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Sentència de 19 de juny de 2000

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 19 de juny de 2000, núm.
13/2000 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 

 

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados:

Ilmo. Sr. Antonio Bruguera Manté

Ilma. Sra. Núria Bassols Muntada

 

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados expresados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona, recurso que fue interpuesto por X1, representado por el procurador A. M. y defendido por el letrado I. de R. S., contra la Excma. Y1, representada por el procurador Á. Q. R. y defendida por el letrado J. M. V. R. y el ministerio fiscal, que no ha comparecido.

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El procurador de los tribunales J. E. R. F., actuando en nombre y representación del letrado X1, formuló una demanda de juicio declarativo de menor cuantía, que por turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona, contra la Diputación de Barcelona, representada por el procurador Á. Q. R. y defendida por el letrado V. P. los trámites legales, el juzgado indicado dictó en fecha 23 de septiembre de 1996 una sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «Decisió: desestimant l’acció de rescissió ultradimidium exercitada pel procurador R., en nom i representació d’ X1, contra la Diputació de Barcelona, absolc la demandada; i estimant d’ofici la manca de competència de l’ordre jurisdiccional civil per conèixer de l’acció de responsabilitat patrimonial extracontractual exercitada també pel procurador R., que representa la mateixa persona, absolc en la instància la Diputació de Barcelona, deixant imprejutjada la qüestió de fons d’aquesta acció; i imposo expressament les costes del plet a X1»

 Segundo. X1 interpuso contra la sentencia anterior un recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó una sentencia con fecha 30 de marzo de 1998 cuyo fallo es el siguiente: «Fallamos: que, desestimando como desestimamos el recurso interpuesto por el procurador de los tribunales J. E. R., en nombre y representación de X1, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia dictada por el juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona en fecha 23 de septiembre de 1996, imponiéndole al recurrente las costas procesales ocasionadas en la tramitación de la presente alzada.»

Tercero. El procurador J. E. R. F., en representación de X1, formuló contra dicha sentencia ante esta sala civil un recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1. Se denuncia la infracción de los artículos 321 y 323 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña en cuanto a la interpretación de estos artículos, que establecen las condiciones legales de la lesión ultradimidium y el criterio legal de determinación del precio justo de los bienes vendidos, en relación con la jurisprudencia que los interpreta, entre las que se citan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4 de junio de 1990 —ponente D. L. M. D. V.—, de 26 de febrero de 1990 —ponente D. L. M. D. V.—, de 20 de diciembre de 1990 —ponente D. L. M. D. V.—, de 20 de octubre de 1992 —ponente D. J. A. S. G. 2. Se denuncia la infracción del art. 24 de la Constitución española en relación con los artículos 5.1, 8 y 11.3 de la Ley orgánica del poder judicial, por inaplicación del principio constitucional de tutela judicial efectiva de conformidad con la jurisprudencia que lo interpreta, entre las que se citan las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1981, 8 de junio de 1988 y 5 de febrero de 1987 y las sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de diciembre de 1982 y 2 de febrero de 1988. 3. Se denuncia la infracción del art. 24 de la Constitución en relación con la prohibición de la peregrinación jurisdiccional establecida por la jurisprudencia, entre las que se citan las sentencias del Tribunal Superior de 26 de julio de 1994 —ponente D. J. L. A. L.—, 25 de septiembre de 1994 —ponente D. A. B. T.-F.—, 12 de junio de 1997 —ponente D. X. O’C. M.— y 23 de diciembre de 1997 —ponente A. N.

Cuarto. Comparecidas las partes, se pasaron las actuaciones al ministerio fiscal, quien las devolvió con el informe preceptivo, en el que consideraba que no era procedente la admisión del referido recurso de casación porque sus motivos primero y segundo versaban en parte sobre una presunta infracción del art. 24 de la Constitución española. Se acordó oír a las partes comparecidas para que alegasen lo que conviniese a su derecho, de acuerdo con lo prevenido en el art. 1731, párrafo primero, de la ley procesal, quienes efectuaron sendos escritos en los que ambas partes solicitaron que la competencia correspondía a la Sala Civil del Tribunal Supremo. Esta sala dictó en fecha 16 de julio de 1998 un auto por el que se declaraba incompetente para conocer del presente recurso de casación, por estimarse que correspondía entender del mismo a la Sala Civil del Tribunal Supremo, a la que, previo emplazamiento de las partes, se remitieron las actuaciones originales.

Quinto. La Sala Civil del Tribunal Supremo dictó en fecha 13 de octubre de 1999 un auto por el que inadmitía los motivos segundo y tercero del recurso de casación, fundados en la infracción del art. 24 CE en relación con la prohibición de la «peregrinación jurisprudencial», y por el que mandaba que se debía oír a las partes para que alegasen lo que conviniera a su derecho, las cuales manifestaron en sus correspondientes escritos que la competencia para conocer del motivo primero del recurso interpuesto correspondía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dicho alto tribunal dictó en fecha 22 de febrero de 2000 un auto por el que declaraba la competencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para conocer de este motivo del presente recurso de casación, admitido por el auto de fecha 13 de octubre de 1999, y remitió a dicha sala las actuaciones originales y el testimonio de las dos resoluciones dictadas y emplazó a las partes para que comparecieran ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Sexto. Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para la votación y el fallo del presente recurso el día 25 de mayo de 2000, fecha en la que dichos actos tuvieron lugar.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu, presidente de esta sala.

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Inadmitidos los motivos segundo y tercero del presente recurso de casación por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el mismo auto del Tribunal de fecha 22 de febrero de 2000 se declara la competencia de esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para decidir sobre el primero de los motivos, en cuanto está fundado en los artículos 321 y 323 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña, según lo dispuesto en los artículos 73.1.a de la LOPJ y 1686 y 1730 de la LEC en relación con el 20.1.a del Estatuto de autonomía.

Segundo. En efecto, el primero de los motivos del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de X1 denuncia, aunque sin citar la vía procesal que vehicula el recurso, la infracción de los artículos 321 y 323 de la Compilación «en cuanto a la interpretación de estos artículos, que establecen las condiciones legales de la lesión ultradimidium y el criterio legal de determinación del precio justo de los bienes vendidos, en relación con la jurisprudencia que los interpreta, entre las que se citan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4 de junio de 1990 —ponente D. L. M. D. V.—, de 26 de febrero de 1990 —ponente D. L. M. D. V.—, de 20 de diciembre de 1990 —ponente D. L. M. D. V.—, de 20 de octubre de 1992 —ponente D. J. A. S. G.».

El primer obstáculo que surge a la admisión del recurso es el ya resaltado de no expresar el motivo procesal concreto que lo legitima. Como ha enseñado nuestra doctrina procesalista, la concreción del motivo del recurso, que se hace en el escrito de interposición, que con posterioridad no puede alterarse, salvo subsanación de errores involuntarios o razonamientos complementarios, que pueden efectuarse en el acto de la vista, tiene una importancia singular porque delimita el ámbito de la casación y, por consiguiente, de la cognitio judicial. Por eso, la expresión del motivo constituye una exigencia formal insoslayable.

Se ha dicho ya que en el presente caso falta tal concreción. Ahora bien, no parece que la integración sea difícil para este tribunal, ni, lo que es más importante, que esta integración suponga un riesgo de indefensión para la otra parte. Por un lado, porque el contexto o la explicación del motivo lo encuadran clara e inequívocamente en el numeral cuarto del art. 1692 de la LEC; por otro, porque la propia parte recurrida no ha denunciado la infracción y ha respondido al fondo del motivo sin duda alguna sobre su integración procesal.

Surge otro obstáculo todavía a la admisibilidad y, en este trámite, de desestimación. La parte recurrida razona que la fijación del precio justo es tarea que competencialmente corresponde al tribunal de instancia.

Y, en este trámite de recurso de casación, extraordinario, sólo cabe explorar si, dados unos hechos incuestionablemente fijados, es correcta la solución jurídica adoptada por el tribunal de instancia, so riesgo, en caso contrario, de convertir la casación en una tercera instancia. Esta propia sala, en efecto, ha dicho (en la sentencia de 5 de octubre de 1993): «El que hem exposat coincideix plenament amb la jurisprudència sobre aquesta matèria, que afirma sense fissures que la determinació del preu just és una qüestió de fet que correspon apreciar al tribunal d’instància, que formarà la seva convicció valorant el conjunt de les proves practicades (sentències d’aquesta sala mateixa de 26 de febrer i 20 de desembre de 1990 (RJ 1992/2580), 7 d’octubre de 1991 (RJ 1991/3909), 20 d’octubre de 1992 i 8 de febrer de 1993).»

Lo anterior, en el presente caso, aún siendo acertado, no debe ser obstáculo para que la Sala entre a decidir el fondo cuestionado. Ocurre aquí que el juez de primera instancia ha fijado como criterio de valoración para determinar el precio justo el elemento comparativo entre el valor de venta y el valor de compra anterior, criterio que ha sido confirmado por la Audiencia Provincial sin añadir argumentos sustanciales y haciendo suya la fundamentación jurídica contenida en la primera sentencia. Y eso es, precisamente, lo que combate la parte recurrente, que entiende que el tribunal de apelación (y el juez de instancia) no ha valorado las pruebas practicadas en los autos, esto es, se ha apartado lineal y frontalmente de las pruebas periciales realizadas. Por eso, y en ese solo sentido, la Sala debe pronunciarse sobre si es correcto jurídicamente prescindir, como se ha hecho, del resultado de la prueba y elegir otro criterio de valoración que lleve a entender la corrección o incorrección del precio abonado. Aquí, pues, deben recordarse los términos de la sentencia citada de 20 de octubre de 1992, dictada por esta sala: «[...] sin que quepa confundir, como enseña la doctrina más autorizada, el criterio de valoración del objeto, al que deberá ajustarse el juzgador para determinar si ha habido o no lesión, con la determinación concreta de ese valor, pues sólo el primero integra una cuestión de derecho susceptible de recurso de casación por el cauce elegido.»

Antes de entrar en ese pronunciamiento conviene, sin embargo, concretar el ámbito de discusión.

Según se declara probado en la sentencia de primera instancia (y admite implícitamente la segunda), en el año 1978, mediante escritura pública, los consortes Z y K adquirieron a Á. P. una finca de más de ochenta y ocho hectáreas sita en el término municipal de L, en el G, por un precio de 800.000 ptas. El 3 de abril de 1989 los esposos Z-K vendieron la finca, también mediante escritura pública, al actual recurrente, X1, por el precio de 8.000.000 ptas. Finalmente, cinco años después, el 16 de marzo de 1994, X1, igualmente mediante escritura pública, segregó dos porciones de la finca, constituidas por dos caminos (que, sumados, alcanzan los 55.900 metros cuadrados), y las vendió a la Diputación de Barcelona por un precio total de 14.750.000 ptas. Sobre estas bases, X1 presenta una demanda contra la Diputación de Barcelona alegando que en la citada venta se ha producido una lesión en más de la mitad del justo precio, en tanto que el valor real de los caminos, según el dictamen de un ingeniero de caminos que presenta, es de 93.475.730 ptas. Obra en los autos el informe pericial emitido por un doctor ingeniero en montes y arquitecto que valora los caminos en 45.486.442 ptas. Obra, asimismo, en la propia escritura de segregación y venta, un dictamen del ingeniero jefe de la Sección de Planeamiento de la Diputación de Barcelona que fija el precio de los caminos en la suma finalmente abonada al hoy recurrente.

Tercero. En la reciente sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, esta sala tuvo ocasión de exponer lo siguiente:

«La rescindibilidad de los contratos de compraventa por laesio enormis o en más de la mitad de su precio justo, ultradimidium, es una institución heredada del derecho romano y, más concretamente, del justinianeo.

La institución vino a contradecir la inexigibilidad del precio justo en las ventas y la posibilidad de engaño entre los contratantes (“in pretio emptionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circunscribere”, dice un texto de Ulpiano), según el principio liberal de “tanto pagan, tanto vales”.

»Ahora bien, esta institución en sede del vigente derecho civil catalán tiene hoy una naturaleza jurídica objetiva —como ya puso de manifiesto la sentencia de esta sala de 20 de diciembre de 1990 y repitieron las de 22 de diciembre de 1993 y 20 de octubre de 1995—, independiente, pues, de los vicios de consentimiento que hayan determinado la manifestación de voluntad (como demuestra el texto del primer párrafo del art. 321, ya repetido, en su inciso final: “[...] baldament en el contracte concorrin tots els requisits necessaris per a la seva validesa”), a diferencia de lo que ocurre en el derecho navarro (Ley 499: “Quien haya sufrido lesión enorme, a causa de un contrato oneroso que hubiera aceptado por apremiante necesidad o inexperiencia, podrá pedir la rescisión del mismo”) y a diferencia de lo que pudiera inducir a pensar su denominación de engany a mitges.

»De ahí se deduce la absoluta necesidad de que el precio sea una compensación estricta del valor de la cosa recibida, causandizándose, en consecuencia, el sinalagma o equivalencia de las prestaciones, lo que excluye de aquél cualquier elemento ajeno a dicha consideración. De ahí también, pues, la exclusión legal de los contratos onerosos cuyo precio esté “[...] determinat pel caràcter aleatori o litigiós del que s’adquireix o pel desig de liberalitat de l’alienant” (vide, en tal sentido, sentencias de esta sala de fechas 2 de octubre y 7 de noviembre de 1998).»

De lo anterior se deduce claramente que el derecho catalán no sólo exige en las ventas la correspondencia de prestaciones, sino que exige también la equivalencia de las mismas. De ahí que, si el enajenante sufre una lesión en más de la mitad del precio de lo vendido, se permite la rescisión. Y la determinación de cuál es el precio real o jurídicamente relevante se recoge expresamente en el art. 323 de la compilación catalana:

«Per tal d’apreciar l’existència de la lesió hom s’atindrà al preu just, o sia, al valor de venda que les coses tinguin en el moment d’ésser atorgat el contracte en relació amb altres d’iguals o de circumstàncies anàlogues en la respectiva localitat, baldament el contracte es consumeixi després.»

El legislador catalán, en consecuencia, ha elegido, de entre todos los criterios de fijación del precio justo, el del valor de venta, y, de entre todos los criterios de determinación del valor de venta, el de confrontación, esto es, el de relacionar dicho valor con otros que recaigan sobre cosas de la localidad de características análogas.

Esta sala, asimismo, ha tenido múltiples ocasiones de pronunciarse al respecto. Y ha afirmado siempre el criterio legal de fijación del precio justo atendiendo al valor de venta, al que puede llegarse por combinación de otros valores, como los valores en renta, fiscal, en uso, de adquisición, incluso de afección (vide sentencias de 26 de febrero y 20 de diciembre de 1990, 7 de octubre de 1991, 20 de octubre de 1992, 8 de febrero y 5 de octubre de 1993, 7 de marzo y 22 de diciembre de 1994), y ha sostenido también que el elemento de confrontación, nada despreciable al ser el nominado normativamente, no puede erigirse en elemento único de valoración equiparado con la prueba legal, con fuerza para vincular al juez y minorar su capacidad de libre apreciación del conjunto probatorio, sino que constituye, más bien, un criterio orientativo para la determinación final del precio de venta y, en definitiva, del precio justo (vide sentencias de 20 de octubre y 21 de diciembre de 1992 y 19 de junio y 21 de julio de 1997).

 Cuarto. El contenido del presente recurso debe analizarse a la luz de todo lo anterior.

La sentencia de instancia descarta la prueba pericial practicada en los autos y tampoco apoya su criterio de valoración ni en el documento-informe que presenta la parte demandante ni en la valoración hecha por el ingeniero de la Diputación. Y, ciertamente, quizás este método hubiera exigido una motivación que no contiene ninguna de las dos sentencias. La prueba pericial, como hemos dicho en las sentencias de 5 de octubre de 1993 y 9 de junio de 1997, no tiene un tratamiento privilegiado en relación con los otros elementos probatorios. Su valoración, que tiene que ser obediente a la razón de la ciencia y a la experiencia práctica, sólo está sujeta a las reglas de la sana crítica y los jueces no están vinculados al dictamen de los peritos (art. 632 de la LEC), pero los principios constitucionales que proscriben la arbitrariedad y la indefensión, así como el deber también constitucional de motivar las sentencias, obligan a exponer las razones que han inducido al juzgador a prescindir de una prueba admitida como pertinente y practicada con todas las garantías procesales.

La Sala, pues, debe integrar la decisión de instancia, porque, efectivamente, el resultado de la prueba pericial realizada en los autos no sirve a los efectos de determinar el precio justo de los terrenos vendidos, que es, en definitiva, lo trascendente. La prueba pericial sólo indica el precio de construcción de los dos caminos y el mirador. Basta leer detenidamente el informe del perito, obrante en los folios 347 a 412 de las actuaciones, para percatarse de ello, e incluso su propio título es, por lo demás, significativo: «Valoración de carreteras construidas y los terrenos afectados en la finca C, propiedad de X1».

Volviendo ahora a la historia de los hechos, debe recordarse que el señor X1 adquirió la finca en el año 1989 (finca de más de 880.000 metros cuadrados) por el precio de 8.000.000 ptas., con los caminos construidos y asfaltados, y vendió cinco años más tarde parte de la misma (cerca de 56.000 metros cuadrados) por 14.750.000 ptas., sin que conste actividad alguna del vendedor sobre tales caminos, que, por otro lado, sufren el desgaste físico y la depreciación económica que impone el paso del tiempo. Como argumenta la parte demandada, el señor X1 adquirió a razón de 9 ptas. el metro cuadrado y vendió a razón de 263 ptas., o, como razona el juez de primera instancia, el señor X1 vendió un 29,24% más caro de lo que compró cinco años antes.

La conclusión resulta obvia y evidente: si se atendiera a la petición del ahora recurrente, se daría lugar a un enriquecimiento injusto y sin causa. La razón estaría en haber admitido como precio de venta el de construcción de unos caminos, construcción en la que el vendedor no participó en absoluto. Y aunque esto sucede en la mayoría de las transacciones inmobiliarias, lo cierto es que éstas, una vez construidas, adquieren un precio de mercado, y el precio de mercado de los caminos en cuestión no ha sido determinado ni en sí mismo ni por relación.

Estas razones debieron decidir a la Audiencia a descartar la prueba pericial, en cuanto no era demostrativa del precio justo del bien enajenado, y, consecuentemente, a atender al único criterio de valoración que se deducía de lo actuado en los autos, el de confrontación entre el precio de adquisición y el precio de venta, atendiendo asimismo, en el tiempo transcurrido entre ambos, a la nula actividad del propietario sobre el bien afectado y a la lógica depreciación del mismo.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del único motivo del recurso.

Quinto. De conformidad con el art. 1715.3 de la LEC, han de imponerse al recurrente las costas causas y se establece la pérdida del depósito constituido.

 FALLAMOS 

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador J. E. R. F., en nombre y representación de X1, contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 1998 dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 1442/1996, procedente de los autos de juicio de menor cuantía núm. 847/1994 del Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona, y confirmamos la misma e imponemos al recurrente las costas causadas y la pérdida del depósito constituido.

Notifíquese esto a las partes y remítase a la Audiencia un testimonio de la sentencia, así como el rollo de apelación y las actuaciones originales.

Así, por esta, lo pronunciamos, lo mandamos y lo firmamos.

 

 

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