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Sentència de 27 d'abril de 2000

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 27 d’abril de 2000, núm.
8/2000 (Sala Civil i Penal)

 

Antecedents de fet 
Fonaments de dret 
Part dispositiva 
  

 

Presidente:

Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu

Magistrados:

Ilmo. Sr. Antonio Bruguera

Ilmo. Sr. Ponç Feliu Llansa

 

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, formada por los magistrados expresados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por x1 contra la sentencia dictada el día 29 de octubre de 1999 en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida, dimanante del juicio declarativo de menor cuantía núm. 265/1998 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de Lérida, sobre reclamación de cantidad, interpuesto por X1 contra Y1. La parte recurrente ha sido representada por el procurador de los tribunales J. R. D. y defendida por el letrado R. B. B. y la parte recurrida ha sido representada por el procurador de los tribunales À. J. I. y defendida por la letrada I. M. R.

  

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La representación procesal de X1 formuló contra Y1 una demanda de juicio declarativo de menor cuantía que por el turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de Lérida y en la que, después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitaba que se dictara una sentencia por la que se condenara al demandado al pago a la actora de la suma de 45.000.000 de pesetas en concepto de pensión del art. 23 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña (CDCC). En fecha 15 de julio de 1999 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de Lérida dictó una sentencia con la siguiente parte dispositiva: «Fallo: que, desestimando como desestimo la demanda formulada por el procurador F. en nombre y representación de X1 y contra Y1., debo absolver y absuelvo al mismo de los pedimentos de la actora, a la que condeno al pago de las costas causadas en la presente instancia.»

 

Segundo. La representación procesal de X1 interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida dictó en fecha 29 de octubre de 1999 una sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo: desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de X1 contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado núm. 7 de esta ciudad en los autos 265/1998, que confirmamos, y imponemos al apelante las costas de esta alzada.»

 

Tercero. El procurador de los tribunales J. R. D. en nombre y representación de X1, formalizó un recurso de casación ante esta sala civil que fundó en los siguientes motivos: 1. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, al amparo del arx1 1692.5 de la LEC, por infracción del artículo 23 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña —hoy artículos 41 y 42 del Código de familia de Cataluña—, al haberse denegado la indemnización por dedicación a la familia, desigualdad patrimonial y enriquecimiento injusto tras la separación matrimonial y la consiguiente extinción del régimen económico conyugal de separación de bienes supletorio de Cataluña, que es el que rigió las relaciones económicas entre los cónyuges, y por infracción de la doctrina legal, citando a tales efectos la sentencia de 31 de octubre de 1998 de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 2. La casación de la sentencia recurrida y la estimación de la demanda obligan a la imposición de las costas al demandado, a tenor de lo dispuesto en el art.1 523 de la Ley de enjuiciamiento civil.

 

Cuarto. Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para su votación y fallo el día 10 de abril de 2000 a las 10 horas de la mañana, fecha en la que dichos actos tuvieron lugar.

Ha sido designado ponente el Excmo. Sr. Guillermo Vidal Andreu, presidente de esta sala.

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La demandante X1 recurre en casación contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida en fecha 29 de octubre de 1999, que confirmaba en todas sus partes la del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de Lérida, de fecha 15 de julio del mismo año, ambas desestimatorias de la acción que aquélla planteaba reclamando una indemnización compensatoria en cuantía alzada de cuarenta y cinco millones de pesetas, que debía abonar su esposo, Y1, de quien se había divorciado mediante la sentencia de fecha 30 de enero de 1998, en atención al desequilibrio patrimonial producido y consiguiente enriquecimiento injusto del mismo y con apoyo legal en el art. 23 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña, en su redacción dada por la Ley 8/1993, de 30 de septiembre.

Como es sabido, dicho precepto, en su párrafo primero, que ahora interesa, establecía: «El cònjuge que, sense retribució o amb una retribució insuficient, s’hagi dedicat a la casa o hagi treballat per a l’altre cònjuge, tindrà dret a rebre d’aquest, quan s’extingeixi el règim per separació judicial, divorci o nul·litat del matrimoni, una compensació econòmica si per raó del dit defecte retributiu s’ha generat una situació de desigualtat entre el seu patrimoni i el de l’altre cònjuge.» El precepto ha venido transcrito al actual art. 41 del Código de familia (Ley 9/1998, de 15 de julio), bien que el mismo, al tiempo de mejorar la redacción, haya añadido un perturbador inciso entendiendo que la desigualdad entre los dos patrimonios ha de implicar un enriquecimiento injusto. El art. 41 introduce, además, otras dos modificaciones importantes, ya anunciadas en el preámbulo de la Ley: que la petición debe formularse en la primera demanda de separación, nulidad o divorcio, y que el derecho es compatible con otros de carácter económico que hayan correspondido al cónyuge beneficiado (declaración que ya había hecho esta propia sala en su sentencia de 31 de octubre de 1998).

La demandante alegaba en su demanda que, tras cuarenta años de matrimonio dedicados íntegramente al cuidado del hogar y de su hijo, había perdido la disponibilidad de más de cincuenta millones de pesetas depositados en libretas y productos financieros y de los que, entre los años 1986 y 1989, era cotitular o beneficiaria, mientras que su marido en la actualidad había superado con creces dicha suma, sin contar con otros productos patrimoniales.

La sentencia ahora recurrida parte de determinados hechos que considera probados. Se afirma, así, «que el matrimonio mantuvo una convivencia efectiva de unos cuarenta años (según la sentencia de instancia, el matrimonio tuvo lugar el 20 de octubre de 1949), ya que en 1988 (fecha de una delicada intervención quirúrgica del señor Y1) las relaciones estaban ya muy deterioradas; que la Sra. X1 no percibió, constante matrimonio, retribución alguna, y se dedicó a las tareas del hogar y al cuidado del único hijo del matrimonio, hoy mayor de edad, siendo ayudada por otra señora en las faenas de limpieza; que es cierto que el demandado, agente de seguros, poseía en 1986 un capital aproximado de cuarenta y ocho millones de pesetas y que en 1989 tal capital produjo unos intereses superiores a los doce millones de pesetas (según el informe pericial al que alude la sentencia); que, actualmente, el marido percibe una pensión por jubilación de poco más de 72.000 pesetas; que la esposa tiene concedida una pensión compensatoria de 100.000 pesetas, revalorizable, además de una pensión no contributiva de la Generalitat de más de 30.000 pesetas».

Sobre los hechos anteriores, la Audiencia entiende que no se ha producido empobrecimiento de la actora susceptible de generar el derecho a una compensación por razón del divorcio, por lo que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que así lo había entendido también.

Segundo. El recurso de casación se entabla sobre un motivo único, al amparo del art.1 1692.4 de la LEC (aunque, por error, se dice 5), por «infracción de los artículos 23 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña —hoy artículos 41 y 42 del Código de familia de Cataluña—, al haberse denegado la indemnización por dedicación a la familia, desigualdad patrimonial y enriquecimiento injusto tras la separación matrimonial y la consiguiente extinción del régimen económico conyugal de separación de bienes supletorio de Cataluña, que es el que rigió las relaciones económicas entre los cónyuges, y por infracción de la doctrina legal, citando a tales efectos la sentencia de 31 de octubre de 1998 de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña».

Pero, antes de iniciar el estudio de fondo del motivo casacional, resulta preciso detenerse en el impedimento obstativo aducido por la parte recurrida al final de su escrito de impugnación.

Dicha parte invoca, aún reconociendo que no forma jurisprudencia, la doctrina sentada en la sentencia de fecha 11 de febrero de 1999 por la Sección Decimosegunda (con competencia exclusiva en materia de derecho de familia) de la Audiencia Provincial de Barcelona. Según dicha resolución, el art. 23 de la Compilación no puede aplicarse a situaciones de crisis conyugal producida antes de la entrada en vigor de la nueva redacción del precepto (como se dijo, por la Ley de 30 de septiembre de 1993). La sentencia dice textualmente así: «[...] aún cuando en el caso de los autos ni siquiera hubiera debido procederse al enjuiciamiento y a la valoración de los presupuestos de índole patrimonial, toda vez que la indemnización del art. 23 de la CDCC, hoy del art. 41 del Código de familia, fue introducida como elemento corrector de la liquidación del régimen económico matrimonial de separación de bienes por la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, del Parlamento de Cataluña, sin que al ser promulgada la Ley se le confiriera carácter retroactivo.

Consta acreditado por reconocimiento expreso de ambas partes que la ruptura matrimonial se produjo con anterioridad al año 1986 y que aquéllas suscribieron un convenio regulador el 10 de septiembre de dicho año, razón que determina que no sea de aplicación al caso de los autos la institución jurídica introducida en el ordenamiento siete años después de que se hubiera consumado la crisis conyugal, en aplicación de lo que dispone el tercer párrafo del art. 2 del Código civil.»

En el caso de los autos, la Audiencia situa la crisis conyugal en el año 1988 (como se ha expresado), aunque no lo diga, desgraciadamente, de forma clara (en la sentencia de instancia se manifiesta: «Queda acreditado que la convivencia entre ellos había cesado ya muchos años antes (de la sentencia de divorcio), hacia el año 1990, sin que se hubiera reanudado.»).

Independientemente del hecho que la sentencia citada no forma cuerpo jurisprudencial, como reconoce la propia parte recurrida, al ser una y proceder de la Audiencia Provincial (vide art. 1.6 del Código civil y sentencias, por ejemplo, de 7 de junio de 1991, 2 de abril de 1993 y 11 de octubre de 1994), no podemos estar de acuerdo con la doctrina que sienta.

El título en que se funda la indemnización compensatoria en caso de extinción del régimen económico matrimonial no es la crisis conyugal, sino la separación, la nulidad o el divorcio, o, más en concreto, la resolución que tal declare. Así se deduce con claridad del texto del art. 23 de la Compilación, que situa el nacimiento del derecho a la compensación «quan s’extingeixi el règim per separació judicial, divorci o nul·litat del matrimoni». Cosa distinta es que para centrar el montante económico haya de acudirse a la situación de convivencia conyugal, de modo que el cese de ésta determine la situación de enriquecimiento/empobrecimiento.

En otras palabras, la crisis conyugal que supone la falta de convivencia uxoris sirve de elemento nuclear para valorar la situación económica de los cónyuges y de momento para apreciar si existe verdadera desigualdad patrimonial que genere un enriquecimiento injusto para uno de los cónyuges, pero el título que engendra el derecho es la extinción del régimen económico matrimonial por sentencia de separación, nulidad o divorcio.

Esta doctrina es la más respetuosa con la disposición transitoria primera del Código civil, según cuyo segundo inciso «[...] si el derecho apareciere declarado por primera vez en el Código, tendrá efecto desde luego, aunque el hecho que lo origine se verificara bajo la legislación anterior, siempre que no perjudique a otro derecho adquirido de igual origen», y con el espíritu que emana de la disposición final de la Ley 8/1993, en cuanto dispone su inmediata entrada en vigor y su aplicación tan sólo a los casos de separación, divorcio y nulidad que se inicien después de ese día, lo que conlleva que se aplique a los matrimonios anteriores a su entrada en vigor.

En el presente caso, aunque se ignora la fecha de la demanda de divorcio, lo cierto es que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 8 de Lérida, de fecha 30 de enero de 1998, recae en los autos núm. 503/1996 y es luego confirmada en fecha 2 de julio de 1998. Tanto, pues, en la fecha de la demanda como en la de las resoluciones que declaran disuelto el matrimonio por divorcio, había nacido el derecho a la indemnización compensatoria, que, como se ha recordado, entra en la Compilación por vía de la Ley de 30 de septiembre de 1993. Otra cosa es que la Sección Primera de la Audiencia de Lérida tuviera la teoría particular de que tal indemnización compensatoria no pudiera reclamarse en el proceso de divorcio, de forma que, fundándose en doctrina reiterada de la propia sección, remitió a los hoy litigantes a «la vía procesal oportuna», razón del presente litigio, seguido entre las partes, contra la actual previsión del art. 42.1 del Código de familia. Pero ese es otro tema, del que después habrá de hablarse.

 Tercero. La recurrente pretende, en consecuencia, una revisión de los criterios que llevaron a la Audiencia a denegar la concesión de la indemnización compensatoria, citando para ello, como es obligado, el art. 23 de la Compilación, aunque sin determinar, como sería deseable, en qué sentido se estima infringido por la sentencia objeto de recurso (contra la doctrina sentada de manera uniforme por el Tribunal Supremo en las sentencias, entre otras, de fechas 23 de marzo de 1992, 4 de enero, 5 de abril y 9 de diciembre de 1994), citando también una sentencia de esta sala que no forma, por su unicidad, doctrina legal (vide sentencias de 30 de septiembre de 1993, 14 de octubre y 16 de noviembre de 1994, 3 de abril de 1995, etc.) y sin determinar tampoco la doctrina contenida en la misma que considera vulnerada (sentencias de 31 de enero de 1992 y 25 de junio de 1994). El estudio del motivo precisa, pues, alguna consideración previa.

La vía de recurso escogida por la recurrente veda a esta sala entrar en la declaración de hechos probados de la sentencia. El recurso de casación no es una tercera instancia revisional. Si en la apelación —merced a los principios revisio prioris instantiae y tantum devolutum quantum apellatum— cabe someter al tribunal la cuestión litigiosa en su integridad y se confía a las partes la posibilidad de acotar el ámbito de conocimiento del órgano ad quem, la casación se caracteriza por una limitación del control de la cuestión fáctica cada vez más intenso (así, por ejemplo, ha sucedido con la supresión del numeral cuarto del art. 1692 por la Ley 10/1992, de 30 de abril).

Sin embargo, la doctrina y el Tribunal Supremo vienen a enseñar la diferencia entre la quaestio facti y la quaestio iuris, y mantienen que sólo la segunda tiene acceso casacional. Se habla, así, de error en la apreciación de la prueba como sinónimo de error de hecho, y de error en la valoración de la prueba como sinónimo de error de derecho, y la doctrina llega a la distinción entre los hechos en cuanto a su existencia y a los hechos en cuanto a su esencia o diagnosis, y elimina la primera proposición de la vía de la casación (en un ejemplo puramente doméstico, sería tanto como distinguir entre la declaración de estar a 0 grados o la declaración de que hace frío; lo primero sería la fijación de un hecho, lo segundo, su valoración o consecuencia jurídicamente relevante).

El presente exordio se plantea a los efectos de conocer exactamente el campo de conocimiento de la Sala en el presente recurso y de determinar, en definitiva, que las proposiciones contenidas en la sentencia, que son declaraciones de hechos probados en los autos, no han de ser susceptibles de revisión casacional, limitándose ésta, en consecuencia, a las valoraciones que la Audiencia hace sobre las mismas o a las consecuencias jurídicas que extrae de ellas.

Ha de partirse, pues, de los siguientes datos fácticos, extraídos de la sentencia y que han de repetirse: la convivencia matrimonial entre X1 y Y1, iniciada en 1949, duró hasta poco más del año 1988. Por aquellos tiempos, X1 era beneficiaria o cotitular de libretas y efectos patrimoniales que ascendían a cuarenta y ocho millones de pesetas y que en el año 1989 produjeron unos beneficios de doce millones. La recurrente se dedicó, constante matrimonio, a las tareas propias del hogar y al cuidado de su único hijo, siendo ayudada por una doméstica, a tiempo parcial, en las faenas de limpieza. En la actualidad, Y1 cobra una pensión de poco más de 72.000 pesetas, mientras que la Sra. X1 percibe una pensión compensatoria revalorizable a cargo del marido de 100.000 pesetas y una pensión no contributiva a cargo de la Generalitat de Catalunya de algo más de 30.000 pesetas.

Sobre estas bases puede discutirse en casación, al no tratarse de un hecho, si la recurrente tiene derecho a una indemnización compensatoria por razón del divorcio ocurrido, al concurrir, en ese preciso momento, una situación de desigualdad patrimonial generadora de un enriquecimiento injusto del esposo.

Cuarto. La indemnización compensatoria por desequilibrio patrimonial fue introducida en la legislación catalana, como se ha dicho, por la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, modificadora del arx1 23 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña.

La institución fue estudiada en profundidad por esta sala en la sentencia tantas veces citada de 31 de octubre de 1998, y a ella hay que remitirse forzosamente para las declaraciones de carácter general. Pero son precisas otra serie de observaciones.

La indemnización compensatoria no puede confundirse de ninguna manera con la pensión compensatoria que prevé el art. 84 del Código de familia. La primera es un elemento corrector (un «correctiu», dice el preámbulo del Código) para salvar la desigualdad patrimonial entre los cónyuges que puede producirse al disolverse el régimen económico matrimonial de separación de bienes por sentencia de separación judicial, nulidad o divorcio (de «compensació econòmica per raó del treball desinteressat», la califica dicho preámbulo), dado que aquel régimen no supone comunicación alguna entre las masas patrimoniales de uno y otro cónyuge. Es, en definitiva, una norma de liquidación de bienes en casos de crisis del matrimonio y así es tratada en la sección primera del capítulo I del título II del Código, referida al «règim de separació de béns».

La segunda, en cambio, residenciada en el título III del Código, que está dedicado a «els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial», tiene su núcleo en la debilitación económica que puede sufrir uno de los cónyuges a consecuencia de la disolución matrimonial respecto a la situación o el estatus que mantenía constante el vínculo. Así se deduce de manera meridiana de la propia dicción legal, en la medida en que concede la pensión al cónyuge que «vegi més perjudicada la seva situació econòmica» y en la medida en que aquella no puede exceder el «nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni». Esta distinta naturaleza es la que permite sentar la base de la compatibilidad entre ambas compensaciones, como al principio de esta resolución se decía, compatibilidad que ya declaraba la sentencia citada de esta sala (con respecto al art. 97 del Código civil, que también alude expresamente al desequilibrio económico que sufra uno de los cónyuges «que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio») y que ahora se establece expresamente en el art. 41.3 del Código de familia.

Pero, a su vez, esta distinta naturaleza y ese diferente trato legal llevan a otra consecuencia no menos importante y más trascendente a los efectos del caso enjuiciado. La fijación de la compensación es previa a la fijación de la pensión compensatoria, porque se trata, como se ha dicho, de una regla de liquidación de bienes por extinción del régimen económico matrimonial. Es decir, en el momento de la disolución del patrimonio conyugal debe observarse si se produce una desigualdad injusta en favor de uno de los cónyuges, y en este caso —y en ese momento— debe procederse a fijar la indemnización que restaure el equilibrio. Una vez formadas las masas patrimoniales, es el momento de determinar, si procede, la pensión compensatoria, que procederá sólo en el caso de que el cónyuge menos favorecido persista en situación de desigualdad respecto a la que tenía en el matrimonio. Así se dijo en nuestra sentencia de 31 de octubre de 1998 y de ahí, también, la regla que marca hoy el art. 84.2.d del Código: la autoridad judicial, a la hora de fijar la pensión compensatoria, habrá de tener en cuenta «si és el cas, la compensació econòmica regulada per l’art. 41».

Aquí está el primer error en que incurre la Audiencia de Lérida, cuando razona así: «A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que el demandado percibe una pensión de 72.000 ptas. mensuales y las rentas del dinero o bienes que posee son de carácter aleatorio, por la disminución que ha sufrido la rentabilidad de esos bienes, parte de los cuales, como es la vivienda, la destina a su uso y le pertenece sólo en la mitad, de lo que tiene que detraer las 100.000 ptas. que satisface mensualmente a la actora [...].» Es decir, la Audiencia, a partir de la situación económica actual del demandado, en vez de retrotraerse al momento de la liquidación del haber conyugal, computa la pensión compensatoria que satisface por ahora el marido a la esposa, cuando en realidad el presupuesto de ésta debe ser la satisfacción, en su momento, de la indemnización compensatoria. Lo que de ningún modo puede hacerse es denegar una compensación, que, en su caso, debería haberse concedido —o, por lo menos, que se encuentra en discusión—, con el argumento de que en la actualidad se satisface una pensión compensatoria. Es esta pensión la que habrá de modificarse, reducirse o extinguirse en el supuesto de que se conceda la compensación suplicada.

Quinto. La indemnización compensatoria es, como se ha dicho, un elemento corrector del régimen económico matrimonial vigente, como supletorio (art. 10 del Código de familia), instaurada en Cataluña, como también se ha expuesto, para compensar el trabajo desinteresado. La exposición de motivos de la ley instauradora, tras justificar la conveniencia de mantener el sistema tradicional de la separación de bienes con máxima libertad e independencia de los cónyuges, afirma que «no es insensible a la necesidad de introducir correctivos en el régimen legal, para evitar posibles situaciones de desigualdad en el momento de la extinción», y añade lo que de innovación representa «la posibilidad de que el cónyuge que se ha dedicado al hogar o ha trabajado desinteresadamente para el otro pueda obtener una compensación, en determinadas situaciones».

Procede, pues, sobre los siguientes requisitos:

1) Que exista separación judicial, divorcio o nulidad del matrimonio.

2) Que uno de los cónyuges haya realizado, durante el matrimonio, un trabajo para el hogar o para el otro cónyuge no retribuido o retribuido insuficientemente.

3) Que la disolución del régimen haya generado una desigualdad patrimonial comparando las dos masas de los cónyuges.

A estos requisitos, que expresamente menta el texto del art. 23 de la Compilación, el art. 41 del Código añade hoy otro:

4) Que esa desigualdad patrimonial implique un enriquecimiento injusto.

La concurrencia de este requisito supone la aplicación de la abundante doctrina jurisprudencial sobre la materia (de la que son puros exponentes las sentencias de fechas 6 de marzo de 1995, 19 de febrero de 1996 y 5 de mayo de 1997) y, por tanto, la existencia de un aumento patrimonial por parte de uno de los cónyuges, el correlativo y causal empobrecimiento del otro y la ausencia de un motivo que justifique el desequilibrio económico. Quizás la Ley hubiera podido hablar, orillando problemas exegéticos, de una injusta desigualdad patrimonial en vez de recurrir a una figura legal existente que tiene su hermenéutica propia.

Al no hacerlo así, pueden surgir dudas acerca de lo que es realmente un enriquecimiento y cuándo realmente es éste sin causa. Ciertamente, al dividirse un patrimonio no se produce un aumento de riqueza, sino, en todo caso, un desequilibrio en el resultado, con el consiguiente perjuicio del menos favorecido. La causa a menudo habrá de buscarse en el propio sistema económico matrimonial de separación de bienes, al que el instituto de la compensación sirve, precisamente, de corrector. Y aún podría decirse, en abstracto, que, siempre que un cónyuge trabaje sin retribución, generará un enriquecimiento en favor del otro. De cualquier forma, el sistema legal actual obliga a pronunciarse sobre el enriquecimiento, sistema explicado por algún autor en base a que el cónyuge que ha sufrido el empobrecimiento puede haber efectuado una donación de servicios en favor del otro, en cuyo caso el enriquecimiento estará justificado, y glosado por algún otro monografista en la medida en que el ahorro de gastos ha de reputarse enriquecimiento sin causa.

De cuanto antecede se deduce que el sistema compensatorio opera cuando se disuelve el matrimonio, se centra en el período de convivencia familiar y se viabiliza cuando existe un desequilibrio patrimonial injustificado, comparando el acervo económico que se atribuye a cada cónyuge.

Y ahí es donde se produce el segundo error de la Audiencia, que, como se ha dicho, compara la situación económica de los cónyuges en el momento actual. Así se razona en la sentencia: «Es cierto que el demandado, según el informe pericial, en el año 1986 tenía un capital aproximado de cuarenta y ocho millones y que en el año 1989 éste produjo unos intereses superiores a los doce millones, pero lo que aquí nos interesa, ya que la esposa tiene concedida una pensión compensatoria de 100.000 ptas. revalorizables y que, dado que esta pensión se fijó en el año 1998, cuando la esposa no tenía cargas familiares y el marido hacía tiempo que se había jubilado y disfrutaba de una pensión de poco más de 72.000 ptas. mensuales, lo que influiría en ese patrimonio a la hora de fijar tal pensión es si el trabajo realizado por la esposa ha supuesto un enriquecimiento para el marido y un empobrecimiento para ella.»

Ha de repetirse: aquí no se trata de que el trabajo de la esposa haya representado un enriquecimiento para el marido y un empobrecimiento para ella, ni se trata de comparar la situación actual de los cónyuges.

Aquí se trata de ver si, en el momento de la disolución del patrimonio conyugal, se produjo una desigualdad patrimonial injustificada entre ellos, porque, habiendo contribuido ambos al levantamiento de las cargas del matrimonio (en nuestro caso, la esposa en la forma que prevé el art. 5.1 del Código), nada motiva que, en palabras llanas, uno quede rico y la otra reste pobre.

Así las cosas, la sentencia que ahora se combate, una vez que ha ensalzado el trabajo doméstico de la mujer en general, termina razonando que, en el caso presente, la dedicación a tiempo parcial de la reclamante —ya que tenía una señora que la ayudaba en los trabajos de la casa y contaba con un solo hijo del matrimonio— debe considerarse como contribución al levantamiento de las cargas familiares, pues le quedaba tiempo para haber ayudado al marido en su quehacer profesional. Esta es la justificación de que todo el patrimonio quede en manos del marido.

Es cierto que hoy el papel del hombre y de la mujer en el seno de la familia ha cambiado sustancialmente, que se ha pasado de un régimen de autoritarismo y maritocracia a un régimen de responsabilidad compartida en el ámbito del matrimonio y también que la mujer ha penetrado con fuerza en el mercado laboral, como consecuencia de la aceptación sin reservas del principio de igualdad de sexos. Pero es cierto, con todo, que no se ha recorrido todo el camino en ese tema y que la esposa hoy puede ver mermadas sus posibilidades de autoexpansión en la conciencia de la trascendencia de su papel de madre.

En un país donde el trabajo doméstico no está remunerado, la conciencia social obliga a arbitrar mecanismos de compensación. El trabajo exclusivo para la familia y el hogar no sólo es fundamental para la paz y la armonía del matrimonio, sino que es imprescindible para que el otro cónyuge dedique su esfuerzo, sin perturbaciones, a la creación de riqueza para el sustento y la integración social de la familia. El trabajo doméstico es capital en su esencia, esforzado en su prestación y legalmente infravalorado. Sin embargo, hoy todavía sigue constituyendo el elemento nuclear de la estabilidad familiar.

Poco importa, pues, a los efectos de la presencia de un verdadero desequilibrio económico resultante de la división patrimonial, que el trabajo doméstico haya sido mayor o menor, a tiempo completo o a tiempo parcial. Tales circunstancias, es obvio, tendrán su resultancia en la cuantificación de la compensación, pero nunca pueden tenerla en la declaración de existencia de un desequilibrio injustificado, si éste efectivamente se da. Así lo determinaba casi de forma expresa el art. 23 de la Compilación: «A manca d’acord, aquesta compensació serà fixada judicialment atenent la incidència familiar de l’activitat del cònjuge que la reclami, la quantia de la desigualtat patrimonial produïda i les altres circumstàncies del cas.»

En conclusión, la Audiencia debió determinar, en primer lugar, si existió una desigualdad económica a la hora de formar las masas patrimoniales como consecuencia de la disolución del matrimonio y, en segundo lugar, si, constatada esa desigualdad, ésta se hallaba justificada.

Y lo cierto es, a tenor de los datos que la propia sentencia suministra, tras la declaración probatoria, que la esposa ahora recurrente, Sra. X1, transcurridos casi cuarenta años de matrimonio y habiéndose dedicado exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado del hijo, ve como pasa de tener una participación en los beneficios generados por libretas y efectos financieros por un valor superior a los cincuenta millones de pesetas, a carecer de activo alguno, porque, como dice el mismo dictamen pericial en que se basa la sentencia, en el año 1989 «con el principal, 50.000.000 de ptas., se abriría una libreta a plazo a nombre único de y1.» (folio 746 de los autos).

Sexto. Determinada, en consecuencia, la existencia de una notable desigualdad patrimonial en el momento de la crisis conyugal entre el montante económico titularidad del demandado Y1 y el de la recurrente X1, y determinado también lo injustificado de ese desequilibrio, queda por fijar la cuantía a percibir por aquélla a título de indemnización compensatoria.

La forma de cuantificación de la compensación no es un tema pacífico en la doctrina ni presenta una solución unitaria en las decisiones de las audiencias provinciales.

Pensamos que, en el presente caso, hay que rechazar ya desde un principio dos soluciones ofrecidas por autores y sentencias: la de señalar una participación en el patrimonio del marido y la de acudir a los precios del mercado laboral.

La primera pugna abiertamente con el régimen de separación de bienes que rige en Cataluña, aún reconociendo que nos hallamos ante un elemento corrector del mismo, y pugna abiertamente con el origen histórico de la institución. En efecto, establecer una cuota o un porcentaje que se debe atribuir al cónyuge menos favorecido en el momento de la crisis matrimonial significaría desnaturalizar la esencia de aquel régimen económico conyugal y asemejarlo al régimen de participación, régimen expresa y precisamente rechazado por el Parlamento catalán. Recordemos que ninguno de los dos proyectos tendentes a introducir un régimen de participación de ganancias en casos de separación, nulidad o divorcio, bien legal, bien a instancia de una de las partes, prosperaron: ni el de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, de fecha 22 de febrero de 1989, ni el presentado primero en L y luego en L2. Y recordemos también que el Parlament rechazó dos enmiendas importantes en la materia: la que tendía sin ambages a establecer como supletorio el régimen de participación en ganancias (Esquerra Republicana) y la que se alienaba en los postulados de los proyectos comentados (Iniciativa per Catalunya). Por contra, y como se ha dicho más arriba, la Ley 8/1993 expresa en su exposición de motivos que conviene sistematizar la regulación del régimen de separación de bienes, que se considera oportuno mantener.

Respecto a la segunda, tampoco ofrece un panorama de determinación claro. La propia doctrina aporta soluciones alternativas. Se ha hablado de acudir al salario diferido y se ha hablado del precio del subsidio de paro; se ha hablado, en fin, del sueldo medio de la empleada de hogar. En cualquier caso, parece que tales módulos han de resultar completamente insatisfactorios cuando se trata de cubrir una desigualdad económica que se ha generado por la dedicación exclusiva de uno de los cónyuges al hogar. Equiparar esa dedicación, aunque sólo sea a efectos económicos, con el sueldo de una empleada del hogar o con un salario profesional, es mezclar términos incomparables.

Entendemos que el restablecimiento del equilibrio patrimonial debe quedar al arbitrio del juez o tribunal al tenor de las pruebas practicadas en los autos, huyendo, pues, de fórmulas generalistas que, si bien son aceptables en el marco académico, sólo servirían para encorsetar soluciones. Y, claro es, siempre respetando el mandato legal contenido, en este caso, en el párrafo segundo del art. 23 de la repetida Ley de 1993 que se ha dejado transcrito, esto es, atendiendo a la incidencia familiar de la actividad del cónyuge que la reclama, la cuantía de la desigualdad patrimonial producida y otras circunstancias del caso.

Regresando nuevamente al caso de los autos, la valoración debe tener en cuenta el patrimonio del marido, que se cifra, en el momento de la crisis conyugal, en sesenta millones de pesetas, y los cuarenta años de la esposa dedicados en exclusiva al cuidado del hogar, del esposo y de su único hijo. Atendiendo a tales circunstancias, la indemnización compensatoria a que tiene derecho X1 ha de fijarse en quince millones de pesetas.

Séptimo. Lo anterior implica la estimación del recurso de casación y, obviamente, no ha lugar la pronunciación sobre la reducción o extinción, en su caso, de la pensión compensatoria que percibe la recurrente, al no ser éste el tema del recurso ni haberse tratado en la impugación del recurso que da lugar a la presente sentencia.

Todo ello, sin perjuicio de lo que previene el art. 84.3 del Código de familia.

Respecto a las costas y en atención a lo que dispone el art. 1715.2 de la LEC, la Sala acordará, por lo controvertido del tema en debate y la ausencia de una doctrina jurisprudencial consolidada, que cada parte satisfaga las propias y las comunes por mitad, tanto respecto a las costas de las dos instancias como respecto a las correspondientes a este recurso.

Por cuanto antecede,

 

 FALLAMOS

Que, debiendo estimar como estimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador de los tribunales J. R. D., en representación de X1, contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 1999 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida en el rollo núm. 370/1999, procedente de los autos de menor cuantía núm. 265/1998, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de Lérida, casamos la misma y en su lugar declaramos que la recurrente tiene derecho a percibir una indemnización de quince millones de pesetas en compensación por la desigualdad patrimonial producida por la disolución del régimen económico matrimonial y acordamos que cada parte satisfaga la integridad de sus propias costas y las comunes por mitad, tanto las de las dos instancias jurisdiccionales como las de este recurso.

Notifíquese a las partes la presente resolución y remítase un testimonio de la misma a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lérida, junto con el rollo de apelación y los autos originales.

 

 

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