la hora de deducir una tácita aceptación de la herencia. Así lo ha visto el Tribunal Supremo, sentando doctrina de la que son ejemplos las sentencias de 17 de enero de 1942, 13 de marzo de 1952, 14 de marzo de 1978 y 15 de junio de 1982, entre otras. Se trata aquí, en cambio, de contestar a una demanda con el fin de mantener intacto el patrimonio de la herencia, o mejor aún, de continuar un proceso ya iniciado en el que el padre del compareciente, sedicente deudor, compareció primero con el ánimo de oponerse a la pretensión reclamatoria.

Finalmente, tampoco aparece como baladí el hecho de anunciar D. X que venía a sostener la excepción de inexistencia de la deuda de su padre para salvar su buen nombre y solvencia moral. Cierto es que la sentencia que se combate elude en absoluto el tema, sí tratado en la sentencia de primera instancia, pero también es cierto que sobre él incidieron ambas partes litigantes en el acto de vista oral de este recurso de casación, impugnando la recurrida la posición del recurrente sobre el argumento, sostenido en aquella primera sentencia, del contenido puramente patrimonial de la acción.

Debe señalarse al respecto, sin que sea éste momento y sede procesal para entrar en el fondo de la materia, que legitimados para recabar la protección de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen están, según el art. 4.2 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, los descendientes, sin mayor precisión por tanto y sin exigencia legal de la condición de herederos, incluyéndose entre las intromisiones ilegítimas a los anteriores derechos constitucionales la “divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o haga desmerecer en la consideración ajena“ (art. 7.7 de la Ley) y aunque ciertamente no se trate de hechos divulgados en sentido estricto, no parece descartable el interés legítimo del descendiente de que su padre no aparezca en el ámbito comercial como deudor de más de doscientos millones de pesetas.

En conclusión, las singularidades anteriores y, más en concreto, la manifestación primera y reiterada, explícita e inequívoca, de autonegación de la condición de heredero y la renuncia subsiguiente y coherente con lo anterior, constante el pleito, a la herencia paterna, impiden considerar como aceptada tácitamente la herencia, declaración que en absoluto se presentaría congruente con la manifestación expresa de contrario en acto procesal de continuación de una acción de mera conservación del patrimonio hereditario.

Y a tal decisión, que conduce inexorablemente a la estimación del recurso de casación, no se opone el que, como ha dicho esta propia Sala en sus sentencias de 29 de enero y 15 de febrero de 1996 siguiendo las de 13 de febrero de 1951 y 12 de mayo de 1981 del Tribunal Supremo, la declaración de los hechos en que se fundamenta la aceptación tácita de la herencia constituya una función de los tribunales de instancia, por cuanto en el caso presente tales hechos no son combatidos y lo es sólo la valoración que de los mismos ha hecho la Audiencia Provincial, lo cual integra propiamente el acervo competencial de esta Sala según ha declarado también, por todas, en Sentencia de 4 de febrero de 1999.

La sentencia, en conclusión, ha de ser casada al acogerse el primer motivo de recurso y en cuanto ha declarado deudor de la cantidad reclamada a quien no es heredero del causante.

 Tercero. De conformidad con el art. 1715.2 de la LEC, no se hará expresa imposición de las costas causadas en este recurso como tampoco las de las dos instancias, debiendo, pues, satisfacer cada parte las devengadas a su instancia y las comunes por mitad.

Por todo lo expuesto, decidimos

 PARTE DISPOSITIVA

Que estimando el recurso de casación interpuesto por el procurador de los tribunales D. Ángel Montero Brusell, en nombre y representación procesal de D. X, contra la Sentencia dictada en fecha 5 de diciembre de 2000 por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona en rollo de apelación nº 909/98, procedente del Juzgado de Primera Instancia nº 39 de Barcelona, en autos de juicio declarativo ordinario de mayor cuantía nº 431/96, casamos y anulamos la misma declarando defectuosamente constituida la relación jurídico-procesal por falta de legitimación pasiva del ahora recurrente; todo ello sin hacer expresa condena en las costas de este recurso y de las instancias, con lo que cada parte deberá abonar las producidas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que contra la misma no cabe recurso, y hecho, devuélvanse los autos a la indicada Sección de la Audiencia con testimonio de la presente.

Así por ésta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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