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Sentència de 25 de maig de 2000

Anterior Amunt Següent

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 25 de maig de 2000, núm.
11/2000 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 

 

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados:

Ilmo. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Ilmo. Sr. Ponç Feliu Llansa

 

Visto por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados expresados al margen, el recurso de casación interpuso contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gerona como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Gerona. Dicho recurso fue interpuesto por X1, representada por el procurador Á. Q. R. y defendida por la letrada A. M. M. G.- G., contra Y1, representado por el procurador N. R. C. y defendido por el letrado X. G. H.

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El procurador de los tribunales C. J. S. C., actuando en nombre y representación de X1, formuló contra Y1 la demanda de juicio declarativo de menor cuantía núm. 230/1997, que por turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Gerona y en la que, tras exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, suplicó que se dictara una sentencia de conformidad con lo solicitado en su escrito de demanda. Previos los trámites legales, el juzgado indicado dictó en fecha 27 de enero de 1999 una sentencia cuyo fallo dice lo siguiente: «Fallo: que, desestimando como desestimo la demanda presentada por la representación procesal de X1 contra Y1, debo declarar y declaro que no ha lugar a la rescisión por lesión ultradimidium del contrato de liquidación de condominio suscrito por las partes, con condena expresa a la actora a pagar las costas, por ser preceptivo.»

Segundo. Contra la sentencia anterior, X1 interpuso un recurso de apelación que fue admitido, y, sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gerona dictó con fecha 19 de noviembre de 1999 una sentencia cuyo fallo es el siguiente: «Fallamos: que, desestimando el recurso de apelación formulado por el procurador C. J. S. C., en nombre y representación de X1, contra la sentencia de fecha 27 de enero de 1999 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Gerona, en los autos de menor cuantía 237/1997, de los que dimana este rollo, la confirmamos íntegramente, con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada.»

Tercero. Contra dicha sentencia, el procurador Á. Q. R., en representación de X1, formuló ante la Sala Civil del Tribunal Supremo un recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, al amparo de lo dispuesto en el núm. 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, por haberse infringido el art. 321 de la Compilación de derecho civil especial de Cataluña en lo referente a los supuestos de exclusión de la admisibilidad de la rescisión por lesión; 2. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, al amparo de lo dispuesto en el núm. 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, por infracción del art. 321 de la Compilación de derecho civil especial de Cataluña en lo referente a los supuestos que contempla la norma referida; 3. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, al amparo de lo dispuesto en el núm. 4 del art. 1692 de la LEC, por infracción del art. 323 de la Compilación de derecho civil especial de Cataluña en lo referente a las reglas de cuantificación de la lesión.

Cuarto. Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para su votación y fallo el día 11 de mayo pasado, a las 10.00 horas de su mañana, fecha en la que dichos actos tuvieron lugar.

Ha actuado como ponente el Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu, presidente de esta sala.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero. La representación procesal de x1 interpuso un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gerona en fecha 19 de noviembre de 1999 en el rollo de apelación núm. 147/1999, dimanante de los autos de menor cuantía núm. 237/1997, tramitados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de la capital. Aquella sentencia confirmaba en todas sus partes la dictada por la titular de ese juzgado en fecha 27 de enero de 1999.

El fondo litigioso se concreta en el ejercicio de la demandante —y hoy recurrente— de una acción de rescisión por lesión ultradimidium del acuerdo concluido entre los litigantes —la actora y su entonces marido, ahora demandado, Y1—, protocolizado en fecha 19 de junio de 1996 ante la notaria de Gerona B. M. del B. En la parte que interesa a los efectos de decidir sobre la cuestión, el acuerdo contiene los pactos y otorgamientos siguientes:

Los cónyuges son propietarios, pro indiviso, de una heredad conocida por P, compuesta por una planta baja y dos pisos, de ciento noventa y dos metros cuadrados y enclavada dentro de un huerto o pieza de tierra de cuatro mil cincuenta y cuatro metros cuadrados. Los cónyuges, que están en trámites de separación, acuerdan que se disuelva el condominio y que la finca pase a ser de dominio total del esposo, el cual debe abonar a su esposa la suma de tres millones ochocientas mil pesetas.

La actora afirma en su demanda que el valor real del inmueble es de 32.322.800 pesetas, según la tasación que presenta, por lo que, a su entender, ha sufrido, mediante la perfección del acuerdo, una lesión en más de la mitad del precio justo de la finca.

Pues bien, tanto el Juzgado como la Audiencia califican dicho acuerdo de convenio transaccional y, en consecuencia, excluido de las previsiones del art. 321 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña, lo que desemboca en el rechazo de la acción por lesión entablada.

Segundo. El primer motivo del recurso se instaura al amparo del ordinal cuarto del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, por estimar infringido el citado art. 321 de la Compilación. La parte recurrente entiende que la Audiencia erró al incluir el acuerdo entre las transmisiones excluidas de la rescindibilidad por lesión y calificándolo de «transmisión de un bien litigioso», habida cuenta de que la finca no se hallaba sometida a litigio en los momentos de la convención entre los cónyuges.

En efecto, la Audiencia afirma: «En resumen, ya sea porque la enajenación se estableciese sobre un bien litigioso, lo que excluye la aplicación de la rescisión por lesión ultradimidium, tal y como así se prevé de forma expresa en el art. 321 citado [...], ya sea porque el acuerdo alcanzado sea de naturaleza transaccional [...], el precepto invocado no resulta de aplicación al caso presente.»

Quizás la Audiencia no haya sido muy precisa en la utilización del término bien litigioso, es cierto, pero ello no genera ni ha de generar confusión alguna, atendido el contenido global de la resolución. Es la propia transacción en sí la que se realiza o se pratica sobre «bienes litigiosos», en los términos en que se expresa la Audiencia. Recordemos que la misma se define, en el Código civil, art. 1809, como «contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fin al que había comenzado».

Es preciso recordar, ahora y aquí, que las partes se hallaban inmersas en un pleito de separación conyugal y que el mismo mes en que se firmó el convenio en cuestión habían practicado en aquél la confesión en juicio. Así se desprende, además, con total exactitud, del mismo texto del acuerdo protocolizado notarialmente, de su exponente segundo («que están en trámites de separación judicial») y, sobretodo, del otorgamiento segundo, en el que se lee: «Y de acuerdo con la tramitación de su separación, disuelven el condominio existente sobre la finca [...]» (el subrayado es propio).

Resulta claro, en consecuencia, que con la división de la cosa común las partes pretendían, en aquellos momentos, definir su situación económica matrimonial ante la existencia del proceso de separación.

Debe entenderse así, pues, el razonamiento de la sentencia que se recurre, con cuantas precisiones se unirán a continuación, y el motivo debe ser desestimado.

Tercero. El segundo motivo del recurso, utilizando el mismo camino procesal que el anterior, estima también vulnerado el art. 321 de la Compilación, sobre la argumentación de contradecir a la Audiencia cuando afirma que el acuerdo transaccional alcanzado por las partes litigantes no se encuentra entre los contratos transmisivos susceptibles de rescisión por lesión.

Este motivo encubre, aunque no se diga de forma contundente, la argumentación que ha venido sosteniendo la parte recurrente a lo largo de todo el pleito: que el convenio alcanzado por los cónyuges y protocolizado ante notario es pura y simplemente un contrato de compraventa y, como tal, incluido expresamente en la dicción del primer párrafo del art. 321 de la Compilación.

Con tal argumentación la parte no sólo pretende rediscutir en casación la naturaleza jurídica de un contrato contra el criterio de la sentencia, sino que olvida y desconoce los argumentos que le han suministrado las dos decisiones judiciales anteriores.

En efecto, en ambas se hace ver a la recurrente lo siguiente:

1) Que, como ya dijo esta sala en su sentencia de 30 de diciembre de 1995, la aplicación de las reglas de rescindibilidad por lesión de los contratos onerosos supone, por un lado, que tales contratos sean de los positivamente previstos en la normativa legal («compravenda, permuta i altres de caràcter onerós, relatius a béns immobles») y, por otro, que no sean de los negativamente excluidos («compravendes o alienacions fetes mitjançant subhasta pública, ni aquells contractes en els quals el preu o la contraprestació hagi estat decisivament determinat pel caràcter aleatori o litigiós del que s’adquireix o pel desig de liberalitat de l’alienant»).

2) Que no pueden descontextualizarse determinados otorgamientos convencionales de la totalidad del negocio jurídico que se concluye. En este sentido se manifiesta el primer párrafo del art. 323 de la Compilación: «Alienades diverses coses en el mateix contracte, solament en serà procedent la rescissió prenent- les en conjunt i per llur valor total, encara que hom especifiqui el preu o valor de cadascuna d’elles.»

Por una parte, se ha aclarado que aquellos otorgamientos obedecen, como un todo, al deseo de regularizar y solventar la situación económica matrimonial ante la vigencia de un proceso de separación.

Por otra parte, queda también definitivamente claro que, además de la división de la finca de los autos, los cónyuges convinieron en el mismo acuerdo que el negocio de ferretería, del que la actora poseía un 49% y el marido un 51% y del que había dispuesto hasta el momento la Sra. X1, habiendo contraído diversas deudas, pasara al marido, haciéndose éste cargo de las deudas indicadas (otorgamiento segundo citado). La Audiencia declara asimismo probado que el señor Y1 se comprometió a pagar los honorarios del letrado de su esposa hasta un máximo de 200.000 pesetas (documento anexo también protocolizado) y que dicho señor Y1 asumió también pagar todo el crédito hipotecario concedido para el arreglo y la rehabilitación de la finca.

Todas estas circunstancias, singularmente el sentido contextual del acuerdo protocolizado, llevaron a la Audiencia, como habían llevado al Juzgado, a calificar el acuerdo de convenio transaccional, lo que en absoluto es arbitrario, ilógico o irracional, sino que, muy al contrario, entra dentro de las reglas de la sana crítica jurídica y la experiencia razonable.

Siendo ello así, es evidente que el contrato debe ser excluido de los susceptibles de rescisión por lesión, como ya tuvo ocasión de manifestar esta sala en su citada sentencia de 30 de diciembre de 1995.

La rescindibilidad de los contratos de compraventa por laesio enormis o en más de la mitad de su precio justo, ultradimidium, es una institución heredada del derecho romano y, más concretamente, del justinianeo.

La institución vino a contradecir la inexigibilidad del precio justo en las ventas y la posibilidad de engaño entre los contratantes («in pretio emptionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circunscribere », dice un texto de Ulpiano), según el principio liberal de «tanto pagan, tanto vales».

Ahora bien, en sede del vigente derecho civil catalán esta institución tiene hoy una naturaleza jurídica objetiva —como ya puso de manifiesto la sentencia de esta sala de 20 de diciembre de 1990 y repitieron las de 22 de diciembre de 1993 y 20 de octubre de 1995—, independiente, pues, de los vicios de consentimiento que hayan determinado la manifestación de voluntad (como demuestra el texto del primer párrafo del art. 321, ya repetido, en su inciso final: «[...] baldament en el contracte concorrin tots els requisits necessaris per a la seva validesa»), a diferencia de lo que ocurre en el derecho navarro (Ley 499: «Quien haya sufrido lesión enorme, a causa de un contrato oneroso que hubiera aceptado por apremiante necesidad o inexperiencia, podrá pedir la rescisión del mismo») y a diferencia de lo que pudiera inducir a pensar su denominación de engany a mitges.

De ahí se deduce la absoluta necesidad de que el precio sea compensación estricta del valor de la cosa recibida, causandizándose, en consecuencia, el sinalagma o equivalencia de prestaciones, lo que excluye en aquél cualquier elemento ajeno a dicha consideración. De ahí también, pues, la exclusión legal de los contratos onerosos cuyo precio esté, como decíamos, «determinat pel caràcter aleatori o litigiós del que s’adquireix o pel desig de liberalitat de l’alienant» (vide, en tal sentido, las sentencias de esta sala de fechas 2 de octubre y 7 de noviembre de 1998).

Y así, igualmente, debe ser excluido el convenio transaccional, en la medida en que el mismo, al tener como finalidad la sustitución de una relación incierta por una relación cierta con autoridad de cosa juzgada, según reconoce nuestra mejor doctrina y confirma el Tribunal Supremo (sentencias, entre muchas otras, de 27 de noviembre de 1987 y 4 de abril de 1991), no respeta o no tiene porqué respetar la equivalencia de prestaciones o la «paridad de sacrificios» (en frase de nuestro más alto tribunal).

Y eso es justamente lo que ha ocurrido en el caso de los autos, donde, como se ha dicho, los cónyuges alcanzaron en su día un acuerdo transaccional mediante el cual definieron su situación económica de indivisión con la finalidad de eliminar dicha materia del proceso de separación matrimonial.

El motivo de recurso, por lo dicho, debe ser rechazado.

Cuarto. El tercer motivo, articulado por la misma vía procesal que los anteriores, estima infringido el art. 323 de la Compilación de derecho civil especial de Cataluña en lo referente a las reglas de cuantificación de la lesión.

La argumentación de la recurrente se recoge sustancialmente en el siguiente párrafo: «La sentencia [...] como obiter dicta realiza una serie de consideraciones que vienen a concluir que, con independencia de que fuera procedente la rescisión o no, ésta no cabría porque más o menos el demandado habría invertido más dinero que la actora en la finca y por lo tanto se habría reducido la diferencia entre el dinero recibido por la transmisión (3.800.000 pesetas) y el valor total del inmueble (30.000.000 de pesetas aproximadamente).»

El motivo no puede prosperar por dos consideraciones:

1) La Audiencia no ha hecho aplicación —ni mención siquiera— del art. 323 de la Compilación, de manera que mal puede haberlo infringido. En todo caso, puede haberlo inaplicado. Y, efectivamente, no lo ha aplicado, porque no había que aplicarlo, habida cuenta de la exclusión del contrato en cuestión de las normas de la rescindibilidad, como se ha explicado suficientemente.

2) Los obiter dicta no son elementos fundamentadores del fallo o la decisión, de manera que no pueden ser objeto de un recurso de casación. Hay abundantísima doctrina jurisprudencial al respecto, de la que son puros ejemplos las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 28 de marzo de 1990, 21 de julio de 1991, 15 de abril de 1992, 4 de marzo de 1993 y 16 de febrero y 4 de octubre de 1994.

En cualquier caso, lo que quiso decir ex abundantia la Audiencia, según queda claro con una lectura desapasionada del fundamento de derecho segundo de la sentencia, es que ni siquiera se había podido fijar a lo largo del pleito la compensación verdaderamente abonada por la parte de la finca que se adjudicaba al demandado, en la medida en que, a lo efectivamente escriturado, siempre habría que añadir pagos anteriores hechos por aquél sobre la misma finca, es decir, para la adecuación y rehabilitación de la misma.

De cualquier manera, como se ha dicho, el motivo ha de ser desestimado y, con él, todo el recurso.

Quinto. Dado que se desestima en su integridad el recurso, procede, de conformidad con lo que dispone el art. 1715.3 de la LEC, imponer las costas a la parte recurrente y decretar la pérdida del depósito constituido.

Por cuanto antecede,

 FALLAMOS 

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación entablado por el procurador de los tribunales N. R. C., en nombre y representación procesal de X1, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gerona en fecha 19 de noviembre de 1999 en el rollo de apelación núm. 147/1999, dimanante de los autos de menor cuantía núm. 237/1997, tramitados por el Juzgado de Primera Inatancia e Instrucción núm. 4 de la capital, imponiendo a dicha parte las costas causadas y decretando la pérdida del depósito constituido.

Notifíquese esta sentencia a las partes y remítase un testimonio de la misma a la Audiencia, con el rollo de apelación y los autos originales.

Así, por ésta, lo pronunciamos, lo mandamos y lo firmamos.

 

 

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