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Sentència de 29 de gener de 2001

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

de 29 de gener de 2001 núm. 6/2001(Sala Civil i Penal)

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 
 

 

Presidente:

Excmo. Sr. D. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados:

Ilmo. Sr. D. Antoni Bruguera i Manté

Ilmo. Sr. D. Lluís Puig i Ferriol

 La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha visto el presente recurso extraordinario de revisión formulado ante esta Sala por los hermanos D.ª X, D.ª X2 y D. X3, representados por la procuradora D.ª Mireia Larriba Castel bajo la dirección del letrado D. Pedro Rodríguez Hernández, al amparo de los arts. 1796 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil, respecto a la sentencia firme dictada por el Juzgado de 1ª. Instancia núm. 20 de los de Barcelona, en autos de menor  uantía 218/98-2, de fecha 15 de febrero de 1999, sobre expediente de dominio, seguidos a instancia de D.ª Y y D. Y2, que han estado aquí representados por el procurador D. Alfons Maria Flores i Muxi y defendidos por el letrado D. Francesc Serra i Cantarell.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el referido Juzgado de 1ª. Instancia núm. 20 de Barcelona y en los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 218/98, seguidos a instancia de D.ª Y y D. Y2 contra D. Z, Dª Z2, Z3, y sucesores, ignorados herederos, causahabientes y/o herencia yacente, se dictó Sentencia en fecha 15 de febrero de 1999, cuya parte dispositiva dice: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Sr. Alfonso María Flores Muxi, en nombre y representación de D. Y2 y de D.ª Y. contra Z, Z2, Z3 i sucesores, ignorados herederos, causahabientes y/o herencia yacente, debo declarar y declaro: 1.- La nueva descripción de la finca de la calle de la L. numeros 0 y 0, que se ha transcrito en el párrafo cuarto del antecedentes de hecho primero de esta resolución, por ser ajustada a la realidad actual. 2.- Decaídos y extinguidos, y por tanto cancelables registralmente, los derechos sobre la propiedad de la finca que podían haber tenido los demandados inscritos, los señores Z, Z2 y Z3, por prescripción extintiva y estando estos derechos dominicales cedidos y transferidos con consentimiento y sin oposición, a favor de los que actualmente los ejercitan, como sucesores de sus causantes. 3.- Que los actores Y2 y Y., son los propietarios de pleno dominio y disposición de la finca de la calle XXXXX números XX y XX, por haberla adquirido por prescripción adquisitiva o usucapión, con el uso y disfrute continuado, ininterrumpida y pacíficamente, por ello y por sus causantes, durante más de treinta años y con el carácter de dueños. Con expresa imposición de costas a los demandados”.

 

Segundo. La representación de D.ª X, D.ª X2 y D. X3, mediante  escrito de fecha 6 de junio de 2000 formuló demanda de juicio o recurso extraordinario de revisión, respecto de dicha sentencia firme, amparando la acción revisoria en el art. 1796 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil, que presenta antes del plazo de cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia y dentro de los tres meses desde que los demandantes en este recurso de revisión tuvieran conocimiento de la misma, que fue a razón de la Providencia dictada el 9 de marzo de 2000, notificada el 14 de marzo de 2000, con el que se tuvo por contestada la demanda por la Sra. Y.

 

Tercero. Por providencia de fecha 8 de junio de 2000 de esta Sala se tuvo por presentado el anterior escrito con los documentos y copias acompañados, formándose autos en los que se tuvo por comparecida y parte a la procuradora D.ª Mireia Larriba Castel, en nombre y representación de Dª X, D.ª X2 y D. X3, y por interpuesto recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de que se trataba; quedó unido por testimonio el resguardo del depósito aportado, y se designó ponente.

 Cuarto. Por providencia de 3 de julio de 2000 se acordaba la competencia de esta Sala para conocer de la tramitación y resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto, y admitido el mismo a trámite se acordó reclamar los antecedentes del pleito, que una vez recibidos se unieron a los autos, de conformidad con lo prevenido en el párrafo segundo del art. 1801 de la Ley de enjuiciamiento civil, y se dispuso emplazar a cuantos hubieran litigado en este procedimiento, para que en el término legal de cuarenta días comparecieran en el presente recurso a sostener lo que conviniera al derecho de los mismos. Por providencia de fecha 13 de noviembre de 2000 se tuvo por evacuado en tiempo y forma el trámite de impugnación al recurso de revisión y se recibió a prueba el presente recurso por el término común de veinte días, de conformidad con lo previsto en el artículo 752 de la LEC, formándose los correspondientes ramos separados.

 Quinto. Recibido el incidente a prueba se llevaron a efecto las propuestas y admitidas a las partes, con el resultado que es de ver en los autos.

 Sexto. Finalizado el periodo de prueba y unidas a los autos las practicadas, se acordó traer los mismos a la vista para sentencia, y habiéndose solicitado dentro de plazo la celebración de vista por el demandado en revisión, se señaló para la misma el día 22 de enero de 2001, día en que tuvo lugar, habiendo comparecido la parte recurrente, representada por la procuradora D.ª Mireia Larriba Castel y defendida por el letrado D. José Ignacio García Castillo y la parte recurrida, representada por la procuradora D.ª Virginia Serrano Aries y defendida por el letrado Francesc Serra i Cantarell, con el resultado que es de ver en el acta extendida al efecto.

Ha sido ponente el presidente, Excmo. Sr. D. Guillermo Vidal Andreu

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente recurso de revisión instado por D.ª X, D.ª X2 y D. X3 tiene por objeto la rescisión de la sentencia firme dictada en fecha 15 de febrero de 1999 por la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Barcelona en autos de juicio de menor cuantía núm. 218/98. La demanda de rescisión se funda en el numeral 4º. del art. 1796 de la derogada Ley de enjuiciamiento civil y se basa en que la precitada sentencia fue ganada mediante maquinación fraudulenta por el ardid procesal de señalar en la demanda instauradora de la litis que todos los demandados debían ser citados por Edictos “sin nombrar ni mencionar en ningún momento a la familia Z4., como posibles interesados”, con lo que se consiguió el seguimiento del pleito y el dictado de la sentencia inaudita parte.

La historia de los hechos principales es la siguiente:

Se inicia, efectivamente, en el Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Barcelona, juicio de menor cuantía, con numeración ya reseñada, merced a la demanda de fecha 25 de enero de 1998 presentada por D.ª Y y D. Y2 La demanda instaba la declaración de que los demandantes eran propietarios, al haberla adquirido por usucapión, de la finca sita en L., calle L, núms. XXXXX, y la de que quedaban decaídos y extinguidos por prescripción extintiva los derechos que sobre la finca pudieran haber tenido D. Z, D.ª Z2 y D. Z3 En la demanda se hacía constar que la acción se dirigía contra los sucesores de las personas precedentemente citadas, cuya identidad, circunstancias y domicilios se ignoraban, como también contra todas aquellas personas que pudieran acreditar o tener algún derecho, cuya identidad, circunstancias y domicilios también se ignoraban, solicitándose que fueran citadas todas por edictos. El edicto aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 16 de abril de 1998, y mediante Providencia de fecha 29 de mayo siguiente se declara a los demandados en rebeldía, con las consecuencias procesales correspondientes. En fecha 15 de febrero de 1999, como se ha dicho, se dicta sentencia que estima íntegramente la demanda y que es notificada también por edictos en el Boletín de la Provincia el 8 de abril del mismo año. Se declara firme el 26 de mayo siguiente.

Por otra parte, D.ª X, D.ª X2 y D. X3 presentan ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido sobre la finca sita en L., calle L, núm. XXXXX, mediante demanda de fecha 14 de diciembre de 1999. En la demanda se dice que los actores son herederos únicos y universales de D. Z4. (fallecido el 2 de enero de 1991), en virtud de declaración judicial contenida en Auto de 27 de abril de 1999, dictado en el expediente núm. 546/98 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Barcelona, habiéndose inventariado, aceptado y adjudicado la herencia en acta notarial de 19 de mayo del mismo año. Por cierto, en dicho Auto (razonamiento jurídico cuarto) se constata la utilización indistinta por la familia de los apellidos Z4. En fecha 9 de mayo de 2000 se dicta Auto en el procedimiento 803/99, de reanudación del tracto sucesivo, desestimatorio de las pretensiones de los actores por mor de la existencia de la sentencia firme recaída en el juicio de menor cuantía arriba expresado, consignándose al final del razonamiento jurídico único: “No se hace expresa condena en costas al advertirse que los actores, de no haber existido la sentencia donde se les condenó en rebeldía, hubieran tenido derecho a la reanudación del tracto sucesivo. Se advierte una cierta mala fe procesal por parte de los demandados que obtuvieron el reconocimiento de su título que desbarata el de los actores en un procedimiento en que no fueron emplazados personalmente los hermanos Z, Z2, Z3, a pesar de que la Sra. Y. conocía de su existencia como ha quedado probado en autos”.

El indicado Auto fue notificado el 15 de mayo de 2000.

 Segundo. Una serie de consideraciones son precisas antes de entrar en el examen concreto de la cuestión planteada.

Como es sabido, el recurso de revisión que se regulaba en los arts. 1796 a 1810 de la derogada LEC, y que hoy se contempla en los arts. 509 a 516 de la nueva, se configura como un remedio excepcional de revisión de las sentencias firmes —en plazo determinado y por causas tasadas— constituyendo un elemento de tensión entre el principio de seguridad jurídica (firmeza de las resoluciones / cosa juzgada material) y el de justicia y que se inclina en favor de ésta como valor inmanente en las decisiones judiciales.

Pues bien, uno de los supuestos más típicos y que se produce con mayor frecuencia en los tribunales, como se decía en la Sentencia de esta propia Sala de 17 de julio de 1997, es el de la invocación de la maquinación fraudulenta y, más en concreto, la consistente en la ocultación fraudulenta del domicilio de los demandados con el fin de conseguir que los mismos no concozcan la interposición del pleito; causa ésta que, específicamente prevista en el ordinal 4º. del art. 1796 de la antigua LEC (4º. también del 510 de la actual), es alegada ahora por los recurrentes.

La causa supone el correcto entablamiento de la relación jurídico-procesal y el cumplimiento efectivo de los principios de audiencia y contradicción, condiciones necesarias para lograr la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos, constitucionalmente consagrada.

Al respecto tiene dicho nuestro Tribunal Constitucional: “El artículo 24.1 C.E., en efecto, en el amplio ámbito de la tutela judicial efectiva, no sólo comprende el derecho de acceso al proceso y a los recursos y con ello al uso de los instrumentos legales y procesales que las leyes prevén, sino también el derecho de audiencia bilateral configurado por el principio de contradicción, el cual se convertiría en inútil e imposible sin el deber judicial previo de garantizar esa audiencia (medio, en definitiva, de defensa) mediante las oportunas citaciones y notificaciones señaladas por la ley procesal, ley que, en su concepción más amplia, no rituaria, no consiste sino en un gran sistema de garantías, no de mero contenido formal” y añade: “Y la doctrina de este Tribunal Constitucional se ha convertido en reiterada en materia análoga, al conceder amparo constitucional en los supuestos de inadecuado emplazamiento, señalándose la preferencia del personal frente al edictal, con el fin de dar mayor seguridad al ligante en su derecho de audiencia (STC. 48/1986, de 23 de abril) siempre que sea conocido el emplazamiento o consten sus circunstancias en autos” (Sentencia 114/1986, de 2 de octubre). También la Sentencia de 24 de febrero de 1997 expresa que: “la citación o el emplazamiento hecho en edictos, cuya recepción por el destinatario del llamamiento judicial no puede ser demostrada, ha de entenderse necesariamente como un último y supletorio remedio al que sólo cabe acudir cuando efectivamente el domicilio no fuere conocido (SSTC 97/92 y 193/93, entre otras), siendo en principio compatible con el art. 24.1 de la C.E. (STC 97/92) siempre y cuando se llegue a la convicción razonable o a la certeza del hecho que le sirve de factor desencadenante, no ser localizable el demandado, a cuyo fin la oficina judicial ha de agotar las gestiones en averiguación del paradero por los medios normales a su alcance”.

En igual sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo (en sus sentencias de 25 de agosto de 1990, 30 de junio de 1993, 13 de diciembre de 1994, 30 de julio y 11 de octubre de 1996, 8 de septiembre y 24 de noviembre de 1999, por ejemplo), que, en sede ya de recurso de revisión, encaja en el concepto legal de maquinación fraudulenta todo aquel artificio o ardid encaminado a trasladar al órgano judicial el desconocimiento del lugar en que ha de ser citado y emplazado el demandado, consiguiendo así la ausencia de éste en el proceso y el éxito de la acción planteada.

Esta amplia doctrina jurisprudencial es seguida sin fisuras por esta propia Sala, como lo demuestran las sentencias de fechas 24 de octubre de 1994, 26 de mayo y 17 de julio de 1997 y 30 de octubre de 1998, entre muchas otras. Quizás por ello, la nueva LEC, en su articulo 156, obliga ya al órgano jurisdiccional a realizar toda clase de investigaciones en orden a averiguar el domicilio o residencia del demandado, cuando el mismo no constare expresamente, y admite la citación edictal sólo en el caso de que tales averiguaciones no hayan tenido éxito (art. 164). En cualquier caso, y como es obvio al tratarse —cual se ha dicho— de un remedio excepcional que ataca frontalmente la ejecutividad de las sentencias firmes, se exige una cumplida e irrefutable prueba de la existencia de esta maquinación y del nexo causal eficiente entre el proceder malicioso y el éxito del pronunciamiento judicial (sentencias del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1990, 18 de diciembre de 1992, 30 de junio y 12 de julio de 1993, 13 de diciembre de 1994, etc.).

 Tercero. En el caso sometido hoy a la consideración del Tribunal hay un hecho evidente: en el juicio de menor cuantía núm. 218/98 recayó sentencia estimatoria de las pretensiones de los demandantes en rebeldía de los demandados, esto es, sin audiencia y contradicción de los ignorados herederos de quienes tenían inscrito su derecho de propiedad (en la forma que describe el Registro); y hay otro hecho innegable: quienes se titulan tales herederos iniciaron después, fallecido su pariente ocupante de parte de la finca y una vez obtenida la declaración de herederos y aceptada la herencia, una acción para reanudar el tracto sucesivo interrumpido en el Registro de la Propiedad.

La prueba paracticada ante esta Sala, a fin de averiguar la existencia de una denunciada maquinación consistente en la ocultación dolosa y fraudulenta del conocimiento por parte de los actores de aquel primer procedimiento de los herederos de los demandados (consistente en la confesión en juicio de los recurridos y en la aportación de los dos litigios a que constantemente se ha aludido) deviene materialmente imposible o, al menos, fracasada, toda vez que de la documentación procesal aportada se constata con facilidad que el inicio de la acción de declaración de propiedad de la finca por usucapión se produjo en fecha 25 de enero de 1998 (fecha de la presentación de la demanda de juicio de menor cuantía, o, en su caso, el 26 de marzo del mismo año, fecha de su admisión) mientras que la aceptación de la herencia tuvo lugar, ante notario, el 19 de mayo del año siguiente (y la declaración judicial de herederos, el 27 de abril anterior). Mal podían, pues, conocer los demandantes, al entablar la acción, quiénes, en concreto, eran los herederos de los demandados.

Mas, nótese que la demanda no sólo va dirigida contra aquéllos, sino que, además, como ya se ha indicado, se dirige contra “las ignoradas personas que podrían acreditar o tener algún derecho”. Precisamente la existencia del Sr. Z4, causahabiente de los hoy recurrentes, así como su ocupación y la de sus ascendientes de parte del inmueble, aletea en todos los procesos judiciales. En la propia demanda del juicio de menor cuantía cuya rescisión se pretende puede leerse: “Però s’ha de fer constar que unes habitacions de la part de davant del carrer de la XXXX, número XX, a la dreta de l’escala d’accés al pis, havian estat ocupades pel senyor Z6.; a la seva mort, pel seu fill Z5 i després pel fill d´aquest el senyor Z4, que va morir l’any 1991 sense successió. Aquests senyors es dedicaven a fer treballs de pintura i paleta i prestaven serveis ocasionals per a l’empresa del senyors Y. i Y2. canvi d’això se’ls cedia l’estada. No havien pagat mai cap renda o retribució per l’ocupació d’aquestes habitacions, que s’ha de considerar a tots els efectes que era a precari.

I tampoc havien pagat mai els senyors Z, Z2, Z3. cap impost, taxa o prestació de cap mena. Amb la mort del senyor X4. L’any 1991 aquestes habitacions o estatges han tornat a quedar a disposició plena dels senyors Y., Y2., que han tornat a dedicar-les a una ampliació del seus magatzems”. De la confesión rendida por D.ª Y en el procedimiento de expediente de dominio y reanudación de tracto sucesivo, se desprende que la confesante conocía perfectamente tanto la existencia de D. Z4. y de sus padres, como la ocupación por los mismos de parte del inmueble cuya propiedad por usucapión reclamó en su día, así como la presencia de un pequeño estudio de pintor en la planta baja de la calle L, núm. 0, conociendo a la familia del Sr. Z4. con ocasión de su enfermedad y posterior muerte (contestación a las preguntas 1.ª a 4.ª, 17.ª y 18.ª); conclusiones a las que también ha de llegarse tras la confesión prestada en este mismo recurso de revisión (posiciones 1.ª a 4.ª, 11.ª y 13.ª). Todo lo cual no deja de ser lógico si se observa que la finca sita en los núms. XX de la calle XXXX de L. constaba de una única escalera común que servía de distribuidor (posiciones 3.ª, 5.ª y 6.ª de las absueltas ante esta Sala).

Uniendo ahora cuanto se ha dicho, puede llegarse a las siguientes consideraciones:

1º) Los Sres. Y, Y2. entablan en su día una acción de declaración de dominio por usucapión, sobre la base de haber poseído contra tabulas por lo menos desde el año 1920, quieta, pacífica, ininterrumpidamente y a título de dueños, la finca sita en L., calle XXXX, núms. XX XX.

2º) Dicha acción se dirige contra los ignorados herederos de los titulares inscritos en el Registro y contra los ignorados titulares de derechos contradictorios.

3º) El pleito se gana en rebeldía de los demandados.

4º) La finca antedicha tiene una escalera común que distribuye las viviendas.

5º) Parte de la finca es habitada hasta el año 1991 por D. Z4 y, con anterioridad, por sus padres y por sus abuelos, calificados todos ellos de precaristas por los actores.

6º) Los actores de aquel primer procedimiento conocían la existencia de parientes de D. Z4.

7º) Precisamente éstos, que son declarados herederos de aquél, inician luego un expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido en el Registro de la Propiedad, considerándose, pues, propietarios de la finca de la calle XXXX, núm. XX.

En conclusión:

La propia esencia de un procedimiento declarativo de la propiedad por posesión temporal a título de dueño, conociendo que parte de la finca venía siendo ocupada desde tiempo antiguo por otra familia, que incluso es posible que pudiera alegar el mismo derecho, exigía una mínima actividad inquisitoria sobre la existencia de parientes del último integrante de la misma, una vez que se inicia la acción precisamente tras su fallecimiento (recordemos que la posesión se data ya del año 1920); actividad, además, que en absoluto había de resultar difícil a los actores cuando conocían esta existencia e incluso habían llegado a su contacto cuando aquel convecino enfermó y murió. No se hizo así, no se desplegó la más mínima diligencia, no se trasladó aquel conocimiento al órgano jurisdiccional y, en suma, se optó por el cómodo instrumento de la citación ficta que aseguraba el éxito pretensional. Y este es el caso —típico— de un artificio procesal que impide la correcta instauración de la litis y que lesiona los principios de audiencia y contradicción, que son las bases fundamentales de un juicio justo.

De otra parte, la legitimación y el interés de los recurrentes queda patente cuando la resolución judicial que pone término al expediente de dominio por ellos intentado expresa, como se ha dicho: ” ...de no haber existido la sentencia donde se les condenó en rebeldía, hubieran tenido derecho a la reanudación del tracto sucesivo", nexo causal eficiente, exigido —como también se ha dicho— jurisprudencialmente.

La tutela judicial efectiva impone remediar la frustrante situación de los recurrentes y permitir su defensa procesal en términos de igualdad, lo que rectamente conduce a la estimación del recurso planteado.

Cuarto. No apreciándose temeridad ni mala fe en la oposición al recurso, no se hará expresa imposición de las costas causadas, debiendo acordarse la devolución del depósito constituido.

Por lo expuesto,

 

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos el recurso de revisión planteado por la procuradora de los Tribunales D.ª Mireia Larriba Castel, en representación procesal de D.ª X, D.ª X2 y D. X3, y, en consecuencia, rescindimos totalmente la Sentencia firme de fecha 15 de febrero de 1999 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Barcelona en autos de juicio de menor cuantía núm. 218/98, instados por D.ª Y y D. Y2 contra sucesores de D. Z, D.ª Z2 y D. Z3 y contra las ignoradas personas que podrían acreditar o tener algún derecho sobre la finca sita en L., calle XXXX, núms. XX XX; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas y con devolución del depósito en su día constituido.

Expídase testimonio de la presente, devolviendo los autos al Juzgado de Primera Instancia de su procedencia, a fin de que las partes puedan usar de su derecho, según les convenga, en el juicio que corresponda.

Notifíquese la resolución a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso.

Así por ésta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

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