Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Sentència de 2 de juliol de 2001

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 2 de juliol de 2001 núm. 20/2001 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva

 

Presidente:

Excm. Sr. D. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados:

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Ilmo. Sr. Lluís Puig i Ferriol

 

Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, formada por los magistrados que se expresan al margen, el presente recurso extraordinario de casación que ha interpuesto D. X contra la Sentencia dictada por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 5 de febrero de 2001 en el rollo de apelación núm.1149/99, que dimana de los autos de juicio de menor cuantía núm. 381/98 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, sobre elevación a escritura pública de contrato privado de compraventa. La parte recurrente ha estado representada ante este Tribunal por el procurador de los tribunales D. Pedro M. Adan Lezcano y defendido por el letrado D. Xavier Ibáñez Mora. Han comparecido como parte recurrida D. Y, Dª Y2, Dª Y3 y D. Y4, representados en este Tribunal por el procurador D. Francisco Javier E. P. y defendidos por el letrado D. Carlos Espadaler Pare.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La representación de D. X formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra D. Y, D.ª Y2, D.ª Y3, D. Y4, D. Z, D.ª Z2 y D.ª Z3 ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona. Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha 20 de septiembre de 1999 el mencionado Juzgado dictó Sentencia que contiene la parte dispositiva siguiente: “Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por DON X, representado en autos por el Procurador de los Tribunales Don Pedro M. Adán Lezcano, contra Don Y, Doña Y2, Doña Y3, Don Y4, Don Z, Doña Z2 y Doña Z3, representados en autos por el procurador de los tribunales Don Francisco Javier Espadaler Poch, sobre elevación a escritura pública de con trato privado de compraventa y otros extremos, debo absolver y absuelvo a dichos demandados de la pretensión contra ellos en este procedimiento deducida; y estimando como estimo la demanda reconvencional debo declarar y declaro la rescisión por lesión del contrato suscrito entre las partes en fecha 15 de junio de 1995. Y sin hacer especial condena en costas”.

 Segundo. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora, y la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 5 de febrero de 2000, dictó Sentencia que contiene la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. X, contra la Sentencia dictada en fecha 20 de Septiembre de 1999 por el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de los de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, haciendo expresa imposición de las costas devengadas en la presente alzada procedimental a la parte recurrente”.

 Tercero. La representación de D. X interpuso recurso de casación contra la mencionada Sentencia ante esta Sala, que formalizó mediante un escrito de fecha 16 de marzo de 2001, fundamentado en los motivos siguientes: 1º. Al amparo del art. 477.1 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, por infracción del art. 321 en relación con el art. 323 de la Compilación de derecho civil de Catalunya, y en relación con el art. 217.2 LEC 1/2000 y art. 1214 del Código civil. 2º. Al amparo del art. 477 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, por infracción del art. 321 en relación con el art. 325 de la Compilación de derecho civil de Catalunya. 3º. Al amparo del art. 477.1 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, por infracción del art. 321, párrafo 2º de la Compilación de derecho civil de Catalunya. 4º. Al amparo del art. 477.1 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, por infracción del actual art. 218 LEC, anterior art. 359 de la LEC de 1881, por causa de incongruencia de la Sentencia dictada.

 Cuarto. Admitido el recurso de casación y evacuado el trámite de impugnación se señaló la audiencia del día 14 de junio pasado para la celebración de votación, la cual tuvo lugar. Ha actuado como ponente el magistrado Excmo. Sr. D. Guillermo Vidal Andreu.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Barcelona de fecha 20 de septiembre de 1999, desestima totalmente las pretensiones deducidas por el actor en la presente litis, D. X, y, por el contrario, estima la reconvención planteada por la parte demandada, constituida por D. Y, D.ª Y2, D.ª Y3, D. Y4 y D. Z, D.ª Z2 y D.ª Z3, declarando la rescisión por lesión del contrato suscrito entre las partes en fecha 15 de junio de 1995, sin expresa imposición de costas. La sentencia dictada en apelación por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 5 de febrero de 2001 confirma íntegramente la anterior, imponiendo las costas de la alzada a la parte recurrente.

Contra esta resolución se alza hoy la parte actora procedimental aduciendo cuatro motivos de recurso.

 Segundo. El primer motivo casacional, vehiculado a través del art. 477.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, alega infracción del art. 321 de la Compilación de derecho civil de Catalunya, en relación con el 217.2 de la misma Ley procesal y el 1214 del Código Civil, junto a jurisprudencia sentada por este propio Tribunal.

El motivo se sustenta básicamente en que “se ha utilizado, de forma arbitraria, para la determinación de la existencia de lesión un elemento único de valoración: el valor catastral ...”, sin tener en cuenta otros elementos de confrontación como serían “...el pésimo estado de conservación de las fincas, su depreciación urbanística, sus grandes cargas arrendaticias, etc. Todo ello en una clara transgresión de la jurisprudencia sentada por este TSJ de Cataluña en su sentencia de fecha 22/12/1994...”., haciendo hincapié la parte recurrente en que no le incumbía a ella la carga de la prueba a fin de determinar el precio en venta de la finca, de conformidad con los preceptos —citados— que regulan la carga probatoria, sino a la contraria, que debe ahora soportar la ausencia de esos elementos de valoración.

El motivo no puede prosperar.

Ciertamente, el art. 321 de la Compilación catalana establece que: “els contractes de compravenda, permuta i altres de caràcter onerós, relatius a béns immobles, en què l’alienant hagi sofert lesió en més de la meïtat del preu just, seran rescindibles a intància seva, baldament en el contracte concorrin tots els requisits necessaris per a la seva validesa“. De forma que la Compilación ha optado por señalar el “preu just” al efecto de hacer depender de él la rescindibilidad de los contratos onerosos de transmisión de bienes inmuebles. Y ese precio justo viene, efectivamente, concretado en su determinación por el art. 323 —el supuestamente infringido por la sentencia que se combate, a juzgar por la argumentación del recurrente, y no el expresamente citado— que dice: “Per tal d’apreciar l’existència de la lesió hom s’atindrà al preu just o sia el valor de venda que les coses tinguesin al temps d’ésser atorgat el contracte en relació amb altres d’iguals o d’anàlogues circumstàncies a la respectiva localitat, baldament el contracte es consumés després“.

En el caso de autos, el único valor que sirve de referente para apreciar la existencia de una lessio enormis o ultra dimidium es el valor otorgado a la finca por el catastro. La finca, en efecto, fue vendida por 28.500.000 pesetas, de las que se abonaron en el acto 3.500.000 pesetas, 4.000.000 fueron reservados por el comprador para pago de arbitrios e impuestos municipales debidos, quedando el resto —21.000.000— aplazados hasta la firma de la correspondiente escritura pública. La finca se encuentra en L., carretera de C., núms. 0, con superficie de 4.032,61 metros cuadrados.

Por vicisitudes posteriores se alteró el objeto de la compraventa, y la finca sujeta a transmisión quedó con una extensión total de 1.785,61 metros cuadrados, con lo que, en el presente pleito, el actor, amén de demandar la elevación a escritura pública del contrato privado suscrito, reclamó la obligación de los demandados de soportar la disminución del precio pactado en 15.886.441 pesetas, de modo que restarían por abonar, en el momento de suscribir la escritura, 9.119.590 pesetas.

El valor catastral de las fincas —núms. 149 a 159— se cifraba, en 1995, fecha del contrato de compraventa, en 113.123.194 pesetas, según certificación del Ayuntamiento de l’Hospitalet obrante en los autos.

No existe en las actuaciones prueba pericial, pues, ordenada su práctica en primera instancia, se presentó fuera de plazo y fue devuelto el dictamen por el magistrado. Y, admitida también su práctica en segunda instancia, fue renunciada por el recurrente-proponente y denegada por la Sala la emisión de dictamen por otro perito, solicitada por la parte apelada y hoy recurrida, compareciendo el perito con el informe en su poder. La Sala, pese a consignar en la anterior denegación que podría acordarse la práctica de la prueba como diligencia para mejor proveer, no la acordó luego.

Queda así que, como se decía, tras las vicisitudes de una prueba pericial no realizada aunque intentada, y sin que esta Sala entre a valorar la corrección de las denegaciones de prueba, el único punto referencial para determinar la existencia de un nivel de rescindibilidad del contrato es la diferencia entre el precio convenido, 28.500.000 pesetas, y el valor catastral de las fincas, 113.123.194 pesetas, obviamente precio este muy superior al doble de aquel.

Y en este punto debe recordarse la constante doctrina de esta Sala en orden a la fijación del precio justo y al valor del elemento de contraste ofrecido por el legislador de Cataluña. Esta Sala, en efecto, ha tenido múltiples ocasiones de pronunciarse al respecto, siempre afirmando el criterio legal de fijación del justo precio atendiendo al valor en venta, al que puede llegarse por combinación de otros valores como el de los valores en renta, fiscal, en uso, de adquisición, incluso de afección (vid. sentencias de 26 de febrero y 20 de diciembre de 1990, 7 de octubre de 1991, 20 de octubre de 1992, 8 de febrero y 5 de octubre de 1993, 7 de marzo y 22 de diciembre de 1994) y sosteniendo también que el elemento de confrontación, nada despreciable al ser el normativamente nominado, no puede erigirse en elemento único de valoración equiparado a la prueba legal, con fuerza para vincular al juez y minorar su capacidad de libre apreciación del conjunto probatorio, constituyendo, más bien, un criterio orientativo para la determinación final del precio de venta y, en definitiva, del justo precio (vid. sentencias de 20 de octubre y 21 de diciembre de 1992 y 19 de junio y 21 de julio de 1997 y, recientemente, 19 de junio de 2000).

En conclusión, el elemento de confrontación ha sido siempre tenido en cuenta por la Sala, pero no ha sido exigido nunca como valor sine qua non. Hay otros valores, en renta, fiscal, de adquisición, etc., que también podrán y deberán ser ponderados a la hora de fijar el justo precio y, con él, la posible rescisión por lesión del contrato celebrado. Pues bien, en el caso que se debate, el Tribunal de instancia, haciendo caso de la doctrina sentada y valorando la enorme diferencia entre el precio pactado y el valor otorgado por el catastro a las fincas de autos, ha decretado la rescisión del contrato, sin arbitrariedad, sin incorrección jurídica y sin infringir con ello norma alguna de la carga de la prueba, preceptos, a mayor abundamiento, que sólo excepcionalmente pueden fundar un motivo casacional, como también ha dicho repetidamente esta Sala.

Como se apuntaba, pues, el motivo ha de ser rechazado y sin que, por otra parte, la Sala pueda entrar a valorar el documento nuevo que ha presentado el recurrente, tanto por su extemporánea incorporación a los autos, cuanto porque el citado art. 323 de la Compilació atiende al valor del bien “al temps d’ésser atorgat el contracte “, cuanto porque no quedan plenamente identificadas la finca o fincas a que se refiere, cuanto porque del mismo documento se deduce, pese a lo que incorrectamente resalta el recurrente, que el valor asignado en el año 2001 es el de 60.336.585 pesetas, superior aún al doble del pactado.

 Tercero. Por el mismo camino impugnatorio, la parte recurrente alega en su segundo motivo de recurso infracción del art. 321 de la Compilació en relación con el 325, basando su disentimiento de la sentencia en que la misma no ha fijado con precisión el precio justo, de forma que se impide a la parte la facultad de enervar la rescisión que contempla el precepto citado en segundo lugar.

La argumentación no es exacta y ello impedirá el acogimiento del motivo.

Es cierto que el art. 325 de la Compilació permite al comprador o adquirente evitar la rescisión pagando en dinero el complemento del precio o valor lesivos, con más los intereses desde la consumación del contrato. Pero también es cierto que, como tiene dicho esta Sala en Sentencia de 21 de diciembre de 1992 (citada en la propia sentencia recurrida), tal facultad “se entiende implícitamente incluida en la declaración rescisoria, pudiendo hacerse efectiva en ejecución de sentencia, en cuyo momento procesal, en el que en su caso habría de tener lugar la retroacción de prestaciones, el juzgado acordará lo procedente concediendo el plazo que con plena libertad de criterio estime más oportuno“. Se trata, por tanto, como se apunta, de una facultad del adquirente, legalmente prevista, de enervar la rescisión ya declarada; en ningún caso de un elemento a valorar para llegar a tal rescisión.

De todos modos, el recurrente deriva de esta facultad o, mejor, del impedimento de ejercitar tal facultad, el efecto —perverso jurídicamente— de la no concreción del precio justo, aun sin haber anunciado siquiera en el curso de los autos su disposición a completar el pago.

De lo actuado, sin embargo, queda clara la sinrazón del motivo, aunque sólo sea comparándolo con el anterior, que contiene una queja formal por el hecho de que la sentencia combatida fije el precio justo atendiendo tan sólo al valor que el catastro asigna a la finca.

Y así es, en efecto. A falta de otros parámetros comparativos entre el valor abonado — o convenido, en este caso— y el precio justo o valor en venta, la Audiencia (como el magistrado juez de primera instancia) ha atendido al valor catastral y es éste el único valor que consta en los autos y que sirve de base para determinar la lesión. Nótese, a mayor abundamiento, que el art. 325 no concede la facultad de completar la diferencia “entre el precio abonado y el precio justo”, sino que habla del “complemento del precio o valor lesivo”. Y es ese precio o valor lesivo el que queda perfectamente fijado en la sentencia objeto de recurso que, en su fundamento quinto, expresa: “Consta en autos que el valor meramente catastral ascendía, en el momento de la venta, a la cantidad de 113.123.185.- pesetas, frente a los 28.500.000.- pactados en el contrato... En definitiva, al resultar de forma notoria la existencia de la lesión, debe mantenerse la rescisión declarada en la sentencia apelada “.

El motivo, por lo expuesto, debe decaer.

 Cuarto. El tercer motivo de recurso, alegado por la misma vía que el anterior, invoca infracción del art. 321, párrafo segundo, de la Compilación. El motivo, que reproduce la argumentación de la apelación y, por tanto, ya rechazado por la Audiencia, aduce la existencia en el contrato de un ánimo de liberalidad por parte de los enajenantes, lo que le excluye, al decir del recurrente y por propia previsión legal, del ámbito de la rescindibilidad por lesión.

Se argumenta que queda probada a lo largo de las actuaciones la difícil situación personal y económica por la que atravesaban los vendedores, sin incluso poder hacer pago de los impuestos y arbitrios municipales, de modo que, según el recurrente, “los vendedores ofrecieron los inmuebles con una parte del precio aparejada de liberalidad, en un claro animus donandi, de una manera consciente, voluntaria, querida y dotada de causa, cual es el conseguir de esta forma la rápida venta del inmueble, como así efectivamente ha ocurrido“.

El motivo no requiere de mayores argumentaciones que las ofrecidas en la instancia.

El recurrente, más que un ánimo de donar por parte de los enajenantes, dibuja un casi aprovechamiento de las penosas circunstancias que éstos afrontaban, confundiendo la liberalidad con el estado de necesidad. En este estado, como decimos dibujado por el recurren te, difícil es imaginar un deseo de liberalidad. Liberalidad es virtud moral que consiste en distribuir uno generosamente sus bienes sin esperar recompensa, y donar, siempre según la acepción académica, es traspasar uno graciosamente a otro alguna cosa o derecho. Ni se atisba —y menos prueba— ánimo de generosidad o gracia por parte de los vendedores, ni se imaginan —ni menos resultan de lo actuado— relaciones personales con el adquirente que movieran los anteriores ánimos.

El motivo, en consecuencia, debe ser llanamente rechazado.

 Quinto. El último de los motivos de recurso, con igual base procesal que los anteriores, alega infracción del art. 218 de la LEC, por causa de incongruencia de la sentencia que se recurre.

Afirma el recurrente que la sentencia de primera instancia no resolvió la principal de sus peticiones: que se declarara la validez del contrato celebrado entre las partes (sin perjuicio de su rescisión posterior por lesión); y que la sentencia de la Audiencia, al confirmar íntegramente la anterior, incurre en mayor incongruencia si cabe, pues asienta la validez del contrato en el hecho de que, al consentir los apelados la sentencia, quedó admitida y firme la validez inicial del contrato.

El motivo, por su inanidad, sólo puede justificarse en sede de la conclusión final a la que llega el recurrente: la improcedencia de su condena en costas de la segunda instancia.

La inanidad viene dada por:

1º) la propia esencia de la rescisión, tenida por un recurso extraordinario que el derecho concede para evitar las consecuencias injustas de un contrato o negocio jurídico válidamente celebrado; la rescisión, pues, ontológicamente supone la existencia de un contrato válido inicialmente, pero viciado en su desarrollo;

2º) el propio texto que en Cataluña regula la rescisión por lesión, último inciso del primer párrafo del art. 321 que, como se ha dicho, establece la procedencia de la rescisión “baldament en el contracte concorrin tots els requisits necessaris per a la seva validesa “;

3º) el hecho de que la sentencia que se recurre en casación es la de la Audiencia Provincial, no la de primera instancia, y aquélla no incurre en vicio de incongruencia cuando “presupone” y afirma la validez inicial del contrato y confirma su rescisión por lesión;

4º) cuanto olvida el recurrente que las costas en esa segunda instancia, por efecto de lo prevenido en el art. 710 de la antigua LEC, aplicable en su momento, se rigen por el principio del vencimiento, sin perjuicio de que la Sala pueda motivadamente decretar otro pronunciamiento cuando “circunstancias excepcionales “ lo justifiquen.

Por cuantas razones anteceden debe recharse el último de los motivos casacionales alegado y con él todo el recurso.

 Sexto. Por imperativo del art. 398 de la LEC, en relación con el 394, se impondrán al recurrente las costas causadas.

Así pues,

FALLAMOS

Que debemos desestimar como desestimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador D. Pedro M. Adán Lezcano, en nombre y representación de D. X, contra la Sentencia dictada en fecha 5 de febrero de 2001 por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, rollo de apelación 1149/1999, juicio declarativo de menor cuantía núm. 381/1998 procedente del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona; corfirmando dicha sentencia en todas sus partes e imponiendo a la parte recurrente las costas de este recurso.

Notifíquese la presente a las partes personadas y, con testimonio de esta sentencia, devuélvanse el rollo y las actuaciones originales a la Sección indicada de la Audiencia.

Así definitivamente lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda