Projecte Norma Civil
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Sentència de 26 de d'abril de 2001

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 26 d'abril de 2001 núm. 15/2001 (Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva

 

Presidenta:

Il·lma. Sra. Núria Bassols Muntada

Magistrados:

Ilmo. Sr. Ponç Feliu Llansa

Ilmo. Sr. Lluís Puig Ferriol

 

Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el presente recurso extraordinario de casación interpuesto por D. X contra la Sentencia de 27 de diciembre de 1999 dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona al resolver el recurso de apelación formulado por D.ª Y y D.ª Y2 contra la Sentencia que el día 27 de junio de 1997 había dictado el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Vic al conocer el jucio ordinario de menor cuantía instado por la mencionada Sra. Y contra D. X. La parte recurrente ha sido representada ante este Tribunal por el procurador D. Alberto Iguanzo Tena y dirigido por la letrada Dª María Ángeles Vila Sala; y la parte recurrida ha sido representada por el procurador D. Jesús Acín Biota y dirigida por el letrado D. Severo Bueno de Sitjar de Togores.

 ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vic, se siguieron las actuaciones de juicio declarativo de menor cuantía número 23/97 a instancia de Dª Y y Y2, en las que se dictó Sentencia con fecha 27 de junio de 1997, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “DECIDEIXO. Estimar parcialment la demanda formulada per la procuradora Sra. Ester Roqueta Mauri, en nom i representació de les Sres. Y i Y2, contra el Sr. X i fer els pronunciaments següents: 1r. Declarar que l’única servitud de pas que grava la finca registral número XXXX (inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Vic, al tom XXXX llibre XX, foli XX, de Vilanova de Sau) a favor de la finca registrtal número XXX (inscrita al Registre de la propietat número 1 de Vic, al tom XX, llibre XX, foli XX de Vilanova de Sau) és la contituïda en el contracte del dia 31 de juliol de 1991 subscrit entre les Sres. Y i Y2, d’una banda, i Y3 (en representació del Bisbat de Vic), d’altra banda, i descrita en el fonament jurídic segon, apartat 5è, d’aquesta resolució. 2n. Condemnar el Sr. X a abonar a les Sres. Y i Y2 la suma de cinquanta mil pessetes (50.000 ptes) en concepte d’indemnització de danys i perjudicis. 3r. Absoldre el Sr. X, de la resta de peticions efectuades en contra seva “.

 Segundo. La representación de D. X, interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia de primera instancia, que se sustanció en la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona y dictó Sentencia con fecha 27 de diciembre de 1999, con la siguiente parte dispostiva: “FALLAMOS: Que con desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto por la representación de D. X e íntegro acogimiento del interpuesto por la de Dª Y y Dª Y2 contra la Sentencia dictada con fecha 27 de Junio de 1997 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de los de Vic, cuya parte dispositiva consta transcrita en los antecedentes de la presente, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma en el sentido de:

a) “Declarar la existencia de la servidumbre de paso que grava la finca registral nº XXX (inscrita en el tomo XXXX, libro XX, folio XX, de Vilanova de Sau, Registro de la Propiedad nº 1 de Vic) a favor de la finca registral nº XXXXX (inscrita en el tomo XXXX, libro XX, folio XX de Vilanova de Sau, registro de la Propiedad nº 1 de Vic) constituida en el contrato celebrado el 31 de Julio de 1991 entre Doña Y y Doña Y2 por un lado y por el Obispado de Vic, representado por Y3 por otro, sevidumbre que con una longitud de 6 metros atraviesa la finca registral nº XXX por su esquina noroeste.

b) “Condenar a D. X a retirar la cadena que impide el uso de esta servidumbre.

c) “Que, en trámite de ejecución de sentencia, se dirija mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad para que inscriba la referida servidumbre de paso sobre la finca nº XXX en el Registro de la Propiedad.

d) “Condenar al citado demandado a retirar la señal de tráfico colocada en la finca de

los demandantes.

“Todo ello con imposición al demandado de las costas de la primera instancia, así como de las ocasionadas por la desestimación de su recurso, no existiendo méritos bastantes para hacer expresa condena respecto de las del recurso que estimamos".

 Tercero. Contra la sentencia dictada en grado de apelación, el procurador D. Albert Inguanzo Tena, en nombre y representación de D. X, interpuso recurso de casación ante esta Sala Civil que fundamentó en los motivos siguientes: “Motiu primer.- Infracció de l’article 11 de la Llei 13/90 del Parlament de Catalunya sobre acció negatòria, immissions, servituds i relacions de veïnatge.- Segon.- Infracció de l’article 13 de la Llei Hipotecària, en relació amb els articles 32 i 34 de la pròpia Llei Hipotecària.- I, Tercer.- Infracció de l’article 1214 del Codi Civil, en relació amb l’article 1902 del Codi Civil”.

 Cuarto. Una vez admitido el recurso, se evacuó el trámite de impugnación y se señaló la audiencia del día 19 de abril de 2001 para la votación y fallo de este procedimiento, la cual tuvo lugar.

Ha actuado como ponente el magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. Ponç Feliu i Llansa.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Tanto por exigencias del orden público procesal, por el que deben velar los tribunales, incluso de oficio, como por así haberlo señalado la parte impugnante del recurso, debe examinarse ante todo la concurrencia o no en el caso de los requisitos previstos en el artículo 1687 de la LEC para el acceso a la presente casación, debiéndose ponderar a tal efecto lo siguiente:

A) El presente recurso lo interpone la representación de D. X contra la Sentencia de 27 de diciembre de 1999 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, revocatoria en parte de la del Juzgado núm. 2 de Vic de 27 de junio de 1997.

Deriva la Resolución combatida de demanda de juicio declarativo de menor cuantía promovida por la representación de las Sras. Y i Y2 contra el mencionado Sr. X, ejercitándose literalmente demanda civil de: “a) acción declaratoria de inexistencia de servidumbre, b) acción declaratoria de servidumbre y c) acción de condena a restituir las cosas a su estado original e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados” y postulándose en el “Suplico” de aquella, también literalmente que “declare que la única servidumbre de paso que grava la finca registral nº XXXXX (inscrita en el Tomo XXXX, Libro XX, folio XX de Vilanova de Sau, Registro de la Propiedad nº 1 de Vic) a favor de la finca registral nº XXX inscrita en el tomo XXXX, Libro XX, folio XX, de Vilanova de Sau, Registro de la Propiedad nº 1 de Vic) es la constituida en el contrato celebrado el 31 de Julio entre D.ª Y y D.ª Y2 por un lado y el Obispado de Vic representado por Y3  por otro, servidumbre que, con una longitud de unos 6 metros atraviesa la finca registral nº XXX por su esquina Noroeste; que condene a Dn. X a retirar la cadena que impide el uso de esta última servidumbre; que, en trámite de ejecución de sentencia, se dirija mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad para que inscriba la referida servidumbre de paso sobre la finca nº XXX en el Registro de la Propiedad; que condena a D. X a retirar la señal de tráfico colocada en la finca de las demandantes; que condene a D. X a pagar a las demandantes la cantidad de 70.810 pesetas en concepto de indemnización de daños y perjuicios; que condene al demandado al pago de las costas procesales”.

B) Por lo que ahora interesa, debe mencionarse :

1º) Que, no habiéndose determinado en la demanda ni en el curso del procedimiento la cuantía del pleito, este Tribunal, al amparo de los art. 1687 y 1694 de la LEC de 1880 ordenó al órgano a quo que así se hiciera, devolviéndose las actuaciones a esta Sala para la Audiencia Provincial mediante propuesta de Resolución en la que se decía que “se ha procedido a efectuar la valoración siendo ésta superior a los seis millones de pesetas”, razón por la cual se añadía que debía tenerse por preparado el presente recurso de casación.

2º) No obstante, y a falta de cualquier razonamiento por parte del referido órgano de instancia respecto a lo que había sido objeto de valoración, este Tribunal debe proceder, tal como indica la parte impugnante del recurso, al análisis de tal aspecto entendiendo que lo que interesa a efectos casacionales no es, obviamente, el valor de las fincas a que se refiere el pleito, sino el de las servidumbres que las gravan, las cuales debían ser objeto de valoración a tenor de las reglas indicadas en el art. 489.4 de la mencionada Ley de enjuiciamiento.

Así lo reconoció la propia parte ahora recurrente en su escrito dirigido a la referida A.P. de 2 de mayo de 2000, en el que reconoce la aplicabilidad del art. 489.14 al ejercitar en el caso varias acciones principales (por lo que ha de sumarse el valor de todas ellas) y del 489.4 y 1, todos de la referida Ley procesal, admiten explícitamente que “en las demanda relativas a servidumbres la cuantía será la vigésima parte del valor de los predios dominante y sirviente...” si bien añadiendo que esta valoración debe hacerse de conformidad con los precios de mercado. Por tanto, ambos litigantes están de acuerdo con los parámetros a seguir, excepto en cuanto al número de pretensiones referidas a servidumbres, que el demandado considera que son tres y no dos como postula la parte actora y excepto, claro es, con referencia al valor de las fincas.

3º) Ello considerado, es de ver que los dos peritos designados por insaculación por la Audiencia (fol. 115), es decir, un perito agrícola y un aparejador, reflejan valores suficientemente coincidentes, pues el primero valora la finca del demandante en 26.819.480 pesetas y la del demandado en 8.400.000 pesetas. Lo que arroja un total de 35.219.480 pesetas. El aparejador, por otro lado, las valora, respectivamente, en 25.614.000 pesetas y 8.500.000 pesetas, lo que hace un total de 34.114.999 pesetas. La suma de valoración media de ambas fincas se eleva, pues, a la cantidad de 34.666.740 pesetas, la cual, como bien señala la parte impugnante del recurso, es la que lógicamente, debe tomarse como referencia.

4º) Afirma la parte demandante que ejercita dos acciones relativas a servidumbres, y debido a que su valor, como se ha expresado, debe ser el resultando de la vigésima parte de la mencionada valoración media de ambos predios, hechos los correspondientes cálculos, resulta que debe valorarse cada una de las dos servidumbres en 1.733.337 pesetas, por lo que, en conjunto abarcan la suma total de 3.466.674 pesetas.

C) La parte ahora recurrente entiende que la tercera acción ejercitada, es decir, la referida, literalmente, a que “se condene a D. X a retirar la señal de tráfico colocada en la finca de las demandantes”, también conforma, en realidad, una tercera acción relativa a una servidumbre, en cuanto hace referencia, según se dice, a un uso indebido de un camino.

En cualquier caso, sobra cualquier polémica al respecto, como tampoco cabe entrar en la cuestión que propone la parte impugnante del recurso relativa a constitución de la servidumbre por el precio de 75.000 pesetas, valor que, afirma, sería preferente al obtenido aplicando la mencionada regla de la vigésima parte del valor de las dos fincas, pues el art. 489 de la LEC se refiere a precios por constitución de la servidumbre no anteriores a los últimos cinco años, siendo así que, en el caso, se constituyó la servidumbre el año 1991 y la demanda no se presentó hasta el año 1997, transcurrido, por tanto, el indicado periodo de cinco años.

Y no hace falta entrar en ninguna de estas cuestiones, por los estrictos efectos de valoración que ahora se dilucidan, porque, incluso acogiendo la más favorable de las hipótesis de la parte recurrente, es decir, que la acción de que se trata pudiera considerarse también relativa a una servidumbre, de tal manera que fueran tres y no sólo dos las acciones de tal clase a ponderar, tampoco añadiendo a la cantidad referida de 3.466.674 pesetas (suma de las dos servidumbres) otra vez el importe de 1.733.337 pesetas a que se elevaría esta postulada tercera servidumbre, tampoco se llegaría al mínimo de los seis millones dispuestos por el legislador para el acceso a la casación.

En definitiva, añadiendo a los 5.200.011 pesetas resultado de multiplicar por tres las 1.733.337 pesetas del valor de cada servidumbre las 70.810 pesetas en que las dos partes litigantes valoran pacíficamente la cuarta pretensión ejercitada, o sea, la de indemnización de daños y perjuicios por tal importe, se llegaría, como mucho, a 5.270.821 pesetas, cuantía siempre insuficiente para abrir las puertas casacionales, al no llegar tampoco al lindar mínimo superior a los seis millones, que regula el núm. 1.c del art. 1687 LEC.

Debe concluirse, pues, que por la razón expresada el recurso estaba afectado de causa de inadmisibilidad, que en este momento procesal se convierte en causa de desestimación, no atentando este pronunciamiento contra el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho al recurso, pues tiene dicha abuntante jurisprudencia que tanto se vulnera el mencionado derecho cuando se deniega indebidamente el acceso al recurso como cuando se otorga, también indebidamente, por la disminución que ello último comporta respecto a los principios de seguridad jurídica, legalidad y evitación de dilaciones indebidas.

D) Una vez desestimado el recurso de casación, procede acordar la imposición de las costas a la parte que recurre, conforme a lo que establece el último párrafo del artículo 1715 de la LEC.

Vistos los preceptos legales mencionados y otros de aplicación, La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

 DECIDE

Desestimar el recurso de casación interpuesto por el procurador de los tribunales D. Alberto Inguanzo Tena en representación de D. X contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 27 de diciembre de 1999, en el rollo núm. 1031/1997, derivado del juicio de menor cuantía nº 23/1997 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vic, y confirmar, en consecuencia, íntegramente la resolución mencionada, con la imposición de las costas de esta alzada a la parte que recurre.

Líbrese a la mencionada Audiencia el testimonio de esta Sentencia con las actuaciones originales y el rollo de apelación que fueron remitidos en su día a este Tribunal.

Esta es nuestra sentencia, que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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