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Sentència de 9 d'octubre de 2000

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 9 d’octubre de 2000, núm.
18/2000 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 
  

 

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados:

Ilma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Ilmo. Sr. Lluís Puig i Ferriol

 

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados expresados al margen, ha visto el recurso de casación núm. 22/2000, interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Tremp. Dicho recurso fue interpuesto por X1, representado por la procuradora P. G. M. y defendido por el letrado J. C. T., contra Y1, representado por la procuradora R. V. I. y defendido por el letrado U. F.

 

 ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procurador de los tribunales A. S. S., actuando en nombre y representación de X1, formuló la demanda del juicio declarativo de menor cuantía núm. 131/1998 del Juzgado de Primera Instancia de Tremp contra Y1 Previos los trámites legales, el juzgado indicado dictó con fecha 13 de mayo de 1999 una sentencia cuyo fallo dice lo siguiente: «Fallo: que, desestimando la demanda interpuesta por el procurador A. S. S., en representación de X1, contra Y1, debo absolver y absuelvo a éste de las pretensiones deducidas en su contra en la demanda, con imposición a la demandante de las costas de esta instancia.

»Contra esta sentencia cabe interponer ante el juez de este juzgado un recurso de apelación en ambos efectos en el plazo de cinco días, contados a partir de su notificación ante el Tribunal Superior.»

Segundo. Contra la sentencia anterior, la representación de X1 formuló un recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida dictó con fecha 3 de noviembre de 1999 una sentencia cuyo fallo es: «Fallamos: que, desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de X1 contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Tremp en los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 131/1998, confirmamos la misma, con expresa condena a pagar las costas de esta alzada al apelante.»

Tercero. Contra dicha sentencia, la procuradora P. G. M., en representación de X1, formuló un recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

1. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico para resolver las cuestiones objeto de debate, del art. 1692.4 de la LEC. En concreto, infracción por inaplicación del art. 1225 del Código civil.

2. Infracción por inaplicación, en concreto, de los artículos 245 a 247 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña de 21 de julio de 1960, en relación con el art. 620 del Código civil.

3. Infracción por inaplicación del art. 1256 del Código civil.

4. Infracción por inaplicación de los artículos 1285 y concordantes del Código civil.

Cuarto. Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para la votación y el fallo del presente procedimiento el pasado día 14 de septiembre de 2000, fecha en que dichos actos tuvieron lugar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Los hechos básicos e indiscutidos sobre los que se asienta el presente litigio son los siguientes:

En fecha 20 de septiembre de 1935 el padre del actor, el señor Z, otorgó una escritura de compraventa en favor de su hermana K y de su sobrina, hija de ésta, W, que adquirieron por mitad y pro indiviso, de una parte que segregaba de la finca total de su propiedad llamada M, en concreto el «piso situado a la derecha entrando de dicha casa y en el piso alto», piso primero, puerta segunda, de 69 metros cuadrados, por un precio confesado de dos mil pesetas.

En la mentada escritura se consignaron dos cláusulas, fundamentales a los efectos de decidir la cuestión litigiosa:

«Cuarta. K y W aceptan esta venta y la finca que adquieren en virtud de la misma, y establecen a favor del vendedor el derecho de adquirir nuevamente el piso vendido por el precio de dos mil pesetas, o sea, el mismo por el que se realiza la presente, siempre que pretendan enajenarlo las vendedoras o una sola de ellas, sea cual fuere el titular y el precio, si lo hubiere, por el que se pretenda la enajenación o venta.

»Quinta. Disponen las propias K y W que, al fallecimiento de una de ellas, pase la parte que a la misma corresponde en la finca objeto de esta escritura, a la sobreviviente, en plena propiedad, haciéndose en consecuencia recíproca donación de la misma para después de su muerte; y, por fallecimiento de ambas sin hijos ni descendientes, o con tales que no lleguen a la edad de testar, quieren que se entienda donada para entonces la repetida finca al vendedor W, quien podrá disponer libremente de ella; y, en defecto de éste, a sus herederos.»

La finca total M perteneció a la familia del actor al menos desde cinco generaciones anteriores y fue transmitiéndose siempre por vía sucesoria. El actor adquirió la propiedad al morir su padre, Z, el 16 de julio de 1938 y ser declarado heredero ab intestato por el auto de 2 de junio de 1939. La plenitud del dominio se consolidó al cancelarse los usufructos que gravaban la finca en favor de su madre, E, y de su tía, F.

En cuanto al piso primero, planta segunda, objeto del presente litigio, resulta que ambas titulares, en sendos testamentos otorgados el 26 de septiembre de 1970, revocaron expresamente «la donación mortis causa» —dicen— contenida en la cláusula quinta de la escritura de 20 de septiembre de 1935. K instituyó heredera a su hija, W, y ésta instituyó heredero a su marido.

K falleció el 27 de febrero de 1972 y W falleció el 20 de agosto de 1982. K otorgó testamento en fecha 15 de diciembre de 1997 y legó a su sobrino, el hoy demandado, Y1, el piso en cuestión, y falleció posteriormente, el 21 de marzo de 1998.

La parte instauradora del presente litigio, X1, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tremp una demanda instando la nulidad de las revocaciones de la donación calificada de mortis causa, así como la de las subsiguientes transmisiones e inscripciones registrales, e instando, también y consecuentemente, la declaración de vigencia de la cláusula quinta de la escritura de 1935, por la que, fallecidas las compradoras sin descendencia, la finca debía pasar a los herederos —en este caso— de Z , o sea, al actor. En fecha 13 de mayo de 1999 la primera instancia dictó una sentencia desestimatoria de estas pretensiones y, apelada la misma, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida dictó una segunda sentencia confirmatoria de la anterior.

Segundo. En definitiva, según se desprende de lo expuesto, se trata de la interpretación de una cláusula contractual que va a tener una importancia trascendental en el devenir histórico-transmisivo de la finca en cuestión.

La juez de primera instancia del Juzgado de Tremp, que dictó la primera sentencia, estimó que nos hallábamos ante una donación mortis causa. Esta naturaleza resultaba evidente —a su entender— tanto de la letra como del espíritu de la cláusula en cuestión. Y con ello, la donación resultaba esencialmente revocable, de conformidad con los artículos 247 de la compilación catalana, 396 del Código de sucesiones y 620 y concordantes del Código civil. Tras analizar la naturaleza jurídica de las donaciones mortis causa y las donaciones inter vivos post mortem, la Audiencia de Lérida llegó a esta misma conclusión y concluyó, respecto a la claúsula revocada por las compradoras, que: «[...] no puede calificarse sino como donación mortis causa, en cuanto fue hecha en consideración a la muerte y para producir efectos entonces, pero sin ánimo de quedar privadas de la vivienda ni de su libre disposición en vida. Por ello, esencialmenre revocable [...].»

Tercero. El recurso de casación que se entabla contra esta última sentencia viene concretado en cuatro motivos, precedidos por una extensa exposición de los hechos que no altera en nada lo reseñado hasta ahora. El primer motivo del recurso se vehicula a través del art. 1692.4 de la Ley de enjuiciamiento civil, «por infracción por inaplicación de las normas del ordenamiento jurídico para resolver las cuestiones objeto de debate y, en concreto, por infracción por inaplicación del art. 1255 del Código civil».

Para explicar el motivo, la parte recurrente expone toda su particular teoría sobre la naturaleza jurídica de la cláusula en cuestión, alejada, obviamente, del planteamiento de donación mortis causa que hacen las dos sentencias de instancia. Pero, como es lógico, no menciona en parte alguna el sentido o alcance de la inaplicación del art. 1255 del Código civil, el porqué entiende que debería haberse aplicado, en qué aspecto —de los varios que contiene— debería haber sido aplicado y en qué le perjudica su inaplicación. Y decimos que es lógico que no lo mencione porque, en su generalidad, el art. 1255 no hace sino consagrar en nuestro derecho civil el principio de libertad de pacto, el principio de autonomía de la voluntad de las partes en la contratación, y este principio, evidentemente, no ha sido cuestionado por nadie.

El error en la calificación jurídica de una cláusula contractual —verdadero núcleo de la cuestión planteada — no puede atacarse en casación mediante la simple cita del art. 1255 del Código civil, porque ni la sentencia ha dicho que la misma fuera contraria a la ley, a la moral o al orden público, ni así lo ha pedido la parte, ni así, en definitiva, lo solicita aquí el recurrente.

La simple cita en casación de un precepto tan genérico como el 1255 del Código civil es un verdadero ejercicio de confusión jurídica, incompatible con el marco de un recurso extraordinario como el presente (en tal sentido y referentes a preceptos generales, sentencias de 31 de diciembre de 1993 y 30 de diciembre de 1994).

El motivo ha de ser, por tanto, desestimado.

Cuarto. Igual senda desestimatoria debe seguir el segundo de los motivos casacionales. El motivo se expresa así: «Infracción por inaplicación en concreto de los artículos 245 a 247 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña de 21 de julio de 1960, en relación con el art. 620 del Código civil. Y, en concreto, la necesidad de testamento para otorgarlas.»

Eso es todo lo que dice el motivo.

Aún contando con el principio iura novit curia, parece que la cortesía casacional exigía alguna explicación del motivo, a menos que el propio recurrente fuera consciente de la inutilidad de su invocación, pero en este caso la buena fe procesal le impedía esa invocación.

Obligación insoslayable de todo recurso de casación es expresar clara y fundadamente en qué ha consistido la aplicación indebida o errónea de un precepto de la ley (sentencias de 23 de marzo de 1992 y de 4 de enero, 5 de abril y 9 de diciembre de 1994). Y, con mayor razón, cuando no se invoca un solo precepto, sino tres, como en este caso, de contenido bien diverso.

En cualquier caso, si, como parece deducirse del segundo párrafo del motivo casacional, lo que alega el recurrente es la necesidad de que las donaciones por causa de muerte revistan la forma de testamento (lo que en derecho común es mantenido por algún sector doctrinal con base a lo dispuesto en el art. 620 del Código civil), debe afirmarse de inmediato que ninguno de los preceptos que cita avala su tesis; antes bien, el art. 246 de la Compilación parte de una postura contraria y exige la aceptación del donatario con capacidad o la de sus representantes legales (disposición que se mantiene en el art. 394 del Código de sucesiones), configurándose aquellas donaciones por la doctrina catalana como un negocio jurídico bilateral en el que confluyen las voluntades de donante y donatario. Es más, según el texto de los artículos citados, siendo mayor de edad el donante ni siquiera es exigible la escritura pública.

El motivo, por todo, debe ser rechazado.

Quinto. El recurrente invoca como tecer motivo la infracción por inaplicación del art. 1256 del Código civil.

Nuevamente, revela una técnica casacional reprochable. Primero, por no determinar el cauce procesal a través del cual vehicula el motivo, en contra de lo que enseña una larga y consolidada doctrina jurisprudencial (ejemplos: sentencias de 13 de diciembre de 1993 y de 6 de abril y 6 de mayo de 1994), aunque la Sala pueda intuir que se impetra la aplicación del art. 1692.4 de la LEC. Segundo, porque de nuevo se invoca un precepto genérico, incompatible con la concreción casacional a menos que se evidencie el vicio contractual que se denuncia, lo que no es el caso (sentencia citada de 30 de diciembre de 1994).

Además, en este motivo el recurrente incurre en el defecto de hacer supuesto de la cuestión, frente a una abundantísima doctrina jurisprudencial que lo veda (sentencias de 4 de noviembre, 19 de diciembre de 1994 y 27 y 31 de enero de 1955). El recurrente, en efecto, afirma en la explicación del motivo que, de seguir la tesis patrocinada por la sentencia que se combate, se dejaría el cumplimiento del contrato al arbitrio de uno de los contratantes, con infracción de lo dispuesto en el art. 1256 del Código civil.

Aquí, contrariamente a lo que dice el recurrente, no se ha dejado el cumplimiento del contrato al arbitrio de las compradoras. Aquí se ha dicho, en las dos sentencias de instancia, que estábamos ante una donación por causa de muerte, y estas donaciones son esencialmente revocables, y son esencialmente revocables no porque lo quieran las partes, sino porque lo dice la ley (artículos 247 de la Compilación y 396 del Código de sucesiones).

No ha habido, por tanto, infracción del art. 1256 del Código civil y el motivo ha de ser desestimado.

Sexto. Distinta suerte ha de correr el último de los motivos, aunque deba integrarse por esta sala —sin merma alguna de los derechos de defensa de la otra parte (sentencias de 3 de diciembre de 1991, 25 de junio y 20 de octubre de 1992 y 10 de noviembre y 3 de diciembre de 1994)— con facilidad en el ordinal cuarto del art. 1692 de la LEC, en cuanto estima la infracción por inaplicación del art. 1285 del Código civil.

Explica el recurrente que «la estipulación quinta forma parte del clausulado de aquella compraventa de 1935 y no puede ser interpretada de otra manera que tomando en cuenta el conjunto de todas las cláusulas». En efecto, el art. 1285 que se dice infringido expresa que «las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas con las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas».

La sentencia de instancia contempla la cláusula contractual discutida de una forma excesivamente simple y esquematizada. La sentencia razona que de la lectura de la misma se deduce su condición de donación que ha de surtir efectos a la muerte del donante, porque madre e hija se comprometen a la donación —recíproca — al fallecimiento de la otra, con lo que, en vida, conservan la libre disponibilidad del bien. Con esto se concluye que la donación es mortis causa y, por ende, revocable. Con este razonamiento, sin embargo, sólo se agota una parte de una de las cláusulas de un contrato total de compraventa. La interpretación ha de ser, por fuerza, más expansiva e integradora. Porque, así como un precepto no puede aislarse de un contexto normativo, tampoco una cláusula puede ser aislada de un texto contractual, principios que la doctrina, yendo incluso más allá, ha aplicado a los contratos conexos (de compraventa acompañados de crédito de financiación, operaciones de leasing financiero, contratos relativos a la construcción y enajenación de bienes inmuebles, etc.). Debe darse, pues, una interpretación conjunta y sistemática a todo el clausulado contractual para averiguar el sentido de una cláusula dudosa y cuestionada.

Y por este camino debe tenerse en cuenta que el contrato de compraventa escriturado el 20 de septiembre de 1935 recae sobre una parte del inmueble que, según los hechos indiscutidos, ha pertenecido desde cinco generaciones anteriores a la familia del vendedor; que la intención de éste era, pues, que el bien no saliera de ese núcleo familiar; que tal intención se manifiesta claramente en la cláusula cuarta del contrato cuando se limita la facultad de disponer de las compradoras en favor de terceros, y que, finalmente, tal intención se reafirma en la cláusula quinta cuando se conviene que se entenderá donada la finca al vendedor —o a sus herederos— si las donatarias fallecen sin descendencia.

Todo este conjunto contractual evidencia unas relaciones complejas presididas, en suma, por el deseo reversional del vendedor, aceptado por las compradoras al suscribir el contrato. Se trata, pues, de un contrato de compraventa en el que se superpone un pacto de reversión, y no de retroventa, a modo análogo a lo que prevén el art. 641 del Código civil para las donaciones con cláusula de reversión y el art. 341 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña.

Las donaciones por causa de muerte, que la mayor parte de la doctrina civilista española entiende suprimidas en el derecho común por mor, como se ha dicho, de la disposición contenida en el art. 620 del Código civil, subsisten en el derecho catalán y son reguladas en los artículos 392 a 396 del Código de sucesiones, y que antes venían reguladas en los artículos 245 a 247 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña. En ambos textos aparecen como formas de sucesión, reguladas en ésta en el título tercero del libro segundo, dedicado a las sucesiones, y en el Código, en su título sexto. Son, pues, disposiciones que participan de la naturaleza de las mortis causa en la medida en que la muerte aparece como elemento estructural de la donación (la muerte del donante es condición de eficacia), pero que se consolidan en su especialidad al tratarse de actos bilaterales y sin proyección de universalidad (artículos 245 de la Compilación y 392 del Código de sucesiones). Las donaciones por causa de muerte son esencialmente revocables y quedan siempre sin efecto si el donante enajena o lega los bienes donados (artículos 247 de la Compilación y 396 del Código de sucesiones).

No hay, en consecuencia, donación mortis causa en el caso de los autos. En primer lugar, porque la revocabilidad esencial de esas donaciones frustraría el fin perseguido claramente por el contrato. Y, en segundo lugar, porque no hay siquiera libre disponibilidad inter vivos de los bienes transmitidos (cláusula cuarta del contrato de compraventa).

Este motivo del recurso debe ser, pues, estimado, en cuanto se ha detectado, por la exégesis integral del contrato (art. 1285 del Código civil), un error manifiesto en la calificación jurídica del negocio que dio base a unas transmisiones posteriores de la finca en cuestión. Por tanto, debe restablecerse la situación de la misma hasta conseguir el fin convenido por los causantes de quienes ahora litigan.

Séptimo. Dado que el recurso de casación se estima, se condenará a los litigantes a pagar por mitad las costas comunes causadas y a cada parte a satisfacer las propias, en ambas instancias y en este recurso, de conformidad con lo que dispone el art. 1715.2 de la LEC.

Por lo expuesto,

FALLAMOS 

Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la procuradora de los tribunales P. G. M., en nombre y representación de X1, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida en fecha 3 de noviembre de 1999 en el rollo de apelación núm. 271/1999, procedente del juicio de menor cuantía núm. 131/1998 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tremp. En consecuencia, estimamos íntegramente la demanda interpuesta por el mismo recurrente y en virtud de esta decisión se declara:

1. La nulidad plena y absoluta de la revocación de las llamadas donaciones mortis causa otorgadas por K en su último testamento a favor de su hija W y de Z, contenidas en la estipulación quinta de la escritura de compraventa otorgada por Z como vendedor y en la que constan como compradoras K y W, escritura pública autorizada el 20 de septiembre de 1935 por el notario de L J. C. P., escritura que constituye la núm. 248 del protocolo de dicho notario y cuyo contenido consta literalmente en la estipulación quinta del documento núm. 1 de esta demanda.

2. La nulidad plena y absoluta de las inscripciones registrales, que serán canceladas, a que hubiere dado lugar en el Registro de la Propiedad de Tremp aquella revocación y, especialmente, de la parte final de la inscripción novena que la afecta, que titula a nombre de W parte de la finca registral núm. 000, tomo 000, libro 00, de L, folios 00 y s. 3. La validez y fuerza de obligar entre las partes de la estipulación quinta de la escritura pública de compraventa reseñada en el primer pedimento y constante en el documento núm. 1 de la demanda.

4. La nulidad plena y absoluta de la revocación de las llamadas donaciones mortis causa otorgadas por W en su último testamento a favor de su madre, K, y de Z, contenidas en la estipulación quinta de la escritura de compraventa otorgada como vendedor por Z y W, autorizada el 20 de septiembre de 1935 por el notario de L J. C. P., escritura que constituye la núm. 248 del protocolo de dicho notario y cuyo contenido consta literalmente en la estipulación quinta del documento núm. 1 de la demanda.

5. La nulidad plena y absoluta de las inscripciones registrales, que serán canceladas, a que hubiere dado lugar en el Registro de la Propiedad de Tremp aquella revocación y, especialmente, de la inscripción décima, que titula a nombre de K, parte de la finca registral núm. 000, tomo 000, libro 00, de L, folios 00 y s.

6. La validez y fuerza de obligar entre las partes de la estipulación quinta de la escritura pública de compraventa reseñada en el primer pedimento y constante en el documento núm. 1 de la demanda.

7. La nulidad plena y absoluta del heredamiento realizado a favor de G como consecuencia del fallecimiento de su esposa, W, respecto al piso descrito en el hecho primero de la demanda, así como la de cualquier transmisión por herencia que dicho señor  haya podido realizar de aquel piso (parte de la registral núm. 000) a favor del demandado Y1, o a favor de otros herederos ignorados.

8. Que el demandado Y1, en su condición de heredero, o aquel que resulte ser el heredero de G, tiene la obligación de revertir la propiedad del piso total descrito en el hecho primero de la demanda a X1, en su calidad de heredero único de Z, por haberse cumplido el condicionado de la cláusula quinta de la escritura de 20 de septiembre de 1935, reflejada en el documento núm. 1 de la demanda.

9. La obligación de G de otorgar escritura pública ante notario a favor del actor sin pagar otro precio que el cumplimiento de la antedicha estipulación quinta, bajo el apercibimiento de que en caso de negativa se realizará en este juzgado en ejecución de sentencia y a su costa, salvo los gastos del notario autorizante, los impuestos y los derechos de inscripción en el Registro de la Propiedad de L2.

Cada parte pagará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, en las dos instancias y en esta casación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y remítanse el rollo de apelación y las actuaciones originales a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida.

Así, por ésta, lo pronunciamos, lo mandamos y lo firmamos.

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados:

Ilma. Sra. Núria Bassols Muntada

Ilmo. Sr. Lluís Puig i Ferriol

 

Dada cuenta. Únase el anterior escrito de la procuradora P. G. M. y dése traslado del mismo a la otra parte.

 HECHOS

 

Único. En el recurso de casación núm. 22/2000 se dictó en fecha 9 de octubre actual una sentencia por la que se estimaba el recurso de casación interpuesto por la procuradora de los tribunales P. G. M., en nombre y representación de X1 La mencionada procuradora, en un escrito de fecha 16 de octubre, solicitó que se rectificaran los dos errores mecanográficos cometidos en el fallo de la sentencia mencionada. Uno de ellos, en la declaración novena del fallo, decía «la obligación de G de otorgar escritura pública [...]», cuando debería decir «la obligación de Y1 de otorgar escritura pública [...]». El segundo error mecanográfico, en la declaración cuarta del fallo, decía «[...] como vendedor Z y W», cuando debería decir «[...] como vendedor Z y como compradoras K y W».

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu.

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

 

Único. Conforme previene el art. 267.2 de la Ley orgánica del poder judicial, los errores manifiestos y aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento. Y, habiéndose cometido dos errores mecanográficos en el fallo de la sentencia en el sentido anteriormente explicado en el hecho único de este auto, dicha sentencia deberá ser rectificada.

PARTE DISPOSITIVA

 

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho: se rectifica el error mecanográfico cometido en la sentencia dictada en el presente procedimiento en fecha 9 de octubre de 2000, en el sentido de hacer constar en la declaración novena del fallo «la obligación de Y1 de otorgar escritura pública [...]», y no «la obligación de K de otorgar escritura pública [...]», como así se había hecho constar. Y en la declaración cuarta del fallo deberá constar «[...] como vendedor Z y como compradoras K y W», y no «[...] como vendedor Z y W», que era como así constaba.

Así lo acuerda la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo firman los magistrados expresados en el margen que la componen.

 

 

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